Área financiera y digitalización

El crecimiento de algunas de algunas empresas FinTech está haciendo que sean cada vez más las que optan por dar el salto para salir a bolsa, mediante una oferta pública de venta (OPV).

Esta tendencia se observa, principalmen-te, entre las FinTech más rentables, con una amplia base de clientes y con una expansión geográfica notable. Mientras que el período comprendido entre 2007 y 2013, solo se produjo la salida a bolsa de siete FinTech, entre 2014 y 2020, se han producido un total de 32 OPVs de este sector. De ellas, ocho durante 2020. Destacaron las de compañías como Lemonade, Root o Upstart^[1].

En lo que llevamos de 2021 se ha mantenido el ritmo, con la salida a bolsa de compañías importantes como Coinbase, Compass o Affirm. En el caso de Coinbase, la expectación fue muy grande al tratarse de la primera FinTech de la industria criptográfica, lo que le llevó a superar los 85.700 millones dólares de valoración en su primer día de cotización.

Por el momento, la mayoría de estas salidas a bolsa se ha concentrado en Estados Unidos. La más reciente es la de Flywire, una start-up española que se originó en Valencia y se ha asentado en Estados Unidos, cuyas operaciones consisten en simplificar y reducir los costes de los pagos internacionales de matrículas universitarias.

El pasado mes de mayo debutó con una valoración de 3.500 millones dólares. Destaca que, una parte significativa de estas IPOs, han tenido lugar en el Nasdaq, el principal mercado de valores tecnológico. Así ha ocurrido con compañías como Square, First Data, Fiserv o Coinbase.

Los analistas esperan que esta actividad continúe en lo que queda de año. De hecho, algunas estimaciones apuntan a que otras 15 FinTech pueden tomar este mismo camino[2]. Por el momento, la próxima gran salida anunciada será la de Marqeta. Esta FinTech de pagos, que ya ha presentado la documentación necesaria, espera hacer su debut antes de verano superando los 12.000 millones de dólares de valoración inicial[3].

Desde el sector FinTech se contemplan todas estas operaciones como el paso natural de estas compañías para seguir creciendo en la industria financiera. De hecho, los expertos apuntan a que la buena acogida que están recibiendo estas FinTech en los mercados de valores refleja el potencial y la buena salud que vive la industria tras las dudas que surgieron en relación a muchas de estas empresas durante la pandemia.

El desarrollo de la tecnología blockchain en el ámbito financiero abre la puerta a las finanzas descentralizadas (decentralized finance o DeFi). Este término hace referencia a una amplia variedad de aplicaciones financieras inspiradas en la tecnología de registro descentralizado (DLT, por sus siglas en inglés) que, entre otras cuestiones, propiciarían desintermediar, en mayor medida, la provisión de servicios financieros.

Las finanzas descentralizadas se configuran como un ecosistema abierto para construir herramientas y servicios financieros sin la participación de intermediarios en el proceso de venta o para realizar operaciones. Gracias al uso del blockchain es posible crear aplicaciones para realizar pagos, contratar préstamos o hipotecas o comprar y vender activos financieros de forma directa sin acudir a un banco, un proveedor de pagos o un broker.  Actualmente, cuando un cliente paga un café con su tarjeta de débito o crédito, una entidad financiera actúa como intermediaria entre el consumidor y el comerciante, teniendo el control sobre la transacción, conservando la autoridad para detenerla o pausarla y para registrarla. Con una aplicación de pagos DeFi se eliminaría dicho intermediario, pues son todos los usuarios que usan la aplicación los que implícitamente verificarían y registrarían dicho pago.

Así, los consumidores que utilizan una aplicación DeFi tienen una copia idéntica cifrada de todas y cada una de las transacciones que se producen.

Eso protege el sistema, al proporcionar a los usuarios una identidad única inmutable para cada operación.

Estas aplicaciones DeFi están ganando en popularidad como en los casos de MakerDAO, Aave, Synthetix o InstaDapp. Ya existen más de un millón de consumidores que son usuarios de estas aplicaciones DeFI. De hecho, se estima que el valor agregado de estos servicios es de 128.000 millones de dólares[1].

Los defensores de las finanzas descentralizadas señalan la existencia de diferentes ventajas en su uso: un acceso más democratizado a los productos financieros, una mayor eficiencia del mercado, un acceso más fácil a la liquidez, una mayor privacidad financiera y mayores incentivos a la innovación[1]. Sin embargo, también presenta riesgos. Además de los de naturaleza técnica (ataques informáticos o complejidad en la creación de protocolos criptográficos), se les unen los riesgos financieros, todos ellos derivados de una falta de protección a los usuarios, al no existir un intermediario que se responsabilice de las transacciones.

En cualquier caso, también plantean retos para el sector bancario y para los reguladores. Por una parte, las entidades financieras pueden ver como una sucesiva desintermediación de las finanzas puede amenazar su presencia en varios segmentos de negocio y reducir su rentabilidad. Por su parte, los reguladores deben establecer normas de forma acelerada para un negocio que parece expandirse a una velocidad muy considerable.

Durante los últimos meses el proyecto de criptomoneda de Facebook está siendo objeto de un importante cambio estratégico. Tras la incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto original denominado Libra, -puesto en cuestión por los principales reguladores internacionales- la compañía pretende relanzar sus planes con cambios significativos en lo que respecta a la dimensión del proyecto y sus usos potenciales.

Una de las primeras decisiones que ha abordado el consorcio de empresas, liderado por Facebook, detrás del proyecto de criptomoneda global, es cambiar su denominación. “Diem” será el nuevo nombre de esta moneda. Como explica el propio consorcio, esta decisión pretende manifestar un cambio de rumbo[1]. Entienden que, al cambiar el proyecto, a partir de las sugerencias de los reguladores, también debía hacerlo su denominación.

Asimismo, el proyecto Diem también ha anunciado que trasladará su centro de operaciones de Suiza a Estados Unidos[2]. Este cambio refleja un cambio estratégico, rebajando sus expectativas internacionales, para centrarse, al menos de forma inicial, en el mercado estadounidense.

Esto obligará a la compañía a entrar completamente en el perímetro regulatorio de Estados Unidos. En consecuencia, se ha anunciado que el consorcio ha retirado su solicitud para obtener una licencia de sistema de pago por parte de la Autoridad Suiza de Mercados Financieros (FINMA).

Según fuentes de Diem, el proyecto sigue comprometi-do con lanzar un sistema de pago que sea seguro para los consumidores y las empresas y que aproveche la tecnología blockchain. La idea es emitir una moneda digital estable (stablecoin)ligada al dólar americano. Para lograrlo, se ha anunciado un acuerdo con el banco norteamericano Silvergate. Esta entidad bancaria será emisora con carácter exclusivo de Diem y se encargará de gestionar las reservas de la moneda digital.

Por el momento, los esfuerzos más a corto plazo se concentran en lanzar una primera prueba piloto a finales de este año. Para ello han ideado un enfoque gradual[3]. La intención es introducir progresivamente diferentes funcionalidades (pagos, transferencias, …).

Sea como fuere, el reto al que se enfrenta Facebook está en el alcance que pueda tener su moneda, en la medida en que esto pueda suponer una amenaza para la soberanía del dólar. Sin embargo, es posible que gane un razonable nicho de mercado y que, si se consigue, pueda desarrollar estrategias similares en otros países.

Una de las principales externalidades negativas que presentan los criptoactivos es su elevada huella energética. El alto consumo de electricidad que supone el minado de las criptomonedas choca con la creciente preocupación social por la lucha contra el cambio climático.

La minería criptográfica es el proceso mediante el cual se crean y se contabilizan las operaciones realizadas con las criptomonedas. Estas transacciones se registran en una red descentralizada, donde los mineros (usuarios de la red) compiten para registrar el último bloque (hash) de transacciones resolviendo problemas de cálculo criptográfico. Para ello se utilizan dispositivos informáticos especializados de minería. Estos equipos, que son los más efectivos para resolver los problemas criptográficos y registrar los bloques, se caracterizan por un elevado consumo energético. Actualmente, el 75% del total del consumo de electricidad asociado a las criptomonedas tiene lugar en China[1], donde se concentran las mayores “granjas de mineros” de todo el mundo.

Según el Índice de consumo de electricidad de bitcoin de la Universidad de Cambridge[2], las operaciones de minería de bitcoin en todo el mundo consumen actualmente una tasa anualizada de 112 teravatios-hora (TWh).

En términos anuales, se trata del equivalente al consumo eléctrico nacional de Suecia. De hecho, una sola transacción de bitcóin emplea la misma cantidad de energía que consume mensualmente un hogar estadounidense promedio y tiene la misma huella de carbono que 1,3 millones de transacciones realizadas con una tarjeta de Visa o que 103.538 horas de visualización de YouTube.

Los defensores de las criptomonedas argumentan que cualquier coste medioambiental que conlleva la minería vale la pena por los impactos más amplios que podría tener en la sociedad (como inclusión financiera, descentralización o privacidad)[3]. Sin embargo, crece la preocupación social por el coste medioambiental incurrido. Tesla, en la figura de su fundador Elon Musk, ha anunciado que dejara de admitir bitcoines como medio de pago debido a su impacto medioambiental[4]. Además, los creadores de ethereum, la segunda criptomoneda por capitalización, han prometido cambiar su algoritmo de computación para hacer que su minería sea más respetuosa con el medio ambiente.

En definitiva, a los retos en términos de riesgo y volatilidad a los que se enfrentan los criptoactivos, se le une también su impacto medioambiental. La mayor preocupación de la población, en especial de los jóvenes, por el medio ambiente podría terminar frenando el auge de los criptoactivos.

El entorno competitivo en el sector bancario está cambiando de forma acelerada. En su informe anual[1], el Banco de España ha destacado que la prestación de servicios financieros por parte de grandes tecnológicas está generando retos de calado para las entidades financieras de nuestro país.

Como señala el supervisor, la  competencia de las BigTech ejerce una presión adicional a la baja sobre la rentabilidad del sector, que se ha visto debilitada por el impacto de la pandemia y por la prolongada convivencia con tipos de interés reducidos y negativos. Según se reconoce en el informe, las compañías tecnológicas disponen de un volumen ingente de información sobre sus clientes y la utilizan de manera eficiente para satisfacer sus necesidades. De este modo, en aquellos sectores en los que las grandes tecnológicas han entrado en los últimos años (ventas online, computación en la nube), éstas han asumido los segmentos más rentables del negocio (control de la información, ventas de datos a terceros,…) desplazando, en muchos casos, a los operadores tradicionales o reduciendo significativamente su ámbito de negocio. En el sector bancario español la expectativa es que, tras los pagos, las BigTech irrumpirán en el segmento del crédito al consumo, a ser uno de los más rentables.

Aunque por el momento la actividad bancaria de estas grandes compañías en España es reducida, su elevada presencia en otras jurisdicciones de nuestro entorno hace que su amenaza competitiva se considere cercana.

Entre 2013 y 2019, las BigTechs han concedido cerca de 1,3 billones de dólares en créditos en todo el mundo[2]. Su presencia en este segmento ya es muy relevante en países europeos como Reino Unido o Francia. En España, el primer paso lo ha dado Amazon, que ya cuenta con alianzas con el grupo Cofidis y con Fintonic para permitir a los usuarios aplazar el pago de sus compras.

Ante el reto que impone la nueva competencia de las empresas tecnológicas en el sector bancario, el Banco de España plantea un conjunto de prioridades. En particular, destaca que resulta fundamental que las entidades financieras sigan profundizando en la mejora de su eficiencia, en la reducción de costes y en un uso más intensivo de las nuevas tecnologías.

Para lograr estos objetivos, el informe apunta a que se requieren importantes inversiones en digitalización, así como la incorporación de tecnologías avanzadas de tratamiento de la información que permitan cambiar el modelo de negocio controlando, al mismo tiempo, el perfil de riesgos.

En cualquier caso, como también señala el documento del Banco de España, resulta complejo anticipar el comportamiento de los nuevos entrantes. Es posible que se centren solo en ciertos segmentos del negocio financiero —como los servicios de pagos del crédito al consumo— sin entrar en otros como los depósitos, seguramente por la mayor regulación que ese segmento de negocio conlleva. En este contexto, resulta clave que exista una normativa financiera que se aplique de forma homogénea a los competidores, regulando funciones más que instituciones.

La Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) ha dado luz verde en España a que los fondos de inversión y las SICAV puedan invertir en criptomonedas. Esta decisión  supone un cambio de posicionamiento del supervisor. Con la autorización se permite que las carteras de las instituciones de inversión colectiva españolas puedan estar expuestas a activos digitales que, en general, son considerados muy volátiles y de considerable riesgo.

La autorización no se ha producido con una normativa específica. En una actualización de un documento de preguntas y respuestas sobre la normativa de instituciones de inversión colectiva publicado el 7 de mayo, la CNMV reconoce que los fondos de inversión pueden tener exposición a criptomonedas y crear instrumentos financieros aparejados a ellas[1]. El documento establece una serie de condiciones que deben cumplirse para que dicha inversión sea aceptada.

La CNMV advierte las inversiones en criptoactivos serán aceptadas siempre que los instrumentos creados dispongan de negociación diaria, en la que el precio de mercado se determine a partir de operaciones de compraventa realizadas por terceros. Se busca con ello que los fondos solo inviertan  directamente en criptoactivos que coticen en un mercado con cierto volumen de actividad y transparencia.

Esta condición permite de facto que los fondos puedan invertir en las principales criptomonedas como son Bitcoin, Ether, Tether o Cardano. La CNMV prohíbe a los fondos invertir en criptoactivos que incluyan un derivado implícito o en derivados cuyo subyacente sean criptomonedas.

Asimismo, se considera la posibilidad de una exposición indirecta a través de inversiones en empresas o fondos que tengan, a su vez, inversiones en criptomonedas. Esto permite a los fondos españoles invertir en empresas como Coinbase, Galaxy Digital Holdings o Square.

En cualquier caso, dada la volatilidad de estos instrumentos y su riesgo, la CNMV impone requisitos de transparencia y publicidad exigentes a los fondos que apuesten por este tipo de inversiones. Tanto el folleto inversor como el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) deberán incluir una mención expresa sobre lo que implica la exposición a criptodivisas en términos de riesgo, incluidos relativos a formación de precios y liquidez.

La autorización de la CNMV supone un paso más hacia la institucionalización en nuestro país de las criptoactivos como un instrumento financiero, al tiempo que se identifica oficialmente como una inversión de elevado riesgo.

En el país donde más rápido se ha desarrollado el sector FinTech, China, los reguladores empiezan a percibir los riesgos de un crecimiento desmesurado de esta industria. La proliferación de la economía de plataformas y del crédito FinTech están motivando que las autoridades del país asiático hayan decidido implementar medidas destinadas a evitar riesgo para la estabilidad financiera.

Los principales supervisores chinos, entre ellos el Banco Central y el del mercado de valores, han transmitido a las principales plataformas digitales del sector FinTech su firme intención de controlar más estrictamente su actividad[1]. En este sentido, el presidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC, por sus siglas en inglés) ha señalado que las FinTech y las demás plataformas de préstamos online tienen que empezar a cumplir con requisitos de capital porque su actividad crediticia es cada vez más importante. Se quiere evitar, asimismo, que tengan un trato favorable respeto a otras entidades financieras como los bancos.

En una reciente reunión mantenida entre los reguladores y 13 plataformas digitales[2], también se les ha conminado a eliminar los vínculos entre sus herramientas de pago y otros productos financieros, a abandonar muchas prácticas anticompetitivas de control de mercado y a prevenir riesgos tecnológicos como ciberataques.

Los reguladores han pedido también a estas empresas que sean proactivas en la implantación de buenas prácticas en materia de gobierno corporativo.

Estas medidas pueden frenar en el corto plazo el ritmo de crecimiento que venía registrando el sector FinTech chino. El volumen de inversiones de estas empresas desde 2017 supera los 40.000 millones de dólares[3]. En todo caso, los expertos también advierten que un ritmo de crecimiento más sostenible debería ser positivo para el desarrollo a largo plazo de estas plataformas[4]. Además, una mayor regulación también puede llevar a las FinTech a moderar su apetito por el riesgo, lo que podría equilibrar su riesgo de crédito y evitar algunos episodios de riesgo sistémico, como los ocurridos en los últimos años con las plataformas de préstamo entre particulares (P2P).

La experiencia china revela el papel que debe jugar la supervisión y regulación en el sector FinTech. Refleja la necesidad de equilibrar los efectos positivos de la innovación financiera con el riesgo asociado al crecimiento de esta tipología de finanzas digital que, hasta ahora, había afrontado pocas o nulas exigencias normativos.

En el mercado de los criptoactivos empieza a sobresalir una moneda distinta a bitcóin. Se trata de ether, que emplea la red de blockchain Ethereum. Durante el 2021 es la moneda que más se ha revalorizado. Su crecimiento parece residir más en la diversidad de usos de su tecnología blockchain, más que en los intereses especulativos que afectan a otros criptoactivos.

En lo que ha transcurrido de 2021, ether ha pasado de tener un valor de 735 dólares a sobrepasar el umbral de los 4.000 dólares. Esta evolución supone una capitalización equivalente para la plataforma de 450.000 millones de dólares[1], lo que le haría superar el valor de actual de mercado de grandes empresas como The Walt Disney Company o Bank of America[2]. Entre los criptoactivos, ether solo es superada por bitcóin. Ya representa el 17 % del total del mercado de los criptoactivos.

El alza de Ethereum se debe a múltiples factores. Por un lado, destaca el potencial intrínseco que tiene su propia tecnología de blockchain. Ethereum usa una cadena de bloques diferente a la de bitcóin que destaca por su flexibilidad.

Los hash (vínculos) que unen la cadena de bloques Ethereum no son estáticos. Esta característica facilita que los hash puedan emplearse para desarrollar aplicaciones con múltiples funcionalidades. A ello se une que no hay límite en el contenido que se puede crear en la cadena de bloques.

A diferencia de bitcóin, que aspira a ser un medio de intercambio y un depósito de valor, Ethereum fue concebida como una plataforma para facilitar la creación de smart contracts (contratos inteligentes) y de aplicaciones programables.

Además, parte de su meteórico crecimiento se debe al éxito de la emisión digital realizada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI, por sus siglas en inglés) empleando la red de Ethereum. En concreto, el BEI ha emitido un bono digital a dos años de 121 millones de dólares[3]. Esta noticia ha puesto de manifiesto el potencial de Ethereum, lo que ha captado aún más la atención de los inversores.

También destaca el reciente lanzamiento de un contrato de futuros en ether en la bolsa de Chicago (CME Ether Futures) que ha venido a alentar el interés inversor de numerosos inversores institucionales. Gracias a este derivado financiero, se puede invertir en esta moneda con menor volatilidad y con mayor seguridad regulatoria en materia de protección de inversiones o custodia de valores.

Aunque en el mundo de los criptoactivos la incertidumbre y la volatilidad suelen ser la pauta, algunos analistas -como los del banco americano JP Morgan- señalan que la tendencia alcista de ether continuará. De hecho, apuntan a que en el largo plazo Ethereum superará al bitócin porque su uso es más amplio[4].

Un área en crecimiento dentro del sector FinTech es el de las finanzas verdes (green finance). La mayor preocupación de las instituciones públicas y los consumidores por los principios de sostenibilidad ambiental estaría siendo aprovechada por algunas de estas empresas financieras de base tecnológica para ofrecer soluciones con ese propósito.

Las finanzas sostenibles muestran una tendencia alcista en los últimos años. En 2020, la emisión de bonos sostenibles registró una cifra récord de 128.000 millones de dólares, el triple que en 2019[1]. En este contexto, el sector FinTech empieza a comprender la oportunidad y la relevancia de aunar digitalización y compromiso ambiental. Por un lado, la transformación tecnológica del sector financiero debe ser responsable con el medio ambiente. Por otra parte, el fenómeno FinTech puede servir para canalizar inversiones hacia proyectos comprometidos con la sostenibilidad.

Esta “revolución verde” de las FinTech está cristalizando en proyectos globales como la Alianza de Finanzas Digitales Verdes (Green Digital Finance Alliance)[2]. Se trata de un acuerdo de cooperación suscrito entre entre Ant Financial, la FinTech más importante a escala global, y la ONU.

Con este acuerdo se busca alinear los negocios impulsados ​​por las FinTech con el desarrollo sostenible, al tiempo que los consumidores de servicios financieros perciben una mayor concienciación y la incorporan a sus propios hábitos. A este tipo de proyectos globales, se une también el nacimiento de FinTech verdes. Se trata de empresas que basan su modelo de negocio en ofrecer productos y servicios financieros que apoyan sociedades sostenibles. Un ejemplo es Moneybox, que ayuda a sus clientes a ser ecológicos, dándoles la opción de crear una cartera de inversión más respetuosa con el medio ambiente[3].

Otro caso es PensionBee, una Fintech que ofrece la posibilidad de ahorrar para la jubilación invirtiendo en proyectos respetuosos con el medio ambiente. En noviembre de 2020, lanzó un nuevo producto, la pensión libre de combustibles fósiles. Su objetivo era constituir un fondo de 100 millones de libras que excluye de sus inversiones a las empresas que dependen o fomentan la explotación de petróleo, gas y carbón. El lanzamiento fue un éxito, consiguiendo alcanzar todo el capital para cubrir el fondo en tan sólo 34 días.

Los analistas coinciden en que la demanda de soluciones FinTech sostenibles o ecológicas irá al alza en el futuro próximo. Los consumidores demandan cada vez más productos como alimentos orgánicos, ropa ecológica o energías limpias. Hacerles conscientes de que su ahorro e inversiones son también parte de ese proceso parece un paso natural.

En el actual contexto competitivo bancario, caracterizado por la concurrencia de nuevos actores del sector tecnológico, resulta clave ofrecer productos a medida de las expectativas de los clientes. La pandemia ha puesto de manifiesto que las preferencias de los consumidores por canales de negocio o medios de pago pueden cambiar con celeridad, obligando a los proveedores de servicios financieros a adaptar sus productos y servicios en un corto espacio de tiempo.

Un reciente estudio muestra que todavía existe una cierta desconexión entre lo que los clientes quieren y las prioridades de los bancos[1]. Se basa en una encuesta realizada a clientes y directivos de entidades bancarias. El informe revela que existe una cierta divergencia entre las prioridades de los bancos y las expectativas de sus clientes. La mayor brecha se observa en tres ámbitos: la responsabilidad social, el coste de los productos/servicios y la atención al cliente.

La principal discordancia se observa en la importancia que tiene la responsabilidad social. El 65% de los clientes encuestados priorizan cuestiones como la transparencia, la ética y el compromiso social, mientras que solo el 25% de los directivos consideran esas cuestiones como prioritarias.

Los clientes, en particular los más jóvenes, esperan que su entidad financiera esté comprometida con la sostenibilidad ambiental. En Estados Unidos, por ejemplo, el 62% de los consumidores preferiría tener una tarjeta de crédito con una entidad con compromisos ambientales[2].

El estudio muestra la existencia de un mayor grado de coincidencia entre prioridades y expectativas en lo que respecta a soluciones multicanal y digitales.  Clientes y directivos coinciden en lo relevante que resulta digitalizar la oferta de productos y servicios financieros.

Cada vez son más las preferencias de los clientes las que orientan las innovaciones. Suelen demandar aplicaciones que les permitan realizar pagos entre particulares (P2P payments), opciones de asesoramiento automático y servicios financieros integrados (embedded finance) en una misma plataforma. Los consumidores están adquiriendo esta experiencia digital por su interacción con proveedores no financieros y ahora la demandan para sus servicios bancarios. En este sentido, no es sorprendente que cada vez haya más acuerdos de colaboración entre bancos y FinTech o BigTech. Este cambio tan acelerado de expectativas también supone un reto para los reguladores y supervisores. Se han realizado muchos esfuerzos en materia de protección del consumidor respecto a productos y servicios tradicionales que ahora hay que compatibilizar con canales y servicios más digitalizados en los que aspectos como la utilización consciente de las herramientas de gestión de finanzas personales o la privacidad pueden ser más delicados.

Las ventajas de utilizar nuevas tecnologías se traducen en ahorros significativos de costes para aquellas entidades que las incorporan. Asimismo, cada vez se hace más patente que pueden proporcionar ventajas muy importantes en la gestión del riesgo de crédito.

Un reciente estudio del Banco de España ha examinado el impacto que puede tener la implementación de algoritmos avanzados de machine learning en la gestión del riesgo de crédito[1]. Por una parte, el análisis revela que este tipo de técnicas algorítmicas ofrecen mejores predicciones sobre el riesgo de que un préstamo sea impagado.

Además, los autores del estudio concluyen que, a diferencia de los modelos estadísticos más tradicionales, el rendimiento de los de machine learning aumenta significativamente a medida que se dispone de un mayor volumen de información. Pero las ventajas de estos modelos no sólo residen en la predicción, sino que su uso también se traduce en un importante ahorro en las labores de evaluación de perfiles de riesgo y en los recursos propios que deben destinarse a cubrir una potencial morosidad.

El estudio estima que el ahorro en términos de capital regulatorio al usar modelos de machine learning para calcular los activos ponderados por riesgo puede oscilar entre un 12,4 % y un 17 %. Teniendo en cuenta el nivel de capital actual de los bancos españoles, ello se traduce en un ahorro de hasta 34.000 millones de euros [2].

En la actualidad, la adopción del big data para la gestión del riesgo de crédito es incipiente. Sólo el 35 % de las entidades financieras europeas ya usan estos modelos con este objetivo [3]. Sin embargo, un 17 % ya están en fase de diseño y un 20 % están considerando su uso.

En cualquier caso, como se recoge en el estudio, la adopción de estos modelos de machine learning supone un reto para el supervisor. En particular, se deberán realizar esfuerzos significativos para evaluar estos modelos y asegurar la consistencia, transparencia y comparabilidad de las estimaciones. En este sentido, las autoridades financieras, como el Comité de Supervisión de Basilea, están trabajando en el análisis de los retos que pueden surgir con su uso. Para ello, se considera clave establecer un marco común que prevea la utilización adecuada de esta tecnología en la prestación de servicios financieros.

El proyecto del euro digital sigue dando pasos en el seno del BCE. En la configuración de esta posible moneda comunitaria, y con el objeto de que el diseño sea efectivo en términos de aceptación y cumpla con lo que demanda la sociedad, el BCE sigue recabando opiniones de los distintos actores implicados (ciudadanos, empresas, entidades bancarias, empresas de pagos y tecnológicas).

En abril de 2021, el BCE ha publicado un análisis exhaustivo de los resultados de la consulta pública sobre un euro digital que finalizó en enero de 2021[1]. El objetivo de dicha consulta, que ha batido el récord de respuestas, era conocer cuáles debían ser las necesidades que tiene satisfacer una moneda digital. Según Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, es clave estar al corriente de esas inquietudes antes de proceder al diseño de una moneda, pues un euro digital sólo podrá tener éxito si satisface las preferencias de sus usuarios[2].

El estudio revela las respuestas de más de 8.200 usuarios. Una gran mayoría proceden de ciudadanos particulares (94 %), mientras que el resto corresponden a bancos, proveedores de servicios de pago, comerciantes y empresas tecnológicas.

El informe recoge que la principal preocupación que debe resolver un euro digital debe ser la privacidad (para el 43 % de los encuestados), seguido de la seguridad (18 %) y de la capacidad de pago en toda la zona del euro (11 %). La privacidad es la característica más importante tanto para los ciudadanos como para los profesionales.

Asimismo, sólo una de cada diez encuestados está a favor de una moneda que proteja el anonimato. Tanto ciudadanos como empresas expresaron su preferencia por una moneda que incorpore mecanismos para evitar actividades ilícitas.

Además, para que el proyecto tenga éxito, se revela crucial el papel de entidades financieras y proveedores de pagos. Más de dos tercios de los encuestados reconocen la importancia de que los bancos ofrezcan servicios innovadores que permitan el acceso a un euro digital. Además, indican que esta moneda tendría que integrarse en los sistemas bancarios y de pago existentes. También se recoge como opinión predominante que un euro digital debería hacer que los pagos transfronterizos fueran más rápidos y económicos. Se aboga porque pueda usarse fuera de la zona del euro, aunque con límites en los importes y actividades.

En general, la consulta pública muestra que la mayoría de los europeos encuestados están dispuestos a apoyar un euro digital, teniendo en cuenta el compromiso del Eurosistema con esta iniciativa no eliminaría el uso de efectivo ni de otros medios de pago, sino que vendría a complementarlo.

Aunque las conclusiones del estudio son valiosas para el BCE, no compromete al Eurosistema en el diseño final de la moneda. En cualquier caso, sí parece sentar las bases de por dónde debe seguir trabajando el BCE para que el proyecto pueda convertirse en realidad en un futuro próximo.

En el actual contexto competitivo, uno de los principales activos con los que cuenta la industria bancaria son las relaciones establecidas con sus clientes. A diferencia de los nuevos competidores nativos digitales (FinTechs y BigTechs), los bancos convencionales han contado con relaciones de largo plazo y, en muchos casos, de proximidad. El reto actual de las entidades financieras es digitalizarse al tiempo que preservar ese componente relacional con consumidores y empresas.

La pandemia ha acelerado la sustitución de canales físicos por operaciones bancarias en línea. En España, la mitad de las entidades financieras tienen más del 60% de sus clientes digitalizados[1]. Esto puede traducirse en que muchas entidades bancarias pierdan parte de sus ventajas de relación más personalizada con la clientela.

Los expertos coinciden en la necesidad de que los bancos encuentren formas digitales de generar confianza y demostrar que comprenden las necesidades de sus clientes[2]. En este sentido, deben buscar un equilibrio entre dos objetivos: volverse más empáticos y volverse más digitales. En este reto, la tecnología puede ser la principal aliada.

Aunque la interacción sea online, opciones como el reconocimiento facial, el análisis de voz y el análisis de texto, junto con una gran cantidad de datos de búsqueda, pueden proporcionar una visión matizada y a medida de las preocupaciones e intereses de los clientes. Ese conocimiento puede ser la base para actuar de manera empática a través del canal online.

Algunos bancos ya están dando pasos en este sentido. Por ejemplo, durante los incendios forestales de Australia en 2020, el Commonwealth Bank fue proactivo, informando a sus clientes de las ayudas estatales a las que tenían derecho.

En cualquier caso, el proceso de digitalización no debe conducir a la desaparición del canal físico. Aunque la conexión digital pueda prevalecer, cuando un cliente elige interactuar cara a cara, el banco tiene que aprovechar esa oportunidad para para mostrar comprensión. Para lograrlo, un 97% de los bancos consideran la necesidad de rediseñar las actuales sucursales bancarias.[3]

Como reiteran los expertos, aquellos bancos empáticos y capaces de ayudar de manera proactiva a sus clientes tendrán una ventaja comercial frente a sus competidores. Es una forma de redefinir la tradicional ventaja relacional de la banca para crear canales online relacionales que cumplan esa misión tan propia de los servicios financieros actuales que es conocer al cliente (Know-your-customer o KYC).

Aunque bitcóin nació con la vocación de convertirse en un medio de pago, existe un cierto consenso en que su principal uso está siendo como medio para acumulación de valor y fuertemente especulativo. Así lo refleja su elevada volatilidad. En todo caso, que las compañías más relevantes a escala mundial estén progresivamente anunciando que permitirán pagos con esta moneda, puede suponer un punto de inflexión en esta concepción.

El creciente interés mediático de consumidores e inversores en las criptomonedas, especialmente en bitcóin, está implicando que muchas empresas estén planteando un escenario en el que pueda ser usada como medio de pago de forma amplia. En los últimos meses, PayPal, Mastercard o Visa han anunciado que permitirán pagos con bitcóin[1]. Por ejemplo, PayPal ha comunicado que la función de criptopago estará configurada para aparecer automáticamente en el monedero digital cada usuario. Esto no es un anuncio trivial, teniendo en cuenta que PayPal tiene 377 millones de usuarios en todo el mundo.

La adopción de bitcóin como medio de pago puede depender de que la moneda sea accesible para un porcentaje alto de consumidores. En cualquier caso, su utilización como medio de pago también dependerá del grado en que sea aceptada por los comerciantes.

También en este aspecto se han producido anuncios relevantes. Tesla ya ha informado de que se podrán comprar sus automóviles con bitcoin[2]. Otras compañías de sectores variados como viajes (Travala), automoción (Karma), videojuegos (Xbox) o arte (Singulart) también han comenzado a aceptarlo para sus pagos[3].

El uso de bitcóin podría extenderse, incluso, al pago de los salarios. Algunas compañías ligadas al sector de los criptoactivos, empiezan a ofrecer la posibilidad a sus empleados de recibir su sueldo en bitcóin. También otras empresas empiezan a subirse al carro de los criptosalarios. Por ejemplo, el CEO del equipo de baloncesto de los Sacramento Kings en Estado Unidos ha anunciado que pagará en bitcóin parte del salario de los trabajadores de su franquicia. Todas estas noticias son pasos hacia la normalización en el uso de las criptomonedas. En todo caso, sigue siendo importante establecer precauciones. Los vaivenes en su precio ante cualquier acontecimiento -como ha ocurrido recientemente con la salida a bolsa de Coinbase- disuaden a consumidores y a empresas a pagar/aceptar la moneda como una opción de pago oficial. Debido a su elevada volatilidad, aceptar un pago en bitcóin supone, hoy en día, asumir un importante riesgo y así lo siguen advirtiendo la mayor parte de reguladores y supervisores financieros.

El progreso del mundo FinTech ofrece oportunidades de acceso a servicios financieros que tienen el potencial de impulsar la inclusión de colectivos desfavorecidos y cerrar la brecha de género en el acceso a este tipo de servicios. Sin embargo, un reciente estudio[1] realizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) ha revelado que existen desigualdades de género en el uso de los servicios FinTech.

El estudio realizado con una muestra de más de 27.000 adultos de 28 países muestra que mientras el 29 % de los hombres usa productos y servicios FinTech, solo el 21 % de las mujeres lo hacen. Además, se observa que los hombres usan las FinTech para una gama más amplia de servicios que las mujeres. Los resultados también revelan que la brecha está presente en 26 de los 28 países examinados. Las menores diferencias se observan en España y Corea del Sur, mientras que alcanzan sus mayores registros en Argentina y Suiza. La desigualdad se observa en las principales categorías de servicios (pagos, inversiones, préstamos o planificación financiera).

Aunque el estudio no aborda todas las posibles causas de estas desigualdades, sí que revela distintas actitudes de hombres y mujeres hacia la seguridad, la privacidad y la tecnología.

Se observa que las mujeres están más preocupadas por la privacidad de los datos, estando, en general, menos dispuestas a compartirlos con las FinTech. Los resultados además sugieren que los hombres son más sensibles a los precios de los servicios financieros.

La existencia de condicionantes sociales desfavorables para las mujeres en el acceso a la tecnología y a los servicios financieros, pueden explicar parte de la desigual percepción de las bondades de la tecnología financiera. El estudio concluye que si las mujeres parecen tener más motivos para preocuparse por las consecuencias de una filtración de datos personales, puede ser más racional evitar estos servicios, incluso si se ofrecen a un precio atractivo.

En este sentido, la investigación concluye que para que el acceso a productos FinTech sea más igualitario, será preciso lograr una mejor percepción de los mismos en términos de seguridad y privacidad.

La reciente salida a Bolsa de Coinbase, la principal plataforma de intercambio de criptoactivos, ha supuesto un hito en la industria financiera. La cotización por primera vez de una gran empresa de criptografía, muestra el auge que tienen los activos digitales. Además, su cotización en el Nasdaq puede tener implicaciones de gran calado para el futuro de las criptomonedas y su aceptación en entornos institucionales amplios.

Coinbase, creada en 2012, se ha convertido en la plataforma de referencia en la que millones de usuarios compran y venden una amplia variedad de criptomonedas. Actualmente, la compañía tiene 56 millones de usuarios y el valor de los activos negociados en la plataforma ha alcanzado los 335.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2021[1]. Este intenso volumen de actividad ha llevado sus beneficios a los 730 millones de dólares. La empresa prevé seguir creciendo en 2021. Según sus previsiones, el número de usuarios activos mensuales podría incrementarse cerca de un 15´%. Con la salida a Bolsa, la empresa busca traducir en una mayor capitalización el creciente interés por su plataforma.

Después de algún retraso (su estreno bursátil se esperaba para marzo) Coinbase cotiza desde el 14 de abril en el principal mercado de valores tecnológico, el NASDAQ.

Para abordar esta salida, la empresa no ha emitido nuevas acciones a través de una oferta pública inicial (IPO por sus siglas en inglés), sino que ha vendido 114,9 millones de acciones directamente al público mediante el procedimiento de cotización directa. La operación fue un éxito, alcanzando en su primer día una valoración de 85.700 millones de dólares[2]. Una capitalización inicial no muy alejada de la que protagonizó Facebook en su salida a bolsa de 2012.

Aunque este movimiento es un hito en la historia de la empresa, puede suponerlo aún más en el conjunto de la industria criptográfica. Algunos expertos apuntan a que la salida a bolsa de la primera plataforma de criptoactivos supone una legitimación de facto de los activos digitales en los mercados financieros. Significa, en parte, el reconocimiento al papel de las plataformas de trading de criptomonedas y su relevancia en el sistema financiero actual.[3].

En la medida en que los activos digitales continúan obteniendo el respaldo de inversores institucionales, bancos y empresas, la cotización de Coinbase es un paso añadido en ese cambio “cultural”. Aun reconociéndose la elevada volatilidad de las monedas digitales, y que no son adecuadas para todos los inversores, se reducen algunas de las connotaciones más negativas en torno a su valor y futuro. En cualquier caso, aún habrá que esperar un tiempo para ver si Coinbase se ve sometida a los mismos problemas de confianza y volatilidad que se han observado en el pasado para monedas como bitcóin.

La gestión eficiente de los datos de los clientes es, probablemente, la clave competitiva más relevante en el mercado bancario actual.  No basta con incorporar tecnologías como big data, machine learning o inteligencia artificial. También es clave garantizar el tratamiento, la privacidad y la seguridad de los datos. En este contexto, las reiteradas brechas de seguridad de algunas de las principales BigTech pueden suponer una “desventaja competitiva” para entrar a competir en el sector bancario.

La reciente filtración por parte de Facebook de los datos personales de 533 millones de usuarios de 106 países, incluidos más de 10 millones de España[1], vuelve a poner en el ojo del huracán los protocolos, mecanismos y políticas de protección de datos de las BigTech.

Los problemas de seguridad no son nuevos. En enero de 2021, Amazon informó que se habían filtrado datos de más de 100 millones de titulares de tarjetas de débito y crédito por un problema de seguridad de la empresa que procesa sus pagos, Juspay[2]. Otras como Google y Apple también han experimentado en los últimos años problemas similares.

En la medida en la que estas grandes tecnológicas empiezan a gestionar cada vez más datos financieros de sus clientes, surge la preocupación adicional que estas vulnerabilidades vayan más allá de la privacidad y tengan repercusiones negativas en términos de estabilidad financiera.

En cualquier caso, los problemas de seguridad de las BigTech se están traduciendo en una pérdida de credibilidad de los usuarios sobre la forma en la que éstas gestionan sus datos. En Estados Unidos, un estudio reciente ha revelado que el 86 % de los usuarios están muy preocupados por cómo Facebook y Google usan su información[3]. De hecho, se constata que, en los últimos años, la preocupación de los consumidores por la privacidad y la seguridad de los datos va en aumento.

Como señalan algunos analistas, esta pérdida de confianza en la gestión de los datos de las BigTech comienza a revelarse como uno de los principales obstáculos de estas compañías para convencer a sus clientes para que contraten productos financieros más complejos.

Por su parte, para el sector bancario tradicional, que destaca como el sector de actividad que más invierte en seguridad, las filtraciones de datos de las BigTech suponen una oportunidad para ganar tiempo y recuperar parte del terreno perdido en otros aspectos de la digitalización como la computación en la nube o la inteligencia artificial.

Al reciente auge de criptomonedas, monedas digitales de bancos centrales (CBDCs) y otros criptoactivos se unen ahora los token no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés). Así, en un contexto donde todo parece ser “tokenizable”, estos nuevos activos digitales comienzan a captar el interés de los inversores.

En un sentido amplio, los token digitales pueden considerarse certificados de propiedad de activos virtuales o físicos. Dentro de estos, los NFTs surgen como un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. La diferencia con otros activos digitales, como pueden ser las criptomonedas, reside en que dichos NFTs no son fungibles. Estos token, por tanto, se caracterizan porque tienen propiedades únicas, por lo que no se pueden intercambiar. En la práctica, son activos individuales, indivisibles e insustituibles, que se generan digitalmente y identifican inequívocamente su propiedad.

Por el momento, la mayor difusión de estos token digitales se ha producido en el mundo del arte. El pasado mes de marzo la música y creadora Grimes[1] vendió varias composiciones – imágenes, clips de películas, animaciones e incluso poemas – por 6 millones de dólares como NFT. El récord lo ha alcanzado la subasta de arte digital realizada por la casa de subastas Christie’s, que se elevó a los 69 millones de dólares.

En todo caso, el fenómeno empieza a exceder lo puramente artístico. Recientemente, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, subastó como NFT el primer Tweet de la red social. El valor de este token alcanzó los 2,9 millones de dólares en una subasta pública[2].

Los NFT comienzan a usarse también como activos de garantía o colateral en la concesión de préstamos. Actualmente ya hay marketplaces como NFTfi que permiten a sus usuarios depositar sus NFT como garantía para obtener un préstamo denominado en alguna criptomoneda.

El boom de estos activos digitales ha provocado que en el último mes se hayan vendido NFTs por valor de 209 millones de dólares[3]. En todo caso, no están exentos de polémica entre los analistas. Algunos consideran que los NFTs rastrean la propiedad y garantizan la autenticidad del arte, al tiempo que permiten a los creadores monetizar sus obras digitales. Otros consideran que dichos token son una burbuja dentro de otra burbuja, la de los criptoactivos[4]. En cualquier caso, los expertos coinciden en que parte del boom de estos nuevos token digitales se explica por la expectativa de que los activos que los respaldan representan el futuro de una economía más intangible. A ello se une la búsqueda de potenciales ganancias ligadas a estos activos digitales en un entorno de bajas rentabilidades.

A medida que el comercio electrónico trata de diversificar los canales y servicios ofrecidos, son cada vez más las empresas de este segmento que se plantean la incursión en el sector financiero. Para muchas empresas se trataría de una respuesta natural a la evolución de su negocio y la necesidad, entre otras, de financiar compras u ofrecer servicios de pago alternativos.

La primera gran empresa del sector “retail” que abordó un intenso proceso de digitalización para acabar convirtiéndose en una BigTech con servicios financieros fue Amazon. Ahora, otra gran cadena de grandes almacenes norteamericana, Walmart, acaba de anunciar que está preparando un proyecto para abordar un proceso de restructuración que le permita ofrecer soluciones financieras innovadoras y asequibles[1]. Es un paso entrar a competir en el sector financiero-tecnológico. Para llevar a cabo dicha incursión, la compañía ha anunciado un acuerdo con Ribbit Capital. Esta empresa cuenta con experiencia dilatada en el sector FinTech.

Desde Walmart se incide en que esta transforma-ción no es más que un paso natural. En recientes declaraciones, su CEO ha señalado que “durante años, millones de clientes han depositado su confianza en Walmart, no solo para ahorrarles dinero cuando compran, sino también para ayudarlos a administrar sus necesidades financieras.

Estos clientes han dejado claro que quieren más de Walmart en el ámbito de los servicios financieros”[2]. Para abordar este salto, la compañía cuenta con el respaldo de una de las bases de clientes más grandes del mundo. El objetivo es que estos consumidores confíen también en la oferta financiera que pueda hacerle la compañía.

Aunque todavía no hay información concreta acerca de la forma en que Walmart abordará el proceso, algunas fuentes apuntan al lanzamiento de una “super app”[3]. De este modo, seguirían el modelo de negocio tecnológico de algunas BigTech chinas como Ant o Tencent. El objetivo de esta super app sería integrar la oferta comercial de Walmart con los nuevos productos financieros que crearía la compañía, así como información, noticias o mensajería.

El movimiento estratégico de Walmart no es baladí, porque se trata de la principal cadena de almacenes de los Estados Unidos. Como señalan algunos analistas, en la medida en la que la transición sea exitosa, podría abrirse la puerta a que otras grandes cadenas puedan recorrer el mismo camino, lo que sin duda vendría a intensificar aún más la competencia entre FinTech y banca.

La creciente concienciación social por promover la sostenibilidad, la eficiencia energética y la protección del medio ambiente está alentando el crecimiento de una nueva modalidad de crédito, la financiación ecológica. Principalmente, a través de las hipotecas verdes.

Con una hipoteca verde, un banco o prestamista hipotecario ofrece al comprador de una casa unas condiciones preferenciales si puede demostrar que la propiedad para la que está pidiendo la hipoteca cumple con ciertos estándares ambientales. A diferencia de los contratos tradicionales, el objeto de una hipoteca verde tiene que ser específicamente un bien inmueble ecológico. En todo caso, no solo se financia la adquisición de una vivienda con una alta certificación energética de partida, sino que también es posible acceder a este tipo de préstamos para rehabilitar o reformar un inmueble que mejore un 30% su eficiencia energética.  Para los clientes bancarios el atractivo de las hipotecas verdes está en su precio, ya que se conceden a tipos más reducidos que los vigentes en el mercado.  

La creciente demanda de este tipo de financiación y el compromiso del sector bancario por la protección del medio ambiente ha hecho que crezca la oferta de este crédito verde.

Algunos estudios de mercado[1] señalan que a finales de 2019 la mitad de los 50 bancos más grandes del mundo ofrecían este producto financiero.

El sector bancario español no es una excepción. Actualmente ya son numerosas las entidades que ofrecen este tipo de hipotecas. Y, en muchos casos, se hace por la vía digital. La mayoría de las entidades que ofrecen este tipo de hipotecas, de hecho, priorizan que se hagan desde el canal digital.

En los últimos seis años, el volumen global de préstamos verdes (incluyendo la financiación de promociones inmobiliarias) ha alcanzado los 40.000 millones de dólares[2]. La expectativa es que siga creciendo. Según datos de la Federación Hipotecaria Europea, se calcula que en la UE hay más de 220 millones de bloques de edificios construidos antes de 2001 y millones de viviendas con una deficiente calificación energética. La rehabilitación de este parque de inmuebles para adaptarlo a las nuevas normativas ambientales puede hacer crecer aún más este tipo de financiación verde.

La gestión robotizada de patrimonios, lo que se conoce como “robo-advisory”, empieza a crecer significativamente. El uso de algoritmos para adaptar las carteras de inversión a ahorradores no especializados, generalmente con un coste menor del que ofrece un asesor financiero tradicional, se presenta como la principal ventaja de estos robo-advisors.

Una parte del auge de estos gestores automatizados se explica por su creciente demanda entre los segmentos de población más jóvenes, especialmente los millenials, que son los que más están apostando por estos servicios. En Estados Unidos, un 16,4 % de los menores de 25 años utilizan un robo-advisor[1]. Es previsible que esta cifra vaya aumentando, pues más de la mitad de estos jóvenes considera que hará uso de ellos en el futuro. Como auguran algunos analistas, el éxito de esta nueva forma de inversión viene dada porque, aunque los jóvenes no cuentan con un patrimonio financiero comparable al de sus mayores, sí parecen estar más preocupados por movilizar su ahorro e incrementar su rentabilidad.

Desde que los robo-advisors hicieran su aparición, el sector FinTech ha capitalizado gran parte de la oferta de gestión de patrimonios por vía digital (wealthTech). Para responder a esta pujante demanda, los intermediarios financieros tradicionales también comienzan a lanzar nuevos productos y servicios automáticos para sus clientes.

En Estados Unidos, grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley y Wells Fargo, todos ellos con una importante especialización en asesoramiento financiero, han lanzado gestores robotizados en los últimos años[2]. En España, también empiezan a proliferar estos servicios y son los bancos los más activos. Es el caso de PopCoin (Bankinter),  Openbank (Santander), Smart Money (Caixabank) o BBVA Invest (BBVA). El objetivo es competir con la oferta actual y potencial de las FinTech en materia de gestión de patrimonios, posicionándose en el sector para ganar cuota de mercado entre la población más joven y fidelizarlos para otros productos (depósitos, financiación).

En este crecimiento, la pandemia de la COVID-19 ha supuesto la primera prueba de fuego para muchos de estos servicios de inversiones algorítmicas. Un estudio realizado en Estados Unidos ha revelado que el 82% de los inversores encuestados estaban satisfechos con la gestión realizada por su robo-advisor durante la pandemia[3]. Este grado de satisfacción supera el obtenido por los inversores que utilizan un gestor patrimonial humano. Además, el estudio reveló que un elevado número de ahorradores estaban dispuestos a mantener a su robo-advisor después de su experiencia durante la crisis de la COVID-19.

La Segunda Directiva de Servicios de Pago (PSD2, por sus siglas en inglés) ha impuesto la necesidad de una doble autenticación de los clientes. En la práctica, esta obligación exige que los usuarios utilicen al menos dos factores de autenticación (por ejemplo, PIN y huella o contraseña y código SMS recibido en el móvil) para realizar una transacción por el canal digital.

Esta regulación, que busca incorporar un mecanismo que refuerce los requisitos técnicos de verificación de la identidad de usuarios, entró plenamente en vigor en enero de 2021. Aunque la normativa viene a aportar más seguridad al mundo de las transacciones online (y en particular a los pagos realizados a través del e-commerce) la realidad es su implementación está encontrando algunas dificultades, identificándose varias fricciones en el momento del pago.

Según datos de la Asociación Española Fintech e Insurtech (AEFI), la tasa de rechazo o abandono de clientes que no pueden completar las operaciones -porque se encuentran con algún tipo de dificultad o por desconocimiento de los nuevos mecanismos- se sitúa en el 20% del total de las operaciones que se inician[1].

Algunos estudios estiman que unas elevadas tasas de abandono originarían unas pérdidas de casi 20.200 millones[2] de euros (13.000 millones de euros menos de ventas de los pequeños comercios y 7.200 millones de euros de las ventas de las compañías de mayor tamaño). En el caso de pagos realizados por clientes en el extranjero se apunta a que algunos de los problemas para materializar el pago residen en el uso de protocolos de seguridad diferentes, lo que conlleva que en muchos casos las transacciones sean denegadas. Desde el sector financiero, tanto bancos como FinTechs, sostienen que dichas tasas de abandono irán reduciéndose progresivamente[3]. Es necesario que los clientes pasen por una fase de aprendizaje que los lleve a adaptarse progresivamente a los nuevos requisitos para acceder a su cuenta bancaria o para pagar por internet.

Para facilitar su adaptación, las entidades financieras ya están trabajando en mejorar aquellos factores de autenticación que permitan equilibrar la usabilidad, la facilidad del pago y la protección de los clientes. En un contexto donde las transacciones digitales están en fuerte auge, gran parte de la recuperación económica del país puede venir por el crecimiento de una demanda puramente digital. Es, por tanto, importante que usuarios y entidades (bancarias o no bancarias) proporcionen pagos  que sean capaces de cumplir con la normativa PSD2 sin introducir excesivas trabas para completarlos.

La Comisión Europea, dentro de su estrategia de Digitalización Financiera, ha puesto el foco en el valor de los datos en el actual contexto de la competencia por la información en el sector financiero. Se pretende facilitar el acceso y la difusión de la referencia financieras de las empresas que cotizan en los mercados regulados de la Unión Europea y para ello ha decidido crear una plataforma europea en este campo.

Este sistema, conocido formalmente como la “European Financial Transparency Gateway” (EFTG, por sus siglas en inglés)[1] es actualmente un proyecto piloto. El objetivo es aumentar la claridad financiera en el conjunto de la UE, facilitando el acceso de los inversores a la información. El valor también reside en implementar un nuevo enfoque para construir un sistema distribuido y descentralizado para compartir datos, ofreciendo una trazabilidad completa de los mismos y gestionando su  propiedad.

Para abordar este reto tecnológico, la Comisión Europea ha apostado por utilizar la tecnología blockchain. Se trataría de la primera red de carácter público que utiliza este sistema descentralizado a escala europea[2]. Dicha solución proporciona un vínculo seguro y confiable entre los datos y los actores del sistema.

Además, el uso de esta tecnología hace que el acceso a la información sea más rápido y personalizado. El respaldo al proyecto es unánime dentro de la UE. Está siendo gestionado por la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales (FISMA, por sus siglas en inglés) y cuenta con la financiación del Parlamento Europeo.

En cualquier caso, como ha recordado la agencia supervisora en materia del mercado de valores (ESMA, por sus siglas en inglés) hay cuestiones que solventar, principalmente en materia de protección de datos. Según ESMA, esta plataforma puede no ser viable según el actual Reglamento General de Protección de Datos si el uso de cadena de bloques supone la inmutabilidad de los datos almacenados. El problema surge si la información no se puede modificar una vez introducida, teniendo en cuenta que algunas empresas pueden incorporar datos incorrectos o ser requeridas por un supervisor para modificarlos[3]. El principal desafío actualmente reside en hacer compatible el uso de blockchain con los derechos de las empresas de rectificar y suprimir la información. Por el momento, no se ha previsto un plazo definitivo para que dicha plataforma pueda estar operativa en la UE. En todo caso, si se solventan  los retos en materia de protección de datos, la apuesta por la transparencia financiera habrá dado un importante paso adelante. 

A medida que bitcoin se consolida como la criptomoneda más popular, otras divisas digitales alternativas (altcoins) también crecen significativamente. Con el actual boom de los criptoactivos, los inversores también prefieren diversificar su cartera y contar con distintas opciones.

El reciente aumento y volatilidad de precios de bitcoin ha hecho que cunda entre los analistas la percepción de que esta moneda podría estar alcanzado su techo. Algunos apuntan incluso a que, en el actual entorno, algunas de estas monedas alternativas a bitcoin podrían estar infravaloradas. Esto estaría motivando que otras criptomonedas empiecen a atraer el apetito de los inversores. Actualmente existen más de 5.000 altcoins en el mercado, representando casi el 40% del mismo[1], aunque los mayores incrementos se concentran en un grupo selecto.

Dentro de este grupo destaca Ether, la segunda criptomoneda por nivel capitalización. En 2020, su valor ha pasado de rondar los 150 a superar los 2.000 dólares[2]. Esta súbita revalorización también se observa en otras monedas como Cardano, Cosmos, Dogecoin o Tezos. En la revaloración de estas monedas alternativas destaca el rápido auge de algunas que apenas tienen un año de vida.

Este es, por ejemplo, el caso de Cosmos, que se lanzó en marzo de 2019 con un precio próximo a los 5 dólares. Un año después, dicha moneda tiene un precio de 20 dólares. Algunas tienen simplemente meses de vida. Como Graph, que comenzó su andadura en diciembre de 2020 y cuyo valor se ha multiplicado por 8 en tan solo cuatro meses.

El auge de estas altcoins presenta varias características reseñables. En primer lugar, destaca cómo su crecimiento se ha intensificado significativamente desde enero de 2021. La institucionalización de las criptomonedas en estos últimos meses, con movimientos favorables a su adopción por parte de empresas relevantes (PayPal, Tesla, Mastercard, Square) ha hecho crecer las expectativas respeto a las mismas.

Por otra parte, las principales revalorizaciones se concentran en las que están basadas en cadenas de bloques innovadoras. Por ejemplo, porque ofrecen soluciones para problemas de escalabilidad o porque permiten comunicarse o combinarse con otras cadenas de bloques[3]. Los inversores estarían apostando más enérgicamente por aquellas monedas que pueden convertirse en referentes en el futuro al estar precisamente basadas en las llamadas “cadenas de bloques de la próxima generación”, que ofrecen soluciones a los problemas de capacidad y compatibilidad de los criptoactivos primigenios.

Los principales neobancos europeos han puesto su foco en los Estados Unidos. El objetivo es ganar cuota de mercado en un terreno de juego muy competitivo como es el norteamericano. Estas entidades nativas digitales buscan replicar los modelos de negocio que les han llevado a crecer significativamente en Europa, aprovechando la amplia digitalización financiera de la sociedad norteamericana.

El pionero fue Monzo, que anunció su oferta digital para Estados Unidos en junio de 2019. En julio del mismo año, el banco digital alemán N26 desembarcó también en tierras norteamericanas. Finalmente, en marzo de 2020, fue Revolut, el neobanco con sede en Londres y con licencia bancaria lituana, el que dio el salto[1]. En todos los casos, la expansión pone de manifiesto la voluntad de ganar en escalabilidad.

En su experiencia americana, los neobancos europeos se enfrentan a mucha competencia, no solo a los nativos de Estados Unidos (Simple, Varo, Chime, MoneyLion, GoBank).

También han de competir con los bancos tradicionales, que han abordado intensos procesos de digitalización con alianzas con FinTech como PayPal, Square o Venmo), además de Apple, Google o Amazon.

Las distintas normativas están siendo otro obstáculo importante para los neobancos europeos.  En Estados Unidos no solo existen hasta 11 regulaciones federales, sino también estatales.

A pesar de estas dificultades los datos más recientes muestran cómo estas nuevas entidades empiezan a abrirse hueco en Estados Unidos. La cuota global de los neobancos europeos en el mercado bancario digital mundial se sitúa en el 5%.[2] En el mercado de Estados Unidos, N26 lidera el crecimiento, con un 3,55%. Ya ha superado a su homólogo estadounidense Simple, que fue lanzado en 2012. El crecimiento de Revolut y Monzo ha sido más moderado, alcanzando cuotas de mercado que no llegan al 1% en Estados Unidos.

En un entorno cada vez más digital, en el que la población hace un menor uso del dinero en  efectivo -y por tanto, realiza un menor número de reintegros en billetes- los bancos están dando otra vuelta de tuerca a las funcionalidades de los cajeros automáticos.

Según los datos del Banco de España, en 2020 se realizaron 624.664 operaciones de retirada de efectivo en los cajeros automáticos españoles[1]. Esta cifra supone una caída del 31,2% con respecto al año anterior. Este menor uso contrasta con el elevado número de estos terminales que existen en el país. Actualmente hay 49.481 cajeros, siendo unos de los parques más elevados de la Unión Europea. En este contexto, en el que se prevé que la digitalización vaya a más, las entidades financieras comienzan a plantearse la necesidad de reconfigurar su papel. El reto del sector no es tanto eliminar los cajeros de forma drástica como mejorar sus funcionalidades para hacer frente a las nuevas necesidades de sus clientes, consiguiendo que estos terminales sean sostenibles y rentables.

Aunque la función principal de los cajeros automáticos como terminal dispensador de efectivo se mantenga aún durante un tiempo, lo que determinará su futuro y rentabilidad va a ser la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades.

Entre ellas se encuentra la de de realizar el digital onboarding (captación digital de clientes). La incorporación de la biometría a los cajeros facilita la autentificación de los usuarios y que estos se habitúen a un “contacto” más digital. Asimismo, aporta seguridad al cliente, en la medida en que muchos cajeros empiezan a incorporar cámaras, sensores y lectores de huellas, lo que dota de una seguridad reforzada todo el proceso que conlleva abrir una cuenta bancaria o contratar un producto financiero.

Otra de las novedades es la banca por vídeo. A través de un cajero automático “inteligente” es posible realizar consultas a través de una conexión de vídeo remota. Se trata de herramientas de videobanking que conectan al cliente con su gestor bancario, otorgando al cliente un servicio digital sin que se pierda el factor humano.

Además, a medida que el fenómeno de las monedas digitales crece, algunos modelos de cajeros automáticos adoptan un software que les permite gestionar peticiones de criptomonedas. Con esta nueva tecnología, no solo permiten la compra de estas monedas digitales sino también su cambio por dinero en efectivo. En Estados Unidos ya hay casi 2.000 cajeros de bitcoin[2]. Actualmente, se pueden encontrar cajeros automáticos de criptomonedas en 77 países.

En un entorno cada vez más digital, los consumidores esperan que las instituciones financieras comprendan sus necesidades y les brinden soluciones cada vez más personalizadas, similares a las que reciben de las FinTech y BigTech.

Algunos estudios apuntan a que el 89% de los consumidores eligen su institución financiera en función de lo bien que se adapta a sus preferencias y experiencias.[1] Los clientes bancarios, especialmente los más jóvenes, demandan una oferta a medida, que incluya información y productos financieros individualizados y en tiempo real. Abordar estrategias que lo permitan, especialmente a través del canal online, se está convirtiendo en un eje estratégico esencial para el negocio.

Este proceso de personalización de los servicios bancarios requiere de dos recursos diferentes: tener acceso a muchos tipos diferentes de datos y tener la capacidad de usarlos adecuadamente. En primer lugar, personalizar implica tener datos muy variados de los clientes (historial de contactos, objetivos financieros, desempeño financiero pasado, tolerancia al riesgo, intención de compra). Una vez recabada dicha información, es fundamental tener la capacidad de utilizarla eficazmente haciendo uso de la inteligencia artificial o del big data.

Dicho esfuerzo por personalizar productos y servicios tiene ventajas para las instituciones financieras. La principal es que hace que su oferta sea mucho más accesible.

Además, se puede garantizar que el uso del canal digital no va en detrimento del servicio recibido. Muchos consumidores sienten que el valor de acudir a una oficina bancaria reside en la capacidad que tiene su personal de resolver sus problemas. Con la personalización se pretende que el consumidor sienta que la banca digital también puede solucionar cualquier problema o necesidad por específico que sea. Para el sector bancario, este reto consiste en adaptar su oferta al nivel de identificación de necesidades que imponen los modelos de consumo de plataformas (como Netflix, Amazon o Google) que triunfan actualmente.

Algunas entidades están siendo pioneras en personalizar sus servicios bancarios a través del canal digital. The Commonwealth Bank of Australia y The Royal Bank of Scotland han implementado herramientas que examinan la vida financiera de sus clientes para identificar la «siguiente mejor acción» de los mismos.[2] Utilizan sus datos para predecir lo que estos necesitarán en el futuro más inmediato. Ello les sirve para adaptar sus productos a las necesidades y etapas vitales (edad, condiciones de trabajo, …).

Por el momento, estos bancos que han puesto en marcha estrategias de personalización han visto que se traduce en mayor satisfacción de sus clientes, además de servirles para fortalecer los lazos como entidad financiera de referencia. A medida que sigan desarrollándose tecnologías como el big data y la inteligencia artificial, podrán alcanzarse nuevas cotas en el nivel de personalización.

El rally de precios de bitcoin está coincidiendo con un cambio de actitud de muchas compañías hacia esta criptomoneda. Cada vez más empresas empiezan a vislumbrar un futuro donde  bitcoin puede jugar un papel importante.

Uno de los primeros pasos lo llevó a cabo Paypal. La compañía norteamericana anunció en octubre de 2020 un nuevo servicio que permite a sus clientes comprar, mantener y vender criptomonedas directamente desde sus cuentas[1].

Inicialmente dicho servicio estará disponible en breve para los titulares de cuentas de PayPal en los Estados Unidos, aunque la compañía comunicó que extenderá dicho servicio al resto de usuarios internacionales a lo largo de 2021.

PayPal además anunció sus planes para poner bitcoin y otras criptomonedas a disposición como medio de pago en más de 26 millones de comercios en todo el mundo. La expectativa de que estos planes puedan hacer crecer la difusión de bitcoin hizo que tan una semana después del anuncio el valor de Bitcoin amentase un 16%.

Tras esta decisión pionera, otras muchas empresas también han comenzado a abrirse a adoptar criptomonedas en diversas formas.  Mastercard comunicó que permitirá que los comerciantes acepten pagos en criptomonedas durante 2021.[2] Este cambio de tendencia en el sector corporativo también se traduce en que algunas empresas estén decidiendo invertir en bitcoin. Tesla, la compañía dedicada al diseño y fabricación de coches eléctricos anunció que había invertido 1.500 millones de dólares en bitcoin y que planea aceptar dicha moneda como medio de pago.[3] En términos similares, Square, la compañía de pagos con más de 30 millones de usuarios, ha invertido 220 millones de dólares en bitcoin desde octubre de 2020. En la actualidad, esta criptomoneda supone el 5% de su tesorería.

Este cambio de actitud también parece estar calando en el sector financiero. BNY Mellon, el banco más antiguo de Estados Unidos, anunció el lanzamiento de un servicio integrado para activos digitales. Asimismo, otros grandes bancos como JP Morgan o Goldman Sachs ya admiten que pueden abrirse a adoptar bitcoin y otras criptomonedas en el futuro.[4] En España, BBVA permitirá a sus clientes la compraventa y custodia de bitcoins a partir de enero de 2021 a través de su filial suiza.

Los efectos de estos anuncios se están plasmando en el valor de bitcoin y de criptomonedas alternativas, aunque la volatilidad que registran sigue siendo muy elevada y su riesgo no parece apto para inversores minoristas.

Uno de los principales focos estratégicos en el segmento de los pagos minoristas es mejorar la experiencia del cliente. Se pretende eliminar las fricciones en la transacción para simplificar el proceso de la compra. El objetivo es avanzar hacia nuevos medios de pago “invisibles” o “contact-free”.

La adopción de estos medios sin contacto persigue evolucionar hacia un ecosistema donde se los consumidores paguen sin que exista interacción física alguna. Con el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y con la biometría es posible alcanzar un escenario donde, incluso, no se necesite dispositivo alguno para realizar un pago. En su lugar, se identificaría al pagador por algún sistema biométrico y los pagos se realizarían de forma remota con algún sistema predefinido. Se estima que las tecnologías de pago invisible, destinadas a reducir o eliminar las fricciones de los pagos físicos en el comercio físico, procesarán más de 78.000 millones de dólares en transacciones en 2022[1].

En este contexto, están creciendo los denominados medios de pago por voz. Un porcentaje creciente de población se está acostumbrando a realizar tareas cotidianas mediante órdenes de voz. Algunos de los asistentes inteligentes más populares (ej. Alexa, Siri, o Cortana) permiten a los usuarios encender las luces de casa, poner música o activar un electrodoméstico.

¿Por qué no pagar con voz? Google está probando una solución de pagos (Voice Match) que permitiría la autenticación de voz para las transacciones[1]. Otro tipo de pagos que también crecen en relevancia son los que se basan en el reconocimiento facial. En China, Alibaba ya implantó hace tiempo el sistema “Smile-to-Pay” por el cual los consumidores pueden pagar en las tiendas sonriendo a una cámara[2]. Por el momento, ya es posible pagar con una sonrisa en establecimientos de más de 100 ciudades de China.

Otra de las formas de pago invisibles consiste en pagar con la identificación de la mano. Amazon ha lanzado “Amazon One”, una tecnología de pago que permite a los clientes asociar las huellas de la palma de su mano a su tarjeta de crédito, permitiéndoles  pagar pasando la mano por un lector en las tiendas Amazon Go[1]. La compañía espera introducir la tecnología en otras tiendas de Amazon y venderla a terceros para su uso en comercios, restaurantes y estadios.

En cualquier caso, el éxito de estos pagos invisibles va a depender del grado en que pagar sin fricciones se convierta en una forma segura de pago que no interfiera con la privacidad de los consumidores.

La importancia que tiene una gestión eficiente de los datos de los clientes se ha visto reforzada por la pandemia. El impulso en materia de digitalización financiera que ha supuesto la Covid-19, hace que la huella digital financiera (datos) de los consumidores sea aún más apreciada por todos los actores del sector. La capacidad de aprovechar las bondades del tratamiento masivo de datos (big data) es clave para competir en el sector financiero con un conocimiento minucioso de las pautas de demanda. 

Para los reguladores, el valor de los datos no solo reside en su gestión eficiente, gracias a técnicas de inteligencia artificial o machine learning, sino también en la posibilidad de que puedan ser compartidos entre los distintos actores (financieros y no financieros) que operan en el sector. A su juicio, un acceso más amplio a los datos de los consumidores (protegiendo su privacidad) permitiría a todos los proveedores financieros ofrecer servicios personalizados que se adapten mejor a las necesidades específicas de los clientes. De ahí, que empiecen a surgir iniciativas regulatorias para promover la creación de un espacio común en el cual sea factible compartir esa información.

Por el momento, el regulador más activo en la búsqueda de este objetivo es la Comisión Europea. En su estrategia de Digitalización Financiera Europea (Digital Finance Strategy for the EU)[1] la Comisión ha puesto sobre la mesa la firme intención de promover la innovación en las finanzas mediante el establecimiento de un espacio común de datos financieros.

El objetivo es avanzar hacia las “finanzas abiertas” (open finance) gracias al intercambio de información sobre los consumidores. En la práctica, esta medida puede suponer que los reguladores y las autoridades nacionales en materia de competencia tengan el amparo legal para obligar a las grandes tecnológicas a compartir con terceros los datos de sus clientes. Algo que ya hacen las entidades financieras, obligadas por la Segunda Directiva de Pagos (PSD2).

Esta tendencia a compartir datos financieros entre agentes también alcanza a China[2]. En el país asiático se está elaborando una propuesta para que las plataformas de crédito online (lending marketplaces) tengan la obligación de enviar los datos de los préstamos concedidos al registro de crédito nacional. Este sistema será el que compartirá los datos de manera más amplia con los bancos y otros prestamistas para evaluar los riesgos de los préstamos.

En cualquier caso, como señalan los expertos en el sector, cualquier medida que imponga el intercambio de datos obligatorio, debe garantizar que los clientes puedan ejercer un control sobre lo que comparten[3]. Además, es clave que se generen los incentivos para que quién cede los datos y quién los recibe construyan propuestas de valor agregado sin acumular poder de mercado.

El avance de las criptomonedas en los últimos meses -liderado principalmente por el rally de precios de Bitcoin y de otras altcoin como Ether- ha llevado a los supervisores a advertir acerca de los riesgos las mismas. Aunque se reconoce que los criptoactivos, incluyendo la tecnología que les da soporte, pueden dinamizar y modernizar el sistema financiero en los próximos años, se argumenta que, actualmente, no son activos recomendables para todos los inversores por su elevado riesgo.

En un reciente comunicado conjunto lanzado por el Banco de España y la CNMV[1] se señala que son instrumentos complejos. Esto, unido a algunas limitaciones -no son un medio de pago, no están respaldas por un banco central y no están cubiertas por un mecanismo de protección – hace que no sean adecuados para pequeños ahorradores. Así, a juicio de ambos supervisores, el precio de estas criptomonedas conlleva un alto componente especulativo, que puede suponer incluso la pérdida total de la inversión.

Además de la falta de transparencia en la formación de su precio, se recuerda que muchas de estas criptomonedas pueden carecer de la liquidez necesaria para poder deshacer una inversión sin sufrir pérdidas significativas, especialmente porque su circulación entre inversores, tanto minoristas como profesionales, es muy limitada.

Estas advertencias no son nuevas. En 2018 también el Banco de España y la CNMV ya advirtieron sobre el riesgo de este tipo de inversiones debido, entre otros factores, a su extrema volatilidad. El Banco Central Europeo también viene advirtiendo reiteradamente de su riesgo. La presidenta del BCE afirmó recientemente que las criptomonedas como Bitcoin son activos altamente especulativos[2].

A estas continuas advertencias se les une la necesidad de abordar una regulación específica sobre las mismas. Aunque está en el horizonte de muchos reguladores, no termina de producirse.   De hecho, el avance de las criptomonedas y la creciente adopción de las mismas por grandes empresas como Tesla o Mastercard, ha llevado a la Comisión de Bolsa y Valores  de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) a afirmar que se necesita con urgencia un régimen regulatorio claro[3].

En Europa también se está a la espera de que la Comisión Europea pueda concretar un marco regulatorio sobre las mismas.

Los pagos entre particulares (P2P, por sus siglas en inglés), que ya estaban extendidos en el ámbito privado para realizar transferencias entre amigos, familiares o compañeros de trabajo, comienzan también a extenderse al ámbito comercial para pagar las compras realizadas en los establecimientos físicos.

En lugar de utilizar el efectivo o las tarjetas bancarias, cada vez son más los consumidores que usan aplicaciones de pagos entre particulares para pagar sus compras en los comercios. A ello está ayudando que un número creciente de comerciantes haya comenzado a aceptar los pagos P2P. Los pagos P2P en el local comercial o establecimiento hostelero se están produciendo gracias al auge de aplicaciones móviles a tal efecto. Una vez descargadas en el dispositivo del usuario, y tras vincular a una tarjeta (de crédito o débito) o cuenta bancaria, permiten recibir o enviar dinero directamente a otros usuarios que tengan la aplicación.

El éxito de estas apps se refleja en el número de usuarios. En Estados Unidos, algunas como Cash o Venmo ya han superado los 60 millones de usuarios[1]. En España, destaca Bizum, una iniciativa del sector bancario que ha superado los 14 millones de usuarios activos.

En cualquier caso, el crecimiento de estos pagos P2P para compras en los establecimientos físicos se debe a las ventajas que ofrecen a los comerciantes en relación con otros medios de pago digitales. Así, para los comerciantes, estos pagos P2P no exigen disponer de equipos en el punto de venta (terminales de pago o TPVs). El comerciante solo necesita un smartphone y estar registrado en una o más aplicaciones P2P para recibir los pagos de sus clientes[2].

Algunas de estas aplicaciones -PayPal, Venmo, Zelle y Square Cash – ofrecen también un código QR que el comerciante comparte con sus clientes. Así, los clientes escanean dicho código y ejecutan el pago. En la mayoría de estos casos, las aplicaciones P2P no fijan comisiones a los comerciantes por la creación de una cuenta de uso comercial. A diferencia de las comisiones cargadas por las transacciones procesadas con tarjeta, estas aplicaciones no suelen cobrar tampoco comisiones en función del volumen de operaciones realizadas. En algunos casos, el único cargo que se aplica a la mayoría de los propietarios de negocios es una comisión de depósito instantáneo, únicamente si el comerciante quiere disponer del dinero de forma inmediata.

Estas ventajas hacen que cada vez sean más comerciantes los que se abran a adoptar estos pagos P2P. De entre todos ellos destacan los pequeños comercios o vendedores ocasionales (por ejemplo, ferias de artesanía y mercados), ya que solo con un smartphone, y sin comisiones, pueden recibir pagos digitales.

La digitalización está haciendo que el porcentaje de clientes bancarios que se relaciona con su entidad bancaria vía sucursal esté disminuyendo. Esta situación se ha visto acelerada con la crisis sanitaria de la Covid-19. En este contexto, las entidades financieras apuestan por encontrar nuevas formas de servir, conectarse, y entablar relaciones con sus clientes. Las redes sociales son una opción para una comunicación rápida y eficiente que muchas instituciones están comenzando a utilizar con más frecuencia.

El auge de las redes sociales como mecanismo de comunicación hace que una presencia activa de los bancos en las mismas pueda fortalecer las relaciones banco-cliente, especialmente durante una crisis. Los expertos en comunicación advierten que el servicio activo y receptivo al cliente en las redes sociales es una de las formas de tener interacciones directas e individuales con los mismos, haciéndoles ver que les pueden brindar asistencia cuando la necesiten. Si se emplean correctamente, las redes sociales pueden ayudar a las entidades a estar en contacto con los clientes, mejorar la gama de servicios y ser el socio financiero moderno que sus clientes necesitan. Además, el papel de las redes sociales en un entorno bancario digital es fundamental para atraer y retener a los clientes más jóvenes.

Estas opciones son atractivas, no solo para la gran banca sino también para las entidades locales.

Un estudio realizado en Polonia en el que se estudia el comportamiento en las redes sociales de más de 600 entidades de ámbito territorial local[1], concluye que la adopción de las redes sociales tiene un impacto positivo en la rentabilidad. En dicho estudio se pone de manifiesto cómo las redes sociales pueden utilizarse como herramienta para desarrollar un modelo de negocio basado en interacciones frecuentes con clientes y relaciones cercanas.

En España, ya antes de la pandemia del Covid-19, se apreciaba el salto de los bancos españoles a estas redes. Según los datos pre-pandemia[2], la mayor parte de las interacciones de los clientes con los bancos españoles se producen vía Facebook (45%), por delante de Instagram (41%) y Twitter (14%). En todo caso, a la hora de conectar con sus seguidores, cada banco sigue una estrategia diferente. Mientras que algunas entidades publican ofertas y sorteos, otras recurren a vídeos o artículos de análisis.

De cualquier forma, para que las redes sociales tengan un gran potencial, es importante que los bancos adopten políticas claras y definidas de su uso. En aquellos casos en los que ofrezca algún producto financiero debe revelarse el riesgo real del mismo, aunque para ello tengan que lidiar con limitaciones en el número de caracteres. En este sentido, los expertos señalan que las entidades financieras deben evitar hacer recomendaciones demasiado específicas en dichas redes y centrarse en resolución de dudas y publicidad de otros canales.

El Banco Central de China continúa con su hoja de ruta hacia la adopción del e-yuan. El país asiático considera prioritario el lanzamiento de su moneda digital oficial. La atención mediática está puesta en la evolución de las pruebas que ahora se han puesto en marcha y en el diseño definitivo de la divisa. Las conclusiones que se extraigan del “experimento” chino serán relevantes para el futuro de las CBDCs (monedas digitales de bancos centrales).

El pasado mes de diciembre, el Banco Central de China concluyó con éxito su segundo programa piloto para el lanzamiento de una moneda digital[1]. En esta ocasión, se han emitido 20 millones de yuanes (aproximadamente 3,1 millones de dólares) y se han distribuido entre 100.000 residentes de la ciudad de Suzhou, que resultaron ganadores de un sorteo. Así, cada afortunado recibió 200 yuanes para gastar digitalmente en la red de comercios participantes.

Esta segunda prueba ha sido más ambiciosa que la realizada anteriormente en la ciudad de Shenzhen, ya que en Suzhou se han distribuido yuanes digitales al doble de residentes y participaban el triple de comercios.

También se añadió la posibilidad de realizar transacciones sin una conexión a internet. El Banco de China quiere que el efectivo digital también pueda usarse offline, simplemente escaneando un código QR. Los planes prevén que las próximas ciudades que se sumen a estas pruebas sean Pekín y Shanghái[2].

El sector bancario del país también está participando. El Banco Agrícola de China ha tomado la iniciativa de lanzar cajeros automáticos que permitan a los ciudadanos depositar y retirar yuanes digitales[3]. Con ello se busca facilitar la adopción del e-yuan permitiendo que los usuarios puedan almacenar u obtener la moneda digital desde los cajeros.

Los planes para la adopción definitiva se han visto acelerados por la pandemia. Como han señalado desde el Banco Central de China, los desafíos económicos causados ​​por el coronavirus han aumentado la urgencia para que las empresas chinas adopten y empleen ampliamente una moneda digital[4]. Aunque no existe formalmente un calendario oficial para el lanzamiento generalizado en todo el territorio chino, el objetivo es hacerlos antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, un evento que tendrá lugar en febrero de 2022 en Pekín.

El creciente interés social por la adopción y uso de los criptoactivos comienza ha hecho que las entidades bancarias presten más atención a los mismos. Actualmente, se observa un crecimiento en el número de entidades financieras que ya ofrecen nuevos productos y servicios ligados a estos activos digitales. Nos encontramos ante lo que se ha venido a denominar “criptobanca”.

En parte, el cambio de actitud de muchas entidades financieras hacia los criptoactivos coincide con el interés mediático que están alcanzando. A pesar de su volatilidad, en un contexto de bajas rentabilidades (con tipos de interés muy bajos o, incluso negativos) los clientes empiezan a valorar la posibilidad de invertir en criptoactivos. En este sentido, los bancos siguen la tendencia marcada por otras grandes compañías. PayPal ha entrado en el mercado de las criptomonedas, anunciando que sus clientes podrán comprar y vender bitcoin y otras monedas virtuales utilizando sus cuentas de PayPal[1]. Posicionarse en este segmento de mercado, permitiendo a los clientes almacenar criptomonedas, puede ser relevante en un futuro en el que las monedas digitales ganen relevancia.

Los criptoservicios que están ofreciendo algunos bancos son variados. Algunos simplemente ofrecen custodia y depósito de criptomonedas.

Otros pretenden canalizar el ahorro de sus clientes, ofreciéndoles productos financieros en los que parte de las inversiones están materializadas en activos digitales.

Por el momento, los bancos más activos en entrar en este segmento se localizan en Suiza y Singapur. El banco DBS, uno de los grandes bancos de Asia, ha sido pionero al crear una plataforma que permite intercambiar monedas fiduciarias, como el dólar o el yen, y criptomonedas, como bitcoin, ether o ripple[2]. En Suiza, por su parte, el regulador financiero ya ha aprobado algunas licencias a bancos privados para que ofrezcan una gama de servicios basados en criptomonedas.

Este interés no solo alcanza a la banca privada sino que se extiende a la banca comercial. El banco británico Standard Chartered ha anunciado el próximo lanzamiento de servicios basados en criptomonedas para inversores institucionales. En España también se han producido anuncios relevantes. Así, por ejemplo, BBVA ha comunicado su intención de ofrecer servicios de intercambio y custodia de criptomonedas[3]. Los analistas apuntan a que todavía queda un largo recorrido para que estos activos digitales puedan tener un uso extendido. En todo caso, estas recientes noticias dejan entrever que existe un cierto cambio de actitud en el sistema financiero acerca de la oportunidades que pueden ofrecer los criptoactivos.

Gracias a los avances en la tecnología de smartphones, muchos consumidores comienzan a estar familiarizados con la autenticación biométrica. Desbloquear los  dispositivos electrónicos con las huellas dactilares, el escaneo del iris, el reconocimiento facial o de voz comienzan a ser actividades cotidianas. El siguiente paso es que esta familiaridad con las técnicas biométricas se extienda al mundo de la tecnología de pago.

Se estima que la biometría móvil canalizará (en establecimientos físicos y a distancia) 2 billones de dólares en anualmente en 2023[1]. La rápida adopción de estos pagos responde a las ventajas que ofrecen para los consumidores. La biometría ha logrado aunar características claves como son la seguridad, la rapidez y la comodidad. En especial, los consumidores valoran la posibilidad de pagar de forma segura empleando alguna característica física propia y sin tener que recordar contraseñas. Por su parte para los comerciantes, a la seguridad se le une la posibilidad de llevar a cabo una gestión más eficiente de los cobros.

En el desarrollo de estos medios de pago, destacan las tarjetas biométricas. En en lugar de teclear un código PIN durante la compra, los usuarios solamente deben tocar el lector de huellas dactilares en la parte frontal de la tarjeta.

Al hacer coincidir la huella dactilar con la información almacenada en la misma, relativa a la identidad digital de su titular, se aprueba el pago. Actualmente, las tarjetas de pago biométricas están en una fase incipiente en algunos bancos europeos. Por ejemplo, el británico NatWest las está distribuyendo entre sus clientes. En cualquier caso, se espera que crezca su difusión, estimándose  que podría haber 2,5 millones de tarjetas de pago biométricas emitidas en 2021[2].

En todo caso, gran parte del desarrollo de los pagos biométricos parece venir de la mano de las grandes tecnológicas. Así ocurre en los establecimientos Amazon Go. En los mismos, los compradores confirman su entrada a la tienda escaneando un código QR. A partir de ese momento, pueden comprar añadiendo los productos a su carro sin tener que pagar físicamente al abandonar el establecimiento. Una sofisticada combinación de cámaras, sensores y algoritmos detecta automáticamente cuándo los consumidore retiran o devuelven los artículos a los estantes. Al salir de la tienda, Amazon envía la factura por correo electrónico y cobra el importe mediante el cargo en su cuenta.

El auge de los pagos digitales a raíz de la pandemia de Covid-19 está relanzado el uso de transacciones usando códigos QR. Aunque ya existían antes de la pandemia, el interés de los consumidores por los mismos se ha incrementado. En un contexto donde disminuye la preferencia por pagar con efectivo, los usuarios comienzan a percibir que los pagos con QR son cómodos, seguros y rápidos.

Este impulso podría explicarse por las ventajas que ofrece a consumidores y comerciantes. Los clientes simplemente escanean el código QR, seleccionan su banco y luego autentican el pago en su aplicación de banca móvil. Para los comerciantes, los pagos con código QR tienen menores costes de infraestructura que otros medios de pagos sin contacto, al no requerir terminales ni procesos in situ.

Según un reciente estudio[1], hasta 1.500 millones de personas en todo el mundo utilizaron códigos QR para pagar en 2020. La familiarización de muchos ciudadanos con estos usos a raíz de la Covid19 hace que algunos expertos apunten a que se incrementará su uso  en el futuro, superando incluso a otros medios de pago digitales. En el 2025, se estima que el 30% de todos los usuarios de dispositivos móviles utilizarán códigos QR para pagar.

Este crecimiento se producirá tanto en las economías emergentes como en las más desarrolladas.

En China, los códigos QR ya son omnipresentes. El número de transacciones realizadas con estos códigos se ha multiplicado por 15 en los últimos tres años[2]. La pandemia no ha hecho sino disparar aún más su crecimiento. Durante los primeros meses de 2020, WeChat vio cómo su volumen de pagos con códigos QR aumentó en un 26%  en relación a 2019. Este fenómeno también alcanza a economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa. Se espera que entre 2020 y 2025 el número de usuarios de estos pagos crezca hasta un 240% en Estados Unidos. En Europa, donde ya existen cerca de 10,1 millones de usuarios[3], se prevé un crecimiento similar.

En cualquier caso, el despegue definitivo de los pagos con QR no está exento de retos. En primer lugar, es necesario que su uso se extienda a más comercios. Algunos estudios realizados en Europa muestran que el pago con QR se circunscribe a actividades de consumo muy específicas. Actualmente son especialmente relevantes en bares, cafeterías y restaurantes. Otro reto consiste en su estandarización. Para que estos pagos continúen creciendo exponencialmente es necesario establecer unos estándares que garantizen la  interoperabilidad de los mismos, consiguiendo crear  una infraestructura más abierta para pagos basados ​​en QR que sea aplicable en un amplio número de comercios.

A medida que el proyecto para el posible lanzamiento de un euro digital avanza en el seno del Banco Central Europeo (BCE), crece la expectación entre ciudadanos, empresas y sector bancario. En todo caso, como reconoce el propio BCE, nada es definitivo. Aún quedan muchas cuestiones por dilucidar.

El interés por el devenir de un euro digital ha motivado que la consulta pública que lanzó el BCE a este respecto haya superado todas las previsiones[1]. Ha sido masiva, alcanzándose el récord de respuestas a las consultas que hasta ahora había realizado el banco central. En total, 8.221 ciudadanos, empresas y asociaciones han respondido voluntariamente al cuestionario online del BCE. Se demuestra el gran interés de los ciudadanos y las empresas europeas en dar forma a la visión de un euro digital, así como los potenciales efectos que podría tener para banca, empresas y servicios de pago en general.

Según el análisis provisional del BCE, las respuestas muestran que la privacidad de los pagos es la principal característica que tendría que tener un euro digital (41% de las respuestas), seguida de la seguridad (17%) y el alcance paneuropeo (10%). El BCE pretende publicar un análisis completo de la consulta pública en la primavera de 2021.

Sus conclusiones serán relevantes para el Consejo de Gobierno del BCE de primavera, en el cual, previsiblemente, se decidirá sobre las características y plazos de un posible lanzamiento de un euro digital.

Este pasado mes de enero, el BCE y la Comisión Europea han anunciado la creación de un grupo técnico conjunto para analizar las implicaciones políticas, legales y técnicas de la posible introducción de un euro digital[2]. En cualquier caso, la expectación coincide con la necesidad de lanzar una moneda que responda a los cambios de comportamiento de la sociedad a raíz de la Covid-19 y al auge de las criptomonedas privadas. En este sentido, el ministro de Finanzas de Alemania[3], Olaf Scholz, ha reiterado la necesidad de que el BCE concentre sus esfuerzos en trabajar con mayor determinación en esta moneda pública digital.

Estos avances también han motivado la respuesta del sector bancario europeo. La Federación Bancaria Europea (EBF por sus siglas en inglés), cree que la iniciativa debe beneficiar a los ciudadanos, a las empresas y a la economía en su conjunto, pero debe evitar riesgos para la estabilidad financiera[4]. La EFB ha recordado la necesidad de establecer un diseño adecuado en términos de seguridad. A su juicio, en la medida en que dicha moneda pueda configurarse como una alternativa a los depósitos bancarios, esto podría poner en peligro la capacidad de intermediación de los bancos y desestabilizar al conjunto del sistema financiero.

Los pagos móviles están creciendo significativamente en España. Gran parte de este incremento lo está capitalizando Bizum, un  proyecto conjunto de la banca española para realizar transacciones móviles bajo las premisas de universalidad, comodidad, rapidez y seguridad.

Este sistema de permite realizar pagos con móvil entre particulares de entre 50 céntimos de euro y 1.000 euros. Este limite no aplica si se usa para pagos de comercio electrónico. Todo ello en un entorno seguro, que cumple con la normativa PSD2, y rápido, ya que en menos de cinco segundos el dinero está en la cuenta del destinatario. Una de las posibles claves de su éxito, y que diferencia esta innovación de otras formas de pago móvil existentes, es que para enviar dinero tan solo es necesario conocer el número de móvil del destinatario. Simplemente basta con seleccionar un contacto desde la agenda del móvil. A todo ello se le añade su universalidad. En la actualidad, la suma conjunta de las entidades que ofrecen pagos a través de Bizum ya representa una cuota de mercado cercana al 99%.

Aunque el servicio se lanzó en 2016, su crecimiento está siendo exponencial en los dos últimos años. En 2020, el número de usuarios alcanzó los 13,6 millones, más del doble que en 2019[1].

Por otro lado, el auge de Bizum no se limita a los pagos entre particulares. También se está convirtiendo en una forma habitual de pago en comercio electrónico y en establecimientos físicos. Desde su lanzamiento, los usuarios han realizado más 850.000 compras en internet por valor de 54 millones de euros, con un importe medio de 54 euros. Actualmente, son más de 8.000 los establecimientos que permiten cobrar a través de este sistema.

A ello se les une el pago presencial en los establecimientos físicos. Muchos pequeños negocios comienzan a publicitar que admiten el pago a través de Bizum, mediante traspasos al teléfono del titular del establecimiento. Además, Bizum ha lanzado la posibilidad de realizar pagos presenciales mediante códigos QR. La iniciativa se puso en marcha para pagar en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado y ha sido un éxito. Durante el mes de diciembre de 2020, se realizaron cerca de 7.000 operaciones con Bizum vía QR, alcanzando un valor de 500.000 euros.

La adopción progresiva de esta innovadora modalidad de pago por parte de los españoles hace que la compañía se haya marcado para 2021 unos ambiciosos objetivos: llegar a los 20 millones de usuarios y contar con 18.000 comercios online que acepten esta solución de pago.

El creciente interés por las criptomonedas no solo se está concentrando en Bitcoin. Otras alternativas con menor profundidad de mercado hasta la fecha, las denominadas  altcoins  (alternative coins), también están experimentando un crecimiento en los últimos mese. Coincide con un mayor interés mediático. En enero de 2021, las búsquedas en Google asociadas a las altcoins han alcanzado máximos[1].

Entre las altcoins más relevantes, destaca Ether (ETH), el token digital de la cadena de blockchain Ethereum. Esta moneda ha superado recientemente el umbral de los 1.000  dólares, su nivel más alto desde febrero de 2018. Algunos inversores predicen que Ether puede continuar con una tendencia alcista en el 2021, ya que Ethereum aporta ventajas técnicas que podrían convertirlo en el modelo de red de internet descentralizada de la próxima generación[2]. Las revalorizaciones también se extienden a otras criptomonedas como Litecoin (LTC), que ha incrementado su valor un 60% desde diciembre de 2020, o Monero (XMR), cuyo valor se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la pandemia[3]. En cualquier caso, a pesar de estos incrementos, el precio de estas dos últimas altcoins no supera los 150 dólares.

También se ha producido un avance de las llamadas  smallcoins, aquellas cuyo valor apenas llega a un dólar. Por ejemplo, VeChain (VET) ha multiplicado por 5 su valor desde marzo de 2020 y Dogecoin (DOGE) se ha revalorizado un 87% tan sólo en el mes de enero. Una parte de este progreso de las altcoins estaría explicado por las externalidades positivas del rally de precios de Bitcoin. En todo caso, los analistas coinciden en que el interés va más allá del “fenómeno Bitcoin”. La baja rentabilidad que ofrecen los activos financieros tradicionales, ante unos tipos de interés muy bajos, explicaría el apetito de los inversores por las criptomonedas.

En cualquier caso, es indudable que la mayor apuesta de inversores institucionales por Bitcoin está pesando en la evaluación agregada de otros criptoactivos. Por otro lado, el temor de algunos analistas de que Bitcoin pueda estar  alcanzando su techo, motivaría que algunos inversores  decidieran invertir enlas altcoins, que son más baratos y tienen un mayor potencial de expansión[4].

Ante el incremento de valor de estas criptomonedas alternativas los reguladores recuerdan que todos estos activos digitales están asociados a una alta volatilidad, en algunos casos incluso superior a la de Bitcoin[5].

Una de las últimas tendencias en transacciones minoristas es el pago aplazado (buy now, pay later). Dicha opción de pago, que ya mostraba una tendencia creciente en los últimos años, se ha visto reforzada con la pandemia. Muchos consumidores que han visto reducidos sus ingresos estarían recurriendo a estas opciones de pago para financiar sus compras.

La modalidad online del “buy now, pay later” consiste esencialmente en un diferimiento de los pagos realizados en comercio electrónico. Así, los consumidores compran bienes o servicios online pero los pagan con cantidades fijas mensuales, generalmente sin intereses. En la mayor parte de los casos, solo existe un sobrecoste para el consumidor si se retrasa en el pago de sus cuotas. Eso sí, en muchos casos, los tipos de interés asociados a estos retrasos son muy elevados, pudiendo oscilar entre el 10% y el 30%[1].

Muchos de estos pagos a plazos son ofrecidos por empresas FinTech, que han visto un nicho de mercado en estos préstamos al consumo. Estas empresas se asocian con comerciantes para  que la opción de pago a plazos esté disponible, por lo que cobran al comerciante una comisión al facilitar la venta con el servicio crediticio.

En Estados Unidos, FinTech como Klarna, Affirm o Afterpay están creciendo significativamente gracias a estos pagos digitales aplazados. El éxito de estas FinTech ha hecho que otros actores como PayPal, Visa o Mastercard también traten de posicionarse en este segmento[1]. Por ejemplo, PayPal ha lanzado la opción “Pay in 4”, que permite a sus usuarios para pagar sus compras, sin intereses, en cuatro plazos. Algunos estudios realizados muestran que dichas opciones de pagos son mayoritarias entre la población más joven y con menor renta. En Estados Unidos, se estima que el 80% de los consumidores que optan por un pago online diferido tiene entre 19 y 34 años. Además, cerca del 65% de los que usan estas FinTech para aplazar sus compras ganan menos de 50.000 dólares anuales[2].

En cualquier caso, el boom de estos pagos online aplazados genera controversias. Además de poder cobrar intereses abusivos por retrasos en las cuotas, el hecho de que algunas de estas FinTech no verifiquen el historial crediticio de sus usuarios y que, sin embargo, se reserven el derecho de informar sobre la morosidad de sus clientes a las agencias crediticias (como Experian o Equifax) cuestiona el crecimiento sostenible de este modelo de negocio. A juicio de algunos reguladores, estas prácticas pueden derivar en mayores riesgos en términos de inestabilidad financiera.

El aumento de la digitalización bancaria a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19 ha supuesto una oportunidad de crecimiento para las entidades financiera nacidas 100% digitales, los llamados “neobancos”. Algunos estudios apuntan a que en la actualidad, existen 111 neobancos operando en Europa[1]. Han crecido notablemente en el continente, superando los 20 millones de clientes, y se estima que pueden llegar a los 85 millones en 2023.

En todo caso, aún tienen importantes dificultades para convertir dicho crecimiento en beneficios para los principales neobancos europeos. En 2020, uno de los más destacados, Monzo, ha reportado pérdidas de 115,4 millones de libras, el doble del año pasado[1]. No es un caso aislado. Otros neobancos destacados también llevan varios años acumulando pérdidas, como Starling (Reino Unido), Bunq (Países Bajos) o N26 (Alemania)[2]. Los inversores están presionando a muchas de estas entidades para que demuestren su capacidad de ser rentables.

Uno de los pocos que recientemente ha reportado beneficios es Revolut. Este neobanco británico ha obtenido 56 millones de libras de beneficios (cerca de 76 millones de dólares) después de varios años de pérdidas acumuladas.

En cualquier caso, parece ser una rentabilidad reducida respecto a su capital, teniendo en cuenta que está valorado en 5.500 millones de dólares.

Además del reto de lograr unos beneficios razonables lo antes posible, estas instituciones financieras también se enfrentan al desafío de equilibrar crecimiento y capacidad operativa. Durante  2020, muchos de los principales neobancos han tenido problemas operativos significativos . Algunos como Monzo y Revolut han recibido numerosas quejas de clientes respecto a su servicio. Por ejemplo, en agosto de 2020, algunos problemas operativos de Revolut provocaron que sus clientes sufrieran retrasos en el cobro de sus nóminas.

La complejidad para desarrollar un nuevo modelo de negocio bancario emergente, tener que competir con los grandes bancos comerciales y  estar sometidos a la regulación bancaria son algunos de los desafíos para estos neobancos. Además, la congelación en plena pandemia de las inversiones que hasta ahora estaban haciendo los fondos de capital-riesgo en estas entidades, hace que tengan que afrontar estos retos con menores recursos externos. En este sentido, como algunos analistas apuntan, puede que para este modelo de negocio acabe triunfando sea necesaria un crecimiento mucho mayor que el actual[4].

Como se ha comentado en notas anteriores de ODF-Funcas, el Banco Central de China está analizando muy de cerca las implicaciones para la estabilidad financiera del negocio de Ant Financial, la filial financiera de Alibaba. Tras los primeros análisis, ha apreciado algunas deficiencias en su actual modelo de negocio e insta a realizar cambios para que todas las operaciones financieras del grupo – incluidos sus servicios de crédito, seguros y gestión de patrimonio – estén bajo una supervisión regulatoria más continua y estricta.

La última semana de diciembre, el Banco Central de China convocó a los ejecutivos de Ant Financial a una reunión privada[1] con el fin de advertir a la compañía de la necesidad de reformular sus negocios. Dicho encuentro se produjo después de que los reguladores del país suspendieran el pasado noviembre la salida a bolsa de Ant Financial -estimada en 37.000 millones de dólares- y después de que el gobierno chino anunciara una investigación antimonopolio a Alibaba, la empresa matriz del grupo.

Según el propio supervisor, la reunión se produjo porque, a su juicio, Ant Financial carece de un gobierno corporativo sólido y no existe transparencia sobre la fijación de precios. En el comunicado redactado por el Banco Central de China se indica también que la empresa habría utilizado su posición de mercado para excluir a sus rivales y dañar los derechos e intereses de los consumidores[1].

Para solventar esta situación irregular, el Banco Central de China ha pedido a Ant Financial que cree una sociedad financiera (financial holding firm) y que amplíe su capital. También ha pedido a la compañía que centre su actividad principalmente en el segmento de los pagos, que sea más transparente y que elimine prácticas no competitivas.

Ant Financial ha respondido a la petición del Banco Central de China afirmando que cumplirá con los requisitos regulatorios y que mejorará la gestión y el control de riesgos. En un comunicado publicado por la empresa, indica que esta reorientación de su actividad “supone una oportunidad para fortalecer las bases con las que continuar creciendo e innovando en favor de sus clientes.”

En todo caso, esta mayor presión regulatoria va más allá de Ant Financial. La Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China (CBIRC) ha afirmado que los problemas identificados en Ant son generalizados. En una nota de prensa, la CBIRC ha señalado que el rápido desarrollo del sector FinTech ha traído problemas en ciberseguridad, monopolio del mercado, propiedad de datos, protección de los derechos del consumidor y otras distorsiones que afectan la equidad del mercado y la estabilidad financiera[1].

Por el momento, la mayor presión regulatoria sobre el sector FinTech ha hecho que las acciones de la matriz de Ant Financial, Alibaba, que cotiza en Hong Kong, cayeran más de un 8% desde principios de diciembre. Las acciones de otras compañías ​​tecnológicas chinas como Tencent y JD.com también han caído a raíz de las últimas noticias[4].

El valor de bitcoin, la principal criptomoneda, continúa al alza. Durante las últimas semanas de diciembre de 2020 y los primeros días de enero de 2021, bitcoin ha vuelto a protagonizar una subida en su precio, dentro de cierta volatilidad. La moneda va de récord en récord.

El bitcoin comenzó el año pasado cotizando en 7.179 dólares y lo terminó en 28.768 dólares[1]. Este incremento supone una revalorización del 300% en 2020. Aunque con el inicio de la pandemia su valor creció, gran parte de este crecimiento se ha concentrado al final del año. Desde octubre de 2020, el precio de esta criptomoneda ha aumentado en cerca de 18.000 dólares. Además, esta escalada ha aumentado también el interés mediático. Los datos analíticos de Twitter indican que las menciones sobre bitcoin en redes sociales también han registrado cifras récord, según diferentes métricas[2].

Algunos expertos apuntan a que esta evolución puede explicarse porque algunos inversores ven bitcoin como una cobertura contra la inflación y una alternativa a la depreciación del dólar. En este sentido, algunos analistas apuntan a que parte del repunte se ha debido a la entrada de más inversores institucionales al mercado de criptomonedas[3].

En cualquier caso, existen discrepancias sobre la evolución futura de esta criptomoneda. Entre los analistas no existe Algunos creen que bitcoin se ha convertido en una burbuja que puede explotar (como lo hizo en alguna ocasión anterior) porque la subida no responde a fundamentales de mercado. Según esta visión, el impulso de esta criptomoneda se debe a posiciones especulativas transitorias[4].

Otros sugieren que bitcoin seguirá al alza. Desde JP Morgan, por ejemplo, se afirma que la moneda digital se ha convertido en un rival del oro como activo refugio, y estiman que podría llegar a cotizar hasta los 146.000 dólares.[5] Esta posibilidad también empieza a percibirse en los mercados. La plataforma de derivados de criptomonedas Deribit, ha visto aumentar significativamente el volumen de opciones financieras que apuestan a que el precio de bitcoin superará los 100.000 dólares en septiembre de 2021.

A medida que se está avanzando en materia de digitalización financiera, comienza a observarse una potencial evolución hacia modelos bancarios basados en plataformas. Puede tratarse de la alteración más disruptiva para elementos como los modelos comerciales, la estructura competitiva, los precios y el comportamiento del cliente en la banca, de manera similar a lo que se ha observado en o el comercio minorista.

Las plataformas bancarias digitales (digital banking platforms o DBP) se configuran como mercados digitales que proporcionan una amplia gama de servicios financieros digitales. A diferencia de la banca digital, las plataformas se configuran como auténticos marketplaces. Así, en lugar de ofrecer productos y servicios financieros digitales de una única entidad, son capaces de integrar la oferta de un amplio número de proveedores de productos bancarios. En este sentido, suponen un paso más avanzado que la banca abierta (open banking).

Algunos de los beneficios de una estructura basada en plataformas incluyen la agilidad y la capacidad de crear valor con un ecosistema de proveedores y distribuidores de servicios interdependientes. En banca, la eficiencia proporcionada por un modelo basado en plataformas puede ser significativa.

Según el Informe Bancario Mundial 2020 de Capgemini[1], aquellas entidades financieras que puedan ofrecer servicios basados en plataformas totalmente digitales podrán reducir significativamente sus costes y mejorar su eficiencia.

Con un modelo de banca basado en el platform banking, se pretende también atender mejor las necesidades del cliente y poder ofrecer servicios más allá de una cartera limitada. Los clientes pueden beneficiarse de la banca de plataformas con más facilidad de acceso y más opciones de elección y comparación de cada producto.

Algunas entidades financieras están dando pasos hacia modelos basados en plataformas. En algunos casos, se están adoptando enfoques híbridos, que combinan productos y servicios de terceros con los propios.  Por ejemplo, Goldman Sachs ha lanzado una app que ofrece, entre otros, los productos financieros de la competencia[2]. Por su parte, Commerzbank ha desarrollado una plataforma abierta como marketplace de préstamos (Mainfunders) para empresas. En España, BBVA permite agregar en su app de banca móvil los productos que los clientes tienen contratados en otras entidades. Así, los clientes pueden integrar fondos de inversión, planes de pensiones, depósitos, valores, productos hipotecarios y de consumo de varias instituciones.

La posibilidad de integrar productos y servicios financieros en los procesos de compra comienza a extenderse. Esta tendencia, conocida como finanzas integradas (embedded finance), se está revelando como una estrategia con un elevado potencial transformador y competitivo para la oferta de servicios financieros.

En la práctica, las finanzas integradas suponen la puesta en marcha de modelos de negocio que permiten concentrar una gama de servicios financieros -como préstamos, seguros, pagos, …. – en la compra de un producto o en la contratación de un servicio. Así, en la adquisición de un producto a través del canal digital, se le puede ofrecer al consumidor la posibilidad de adquirir un servicio financiero asociado a dicho producto, con un simple click.

Uno de los ámbitos donde más se ha desarrollado este concepto es en los pagos. En particular, simplificando el proceso de compra para los clientes. Así, por ejemplo, mientras que el consumidor interactúa en sus redes sociales, puede comprar los productos que visualiza haciendo click en un botón de pago integrado. Al pulsar, la compra se efectúa automáticamente gracias a la información de pago que tiene almacenada en su app o dispositivo[1].

En China, plataformas como Yizhibo o Kuaishou permiten adquirir productos que aparecen en retransmisiones en directo. Son plataformas de reproducción en streaming – similares a Periscope o Twitch – que permiten al consumidor pagar, a través de Ant Financial, productos que se están reproduciendo en la pantalla.[2]

Las finanzas integradas también están ganando relevancia en los préstamos al consumo. Los llamados “créditos integrados” permiten que alguien solicite y obtenga un préstamo en el momento de la compra. Algunas BigTechs están ampliando su negocio financiero con este modelo. Por ejemplo, los clientes de Amazon en España pueden financiar sus compras de hasta 3.000€ en el momento de la transacción[3]. En Estados Unidos, donde este tipo de financiación está más consolidada, destaca el éxito de compañías como Klarna y AfterPay.

Este concepto de finanzas integradas también se extiende a ámbitos como el asegurador. Algunas empresas han encontrado formas de incorporar la acción de solicitar una póliza de seguro en el proceso de compra. Tesla, por ejemplo, ofrece un programa que permite a las personas asegurar su automóvil en el momento de la compra.

La proliferación de estos modelos de embedded finance, que combinan la oferta de productos físicos y de servicios financieros,está permitiendo que entidades no bancarias -en particular, las BigTech- estén consolidándose como proveedores de servicios financieros.

Los hábitos de pago entre los consumidores están cambiando de manera acelerada. La pandemia ha podido ser un nuevo catalizador al fomentar las transacciones sin contacto. El Banco Central Europeo (BCE) acaba de publicar  un estudio sobre los hábitos y las actitudes de pago de los consumidores de la zona euro[1].

A pesar del auge que están experimentando los pagos digitales, el estudio refleja la persistencia del efectivo. Los billetes y monedas continúan siendo el principal medio de pago usado en establecimientos comerciales y para transacciones entre particulares. El 73% del volumen total de estas operaciones se realiza en efectivo. Los pagos en efectivo son particularmente populares en restaurantes, bares o cafés (8 de cada 10 operaciones), mientras que en gasolineras y tiendas de electrónica y electrodomésticos, los medios alternativos al efectivo empiezan a ser mayoritarios.

En todo caso, las preferencias reveladas de los consumidores contrastan con el amplio uso que continúan haciendo del efectivo. Un 49% de los europeos encuestados en el estudio afirma que prefiere utilizar tarjetas u otros instrumentos de distintos al efectivo. Solo el 27% mostró su preferencia por los billetes y monedas. En cualquier caso, la relevancia del efectivo como medio de pago disminuye a medida que aumenta la cuantía de la transacción.

Estos resultados apuntan a que, actualmente, nos encontramos en una fase de transición. El efectivo continúa siendo importante pero, a tenor de las preferencias reveladas por los consumidores, parece que irá perdiendo peso en el futuro.

Respecto a los instrumentos de pago electrónicos, las tarjetas representan un 24% del total. Además, el 38% del total de esos pagos con tarjeta se realizan utilizando tecnología contactless.

Los resultados también muestran diferencias significativas en el comportamiento y las actitudes de pago entre países y por grupos de población. Los países nórdicos y los consumidores más jóvenes, así como los mejor formados y con mayores ingresos, son los que más han adoptado los medios de pago alternativos al efectivo.

La encuesta también muestra el reciente impacto de la pandemia de la Covid-19. El 40% de los encuestados afirman haber usado menos efectivo desde el inicio de la pandemia, y casi el 90% de ellos dijeron que seguirían pagando menos con efectivo en la era post-pandemia. En este sentido, Irlanda, Bélgica y España, destacan como los países donde un mayor porcentaje de población afirma haber usado menos el efectivo desde marzo de 2020. Estos resultados confirman la aceleración en el uso de los medios de pago digitales a raíz de la pandemia y la posibilidad de que parte de los cambios se consoliden cuando ésta haya pasado. 

Las criptomonedas estables están ganando relevancia en el entorno monetario global. Su crecimiento, ha sido constante desde 2018. Las stablecoins más destacadas alcanzaron un récord de capitalización el verano de 2020 con 14.000 millones de dólares. Asimismo, se ha producido un aumento sustancial en el volumen de transacciones realizadas con las mismas.

Ante el auge que están experimentando las stablecoins, especialmente durante la pandemia, ha surgido también una cierta preocupación por sus implicaciones en términos de estabilidad financiera.

Asimismo, hay que tener en cuenta que se espera que Facebook lance Libra definitivamente en enero de 2021, tras superar numerosas reticencias de los principales reguladores y supervisores[1]. Con el objetivo de abordar estos retos, el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) ha elaborado un informe en el que se proponen principios reguladores y de supervisión de estas monedas[2]. Para el BIS, el punto de partida para regular cualquier criptomoneda estable, debe asentarse en un régimen de registros o licencias. Al establecerse un requisito de registro de las stablecoins, los supervisores obtendrían la información necesaria acerca de cómo se configura la moneda. Esta información ayudaría a establecer un nivel de monitorización específico para cada moneda.

La licencia la otorgaría la autoridad competente de la jurisdicción donde se localiza la sociedad gestora de la moneda. Aunque, como advierte el BIS, debido al carácter global y transfronterizo de estas monedas privadas, las autoridades nacionales tendrían que establecer acuerdos de intercambio de información. Los reguladores nacionales e internacionales deben entender que, sin información ni monitorización coordinada, las stablecoins plantean riesgos potenciales para la estabilidad financiera.

Además, una vez otorgada la licencia, y para que la supervisión sea la adecuada, se propone un mecanismo de supervisión integrado. Esto supone la puesta en marcha de un marco que prevé que el cumplimiento se supervise automáticamente, usando para ello la tecnología de registro descentralizado (DLT, por sus siglas en inglés). El uso de esta tecnología en la supervisión de las stablecoins permitiría a los organismos competentes aumentar, en tiempo real, su eficiencia supervisora. Además, facilitaría a las sociedades gestoras las tareas de recopilación, verificación y notificación de los datos a las autoridades. Actualmente, algunas de las principales stablecoins -como USDC y Paxos- publican informes mensuales sobre sus niveles de reservas en sus webs. Con este enfoque de supervisión integrada, el proceso se automatizaría completamente. Ello reduciría el coste del cumplimiento para la sociedad gestora de la moneda y permitiría al supervisor conocer la información relevante en tiempo real.

Google acaba de anunciar la actualización de su aplicación Google Pay. Su apuesta pasa por dotar a su app de nuevas funcionalidades para acercarse cada vez más a una “super app”, como las que triunfan en Asia. En cualquier caso, la compañía viene a corroborar su decisión por intensificar su oferta de servicios financieros digitales.

Para crecer en el segmento de los pagos, Google apuesta por un cambio de enfoque. El gigante tecnológico está advirtiendo que los pagos con tarjetas físicas están empezando a quedar atrás. Los consumidores empiezan a pagar y mandar dinero con sus smartphones, sin necesidad de contacto ni terminal en punto de venta. Así lo está demostrando el éxito de apps de pagos, como Bizum en España.

Google Pay pretende convertirse en una aplicación que permita a los consumidores y a las empresas enviar y recibir dinero al instante, sin ningún hardware o terminal específico[1]. Los usuarios podrán enviar dinero a través de su lista de contactos. Y las empresas tendrán la capacidad de aceptar pagos directamente o tras el escaneado de un código QR. Además, Google Pay también permitirá a los usuarios canjear las ofertas, descuentos y promociones que ofrezcan los comerciantes.

Esta novedad supone la apuesta de Google por la “desintermediar” los pagos, priorizando las transacciones entre particulares (peer-to-peer payments). Este cambio se prevé que afecte directamente a las redes de tarjetas (Visa y MasterCard), que hasta ahora, se beneficiaban de que Google Pay fuese una solución contactless utilizada en la tienda física. Ahora, verán como los consumidores pagan a los  comerciantes sin tener que procesar sus pagos a través de Visa o MasterCard.

Además de su ofensiva en los pagos, la app incluirá una nueva funcionalidad: Google Plex. En particular, permitirá a los clientes bancarios tener acceso a sus cuentas a través de Google Pay. Esta opción estará disponible en Estados Unidos durante 2021. Por el momento, 11 instituciones financieras de Estados han anunciado acuerdos con Google para que sus clientes puedan acceder a sus cuentas bancarias a través de Google Pay[2].

A todo ello se le unirá también una herramienta de planificación financiera. Así, los usuarios que vinculen sus cuentas bancarias con Google Pay, podrán realizar un seguimiento de sus hábitos de gasto y sus tendencias de consumo a lo largo del tiempo. Con el rediseño de Google Pay, la compañía busca que su app gane en utilidad para sus usuarios. Además, pretende crear un nuevo ecosistema en torno a la misma. Por un lado, busca que las entidades financieras se sientan

Uno de los segmentos que más se ha transformado a raíz de la digitalización financiera, es el de los pagos. En la actualidad, los consumidores disponen de una amplia gama de medios alternativos al efectivo: tarjeta bancaria, móvil, códigos QR, wearables (ej. pulseras, relojes), pagos por voz o pagos con dispositivos de realidad aumentada.

El crecimiento en el uso de los pagos digitales está siendo intenso en los últimos años. Parece, además, que se ha acelerado durante la pandemia. Un estudio realizado a escala europea[1] revela que, aunque los consumidores dan la bienvenida a una gama más diversa de opciones de pago, no siempre las adoptan. Una gran parte de los consumidores europeos ve con buenos ojos disponer de diferentes alternativas. Consideran que dicha posibilidad de elección es beneficiosa. Eso sí, en la misma encuesta se constata que, en promedio, los europeos tienden a usar preferentemente sólo dos opciones de pago distintas al efectivo: pagos con tarjeta bancaria y pagos contactless.

A pesar de la celeridad con la que los consumidores están adoptando los pagos digitales, el cambio de comportamiento del consumidor parece requerir de cierto tiempo.

Disponer de más opciones de pago no significa que todas ellas comiencen a utilizarse de forma acelerada e inmediata. Asimismo, otros factores socio-económicos pueden influir en la velocidad con la que se adoptan los nuevos instrumentos de pago. Aquellos consumidores con empleos a tiempo completo, con formación universitaria y con mayores ingresos utilizan un mayor número de métodos de pago. Así, por ejemplo, los empleados a tiempo completo usan una media de 5,3 instrumentos diferentes. Por su parte, aquellos que tienen estudios superiores utilizan de media 2 medios de pago más que los que carecen de dicha formación.

Otro aspecto que incide en la velocidad de adopción es su popularidad en las redes sociales. Se ha observado que cuando un medio de pago recibe una señalización social positiva a través de canales como Facebook, Amazon o Google, se acelera la velocidad con la que los consumidores lo adoptan[2].

En cualquier caso, parece que la consolidación futura de estos nuevos medios de pago puede depender de su penetración entre los más jóvenes. En este sentido, los menores de 30 años destacan por ser los segmentos de población en los que más se emplean las nuevas modalidades de pago[3].

A medida que avanza la digitalización tanto general de toda la sociedad como financiera, los clientes bancarios realizan con mayor frecuencia transacciones en línea y a través de aplicaciones móviles. La Covid-19 ha acelerado estas tendencias. En España, algunos estudios apuntan a que, cerca de un 60% de los españoles ya emplea habitualmente la banca digital[1].

Esta prevalencia del canal digital sobre el físico está teniendo ya un impacto en las oficinas como canales de servicio bancarios. El salto digital está propiciando el cierre de una parte de la red de sucursales. Tras superar la primera ola de la pandemia, entidades de todo el mundo están anunciado cierres de oficinas bancarias. En Estados Unidos, U.S. Bank ha anunciado el cierre del 15% de las mismas. En Suecia, uno de los bancos más importantes, Handelsbanken, ha anunciado también que cerrará 180 de sus 380 sucursales. En España, durante el segundo trimestre de 2020, el número de oficinas ha descendido en 225[2] y, a tenor de los planes de la mayor parte de entidades, serán más a final de año[3].

En cualquier caso, los expertos apuntan a que las sucursales seguirán desempeñando aún un papel importante en las estrategias bancarias durante algún tiempo. Lo que sí parece que cambiará es su apariencia y funcionamiento. Por un lado, los bancos están apostando por llevar a sus oficinas tecnologías como la inteligencia artificial o la realidad aumentada. Con ello, se estaría consiguiendo optimizar el rendimiento de las mismas con menos personal del que era necesario hace unos años.

En muchos casos, además, se multiplican las funcionalidades de la oficina. En este sentido, dejan de ser espacios orientados exclusivamente a realizar transacciones financieras. Así, algunas entidades pioneras las están convirtiendo en espacios donde los clientes puedan trabajar, tener reuniones de trabajo, o incluso, disfrutar de un café.

Esta reconfiguración del concepto de sucursal, hacia un espacio tecnológico que sirva de punto de encuentro entre empresas, emprendedores y clientes, podría aportar un nuevo valor a la infraestructura física.

Desde el ODF-Funcas se está analizando el papel que puede jugar la puesta en marcha de un sandbox regulatorio FinTech en España[1]. La llegada de este banco de pruebas, canalizador de los nuevos equilibrios de mercado y regulación en los servicios de mercados financieros minoristas, resulta  especialmente relevante en el actual contexto de la pandemia.

Con el sandbox, surge por primera vez la oportunidad de crear nuevos modelos de negocio en un entorno seguro desde el punto de vista de la regulación y supervisión.En él participan las empresas FinTech, el sector bancario y los reguladores. Pretende ser parte esencial de la transformación digital del sector financiero en España. A su vez, al regulador y supervisores le permite adaptar sus tiempos a los de la innovación.

Aunque la aprobación definitiva del sandbox se ha demorado, parece llegar en un momento adecuado. La aceleración el proceso de digitalización de la economía con la pandemia favorece que proliferen proyectos susceptibles de entrar a formar parte del sandbox. Además, este espacio de pruebas nace en un momento en el que se está prodigando la colaboración entre bancos y empresas FinTech, con proyectos orientados a mejorar la  financiación de las pymes.

En cuanto a sus potenciales integrantes, el sandbox parece particularmente adecuado para empresas que precisan de mejorar su escalabilidad. En el entorno de mercado actual se observa una creciente preocupación del regulador por el avance de las grandes tecnológicas que, hasta el momento no han entrado con más decisión en el negocio financiero, entre otros factores, por sus reticencias a compartir datos (information sharing). Son las FinTech las que, hasta ahora, han mostrado un mayor apetito por participar en un espacio controlado de pruebas. En este sentido, el sandbox español tiene el potencial de crear puentes entre el sector FinTech europeo y el de Latinoamérica.

También puede ayudar a aprovechar más eficientemente los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea (Next Generation EU). Es importante que esta financiación se canalice hacia proyectos innovadores. En la medida en la que el sandbox ayuda a evaluar proyectos, puede servir para identificar el valor añadido en términos de disrupción tecnológica. Para ello es clave una estrategia de digitalización a escala nacional de la que emanen unos principios inspiradores y transversales. El sandbox puede ofrecer soluciones al reto de un país como España, que se encuentra algo por debajo del promedio europeo en materia de digitalización.

La aprobación de la Ley 7/2020 para la transformación digital del sistema financiero[1] ha propiciado la creación del sandbox FinTech español. Este regulatory sandbox, como se denomina en el ámbito internacional, permitirá la realización controlada de pruebas asociadas a proyectos de base tecnológica que innoven en el ámbito financiero.

Este banco de pruebas se configura como un espacio controlado de interacción con el supervisor. Por una parte, se garantiza que los potenciales riesgos han sido  debidamente mitigados o eliminados. Además, también pretende convertirse en un instrumento para el desarrollo de regulación y supervisión más efectivas. En particular, permitirá conocer a las autoridades competentes los potenciales efectos de la transformación digital en la prestación de servicios financieros en ámbitos prácticos muy específicos.

Para lograr estos objetivos, el legislador ha apostado por un sandbox de proyectos. A diferencia de otros casos, el sandbox español no se concibe como una incubadora de ideas, sino como un espacio de pruebas para proyectos maduros. Además, se trata de un sandbox amplio, que no se limita proyectos de sectores muy específicos. Cualquier tipo de innovación financiera es bienvenida.

El acceso a dicho espacio se llevará a cabo a través de convocatorias semestrales. En las mismas, los interesados tendrán que presentar un proyecto piloto, así como un conjunto de pruebas experimentales asociadas. Todos los proyectos serán analizados por los supervisores competentes. Tras la evaluación, las autoridades emitirán un informe motivado calificando cada proyecto como favorable o desfavorable. Los proyectos que reciban evaluaciones favorables suscribirán un protocolo con los supervisores en el que se detallarán las pruebas a realizar y su alcance. En cualquier caso, el legislador resalta que la realización de pruebas dentro de un proyecto piloto no supondrá en ningún caso el otorgamiento de una autorización para el comienzo del ejercicio de una actividad o para la prestación habitual de servicios financieros con carácter profesional.

El seguimiento será clave en el sandbox español. Durante la realización de las pruebas se establecerá un diálogo continuo entre el promotor y la autoridad competente. Para ello, se designará específicamente un coordinador. Como se desprende del texto legal, el seguimiento será esencial a fin de garantizar que los supervisores generan un conocimiento suficiente de las implicaciones que tiene cada innovación para la estabilidad financiera.

Otro elemento que resulta novedoso es la inclusión de una pasarela de actividad para los proyectos participantes. Así, una vez finalizado el proyecto piloto o durante su desarrollo, el promotor podrá solicitar autorización para dar comienzo a la actividad o para ampliarla.

La crisis sanitaria del Covid-19 ha desatado en Estados Unidos el auge de una nueva tipología de negocio FinTech, el del adelanto salarial. Este tipo de anticipos se han convertido en una forma de crédito a corto plazo que comienza a preocupar a los supervisores y reguladores. Entre otras cuestiones, en algunos casos, se sospecha que las comisiones que se cobran a los trabajadores, responden en realidad a tipos de interés abusivos. 

La pandemia ha hecho que millones de estadounidenses se hayan convertido en usuarios habituales de aplicaciones que les ayudan a cubrir gastos urgentes hasta que llega el día en que reciben el salario por parte de su empresa. Al darles a los usuarios un acceso anticipado a sus salarios (a cambio de una comisión por cada adelanto o mediante una cuota fija mensual) estas FinTech se están posicionando como una alternativa para obtener financiación rápida.

El potencial de crecimiento que tienen esta nueva tipología de FinTech en la sociedad americana ha hecho que hayan atraído el interés de inversores, captando hasta 1.000 millones de dólares a través de los fondos de capital riesgo más importantes del país[1].

El modelo de negocio de estas FinTech empieza a preocupar a muchos reguladores estatales. Aunque estas empresas pretenden posicionarse como compañías que ofrecen una financiación más sencilla y rápida que las plataformas de préstamos online, su estructura de incentivos es la misma: ganar dinero tratando de solventar una situación de penuria que entraña importantes riesgos de pago.

Los reguladores de 11 estados ya han anunciado que llevarán a cabo una investigación conjunta al respecto[1]. Se cuestiona si las comisiones que cobran estas compañías, muchas veces en forma de “propinas”, son en realidad tipos de interés de usura o abusivos. Algunas aplicaciones de estas apps ofrecen tipos de interés efectivos de anticipos que pueden alcanzar hasta el 400%, si se dilata el plazo de devolución.

Ante el vertiginoso crecimiento del sector FinTech en China, se ha generado una creciente inquietud de las autoridades supervisoras del país por salvaguardar la estabilidad financiera. Esto parece explicar la reciente suspensión de la salida a bolsa de Ant Financial. Se han puesto las bases para un marco regulatorio más estricto en el que las estas empresas tecnológicas asuman en mayor medida de los riesgos de los créditos que conceden y que evite   que las grandes plataformas monopolicen el mercado.

La repentina suspensión de la salida a Bolsa de Ant Financial no es casual. De la reunión que mantuvieron los ejecutivos de la compañía y las autoridades regulatorias – el Banco Central de China y la Comisión Reguladora de Valores de China – días antes de la anunciada salida a bolsa, ha trascendido que existe entre los reguladores una creciente preocupación por los riesgos potenciales asociados a la rápida expansión del negocio de préstamos en el sector Fintech. El Banco Central de China ha afirmado que la decisión pretende proteger los intereses de los de consumidores e inversores[1].

Esta preocupación se ha materializado en la publicación de un borrador que establece un nuevo marco regulatorio más estricto para este sector.

Además, según la Comisión Reguladora de la Competencia de China[2], la nueva regulación también busca evitar que grandes plataformas FinTech dominen el mercado o adopten estrategias que bloqueen la competencia.

Algunas de estas grandes plataformas han generado grandes ingresos con préstamos, pero no han asumido los riesgos asociados a los mismos en la medida en que sería deseable. Algunas empresas como Ant Financial han basado su crecimiento en un modelo de “banca delegada”, por la cual la FinTech otorga préstamos a los consumidores en nombre de bancos chinos. Por ejemplo, Ant Financial sólo financia el 2% de los créditos que concede[3] pero se lleva una parte de los intereses pagados por los prestatarios.

Ahora la regulación pretende establecer límites a las cantidades que las personas pueden pedir prestado. Asimismo, requiere que los FinTech marketpkaces  financien al menos el 30% de los préstamos que facilitan en nombre de los bancos.

La mayor presión regulatoria sobre el sector FinTech chino busca evitar que se repitan situaciones que puedan alterar la estabilidad financiera, como las ocurridas en el verano de 2018 con el colapso de algunas de las grandes plataformas de crédito entre particulares o P2P. En ese caso, una gestión laxa y la no aplicación de suficientes controles dieron lugar a que muchos ciudadanos perdieran parte de sus ahorros.

La combinación de pagos y redes sociales se populariza. Los consumidores valoran la posibilidad de comprar y pagar en la propia red social (onsite). Esta tendencia, que se observa entre la población más joven, estaría haciendo que el pago sea cada vez más una forma de interacción social cada vez más rápida.

Las compras a través de las redes sociales son una tendencia internacional en fuerte crecimiento con un enorme potencial para el comercio. Unir pagos y experiencias sociales permite, por ejemplo, que cuando los clientes vean la publicación de una empresa anunciando un artículo que les gusta en su red social, puedan comprarlo directamente sin tener que buscarlo y pagarlo en la página web del anunciante.

Algunas redes sociales ya están explotando estas opciones. Por ejemplo, en Estados Unidos Instagram permite que sus usuarios puedan comprar los productos que aparecen en publicaciones de noticias en tiempo real o en historias (stories) de algunas compañías sin salir de la aplicación[1]. La transacción se hace posible porque el usuario ha almacenado previamente sus datos de pago en la aplicación y porque las publicaciones incorporan etiquetas de pago (checkout tags).

La combinación de redes sociales y pagos no solamente permite que los usuarios puedan comprar y pagar desde la propia red social sino que además los compradores pueden compartir las experiencias de sus compras, lo que también sirve a las empresas para impulsar sus ventas futuras gracias al llamado “efecto arrastre”.

Venmo, app  de pagos propiedad de PayPal con gran popularidad en Estados Unidos (con más de 60 millones de usuarios) permite a sus miembros compartir todas las transacciones o compras realizadas con amigos o familiares. Así, cualquier conocido puede ver a qué empresa o persona (en caso de un envío de dinero) se le pagó, cuando lo hizo y el motivo de la transacción. Lo que no se revela es la cuantía de la operación. Es frecuente que los usuarios de Venmo usen emojis en la sección de notas de sus pagos, a veces para ilustrar para qué es el pago, otras veces como un comentario sobre el producto[1], lo que convierte al pago en una forma de interacción social más distendida.

El auge de estas aplicaciones que unen experiencias sociales y de pago se da especialmente entre los más jóvenes. De hecho, la mitad de los usuarios de Venmo tienen entre 25 y 34 años (millenials)[1].

Estos datos sugieren que a medida que el uso de redes sociales se populariza y sus usuarios se incorporan al mercado de trabajo, este tipo de pagos se siga extendiendo.

Bitcoin ha vuelto a protagonizar una escalada en su precio durante octubre y la primera mitad de noviembre. La moneda se ha revalorizado un 27% desde octubre, alcanzando los 15.000 dólares, una valoración que no se veía desde enero de 2018. La reciente subida vendría explicada por el clima generado en torno a los bancos centrales para explorar el lanzamiento de monedas digitales, el anuncio de que PayPal aceptará pagos con Bitcoin y las expectativas de más estímulos al entorno de los pagos FinTech tras los resultados electorales de Estados Unidos.

El aumento de valor que ha experimentado la principal criptomoneda en las últimas semanas es consistente con la tendencia alcista que muestra desde el inicio de la pandemia. A mediados de marzo un Bitcoin valía 5.300 dólares. En noviembre prácticamente se ha triplicado[1].

En cuanto a las razones para la última subida de valor de la criptomoneda, en primer lugar, los expertos apuntan al clima favorable generado por el creciente interés de los bancos centrales por explorar y/o lanzar monedas digitales. Recientemente han sido varios los bancos centrales, entre ellos el BCE, que han afirmado dar pasos para lanzar su moneda digital[2].

Aunque podría pensarse que estas CBDC (monedas digitales de los bancos centrales) vendrían a competir con Bitcoin, lo que estos anuncios dejan entrever es un futuro en el que las monedas digitales, públicas o privadas, serán relevantes.

Una parte del incremento en el valor de Bitcoin también se explica por el anuncio de PayPal de permitir a sus clientes comprar y vender usando Bitcoin a través de su billetera digital[1]. Que los más de 346 millones de usuarios de PayPal en todo el mundo puedan comenzar a operar con Bitcoin, alienta un potencial efecto positivo en la adopción de la criptomoneda a escala global.

Además, las recientes elecciones estadounidenses también parecen haber afectado al valor de la criptomoneda. La  perspectiva de una interlocución más abierta en materia de pagos e innovación financiera, parece haber generado también una mayor demanda de Bitcoin. Asimismo, algunos analistas consideran que los mientras se mantenga un entorno de tipos de interés reducidos e inflación moderada, el interés por Bitcoin, no ya como pago sino como inversión, puede seguir al alza[1].

En cualquier caso, a pesar de este “rally” de precios, entre los analistas no existe consenso acerca de si esta subida se consolidará o si por el contrario será coyuntural, teniendo en cuenta el historial de gran volatilidad de la criptomoneda.

La digitalización de los servicios financieros comienza a plantearse como una oportunidad para grandes empresas de otros sectores como el eléctrico y el de las telecomunicaciones. Con el objetivo de posicionarse como entidades digitales capaces de ofrecer a sus clientes una amplia gama de servicios, estas compañías están considerando los financieros como una opción importante para retener y ampliar su base de clientes y aumentar sus ingresos.

La pandemia de la Covid19 parece haber acelerado el proceso de transformación digital en muchas empresas. Cunde la idea de que las soluciones digitales más potentes serán aquellas que ofrezcan una gama de servicios integrales amplia. De ahí, que compañías como las eléctricas y de telecomunicaciones se estén animando a lanzarse a la banca digital.

En el sector eléctrico, destaca el reciente anuncio de la italiana Enel de que pondrá a disposición de sus clientes una cuenta bancaria digital con su propio Iban y tarjeta[1]. Para su lanzamiento, la compañía ha creado una filial (Enel X Financial Services) que ha quedado registrada como entidad de dinero electrónico autorizada por el Banco de Italia y registrada ante la Autoridad Bancaria Europea.

En el X Pay, el nombre comercial utilizado, será una cuenta nativa digital que permitirá realizar distintos tipos de transacciones como el pago de facturas, impuestos y tasas públicas, así como transferencias y envíos de dinero entre usuarios.

En el caso de las empresas de telecomunicaciones, Orange ha impulsado su banco digital en España. Desde su lanzamiento, Orange Bank ha sumado más de 20.000 clientes en España y ha gestionado depósitos por un valor superior a los 35 millones de euros[1]. Otras, como Telefónica refuerzan su presencia en el sector con el lanzamiento de una app financiera en Alemania que se suma a las que ya tiene en Brasil y España[2]. De hecho, Telefónica ha anunciado que ha superado los 28.000 microcréditos concedidos[3].

El camino emprendido por compañías eléctricas y de telecomunicaciones recuerda al que ya llevaron a cabo las BigTech hace algún tiempo. La idea es aprovechar las amplias bases de clientes con las que cuentan estas compañías para ofrecer servicios integrados en plataformas, entre los que se encuentran algunos  servicios financieros básicos.

El uso de la tecnología en el sector asegurador ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Las compañías de seguros tradicionales están viendo erosionados sus modelos comerciales con la llegada de nuevos actores digitales, lo que ha llevado a que las aseguradoras tradicionales se hayan replanteado tanto su propia estrategia de renovación como colaboraciones con InsurTechs (empresas FinTech orientadas al seguro) y grandes tecnológicas o BigTech.

Un reciente estudio, elaborado a partir de encuestas a profesionales del sector asegurador en más de 20 países, destaca la creciente la disposición de los consumidores a adquirir un seguro en una BigTech.  Esta preferencia ha pasado del 17% en 2016 al 44% en abril de 2020[1]. La mayor demanda de seguros BigTech coincide con una progresiva penetración de las tecnológicas en el sector asegurador. Todas ellas están dando pasos para posicionarse en esta industria. Así, por ejemplo, Google ha invertido en Applied Systems, una empresa de tecnología de agencias de seguros basada en la nube mientras que Amazon ha lanzado Amazon Protect en el Reino Unido y Acko en India.

Según algunos expertos, los límites que existían entre las aseguradoras tradicionales, Insurtechs y BigTechs se están difuminando[1]. En el seno de la industria comienza a percibirse el potencial de colaboraciones entre los distintos tipos de entidades.

Por una parte, estos nuevos proveedores de servicios de base tecnológica han elevado el listón de la experiencia y la confianza del cliente, proporcionando a los usuarios procesos optimizados y un servicio al cliente fácil de usar.

El estudio revela que más del 60% de las aseguradoras e Insurtechs estarían interesadas en trabajar con firmas BigTech. Esto les permitirá acceder a nuevas tecnologías y reorientar la experiencia de uso a gran escala.

Además, el 67% de las aseguradoras tradicionales están abiertas a trabajar con InsurTechs, mientras que el 83% de las InsurTechs verían con buenos ojos trabajar con grandes aseguradoras.

Por otra parte, para las BigTechs estos acuerdos de colaboración serían una estrategia óptima para ganar peso en el sector del seguro. Podrían ofrecer a sus amplias bases de clientes nuevos servicios sin tener con ello que cumplir con toda la extensa regulación del sector asegurador. Las compañías aseguradoras seguirían siendo las titulares del contrato de seguro, pero cediendo la relación directa con el cliente a las BigTech.

En la actual situación que está dejando la pandemia del Covid-19, la financiación es clave para la supervivencia de muchas empresas. En este contexto, el open banking (o banca abierta que se define como la apertura de la información bancaria a terceros a través de una interfaz de programación de aplicaciones en abierto, APIs)  potencialmente podría suponer un apoyo importante para que pequeñas y medianas empresas obtengan una respuesta de su solicitud de préstamo en minutos, en lugar de días o semanas. Sin embargo, un reciente estudio apunta a que el grado de adopción de la banca abierta para la concesión de préstamos a empresas es relativamente bajo.

Se trata de un informe relativo a una encuesta realizada a más de 1,000 profesionales del sector bancario y financiero[1]. El documento señala una escasa adopción de la banca abierta en la concesión de préstamos a empresas. Se destaca que el 52% de los prestamistas (bancos, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y otras entidades financieras), no utilizan actualmente productos y servicios basados ​​en la banca abierta. Además, el 58% de los que actualmente no utilizan productos y servicios de open banking, ni siquiera han considerado aún hacerlo.

Algunos expertos señalan que aunque la banca abierta puede hacer que los préstamos sean más inteligentes, más rápidos, más seguros y más eficientes, muchos prestamistas siguen siendo reacios a dar el salto. La principal preocupación es el tratamiento de la privacidad de los datos y la búsqueda de un proveedor tecnológico adecuado[2]. En particular, dos tercios (65%) de las entidades que no utilizan las APIs de banca abierta alegan preocupaciones relativas a seguridad de los datos como una barrera, mientras que el 71% dijeron que no podían encontrar el socio tecnológico adecuado. Sin embargo, la investigación también revela que el sector reconoce el valor potencial que supone el open banking para la industria. La mayoría de los prestamistas creen que la banca abierta puede mejorar la experiencia del cliente (57%) y la eficiencia operativa (50%).

Aunque la adopción del open banking ya era un objetivo anterior a la pandemia del Covid-19, en el actual contexto socio-económico resulta aún más relevante que las empresas puedan tener acceso más rápido y seguro a la financiación. En este sentido, el estudio también pone de manifiesto que la urgencia de dar respuesta a las necesidades de financiación de muchas empresas puede suponer que el uso del open banking crezca en el corto plazo.

WhatsApp lleva tiempo desarrollando proyectos para ampliar los servicios que ofrece a través de su app de mensajería al ámbito del os medios de pago. Con el lanzamiento de nuevas funcionalidades como WhatsApp Pay (que permite a los usuarios transferir dinero), Business  (que facilita que los comercios puedan recibir los pagos de sus ventas) o con el uso de códigos QR, la compañía está abordando un salto definitivo para intentar convertirse en una apps de pagos de primer orden.

WhatsApp se utiliza en 180 países. El objetivo que persiguen las nuevas funciones que se van incorporando a la app es que los usuarios también puedan realizar transacciones financieras básicas como pagar sus compras o enviar dinero a otros usuarios.

En este salto hacia el segmento de los pagos destaca WhatsApp Pay. Con este nuevo servicio, se puede enviar dinero desde el chat tocando el ícono de “compartir archivo” y seleccionando «pago». Además, se podrá consultar el historial de sus transacciones.

El sistema funciona con el método Unified Payments Interface (UPI), donde se pueden iniciar transferencias de fondos sin tener que proporcionar números de cuenta bancaria de los destinatarios.

Inicialmente esta funcionalidad va a ofrecerse a los 400.000 millones de usuarios que tiene la aplicación en India[1], una vez que el Banco de la Reserva de la India dé el visto bueno final. También se anunció su  lanzamiento en Brasil el pasado mes de junio, aunque todavía está siendo objeto de estudio por el Banco Central de Brasil[2]. La compañía propiedad de Facebook también pretende incluir la opción de pagos en la appWhatsApp Business. Actualmente, esta app permite a pequeñas y medianas empresas conectar con sus clientes, automatizar la gestión de nuevos pedidos y responder a preguntas o reclamaciones. La intención de la compañía es que los clientes también puedan comprar y pagar los productos directamente dentro de la aplicación.

WhatsApp también busca facilitar los pagos in situ en los establecimientos gracias al uso de los códigos QR, simplemente escaneando el código que proporcione el comerciante[3].

Con todas estas iniciativas WhatsaApp se acercaría poco a poco a una “superapp”, una aplicación que además de ofrecer a sus usuarios una experiencia social y de conectividad también les permite llevar a cabo actividades financieras básicas. En este sentido, se sigue el camino marcado por en Asia por WeChat, Go-Pay o GoJek.

Las implicaciones para la estabilidad financiera que puede tener la adopción masiva de criptomonedas privadas está alentando a los reguladores a ser proactivos y a buscar una acción coordinada. En esta nota se analizan algunos esfuerzos comunes recientes con el objetivo de alcanzar para finales de 2021 un marco regulatorio común para las llamadas monedas privadas estables (stablecoins).

Los reguladores han observado que proyectos como Libra de Facebook podrían acabar tomando forma. Que Libra no prosperara en sus primeros intentos no quiere decir que ésta u otra moneda similar no pueda hacerlo en el futuro más cercano. Lo que han hecho esas iniciativas privadas es lograr que los supervisores y reguladores financieros tomen consciencia de que una actitud pasiva puede tener consecuencias indeseables para la estabilidad financiera. La perspectiva de que miles de millones de personas utilicen una criptomoneda estable respaldada por una cesta de monedas fiduciarias ha impulsado a los bancos centrales a elaborar reglas comunes[1].

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) -que agrupa a los supervisores y reguladores financieros del G20- reconoce que estas monedas podrían traer eficiencias a los pagos minoristas transfronterizos, que tienden a ser lentos y caros.

Eso sí, también considera que es prioritario establecer un marco regulatorio común. Una adopción amplia de alguna de estas monedas en múltiples jurisdicciones podría tener consecuencias sistémicas que es conveniente monitorizar.

El FSB[1], en un informe recientemente publicado, ha establecido 10 recomendaciones de alto nivel que promueven una regulación, y supervisión coordinadas y efectivas. Entre estas recomendaciones destaca la necesidad de que las autoridades regulatorias nacionales cooperen y se coordinen entre sí, dado el carácter transfronterizo de estas monedas. De poco sirven regulaciones nacionales ante monedas globales que pueden superar las fronteras de los estados individuales. Para el FSB, la regulación, supervisión y vigilancia deben ser integradas a escala internacional.

Las autoridades coinciden en la necesidad de aplicar capacidades y prácticas de supervisión y vigilancia bajo el principio de “mismo negocio, mismo riesgo, mismas reglas”. En este sentido, se avanza en ese principio tan necesario para el sistema financiero moderno de regular funciones más que instituciones. El FSB espera que en diciembre de 2021 ya exista un marco regulatorio internacional. Una vez aprobado, sería sometido a una revisión en julio de 2023 con la intención de adaptar o enmendar las posibles deficiencias que se observen.

El auge de las grandes tecnológicas americanas y chinas en la última década ha fomentado un  debate público en Europa acerca de la posibilidad o necesidad de que surja una BigTech en la UE. Por el momento, una menor inversión tecnológica, una regulación más estricta y la existencia de un mercado fragmentado, han dificultado que surja una gran empresa tecnológica comunitaria. En todo caso, comienza a contemplarse la posibilidad de que surja, al menos, un gran competidor europeo en materia de pagos.

Los datos ilustran que la UE invierte menos en tecnología que Estados Unidos y China. La inversión privada en I+D+i en Europa supone el 19% del total mundial, mientras que la de China es del 24% y la de Estados Unidos del 28%[1]. En activos intangibles clave como software, bases de datos y propiedad intelectual, Estados Unidos invierte casi 2 puntos de PIB más que la UE.

Por otra parte, mientras que en Estados Unidos y China las autoridades han apostado por un entorno regulatorio flexible, en Europa existe una regulación más estricta en materia de protección de datos y reglas antimonopolio más firmes.

La fragmentación europea en aspectos como el desarrollo tecnológico y la digitalización suponen una desventaja estructural. Los mercados más homogéneos de Estados Unidos y China facilitan una ganancia rápida de escala. Sin embargo, uno de los segmentos donde podría existir espacio para que una gran empresa europea se posicionara es en los pagos.

El propio Banco Central Europeo (BCE) ha establecido como prioridad explorar la creación de una solución de pago paneuropea unificada[1]. De este modo, a través de la Iniciativa de Pagos Europeos (EPI, por sus siglas en inglés), el BCE reconoce la necesidad de que surja una gran empresa de pagos comunitaria que compita con las grandes plataformas – Visa y Mastercard – para hacer frente a las nuevas formas de pago que ya ofrecen algunas BigTechs en Europa (por ejemplo, ApplePay, GooglePay, WeChat). En este sentido, el éxito de los neobancos europeos (N26, Revolut y Monzo), -que empiezan a expandirse geográficamente[2]– también puede considerarse una señal de que estos nuevos modelos de negocio digitales puedan ser el germen de un gran conglomerado tecnológico de pagos en Europa.