Área financiera y digitalización

El uso de sistemas de cadenas de bloques (blockchain) en los mercados financieros sigue extendiéndose. Cada vez más entidades financieras están trabajando para avanzar en el lanzamiento de bonos usando dicha tecnología. El uso del blockchain puede simplificar el proceso de lanzamiento y suscripción de nuevas emisiones de deuda, lo que se puede traducir en ahorros significativos en costes para la industria financiera.

Las características – seguridad, trazabilidad y rapidez – que presenta el blockchain hacen que su uso sea adecuado para la colocación de grandes paquetes de activos financieros. Algunos estudios apuntan a que puede llevar aparejado un importante ahorro para el sector. Se estima que reduciría hasta un 35% del coste asociado a la emisión del bono[1].

El uso de blockchain también puede reducir la cantidad de intermediarios involucrados en el proceso. Así, por ejemplo, los bonos ya no necesitarían registrarse en un depósito central de valores. Además, se podría actualizar automáticamente toda la documentación del bono. A los emisores también les resultaría mucho más fácil comunicarse con los inversores. Esto puede ser especialmente conveniente en aquellos bonos que contienen cláusulas que permiten a los tenedores revenderlos al emisor si hay un cambio en la propiedad de la entidad emisora.

En este sentido, al reducir algunas de las barreras para participar en el mercado de bonos, los expertos apuntan a que el uso de la tecnología blockchain puede abrir los mercados financieros a emisores e inversores más pequeños.

El primer paso en esta carrera por emplear las cadenas de bloques en emisiones de deuda lo dio el Banco Mundial. En 2018 lanzó el primer bono empleando la tecnología de blockchain[1]. Se le denominó “bond-i”. Posteriormente, en 2019, también realizó otras emisiones basadas también en esta tecnología disruptiva. Más recientemente, en abril de 2021, fue el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el que llevó a cabo una emisión de 100 millones de euros de bonos usando la red Ethereum.

En la actualidad son las entidades bancarias las que empiezan a trabajar para el lanzamiento de estos bonos. El Banco Santander ya ha emitió un bono por valor de 20 millones de dólares usando íntegramente la red Ethereum. También Goldman Sachs ha empezado a utilizar blockchain para realizar operaciones de recompra de bonos (Repo)[2].

Como apuntan algunos expertos, el uso de esta tecnología en los mercados financieros puede tener efectos significativos sobre el papel de los intermediarios financieros en las emisiones de deuda corporativa.

La educación financiera siempre ha sido un pilar esencial de la inclusión financiera y favorece tanto el crecimiento económico como su sostenibilidad. Con el desarrollo de medios digitales financieros -desde la banca móvil u online hasta los criptoactivos- la educación financiera se vuelve aún más relevante. Instituciones como el Banco Mundial vienen abanderando a escala internacional el estudio de estas cuestiones.[1]

Desde ODF, se abre con esta nota una nueva serie de aportaciones en la materia con un doble objetivo. Por un lado, se trata de recoger iniciativas y casos de estudio relevantes sobre educación financiera, con especial atención a aquellas que tienen relación con el mundo digital. Por otro lado, se intenta ofrecer una aproximación sencilla a términos, productos, servicios e innovaciones financieras que sirvan de referencia al ciudadano no necesariamente avezado en estos conceptos.

En esta primera nota se repasan algunos recursos generales ofrecidos por instituciones supervisoras y por asociaciones y entidades bancarias. En este sentido, una primera referencia es el portal online “Finanzas para todos”, en el marco del Plan de Educación Financiera, que es una iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España. El objetivo, según indica en su propia web, es “mejorar la cultura financiera de los ciudadanos, dotándoles de los conocimientos básicos y las herramientas necesarias para que manejen sus finanzas de forma responsable e informada.”[2]

Este plan tuvo su origen en el año 2008, siguiendo las recomendaciones de Comisión Europea y teniendo en cuenta los Principios de Alto Nivel sobre Estrategias Nacionales de Educación Financiera, definidos por la Red Internacional de Educación Financiera (INFE) de la OCDE .

A partir del mismo se desarrollan actividades como el día de la educación financiera (el primer lunes de cada mes de octubre), códigos de buenas prácticas, programas de investigación y concursos o la Encuesta de Competencias Financieras (ECF), que mide el conocimiento y la comprensión de conceptos financieros de la población española de entre 18 y 79 años.[3]

Estas iniciativas de carácter más directo se unen a otras que desarrollan las instituciones supervisoras y que favorecen un mayor conocimiento y protección del consumidor en materia financiera. Entre los distintos ejemplos están las alertas y el “decálogo para evitar chiringuitos financieros” de la CNMV[3] o el Portal del Cliente Bancario del Banco de España.[4]

En el ámbito del asociacionismo bancario destacada el papel de CECA y su fundación Funcas como parte esencial de la llamada Red Española de Educación Financiera.[5] Abarca numerosas acciones informativas y formativas, así como premios, concursos y programas de investigación y de estímulo de la educación financiera. Se trata de una iniciativa que hereda la larga tradición de CECA en actividades de obra social y de formación para la inclusión financiera. Conviene destacar en este punto el programa Funcas Educa (Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera) del que se calcula que se han beneficiado del entorno de 8,5 millones de usuarios. También participa en este ámbito, como parte del convenio marco de la práctica totalidad del sector financiero español con el Plan de Educación Financiera, las iniciativas de divulgación y comunicación de la Asociación Española de Banca (AEB).[6]

La adopción de las monedas digitales crece significativamente en las economías emergentes. Además de observarse un mayor uso de las criptomonedas privadas, también comienzan a surgir iniciativas para el desarrollo de monedas públicas. El contexto socioeconómico e institucional de algunos de estos países explica, en buena medida, esta tendencia.

Según el Índice Global de Adopción de las Criptomonedas publicado por Chain Analysis[1], economías emergentes como Vietnam, India, Pakistán o Kenia ocupan las primeras posiciones. Además, regiones como el África-Subsahariana o Asia-Pacífico concentran una gran parte del tráfico web de las plataformas de intercambio de monedas. Las limitaciones que existen en muchos de estos países para acceder a servicios financieros explican, en parte, la búsqueda de alternativas más directas y digitales para realizar transacciones. Además, estas monedas representan un sustituto de las remesas, ya que transferir efectivo a escala internacional con ellas resulta, en muchos casos, muy costoso.

A pesar de los riesgos, en términos de estabilidad financiera que puede conllevar la adopción institucional de algunas de estas monedas privadas, algunos gobiernos han dado importantes pasos en su adopción.

Destaca el caso de El Salvador, que ha apostado por utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal desde el 7 de septiembre[1]. Es el primer país del mundo en tomar esta decisión. Para ello ha aprobado la creación de un fondo de 150 millones de dólares para facilitar las conversiones a bitcoins. Además, para incentivar su uso, va a regalar 30 dólares (en su equivalente en bitcoins) a quienes descarguen en su teléfono la billetera electrónica “Chivo”.

En otros países, se está apostando por auspiciar el lanzamiento de monedas digitales oficiales (CBDCs, por sus siglas en inglés). En octubre de 2020, el Banco Central de las Bahamas lanzó el “Sand Dollar”. Nigeria está dando pasos para lanzar la primera CBDC en África, el “eNaira”.[1] Los proyectos públicos de estos bancos centrales intentan facilitar el acceso de sus ciudadanos a determinadas actividades financieras – pagos y transferencias – reduciendo los riesgos que conllevan la elevada volatilidad de las criptomonedas privadas. Sin embargo, no faltan las dudas y críticas. Uno de los problemas más evidentes es la escasa utilidad de algunas de las criptomonedas (como bitcoin) para pagos, por sus problemas de divisibilidad y su considerable volatilidad. Por otro lado, también existe la duda de si este tipo de iniciativas no fomenta la proliferación de la financiación de actividades de dudosa legalidad.

Como se viene advirtiendo en diversas notas de ODF-Funcas, la digitalización financiera se está acelerando en nuestro país. Las cifras más recientes muestran un importante aumento en el número de clientes bancarios digitales. Este crecimiento, sin embargo, podría estar siendo desigual. Las entidades que más han avanzado -neobancos y entidades 100% digitales- estarían siendo capaces de atraer un mayor volumen de estos clientes.

Según los datos más recientes del Banco de España, cerca de dos tercios de la población adulta es usuaria de banca electrónica.[1] Estas cifras son aún más elevadas entre los jóvenes de entre 25 y 34 años (78.6%) y la población de grandes ciudades y capitales de provincia (66.3%). Parte de este crecimiento está motivado por el efecto de la pandemia. Entre finales 2019 (prepandemia) y finales de 2020, el crecimiento en el porcentaje de población española usuaria de la banca electrónica creció un 13%.

La mayor relevancia en España de la banca online hace que, en la actualidad, el 64,36% de los clientes de las diez principales entidades del país sean ya digitales.[1] No es, por tanto, de extrañar que las aplicaciones móviles de algunas entidades lideren los rankings en descargas en algunos stores como Google Pay o Apple Store.

Aunque todos los bancos están afrontando la transformación digital de sus clientes, las cifras apuntan a que son los puramente digitales los que más capacidad tienen para atraer nuevos clientes. En 2020, algunos de ellos como Openbank, Evo o WiZink aumentaron el número de cuentas corrientes y de ahorro en un 15% con respecto a 2019.[1] En el caso de neobancos como N26, el crecimiento ha sido muy significativo, al pasar de 4.500 cuentas en 2019 a cerca de 158.000 en 2020. En la banca tradicional se observan tasas de crecimiento inferiores, nunca superiores al 3%.

En cualquier caso, los bancos tradicionales siguen acaparando la mayor parte de las cuentas bancarias. Aproximadamente tres de cada cuatro cuentas pertenecen a estas entidades.

En la medida en la que el futuro del sector bancario español pasa por una creciente digitalización, estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de que las entidades financieras convencionales sigan dando pasos hacia un modelo más basado en plataformas. Será clave para atraer al perfil del nuevo cliente bancario y las generaciones más jóvenes.

La inteligencia artificial (IA) tiene un potencial significativo para mejorar la prestación de servicios financieros. Esta tecnología comienza a ser parte integral en la gestión de información y riesgos. Sin embargo, en muchas ocasiones se habla de forma demasiado generalizada sin identificar en qué segmentos específicos resulta más eficiente su uso.

Asimismo, esta cuestión comienza a preocupar a los supervisores, que quieren monitorizar que el empleo de la IA no conlleva nuevos riesgos de estabilidad financiera. No se pone en duda su potencial, pero se pide transparencia y control en su aplicación. En este sentido, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS, por sus siglas en inglés)[1] ha elaborado recientemente un informe que aborda el uso que debe hacerse de la inteligencia artificial en el mundo financiero. A juicio del BIS, la implementación de esta tecnología debe compaginarse con el cumplimiento de una serie de principios generales de confiabilidad, responsabilidad, transparencia, equidad y ética.

De entre estos principios la transparencia se identifica como el más importante.

Según se apunta, los modelos utilizados por las instituciones financieras no pueden ser «cajas negras». Explicar los algoritmos de aprendizaje automático complejos de una manera que pueda ser entendida por un supervisor puede ser un desafío, pero el esfuerzo es necesario. Si un modelo no es transparente, será difícil evaluar su confiabilidad, desempeño y equidad. Además, también será difícil establecer la responsabilidad de las decisiones derivadas de su uso. Por ejemplo, a la hora de conceder o denegar un crédito hipotecario.

A juicio del BIS, en la actualidad se carece de unas orientaciones prácticas concretas por parte de los reguladores sobre el uso de la inteligencia artificial. Por ello, se aboga porque los respectivos reguladores y supervisores nacionales sean proactivos identificando cuáles deben ser las mejores prácticas. En cualquier caso, dado el carácter global de la actividad bancaria, la respuesta de los reguladores solo será satisfactoria si es coordinada.

Para recorrer este camino el BIS va más allá, al plantear a los reguladores la posibilidad de establecer principios que compaginen el uso de la inteligencia artificial con una mayor participación y supervisión humana de estos procesos.

Con la recuperación del turismo, las vacaciones veraniegas de este 2021 han puesto de nuevo de manifiesto algunos de los cambios en la forma de pago de los españoles. La apuesta por las transacciones digitales ha sido especialmente llamativa. Ha destacado el crecimiento en los pagos móviles con wearables y los pagos entre particulares (muchos de ellos a través de Bizum).

Las últimas cifras sobre las preferencias de pago de los españoles ya anticipaban un cambio de hábitos acelerado por las exigencias de la pandemia. Según datos del Banco de España, el descenso en la preferencia por el efectivo es sostenido desde el año 2014. Entonces, casi un 80% de los encuestados lo elegía como su opción preferida.[1] La última encuesta realizada en 2021 señala, sin embargo, que actualmente la mayor parte de la población – el 54,1% – se decanta por la tarjeta de débito como medio de pago preferido.

Esta tendencia se ha visto reforzada durante el verano. Se estima que el uso de las tarjetas de débito (incluidos los pagos con tarjeta con el teléfono móvil) se ha incrementado un 25% durante el verano.[2]

También han comenzado a usarse otros instrumentos digitales, entre los que destacan los wearables (reloj, llavero, gafas y/o cascos con GPS, entre otros). Cada vez se incorpora más el pago en estos dispositivos por su facilidad de uso y por el hecho de tenerlos siempre disponibles. Su utilidad para pagar en playas y otras localizaciones turísticas sin tener que cargar con efectivo o tarjetas bancarias físicas comienza a percibirse como una ventaja de forma generalizada.

Por otra parte, aunque aún no hay datos respecto a los meses estivales, existe un amplio consenso en que este verano de 2021 ha sido el de la consolidación de los pagos entre particulares (P2P, por sus siglas en inglés). Bizum ha protagonizado el auge de esta modalidad en España. Además de su uso entre amigos y familiares, su crecimiento también ha estado ligado a la implementación de nuevas posibilidades de transacción, como la de de abonar la compra de lotería de Navidad en las administraciones. Muchos españoles aprovechan las vacaciones de verano para adquirir décimos de lotería de Navidad en aquellos municipios donde pasan sus vacaciones y Bizum ha aprovechado esta costumbre para profundizar en su popularidad.[3]

Los problemas de sostenibilidad medioambiental de las principales criptomonedas (que acarrean un consumo energético elevado) están llevando a desarrollar nuevas monedas menos contaminantes. Son las llamadas “criptomonedas verdes”. La mayor preocupación de la población, en especial de los jóvenes, por el medio ambiente está llevando a que estos nuevos activos digitales más sostenibles ganen popularidad.

La elevada huella energética que presentan los criptoactivos empieza a chocar con la creciente preocupación social por la lucha contra el cambio climático. Se estima que las operaciones de minería de bitcoin en todo el mundo consumen una tasa anualizada de 95 teravatios-hora (TWh)[1]. Para hacernos una idea, el consumo eléctrico de bitcoin en China supera al consumo de energía general para todos los usos de la República Checa.

Una de las criptomonedas verdes que más atención está recibiendo es Cardano. Algunos expertos apuntan que puede convertirse en el próximo Ethereum, al funcionar de una manera más escalable y sostenible[2]. De hecho, según sus fundadores, Cardano es 1,6 millones de veces más eficiente energéticamente que bitcoin[3]. El potencial que puede tener esta moneda ha hecho que su valor se haya multiplicado por 25. En septiembre de 2020 su precio era de 0,12 dólares y en la actualidad ronda los 2,5[4]. Su capitalización global supera los 90.000 millones de dólares, lo que la ha llevado a convertirse en la tercera criptomoneda.

El caso de Cardano no es aislado. Otras monedas verdes también están captando interés como IOTA, Solarcoin, Stellar o Nano. La demanda se está concentrando en este segmento.

La fuerte penetración de criptomonedas verdes sugiere que sus principales demandantes -las generaciones más jóvenes- están internalizando los costes sociales que imponen algunas de las monedas digitales tradicionales lo que, unido a los casos de fraude, robos de wallets y a la elevada volatilidad que conllevan, está planteando la necesidad de crear un mercado de criptoactivos más sostenible y seguro.

Los criptoactivos han constituido una de las más controvertidas formas de innovación financiera en los últimos años. El creciente interés de un número importante de inversores institucionales por los mismos indica que su tecnología subyacente (en muchos casos, sistemas de cadenas de bloques) proporciona soluciones tecnológicas a problemas habituales en los mercados financieros (como la velocidad en el cierre de contratos o la inmutabilidad de los mismos). Sin embargo, como suele suceder con muchas innovaciones financieras, también pueden tener un reverso oscuro.

En los últimos años se han sucedido diversos escándalos relacionados con critpoactivos (muchos de ellos cubiertos en diversas notas de ODF-Funcas). Principalmente, con robos de carteras de critpomonedas o con la comercialización de algunas de ellas con escaso o nulo valor subyacente. También ha existido una intensa polémica sobre qué fuerzas y problemas de información asimétrica hay tras la más que significativa volatilidad que rodea a este tipo de inversiones.

No obstante, en los últimos dos años, lo que están proliferando son sistemas de comercialización y negociación construidos como estafas piramidales. En este punto se da, además, el desgraciado hecho de que buena parte de las víctimas de estos fraudes son jóvenes, puesto que los criptoactivos son especialmente atractivos entre la población de menor edad. Este tipo de estafas se extendió anteriormente en países como Estados Unidos, China o Corea del Sur pero resulta cada vez más preocupante en España.[1]

Los jóvenes, que en España cuentan con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, se ven atraídos por las aparentes elevadas rentabilidades de estas inversiones y por su creencia de que conocen este tipo de tecnologías de forma más exhaustiva que sus mayores. Sin embargo, en los últimos meses, se están instruyendo en la Audiencia Nacional las primera macro-causas por fraudes piramidales siguiendo un esquema Ponzi, que consiste en la captación de capital de terceros prometiéndoles la realización de importantes inversiones en criptomonedas por las que obtendrían intereses de hasta el 25%. Destaca el cas de Arbistar, una presunta estafa que afecta, al menos, a 17.000 bitcoins, lo que equivale a cerca de 500 millones de euros.[2]

Según los principales organismos supervisores, las estafas encuentran una vía para su penetración porque, entre otras cuestiones, existen deficiencias en educación financiera entre los más jóvenes. Como muestra el gráfico de arriba, se estima que el 16% de los usuarios de criptomonedas en la UE tiene entre 18 y 25 años, el 25% entre 26 y 35 años y el 31% entre 36 y 45 años. En España se estima que el porcentaje de jóvenes que tiene algún tipo de inversión en criptomonedas ya alcanza el 12%.

Las autoridades supervisoras han mostrado su preocupación ante los casos de fraude y su penetración entre los jóvenes y apelan a la educación financiera como uno de los mecanismos más poderosos para reducir su incidencia. En la Encuesta de Competencias Financieras (ECF) desarrollada por la CNMV y el Banco de España, la población entre 18 y 34 años registra tantas respuestas correctas como incorrectas, lo que equivale a un aprobado raspado que, según estas instituciones, es del todo insuficiente. Por ello, instan a sumar más contenidos de educación financiera a los currículos escolares.

En los últimos meses se están sucediendo salidas a bolsa de muchas empresas FinTech catalogadas como “unicornios”. Esta denominación abarca a aquellas que superan los 1.000 millones de dólares de valoración. Aunque la proliferación de estos “unicornios” podría considerarse como positiva para el sector, también está alentando un debate sobre la posible sobrevaloración de algunas de estas FinTech.

El caso más reciente de salida a bolsa es el de la FinTech británica Wise, que comenzó a cotizar en el parqué londinense alcanzando una valoración récord de 11.000 millones de dólares[1]. Una cifra que estaba por encima de las expectativas del mercado.  Antes, en junio, fue Marqeta, una FinTech de pagos que hizo su debut en el Nasdaq alcanzando los 16.000 millones de dólares.[2] Este mismo camino han seguido otras empresas relevantes como Lemonade (Estados Unidos), Adyen (Países Bajos), Coinbase (Estados Unidos) o Afterpay (Australia). En lo que llevamos de 2021 se han producido más de 15 ofertas pública de venta (OPV) en el sector. Otras como Klarna (Suecia), Robinhood (Estados Unidos) o Chime (Estados Unidos) plantean hacerlo también este año.

Coticen en un mercado oficial de valores o no, muchas de estas empresas superan el umbral de los 1.000 millones de dólares de valoración.

Algunos informes estiman que actualmente existen 188 empresas FinTech que cumplen dicha condición y que, por lo tanto, pueden ser calificadas como “unicornios” FinTech[1]. Algunas de ellas, incluso llegan a superar los 10.000 millones de dólares de valoración, lo que las convierte en “decacornios”.

La euforia entre algunos inversores genera reacciones encontradas entre los expertos. Por una parte, se reconoce que dichas valoraciones no hacen sino reflejar el potencial disruptor que tienen dichas empresas en la industria financiera. En la mayoría de los casos, se trata de compañías que ofrecen soluciones financieras innovadoras para atender las necesidades de la demanda. Por otra parte, existen algo más que dudas sobre la adecuación de sus valoraciones. En muchos casos, estas compañías aún no reportan beneficios. Por ejemplo, Robinhood, valorada en 55.000 millones de dólares, ha reportado unas pérdidas en el primer trimestre de 2021 de 1.400 millones[1]. Estos casos mantienen a los analistas en alerta. El sector podría estar sobrevalorado al amparo de las expectativas de que muchos de estos “unicornios” seguirán creciendo. Sin embargo, no está claro que se esté aproximando adecuadamente su valor intangible o los efectos que la competencia y la regulación pueden tener en estas empresas. Todo esto sucede, asimismo, en un entorno de mercado en el que las grandes tecnológicas están perdiendo algo de peso en las carteras precisamente porque los inversores más ortodoxos consideran que el sector está afectado por una considerable sobrevaloración.

Tether se ha convertido en la tercera criptomoneda global por valor de mercado, por detrás de Bitcoin y Ether. Este auge no está exento de polémicas. El rápido crecimiento de Tether, creada por la plataforma Bitfinex, está generando preocupación entre reguladores, supervisores y economistas por los riesgos que puede conllevar para la estabilidad financiera.

El nivel de capitalización de Tether está por encima de los 60.000 millones de dólares[1]. Su valor prácticamente se ha multiplicado por tres desde enero de 2021. Si bien, a diferencia de Bitcoin, Tether se considera una divisa estable (stablecoin). Esto implica que ha sido diseñada para mantener un precio vinculado al valor del dólar. Así, mientras que otras criptomonedas a menudo fluctúan en valor, el precio de Tether permanece estable en 1 dólar. Para ello, Tether debe mantener reservas en dólares para justificar su paridad con la moneda estadounidense. En mayo, sus fundadores revelaron que solo un 2,9% de sus reservas eran en efectivo, mientras que la gran mayoría estaba en pagarés, que son deuda a corto plazo no garantizada[2].

Aunque se trata de una criptomoneda estable, orientada teóricamente a solventar los problemas de volatilidad de otras divisas virtuales, su creciente relevancia con un respaldo financiero incierto genera preocupación.

Recientemente, el presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, advirtió del riesgo potencial que tiene Tether para la estabilidad financiera[3]. Según Rosengren, es un ejemplo de “nuevos activos disruptores de los mercados crediticios a corto plazo con riesgos muy elevados”. En particular, señalaba la liquidez de las reservas de la moneda. Se teme que el emisor de Tether carezca de suficientes reservas en dólares para justificar su paridad con el dólar. El porcentaje en efectivo se antoja del todo insuficiente.

Además, parte de la preocupación viene también del uso que se hace de Tether en los criptomercados. Al tener un valor estable con respecto al dólar, está siendo frecuentemente empleada como intercambio para realizar terceras operaciones. Se estima que cerca del 70% del total de transacciones realizadas en los criptomercados podrían estar efectuándose con Tether. Esto hace que el “efecto contagio” que puede tener una eventual caída de esta moneda sea muy significativo. Algunos analistas de JP Morgan y Fitch han señalado que una salida repentina de fondos de Tether, ante una posible pérdida de confianza, podría resultar en un severo impacto para la liquidez de todo el mercado de criptomonedas[4], con pérdidas sustanciales para todas ellas.

Desde antes de la pandemia, pero con mayor incidencia durante la misma, se ha producido un importante avance de los sistemas de pago entre particulares (P2P, por sus siglas en inglés). Estos instrumentos han propiciado nuevos usos e interacciones sociales relacionadas con el dinero, desde dividir el importe de una comida en un restaurante hasta realizar una donación.

La posibilidad de transferir dinero entre amigos, familiares o compañeros de trabajo mediante el móvil está revolucionando las formas de pago en Europa. En España, triunfa Bizum, el sistema de pago creado por el sector bancario que cuenta actualmente con más de 16 millones de usuarios. Existen proyectos similares en otros países europeos, todos ellos con una elevada penetración. Un caso relevante es el de Suecia, país avanzado en materia de pagos electrónicos, que lanzó Swish en 2012. Actualmente tiene 7,6 millones de usuarios, casi el 75% de la población del país nórdico. Al igual que Bizum, la aplicación sueca nació al amparo del sector bancario. En la actualidad, hay 12 entidades adheridas[1].

Otro caso de éxito se da en Francia con Paylib, cuyo lanzamiento tuvo lugar en 2018. También propiedad de las principales entidades bancarias del país galo. Su operativa es similar a la de Bizum, al permitir enviar y recibir dinero empleando el número de teléfono de un destinatario.

Además, también está disponible su uso para el pago en comercios con tecnología contactless.[2]

Fuera de la Unión Europea, destaca el caso de Vipps, la aplicación de pagos entre particulares más importante de Noruega. Fue desarrollada por el grupo bancario DNB, aunque en la actualidad pueden usarla los clientes de cualquier entidad financiera del país. Desde su lanzamiento, ha logrado una penetración de mercado del 85%. Permite también transacciones con código QR y mediante bluetooth[3].

Aunque muchas de las apps de pagos P2P se iniciaron como un medio para transferencias entre particulares, en la actualidad se extienden de forma progresiva como posibilidad de pago tanto en comercios online como físicos. En España, Bizum ya ha superado el millón de operaciones anuales en comercios.

Además, el crecimiento de estas aplicaciones creadas por los sistemas bancarios nacionales representa una alternativa sólida a la irrupción en los pagos de operadores del mundo tecnológico (como Paypal, GooglePay, SamsungPay o ApplePay).

Ante el éxito de estos sistemas de pago P2P en Europa, el reto reside en lograr extenderlos a los pagos transfronterizos. Se trata de avances que permitan la interoperabilidad entre sistemas de pagos nacionales y pueden ser claves para lograr un espacio unificado de pagos a escala europea en el que los bancos aumenten la competencia respecto a redes procesadores de tarjetas (como Visa o MasterCard) y las empresas tecnológicas.

La elevada volatilidad de algunas criptomonedas propicia que, en fases alcistas, muchos inversores se vean atraídos por ellas, a costa de asumir un elevado riesgo. Esto resulta un problema cuando se anticipan unas ganancias futuras a partir de información y/o instrucción financiera limitadas. Este es el caso de algunos de los inversores más jóvenes. Se observa que muchos millenials prefieren invertir en estos activos digitales a hacerlo en productos financieros más convencionales. Esta mayor aceptación de las criptomonedas está provocando que actualmente, sean esas generaciones las más expuestas a los riesgos asociados a las criptomonedas.

Esta tendencia es global. La adopción por parte de los jóvenes no conoce fronteras. En Estados Unidos, casi la mitad de los millennials con un patrimonio superior al millón de dólares tienen, al menos, el 25% del mismo invertido en criptomonedas[1]. En Australia, el 40% de los millennials piensan que invertir en estos activos digitales es la mejor forma de gestionar su patrimonio.

Por su parte, en España se estima que el 9% de la población –cerca de 4 millones de ciudadanos– ya es inversora o usuaria de las criptomonedas. Se trata de jóvenes atraídos por rentabilidades muy inmediatas que, sin embargo, están sujetas a mucha incertidumbre[2].

Como apuntan algunos analistas, este comportamiento supone una infravaloración de los riesgos asumidos. Equivale a afrontar la inversión como algo similar a un juego y esto acaba haciendo que la volatilidad de las criptomonedas sea aún mayor, al no contar con suficientes posiciones de largo plazo[3]. Esta adopción de los criptoactivos con una finalidad inversora empieza a crear una brecha generacional en la gestión de patrimonios. Mientras que la población más adulta se muestra recelosa y prefiere invertir en productos financieros o en activos reales tradicionales, los jóvenes apuestan por rentabilidades inmediatas y los desiguales resultados pueden agravar brechas financieras intergeneracionales.

Por otra parte, la elevada exposición de los millenials a los criptoactivos puede conllevar riesgos para la estabilidad económica y financiera. Una eventual caída en el valor de estas monedas digitales puede generar importantes pérdidas patrimoniales en un segmento de población que ya se está incorporando a mercado de trabajo con dificultades añadidas para acceder a vivienda y mantener un ahorro y riqueza financiera crecientes.

El sector FinTech español se consolida como uno de los más relevantes a escala europea. El crecimiento en el número de empresas o el lanzamiento del sandbox regulatorio, entre otras cuestiones, atestiguan la buena situación que vive el sector. En todo caso, existen una serie de retos en el horizonte que deben ser abordados para afianzar su futuro, muchos de ellos similares a los de otras empresas españolas con problemas para ganar escala.

En la actualidad existen en España cerca de 475 empresas FinTech[1], una cifra superior a la de otros países de nuestro entorno como Francia o Italia. De hecho, el tamaño del sector representa cerca del 15% de la población FinTech de la Unión Europea. En lo que respecta a su financiación, según datos del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, el total de crédito concedido a estas empresas en los últimos cinco años alcanza los 1.365 millones de dólares. Igualmente, el volumen de inversiones en el sector ha ido creciendo en los últimos años, tanto con capital riesgo como con participaciones directas de otras empresas (entre ellas, bancos). En cualquier caso, hay que destacar que el despegue del sector FinTech en nuestro país ha estado asociado principalmente con el segmento de los pagos.

A este buen momento se une el éxito que ha tenido la primera convocatoria para acceder al sandbox regulatorioespañol[2].

Se presentaron un total de 67 proyectos, algunos de ellos de promotores de fuera de nuestro país, de los cuales han sido admitidos 18.  El lanzamiento de un banco de pruebas, canalizador de los nuevos equilibrios de mercado y regulación en los servicios de mercados financieros minoristas, resulta especialmente relevante en el actual contexto pospandémico. Además de ayudar a la creación de nuevos modelos de negocio, puede ayudar a aprovechar más eficientemente los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea (Next Generation EU).

Para consolidar esta situación el sector debe afrontar varios retos. El principal es la escalabilidad de los proyectos. Muchas de las FinTech españolas son empresas en etapas iniciales de crecimiento, lo que dificulta su acceso a la financiación. Es necesario que exista una planificación y vocación por alcanzar una dimensión internacional. En este sentido, además del mercado europeo, Latinoamérica puede convertirse en una localización especialmente propicia para crecer, por afinidades idiomáticas y culturales. Por otra parte, se observa el reto de convertir a las entidades financieras en “competi-socios”. El actual entorno competitivo exige colaborar más estrechamente con entidades financieras (bancos, aseguradoras y otras empresas de servicios financieros). Además, el éxito del sector pasa por seguir innovando, para lo cual pueden resultar también útiles diferentes iniciativas de colaboración público-privada para la investigación.

La elevada volatilidad de algunos criptoactivos y la relativa opacidad de muchas de las plataformas que gestionan sus operaciones de compraventa está atrayendo la atención de los supervisores en todo el mundo. En los últimos meses se observa cómo en numerosas jurisdicciones, las autoridades han pasado a la acción solicitando información, o restringiendo parcial o totalmente estas actividades.

La atención no se ha centrado sólo en las criptomonedas o su tecnología subyacente sino en las plataformas de negociación de estos activos. La preocupación de los supervisores surge porque este tipo de plataformas ofrecen otro tipo de servicios similares a los financieros. Si bien, a diferencia de las entidades financieras, lo hacen con unas menores garantías para los consumidores y sin afrontar apenas regulación alguna. Sin embargo, ha crecido el temor a que su popularidad, mezclada con no poca opacidad, pueda suponer problemas para la estabilidad financiera.

Recientemente, el supervisor de mercados del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) ha tomado la decisión de paralizar la actividad de Binance, la mayor plataforma de compra y venta de criptoactivos del mundo[1]. La FCA argumenta que dicha plataforma carece de licencia expresa para operar en su jurisdicción, por lo que no podrá ofrecer sus servicios a los consumidores del país.

Esta medida se une a la que también adoptó la agencia supervisora japonesa, que ha advertido reiteradamente a Binance de que está operando en el país sin la licencia oportuna para negociación de activos financieros.

Más allá del caso Binance, las actuaciones para controlar el auge de estas plataformas se repiten en todo el mundo. En Corea del Sur, donde hay cerca de 200 criptoempresas operando, el supervisor financiero ha elevado los requisitos exigidos a estas plataformas para que puedan seguir operando[1]. Se trata de requerimientos informativos, de capital y de protección del consumidor similares a las que están sometidas las empresas de servicios de inversión.

Por su parte, en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado recientemente que se está investigando la actividad de los denominados popularmente “chiringuitos financieros” que realizan actividades con criptomonedas[2]. Se estima que algunas de estas criptofirmas podrían estar involucradas en actividades ilícitas como esquemas de estafa piramidal. Además, en nuestro país se está desarrollando una normativa para controlar la publicidad que se hace de los criptoactivos por parte de estas plataformas.

Todas estas actuaciones en todo el mundo coinciden con un cierto auge de la inversión en criptoactivos entre generaciones más jóvenes, atraídas por su componente tecnológico y su aparente elevada rentabilidad pero, en general, con un elevado desconocimiento sobre el riesgo asumido.

Dentro del segmento de los pagos a escala europea, uno de los retos más relevantes consiste en lograr que sean ágiles, sencillos y transfronterizos. Este desafío es especialmente importante en lo que respecta a los pagos entre empresas. Con el reciente lanzamiento de un nuevo servicio que permite reclamar pagos digitales a escala europea, se da un paso más para lograr seguridad y confianza en estas transacciones.

El pasado mes de junio, EBA Clearing – el proveedor europeo de servicios de pago de las entidades financieras que forman parte de la Asociación Bancaria del Euro- e Iberpay -plataforma proveedora de pagos en la que participan 23 bancos españoles– lanzaron un servicio para facilitar, agilizar y aumentar la seguridad en las transacciones[1]. El servicio, al que se ha denominado Request-to-Pay, es un habilitador para pagos instantáneos y digitales. Con él, una empresa, cliente particular o la Administración Pública pueden reclamar un pago de forma instantánea y que éste sea abonado, con un solo clic, en milésimas de segundo. Este servicio de solicitud de pago estará disponible durante las 24 horas, todos los días de la semana.

Una de las ventajas que ofrece esta solución reside en un conjunto de reglas operativas, mensajes y elementos técnicos compatibles con la SEPA, la iniciativa de integración de pagos de la UE para la simplificación de las transferencias en euros. A escala comunitaria ya se han identificado numerosos casos en los que este servicio Request-to-Pay puede ayudar a dinamizar los pagos europeos: domiciliaciones no pagadas o devueltas, pagos de comercio electrónico, sustitución de otros instrumentos de pago, pagos de la administración pública, pago de facturas electrónicas e incluso pagos en puntos de venta. Como aclaran sus creadores, este servicio de solicitud de un adeudo no es un instrumento de pago, sino una forma de solicitar un inicio de pago, verificar el adeudo y ejecutarlo.

La novedad del servicio también reside en que se trata del primer esquema de solicitud de pagos que se pone en marcha en la UE. Para el sector bancario español, el lanzamiento de esta funcionalidad supone un importante hito. Proporciona la pieza que faltaba para que las entidades bancarias que forman parte de Iberpay, puedan ofrecer a sus clientes soluciones de pago instantáneas. Con esta iniciativa con importante participación española, se da un paso importante en la consecución del objetivo de las instituciones comunitarias de avanzar hacia pagos instantáneos, seguros y transfronterizos.

El proceso de digitalización financiera de los consumidores está marcando un nuevo hito en lo que respecta al segmento de las hipotecas. Cada vez más consumidores y empresas están adoptando el canal digital para contratar este tipo de créditos. Tanto los bancos tradicionales, que ya están ofreciendo este producto a través del canal digital, como las nuevas entidades 100% online, han comprendido la oportunidad de posicionarse en este servicio que, hasta la fecha, había tenido una profundidad limitada en comparación a otros como pagos o transferencias.

En los últimos meses viene observándose un crecimiento en el número de hipotecas que se contratan y gestionan a través del canal digital. En especial, la demanda de esta modalidad hipotecaria empieza a resultar significativa dentro de la población en la franja de entre 30 y 40 años[1].

La pandemia también ha contribuido a este cambio en muchos consumidores que no han podido acudir a una oficina para realizar estas gestiones. Muchos se muestran ahora más proclives a contratar vía online. Las cifras de hipotecas digitales han crecido significativamente a raíz de la pandemia, no solo en España, sino también en otras jurisdicciones.

Por ejemplo, en Estados Unidos, algunas entidades como Bank of America han informado que el volumen hipotecas digitales casi se ha duplicado desde el inicio de la pandemia.[2]

Ante esta mayor demanda digital, las entidades tradicionales están respondiendo con soluciones para una contratación íntegra de hipotecas por el canal digital.

En este proceso de digitalización hipotecaria, algunas entidades esperan dar un salto adicional incorporando la tecnología asociada a los contratos inteligentes (smart contracts). Su uso permite el acceso, consulta y firma segura de versiones electrónicas de documentos legales entre las partes. Además, en muchos casos hay un acceso también digital a la documentación del Registro de la Propiedad, lo que reduce los plazos legales. Todo ello se traduce en una reducción adicional de costes y plazos para las partes manteniendo los estándares de seguridad jurídica.

Los expertos consideran que las hipotecas digitales continuarán creciendo a medida que más población se familiarice con la banca online[3] y los contratos inteligentes. El reto social reside en que la digitalización de un producto tan tradicional como la hipoteca, se produzca en un entorno seguro y con todas las garantías informativas para los consumidores.

Uno de los objetivos que persiguen las monedas digitales de los bancos centrales (central bank digital currencies o CBDC) es facilitar pagos transfronterizos. Esto solo podrá cumplirse si estas monedas tienen, desde su origen, una aceptación internacional. Un reciente informe del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS, por sus siglas en inglés) recopila las orientaciones de los distintos bancos centrales para avanzar hacia unas CBDCs transfronterizas[1].

Aunque la mayoría de los bancos centrales aún tienen que tomar una decisión firme sobre la emisión de una CBDC, en su discusión está muy presente la necesidad de que tengan una naturaleza transfronteriza. La encuesta realizada por el BIS refleja que, más del 25% de los bancos centrales está considerando la posibilidad de permitir el uso de su CBDC por parte de turistas y no residentes desde su implantación y casi el 20% afirma que prevé hacerlo en el futuro.

A pesar de esta inclinación hacia el desarrollo de monedas digitales transfronterizas, muchos bancos centrales también muestran sus preocupaciones al respecto. El desarrollo de estas monedas puede alentar el riesgo de que el uso de una CBDC extranjera se generalice en una economía, desplazando a la moneda nacional en los pagos.

Este riesgo aumenta en situaciones de inestabilidad económica o de una elevada inflación. En estas circunstancias, los consumidores nacionales podrían preferir adoptar una moneda digital extranjera como medio de pago y/o depósito de valor. Además, el uso internacional de monedas CBDC puede alentar prácticas de evasión fiscal y conllevar la pérdida de poder supervisor por parte de las autoridades nacionales. Para aliviar este riesgo, pero manteniendo la posibilidad de que no residentes puedan utilizarlas (turistas o visitantes ocasionales), algunos bancos centrales se plantean que los usuarios solamente puedan usar la CBDC dentro de una ubicación geográfica específica. Así, podría permitirse que la moneda digital fuese empleada por no residentes siempre que estén ubicados físicamente dentro de la jurisdicción emisora. Este enfoque está siendo considerado por el Banco Central de China en el diseño del yuan digital.

En cualquier caso, algunos de los bancos centrales encuestados coinciden en la necesidad de que las autoridades monetarias asuman nuevos roles operativos en lo que respecta a la conversión de divisas digitales. Los bancos centrales emisores de las CBDCs deberían por tanto desarrollar un papel supervisor en todo el proceso de conversión de divisas de CBDC.

Como reconoce el BIS en su informe, las CBDC ofrecen la oportunidad de “repensar algunas características clave de los pagos transfronterizos.” El diseño de monedas digitales con una dimensión internacional podría aliviar las fricciones en estas transacciones internacionales (retrasos, comisiones,…), aunque también deben ponderarse adecuadamente los beneficios y costes.

Las autoridades chinas están endureciendo su posición en lo que respecta al minado de criptomonedas. El minado consiste en la resolución de los algoritmos que dan lugar a su validación y contabilización. Por lo tanto, es una activad esencial para el funcionamiento de cualquiera de estas divisas digitales. Actualmente, la mayor actividad de criptominado se encuentra en el país asiático. El gobierno chino, preocupado por el alto coste energético que supone, está adoptando duras medidas para cerrar muchas de estas “granjas” de minado. Las implicaciones que están teniendo estas decisiones estarían lastrando a la baja la valoración de muchas de las principales criptomonedas.

Se estima que el 65% de la minería mundial de criptomonedas tiene lugar en China[1]. Las propicias condiciones de algunas regiones de este país (bajo coste de la energía y un elevado número de centrales hidroeléctricas y de carbón) han hecho que durante los últimos años muchos mineros hayan decidido localizar sus equipos en el territorio chino.

El gobierno, que nunca ha visto con muy buenos ojos el florecimiento de esta actividad, ha decidido que es el momento de frenarla. Por un lado, apuntan al elevado gasto energético que conlleva, que es incompatible con los recientemente asumidos compromisos medioambientales. Además, gran parte de las centrales que abastecen estas granjas son públicas. Por lo que consideran que está actividad está detrayendo parte de la capacidad energética del país asiático.

Las autoridades de varias regiones del país han ordenado el cierre de muchas de estas granjas. Por ejemplo, en la provincia de Sichuan ya se han clausurado 26.[1] La cruzada contra el minado está llevado a las autoridades a realizar inspecciones en las instalaciones para asegurar que los servidores no están operativos y que no existe actividad alguna.

El apagón minero chino ya se está dejando sentir en la valoración de las principales monedas. Entre otras, Bitcoin y Ether encadenan varias semanas a la baja.[1] Por otro lado, algunos analistas consideran que podría tratarse de un problema tan sólo a corto plazo. Algunos expertos creen que reducir la concentración geográfica en el minado puede terminar siendo beneficioso porque podría diversificar la actividad y reducir los costes.

En cualquier caso, aunque las decisiones del gobierno chino puedan conllevar la migración hacia otros territorios, el problema que subyace es el de la sostenibilidad de estas monedas. La preocupación por la huella energética no es ya sólo una preocupación de asociaciones contra el cambio climático, sino que afecta también a la reputación de los gobiernos. Es probable que decisiones como las adoptadas en China se reproduzcan en otras jurisdicciones, lo cual pondría en riesgo la viabilidad de todas aquellas criptomonedas que son altamente contaminantes.

Los crecientes ataques de ransomware – por los que a través de un software malicioso se secuestran datos de una organización solicitando el pago de un rescate a cambio de devolver el acceso a los mismos– plantean el reto de cómo protegerse ante esta amenaza.

Algunas estimaciones apuntan a que en 2021 se podrían llegar a producir cerca de 100.000 ataques de ransomware. Se calcula que cada uno de estos ataques costará a las empresas afectadas unos 170.000 dólares en promedio[1]. En términos agregados, se espera que los daños por delitos cibernéticos alcancen los 6.000 millones de dólares este año. Recientemente viene observándose una tendencia creciente de ataques dirigidos a entidades financieras, bancos centrales e, incluso, bolsas de valores. En este sentido, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell ha advertido que los ciberataques son el principal riesgo para el sistema financiero mundial y la necesidad de ser conscientes de esta amenaza para estar listos para afrontarla[2].

El reto reside en cómo estar suficientemente protegidos para prevenir este tipo de ataques. En este sentido, debe reconocerse que no existe una solución rápida y sencilla.

Los analistas apuntan a que no se trata solo de una cuestión delictiva, sino también geopolítica y de seguridad nacional y global[3]. En este sentido, no parece adecuado argumentar que los gobiernos deberían dejar la responsabilidad a las empresas para que sean estas las que adopten medidas preventivas. En su lugar, parece más útil una acción colectiva coordinada internacionalmente, como se ha discutido en la reciente cumbre del G7.

A la espera de una posible actuación coordinada ante este riesgo global, las entidades financieras asumen que deben de estar preparadas para hacer frente a una escalada de ciberataques. Aunque el sector bancario siempre ha destacado por sus elevados estándares en ciberseguridad, parece que es necesario realizar un esfuerzo adicional. Algunos expertos sector señalan que el presente y el futuro debería pasar por invertir más en ciberdefensas impulsadas por inteligencia artificial. Esta tecnología puede servir como aliada para fortalecer la protección de las entidades financieras, lo que permitiría anticiparse en muchos casos a los posibles ataques de ransomware. Se habla también de la necesidad de incentivar el uso de estas tecnologías y de que los bancos centrales revisen el nivel de seguridad de las entidades financieras. De hecho, en la UE, son ya varios los bancos centrales nacionales (entre ellos el Banco de España) que han anunciado test de esfuerzo centrados en calibrar amenazas de ciberseguridad.

Las entidades bancarias están mostrando un creciente apetito por invertir en criptoactivos. En este contexto, los reguladores internacionales empiezan a mover ficha para promover un marco regulatorio que establezca requerimientos de capital exigibles a los bancos por las tenencias de estos activos digitales.

A pesar de las reticencias iniciales del sector bancario, cada vez más entidades empiezan a valorar invertir en criptoactivos. A escala internacional, grandes entidades como Wells Fargo, JPMorgan Chase o Bank of New York Mellon han anunciado diferentes planes de inversión en criptomonedas[1]. En la medida en que estos activos digitales puedan integrar los balances de las entidades financieras, es preciso establecer un conjunto de normas en relación a la solvencia bancaria. Para abordar este reto regulatorio, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, compuesto por reguladores financieros de todo el mundo, ha elaborado una propuesta preliminar[2]. Las entidades bancarias pueden remitir sus opiniones en relación a este borrador hasta el 10 de septiembre de 2021.

El Comité indica que el crecimiento de los criptoactivos tiene el potencial de generar riesgos para la estabilidad financiera y el sector bancario, y que es ineludible su regulación.

En la propuesta planteada se aboga por clasificar los criptoactivos en dos grupos. El primero incluiría activos tradicionales tokenizados y criptomonedas estables referneciadas a una divisa fiduciaria ampliamente aceptada (stablecoins).

Para los activos tradicionales tokenizados se propone el mismo tratamiento para el cálculo de los requisitos mínimos de capital aplicable a otros activos tradicionales (bonos, préstamos, depósitos, acciones o materias primas). En el caso de las criptomonedas estables, el documento reconoce la necesidad de evaluar individualmente la eficacia de los mecanismos de estabilización empleados, para fijar así el porcentaje de ponderación al riesgo más adecuado.

El segundo grupo lo formarían esencialmente aquellos activos digitales que presentan una mayor exposición al riesgo. En él se integrarían las principales criptomonedas como Bitcoin, Ether o Dogecoin. En estos casos, se propone un tratamiento prudencial conservador, con una ponderación de riesgo del 1.250%. El Comité de Basilea justifica este criterio amparándose en los elevados riesgos de crédito, de liquidez, de mercado y operativos que presentan esta clase de criptomonedas. En la práctica, esta regulación conllevaría que una exposición de 100 euros daría lugar a unos activos ponderados por riesgo de 1.250 euros. Si se aplica el actual coeficiente de solvencia del 8%, el capital a mantener sería de 100 euros. En definitiva, por cada euro que un banco tenga en Bitcoin, debería de mantener también un euro en capital regulatorio.

Desde el sector bancario se entiende la necesidad de desarrollar una normativa que regule las tenencias de activos digitales. En todo caso, algunos analistas advierten que requerimientos tan exigentes conllevarían que las entidades financieras no inviertan activamente en criptoactivos.

El interés mediático por los criptoactivos como alternativa de inversión se ha producido en paralelo a un aumento del fraude relacionado con ellos. A medida que cada vez más inversores particulares se sienten atraídos por las potenciales rentabilidades de estos activos (a pesar de su volatilidad y las dudas respecto a su valor subyacente en un amplio número de casos), algunos ciber-delincuentes buscan lucrarse con estafas y fraudes. La escasez de regulación alienta la proliferación de estos delitos.

Las búsquedas en Google de usuarios interesados en compras de criptoactivos han aumentado a máximos históricos en 2021, superando con creces el pico anterior de principios de 2018.[1] Las noticias sobre los récords de valoración de bitcóin, ether o dogecoin (a pesar de las posteriores caídas abruptas en su valor) despertaron el interés de muchos particulares por estos activos digitales. Este cambio en el posicionamiento de los inversores minoristas coincide con crecientes casos de fraude en la compra y venta de monedas digitales.

Algunos de los problemas más sonados han tenido lugar en Turquía. En los últimos meses, las autoridades turcas han arrestado a varias personas y procedido al cierre de varias plataformas de intercambio de criptomonedas ante indicios de fraude.

Aunque las investigaciones aún siguen su curso, se estima que alguna de estas plataformas ha podido engañar a más de 391.000 personas, defraudando cerca de 2.000 millones de dólares.[1]

En España también se han destapado algunos fraudes. La plataforma Arbistar, que aseguraba, al menos inicialmente, rentabilidades mensuales de entre el 8% y el 15%, habría estafado a 32.000 personas, habiendo defraudado unos 100 millones de euros[2]. Otras plataformas también están siendo investigadas. Según fuentes policiales, todas estas ventas fraudulentas siguen un patrón similar: se anuncian activamente en internet animando a invertir en criptoactivos para obtener importantes rendimientos y ofrecen rentabilidades adicionales a los inversores que consigan que sus conocidos y familiares se unan. 

El rápido aumento de estos fraudes, que se extienden por otras jurisdicciones, está haciendo crecer la preocupación de los supervisores nacionales. Proliferan los avisos que recuerdan a los consumidores la necesidad de extremar las precauciones a la hora de invertir en plataformas destinadas a la compra y venta de criptoactivos. 

En cualquier caso, el crecimiento de estas estafas no hace sino aumentar la necesidad de establecer un marco normativo que regule la actividad de las plataformas de criptodivisas. En muchos casos, están en un limbo legal, lo que dificulta la labor de vigilancia y control y la protección de los consumidores.

Los préstamos entre particulares (peer-to-peer o P2P) continúan ganando popularidad en el continente europeo. Su crecimiento no solamente se refleja tanto en la oferta como en la demanda de este tipo de financiación. Cada vez más inversores particulares, en búsqueda de rentabilidades superiores a la del mercado, apuestan por invertir parte de sus ahorros en financiar estos préstamos.

Los datos más recientes muestran una tendencia alcista en la dimensión del mercado de préstamos P2P en Europa. Ha crecido a una tasa media anual del 42% en los últimos tres años. En la actualidad existen 54 plataformas que conceden un promedio de 379.000 euros mensuales en préstamos.[1] Se espera que el volumen agregado de este tipo de préstamos siga creciendo. De hecho, en 2021 se estima que la financiación total podrá superar los 6.000 millones de euros[2].

Una característica que distingue el mercado europeo de créditos entre particulares es su elevada concentración. Las primeras cinco plataformas europeas de P2P – Mintos, Credimi, Twino, Fellow Finance y October – tienen una cuota de mercado cercana al 70%.

En España destacan algunas como MytripleA o Housers, aunque su cuota de mercado a escala europea no supera el 1%.

El crecimiento en el crédito concedido viene acompañado de un mayor apetito de los particulares por invertir en financiar dichos préstamos. Un estudio reciente apunta que las solicitudes de búsqueda para invertir en préstamos P2P han aumentado un 83% en 2021 respecto a 2020 en la UE.[3] Las consultas para invertir en préstamos P2P comenzaron a crecer rápidamente en la segunda mitad de 2020, alcanzando un pico en enero de 2021.

Las altas rentabilidades –entre el 7 y el 11%–que ofrecen las plataformas, están atrayendo el interés de particulares en un entorno de tipos de interés oficiales ultra reducidos. Desde el sector P2P se argumenta que el mayor atractivo también sería indicativo de la creciente confianza que están ganando las plataformas entre el público general.

En cualquier caso, aunque los préstamos P2P generan externalidades positivas (por ejemplo, cubren necesidades de financiación de emprendedores y pequeñas empresas), también pueden incrementar el riesgo del conjunto del sistema financiero. En este sentido, es fundamental que las plataformas implementen políticas rigurosas para evaluar y monitorizar el riesgo de cada préstamo concedido. Como ya han advertido los reguladores, el crecimiento del mercado de préstamos P2P en Europa no debe ir acompañado de mayores riesgos para la estabilidad financiera, como sucedió en el caso de China.

El crecimiento de algunas de algunas empresas FinTech está haciendo que sean cada vez más las que optan por dar el salto para salir a bolsa, mediante una oferta pública de venta (OPV).

Esta tendencia se observa, principalmen-te, entre las FinTech más rentables, con una amplia base de clientes y con una expansión geográfica notable. Mientras que el período comprendido entre 2007 y 2013, solo se produjo la salida a bolsa de siete FinTech, entre 2014 y 2020, se han producido un total de 32 OPVs de este sector. De ellas, ocho durante 2020. Destacaron las de compañías como Lemonade, Root o Upstart^[1].

En lo que llevamos de 2021 se ha mantenido el ritmo, con la salida a bolsa de compañías importantes como Coinbase, Compass o Affirm. En el caso de Coinbase, la expectación fue muy grande al tratarse de la primera FinTech de la industria criptográfica, lo que le llevó a superar los 85.700 millones dólares de valoración en su primer día de cotización.

Por el momento, la mayoría de estas salidas a bolsa se ha concentrado en Estados Unidos. La más reciente es la de Flywire, una start-up española que se originó en Valencia y se ha asentado en Estados Unidos, cuyas operaciones consisten en simplificar y reducir los costes de los pagos internacionales de matrículas universitarias.

El pasado mes de mayo debutó con una valoración de 3.500 millones dólares. Destaca que, una parte significativa de estas IPOs, han tenido lugar en el Nasdaq, el principal mercado de valores tecnológico. Así ha ocurrido con compañías como Square, First Data, Fiserv o Coinbase.

Los analistas esperan que esta actividad continúe en lo que queda de año. De hecho, algunas estimaciones apuntan a que otras 15 FinTech pueden tomar este mismo camino[2]. Por el momento, la próxima gran salida anunciada será la de Marqeta. Esta FinTech de pagos, que ya ha presentado la documentación necesaria, espera hacer su debut antes de verano superando los 12.000 millones de dólares de valoración inicial[3].

Desde el sector FinTech se contemplan todas estas operaciones como el paso natural de estas compañías para seguir creciendo en la industria financiera. De hecho, los expertos apuntan a que la buena acogida que están recibiendo estas FinTech en los mercados de valores refleja el potencial y la buena salud que vive la industria tras las dudas que surgieron en relación a muchas de estas empresas durante la pandemia.

El desarrollo de la tecnología blockchain en el ámbito financiero abre la puerta a las finanzas descentralizadas (decentralized finance o DeFi). Este término hace referencia a una amplia variedad de aplicaciones financieras inspiradas en la tecnología de registro descentralizado (DLT, por sus siglas en inglés) que, entre otras cuestiones, propiciarían desintermediar, en mayor medida, la provisión de servicios financieros.

Las finanzas descentralizadas se configuran como un ecosistema abierto para construir herramientas y servicios financieros sin la participación de intermediarios en el proceso de venta o para realizar operaciones. Gracias al uso del blockchain es posible crear aplicaciones para realizar pagos, contratar préstamos o hipotecas o comprar y vender activos financieros de forma directa sin acudir a un banco, un proveedor de pagos o un broker.  Actualmente, cuando un cliente paga un café con su tarjeta de débito o crédito, una entidad financiera actúa como intermediaria entre el consumidor y el comerciante, teniendo el control sobre la transacción, conservando la autoridad para detenerla o pausarla y para registrarla. Con una aplicación de pagos DeFi se eliminaría dicho intermediario, pues son todos los usuarios que usan la aplicación los que implícitamente verificarían y registrarían dicho pago.

Así, los consumidores que utilizan una aplicación DeFi tienen una copia idéntica cifrada de todas y cada una de las transacciones que se producen.

Eso protege el sistema, al proporcionar a los usuarios una identidad única inmutable para cada operación.

Estas aplicaciones DeFi están ganando en popularidad como en los casos de MakerDAO, Aave, Synthetix o InstaDapp. Ya existen más de un millón de consumidores que son usuarios de estas aplicaciones DeFI. De hecho, se estima que el valor agregado de estos servicios es de 128.000 millones de dólares[1].

Los defensores de las finanzas descentralizadas señalan la existencia de diferentes ventajas en su uso: un acceso más democratizado a los productos financieros, una mayor eficiencia del mercado, un acceso más fácil a la liquidez, una mayor privacidad financiera y mayores incentivos a la innovación[1]. Sin embargo, también presenta riesgos. Además de los de naturaleza técnica (ataques informáticos o complejidad en la creación de protocolos criptográficos), se les unen los riesgos financieros, todos ellos derivados de una falta de protección a los usuarios, al no existir un intermediario que se responsabilice de las transacciones.

En cualquier caso, también plantean retos para el sector bancario y para los reguladores. Por una parte, las entidades financieras pueden ver como una sucesiva desintermediación de las finanzas puede amenazar su presencia en varios segmentos de negocio y reducir su rentabilidad. Por su parte, los reguladores deben establecer normas de forma acelerada para un negocio que parece expandirse a una velocidad muy considerable.

Durante los últimos meses el proyecto de criptomoneda de Facebook está siendo objeto de un importante cambio estratégico. Tras la incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto original denominado Libra, -puesto en cuestión por los principales reguladores internacionales- la compañía pretende relanzar sus planes con cambios significativos en lo que respecta a la dimensión del proyecto y sus usos potenciales.

Una de las primeras decisiones que ha abordado el consorcio de empresas, liderado por Facebook, detrás del proyecto de criptomoneda global, es cambiar su denominación. “Diem” será el nuevo nombre de esta moneda. Como explica el propio consorcio, esta decisión pretende manifestar un cambio de rumbo[1]. Entienden que, al cambiar el proyecto, a partir de las sugerencias de los reguladores, también debía hacerlo su denominación.

Asimismo, el proyecto Diem también ha anunciado que trasladará su centro de operaciones de Suiza a Estados Unidos[2]. Este cambio refleja un cambio estratégico, rebajando sus expectativas internacionales, para centrarse, al menos de forma inicial, en el mercado estadounidense.

Esto obligará a la compañía a entrar completamente en el perímetro regulatorio de Estados Unidos. En consecuencia, se ha anunciado que el consorcio ha retirado su solicitud para obtener una licencia de sistema de pago por parte de la Autoridad Suiza de Mercados Financieros (FINMA).

Según fuentes de Diem, el proyecto sigue comprometi-do con lanzar un sistema de pago que sea seguro para los consumidores y las empresas y que aproveche la tecnología blockchain. La idea es emitir una moneda digital estable (stablecoin)ligada al dólar americano. Para lograrlo, se ha anunciado un acuerdo con el banco norteamericano Silvergate. Esta entidad bancaria será emisora con carácter exclusivo de Diem y se encargará de gestionar las reservas de la moneda digital.

Por el momento, los esfuerzos más a corto plazo se concentran en lanzar una primera prueba piloto a finales de este año. Para ello han ideado un enfoque gradual[3]. La intención es introducir progresivamente diferentes funcionalidades (pagos, transferencias, …).

Sea como fuere, el reto al que se enfrenta Facebook está en el alcance que pueda tener su moneda, en la medida en que esto pueda suponer una amenaza para la soberanía del dólar. Sin embargo, es posible que gane un razonable nicho de mercado y que, si se consigue, pueda desarrollar estrategias similares en otros países.

Una de las principales externalidades negativas que presentan los criptoactivos es su elevada huella energética. El alto consumo de electricidad que supone el minado de las criptomonedas choca con la creciente preocupación social por la lucha contra el cambio climático.

La minería criptográfica es el proceso mediante el cual se crean y se contabilizan las operaciones realizadas con las criptomonedas. Estas transacciones se registran en una red descentralizada, donde los mineros (usuarios de la red) compiten para registrar el último bloque (hash) de transacciones resolviendo problemas de cálculo criptográfico. Para ello se utilizan dispositivos informáticos especializados de minería. Estos equipos, que son los más efectivos para resolver los problemas criptográficos y registrar los bloques, se caracterizan por un elevado consumo energético. Actualmente, el 75% del total del consumo de electricidad asociado a las criptomonedas tiene lugar en China[1], donde se concentran las mayores “granjas de mineros” de todo el mundo.

Según el Índice de consumo de electricidad de bitcoin de la Universidad de Cambridge[2], las operaciones de minería de bitcoin en todo el mundo consumen actualmente una tasa anualizada de 112 teravatios-hora (TWh).

En términos anuales, se trata del equivalente al consumo eléctrico nacional de Suecia. De hecho, una sola transacción de bitcóin emplea la misma cantidad de energía que consume mensualmente un hogar estadounidense promedio y tiene la misma huella de carbono que 1,3 millones de transacciones realizadas con una tarjeta de Visa o que 103.538 horas de visualización de YouTube.

Los defensores de las criptomonedas argumentan que cualquier coste medioambiental que conlleva la minería vale la pena por los impactos más amplios que podría tener en la sociedad (como inclusión financiera, descentralización o privacidad)[3]. Sin embargo, crece la preocupación social por el coste medioambiental incurrido. Tesla, en la figura de su fundador Elon Musk, ha anunciado que dejara de admitir bitcoines como medio de pago debido a su impacto medioambiental[4]. Además, los creadores de ethereum, la segunda criptomoneda por capitalización, han prometido cambiar su algoritmo de computación para hacer que su minería sea más respetuosa con el medio ambiente.

En definitiva, a los retos en términos de riesgo y volatilidad a los que se enfrentan los criptoactivos, se le une también su impacto medioambiental. La mayor preocupación de la población, en especial de los jóvenes, por el medio ambiente podría terminar frenando el auge de los criptoactivos.

El entorno competitivo en el sector bancario está cambiando de forma acelerada. En su informe anual[1], el Banco de España ha destacado que la prestación de servicios financieros por parte de grandes tecnológicas está generando retos de calado para las entidades financieras de nuestro país.

Como señala el supervisor, la  competencia de las BigTech ejerce una presión adicional a la baja sobre la rentabilidad del sector, que se ha visto debilitada por el impacto de la pandemia y por la prolongada convivencia con tipos de interés reducidos y negativos. Según se reconoce en el informe, las compañías tecnológicas disponen de un volumen ingente de información sobre sus clientes y la utilizan de manera eficiente para satisfacer sus necesidades. De este modo, en aquellos sectores en los que las grandes tecnológicas han entrado en los últimos años (ventas online, computación en la nube), éstas han asumido los segmentos más rentables del negocio (control de la información, ventas de datos a terceros,…) desplazando, en muchos casos, a los operadores tradicionales o reduciendo significativamente su ámbito de negocio. En el sector bancario español la expectativa es que, tras los pagos, las BigTech irrumpirán en el segmento del crédito al consumo, a ser uno de los más rentables.

Aunque por el momento la actividad bancaria de estas grandes compañías en España es reducida, su elevada presencia en otras jurisdicciones de nuestro entorno hace que su amenaza competitiva se considere cercana.

Entre 2013 y 2019, las BigTechs han concedido cerca de 1,3 billones de dólares en créditos en todo el mundo[2]. Su presencia en este segmento ya es muy relevante en países europeos como Reino Unido o Francia. En España, el primer paso lo ha dado Amazon, que ya cuenta con alianzas con el grupo Cofidis y con Fintonic para permitir a los usuarios aplazar el pago de sus compras.

Ante el reto que impone la nueva competencia de las empresas tecnológicas en el sector bancario, el Banco de España plantea un conjunto de prioridades. En particular, destaca que resulta fundamental que las entidades financieras sigan profundizando en la mejora de su eficiencia, en la reducción de costes y en un uso más intensivo de las nuevas tecnologías.

Para lograr estos objetivos, el informe apunta a que se requieren importantes inversiones en digitalización, así como la incorporación de tecnologías avanzadas de tratamiento de la información que permitan cambiar el modelo de negocio controlando, al mismo tiempo, el perfil de riesgos.

En cualquier caso, como también señala el documento del Banco de España, resulta complejo anticipar el comportamiento de los nuevos entrantes. Es posible que se centren solo en ciertos segmentos del negocio financiero —como los servicios de pagos del crédito al consumo— sin entrar en otros como los depósitos, seguramente por la mayor regulación que ese segmento de negocio conlleva. En este contexto, resulta clave que exista una normativa financiera que se aplique de forma homogénea a los competidores, regulando funciones más que instituciones.

La Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) ha dado luz verde en España a que los fondos de inversión y las SICAV puedan invertir en criptomonedas. Esta decisión  supone un cambio de posicionamiento del supervisor. Con la autorización se permite que las carteras de las instituciones de inversión colectiva españolas puedan estar expuestas a activos digitales que, en general, son considerados muy volátiles y de considerable riesgo.

La autorización no se ha producido con una normativa específica. En una actualización de un documento de preguntas y respuestas sobre la normativa de instituciones de inversión colectiva publicado el 7 de mayo, la CNMV reconoce que los fondos de inversión pueden tener exposición a criptomonedas y crear instrumentos financieros aparejados a ellas[1]. El documento establece una serie de condiciones que deben cumplirse para que dicha inversión sea aceptada.

La CNMV advierte las inversiones en criptoactivos serán aceptadas siempre que los instrumentos creados dispongan de negociación diaria, en la que el precio de mercado se determine a partir de operaciones de compraventa realizadas por terceros. Se busca con ello que los fondos solo inviertan  directamente en criptoactivos que coticen en un mercado con cierto volumen de actividad y transparencia.

Esta condición permite de facto que los fondos puedan invertir en las principales criptomonedas como son Bitcoin, Ether, Tether o Cardano. La CNMV prohíbe a los fondos invertir en criptoactivos que incluyan un derivado implícito o en derivados cuyo subyacente sean criptomonedas.

Asimismo, se considera la posibilidad de una exposición indirecta a través de inversiones en empresas o fondos que tengan, a su vez, inversiones en criptomonedas. Esto permite a los fondos españoles invertir en empresas como Coinbase, Galaxy Digital Holdings o Square.

En cualquier caso, dada la volatilidad de estos instrumentos y su riesgo, la CNMV impone requisitos de transparencia y publicidad exigentes a los fondos que apuesten por este tipo de inversiones. Tanto el folleto inversor como el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) deberán incluir una mención expresa sobre lo que implica la exposición a criptodivisas en términos de riesgo, incluidos relativos a formación de precios y liquidez.

La autorización de la CNMV supone un paso más hacia la institucionalización en nuestro país de las criptoactivos como un instrumento financiero, al tiempo que se identifica oficialmente como una inversión de elevado riesgo.

En el país donde más rápido se ha desarrollado el sector FinTech, China, los reguladores empiezan a percibir los riesgos de un crecimiento desmesurado de esta industria. La proliferación de la economía de plataformas y del crédito FinTech están motivando que las autoridades del país asiático hayan decidido implementar medidas destinadas a evitar riesgo para la estabilidad financiera.

Los principales supervisores chinos, entre ellos el Banco Central y el del mercado de valores, han transmitido a las principales plataformas digitales del sector FinTech su firme intención de controlar más estrictamente su actividad[1]. En este sentido, el presidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC, por sus siglas en inglés) ha señalado que las FinTech y las demás plataformas de préstamos online tienen que empezar a cumplir con requisitos de capital porque su actividad crediticia es cada vez más importante. Se quiere evitar, asimismo, que tengan un trato favorable respeto a otras entidades financieras como los bancos.

En una reciente reunión mantenida entre los reguladores y 13 plataformas digitales[2], también se les ha conminado a eliminar los vínculos entre sus herramientas de pago y otros productos financieros, a abandonar muchas prácticas anticompetitivas de control de mercado y a prevenir riesgos tecnológicos como ciberataques.

Los reguladores han pedido también a estas empresas que sean proactivas en la implantación de buenas prácticas en materia de gobierno corporativo.

Estas medidas pueden frenar en el corto plazo el ritmo de crecimiento que venía registrando el sector FinTech chino. El volumen de inversiones de estas empresas desde 2017 supera los 40.000 millones de dólares[3]. En todo caso, los expertos también advierten que un ritmo de crecimiento más sostenible debería ser positivo para el desarrollo a largo plazo de estas plataformas[4]. Además, una mayor regulación también puede llevar a las FinTech a moderar su apetito por el riesgo, lo que podría equilibrar su riesgo de crédito y evitar algunos episodios de riesgo sistémico, como los ocurridos en los últimos años con las plataformas de préstamo entre particulares (P2P).

La experiencia china revela el papel que debe jugar la supervisión y regulación en el sector FinTech. Refleja la necesidad de equilibrar los efectos positivos de la innovación financiera con el riesgo asociado al crecimiento de esta tipología de finanzas digital que, hasta ahora, había afrontado pocas o nulas exigencias normativos.

En el mercado de los criptoactivos empieza a sobresalir una moneda distinta a bitcóin. Se trata de ether, que emplea la red de blockchain Ethereum. Durante el 2021 es la moneda que más se ha revalorizado. Su crecimiento parece residir más en la diversidad de usos de su tecnología blockchain, más que en los intereses especulativos que afectan a otros criptoactivos.

En lo que ha transcurrido de 2021, ether ha pasado de tener un valor de 735 dólares a sobrepasar el umbral de los 4.000 dólares. Esta evolución supone una capitalización equivalente para la plataforma de 450.000 millones de dólares[1], lo que le haría superar el valor de actual de mercado de grandes empresas como The Walt Disney Company o Bank of America[2]. Entre los criptoactivos, ether solo es superada por bitcóin. Ya representa el 17 % del total del mercado de los criptoactivos.

El alza de Ethereum se debe a múltiples factores. Por un lado, destaca el potencial intrínseco que tiene su propia tecnología de blockchain. Ethereum usa una cadena de bloques diferente a la de bitcóin que destaca por su flexibilidad.

Los hash (vínculos) que unen la cadena de bloques Ethereum no son estáticos. Esta característica facilita que los hash puedan emplearse para desarrollar aplicaciones con múltiples funcionalidades. A ello se une que no hay límite en el contenido que se puede crear en la cadena de bloques.

A diferencia de bitcóin, que aspira a ser un medio de intercambio y un depósito de valor, Ethereum fue concebida como una plataforma para facilitar la creación de smart contracts (contratos inteligentes) y de aplicaciones programables.

Además, parte de su meteórico crecimiento se debe al éxito de la emisión digital realizada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI, por sus siglas en inglés) empleando la red de Ethereum. En concreto, el BEI ha emitido un bono digital a dos años de 121 millones de dólares[3]. Esta noticia ha puesto de manifiesto el potencial de Ethereum, lo que ha captado aún más la atención de los inversores.

También destaca el reciente lanzamiento de un contrato de futuros en ether en la bolsa de Chicago (CME Ether Futures) que ha venido a alentar el interés inversor de numerosos inversores institucionales. Gracias a este derivado financiero, se puede invertir en esta moneda con menor volatilidad y con mayor seguridad regulatoria en materia de protección de inversiones o custodia de valores.

Aunque en el mundo de los criptoactivos la incertidumbre y la volatilidad suelen ser la pauta, algunos analistas -como los del banco americano JP Morgan- señalan que la tendencia alcista de ether continuará. De hecho, apuntan a que en el largo plazo Ethereum superará al bitócin porque su uso es más amplio[4].

Un área en crecimiento dentro del sector FinTech es el de las finanzas verdes (green finance). La mayor preocupación de las instituciones públicas y los consumidores por los principios de sostenibilidad ambiental estaría siendo aprovechada por algunas de estas empresas financieras de base tecnológica para ofrecer soluciones con ese propósito.

Las finanzas sostenibles muestran una tendencia alcista en los últimos años. En 2020, la emisión de bonos sostenibles registró una cifra récord de 128.000 millones de dólares, el triple que en 2019[1]. En este contexto, el sector FinTech empieza a comprender la oportunidad y la relevancia de aunar digitalización y compromiso ambiental. Por un lado, la transformación tecnológica del sector financiero debe ser responsable con el medio ambiente. Por otra parte, el fenómeno FinTech puede servir para canalizar inversiones hacia proyectos comprometidos con la sostenibilidad.

Esta “revolución verde” de las FinTech está cristalizando en proyectos globales como la Alianza de Finanzas Digitales Verdes (Green Digital Finance Alliance)[2]. Se trata de un acuerdo de cooperación suscrito entre entre Ant Financial, la FinTech más importante a escala global, y la ONU.

Con este acuerdo se busca alinear los negocios impulsados ​​por las FinTech con el desarrollo sostenible, al tiempo que los consumidores de servicios financieros perciben una mayor concienciación y la incorporan a sus propios hábitos. A este tipo de proyectos globales, se une también el nacimiento de FinTech verdes. Se trata de empresas que basan su modelo de negocio en ofrecer productos y servicios financieros que apoyan sociedades sostenibles. Un ejemplo es Moneybox, que ayuda a sus clientes a ser ecológicos, dándoles la opción de crear una cartera de inversión más respetuosa con el medio ambiente[3].

Otro caso es PensionBee, una Fintech que ofrece la posibilidad de ahorrar para la jubilación invirtiendo en proyectos respetuosos con el medio ambiente. En noviembre de 2020, lanzó un nuevo producto, la pensión libre de combustibles fósiles. Su objetivo era constituir un fondo de 100 millones de libras que excluye de sus inversiones a las empresas que dependen o fomentan la explotación de petróleo, gas y carbón. El lanzamiento fue un éxito, consiguiendo alcanzar todo el capital para cubrir el fondo en tan sólo 34 días.

Los analistas coinciden en que la demanda de soluciones FinTech sostenibles o ecológicas irá al alza en el futuro próximo. Los consumidores demandan cada vez más productos como alimentos orgánicos, ropa ecológica o energías limpias. Hacerles conscientes de que su ahorro e inversiones son también parte de ese proceso parece un paso natural.

En el actual contexto competitivo bancario, caracterizado por la concurrencia de nuevos actores del sector tecnológico, resulta clave ofrecer productos a medida de las expectativas de los clientes. La pandemia ha puesto de manifiesto que las preferencias de los consumidores por canales de negocio o medios de pago pueden cambiar con celeridad, obligando a los proveedores de servicios financieros a adaptar sus productos y servicios en un corto espacio de tiempo.

Un reciente estudio muestra que todavía existe una cierta desconexión entre lo que los clientes quieren y las prioridades de los bancos[1]. Se basa en una encuesta realizada a clientes y directivos de entidades bancarias. El informe revela que existe una cierta divergencia entre las prioridades de los bancos y las expectativas de sus clientes. La mayor brecha se observa en tres ámbitos: la responsabilidad social, el coste de los productos/servicios y la atención al cliente.

La principal discordancia se observa en la importancia que tiene la responsabilidad social. El 65% de los clientes encuestados priorizan cuestiones como la transparencia, la ética y el compromiso social, mientras que solo el 25% de los directivos consideran esas cuestiones como prioritarias.

Los clientes, en particular los más jóvenes, esperan que su entidad financiera esté comprometida con la sostenibilidad ambiental. En Estados Unidos, por ejemplo, el 62% de los consumidores preferiría tener una tarjeta de crédito con una entidad con compromisos ambientales[2].

El estudio muestra la existencia de un mayor grado de coincidencia entre prioridades y expectativas en lo que respecta a soluciones multicanal y digitales.  Clientes y directivos coinciden en lo relevante que resulta digitalizar la oferta de productos y servicios financieros.

Cada vez son más las preferencias de los clientes las que orientan las innovaciones. Suelen demandar aplicaciones que les permitan realizar pagos entre particulares (P2P payments), opciones de asesoramiento automático y servicios financieros integrados (embedded finance) en una misma plataforma. Los consumidores están adquiriendo esta experiencia digital por su interacción con proveedores no financieros y ahora la demandan para sus servicios bancarios. En este sentido, no es sorprendente que cada vez haya más acuerdos de colaboración entre bancos y FinTech o BigTech. Este cambio tan acelerado de expectativas también supone un reto para los reguladores y supervisores. Se han realizado muchos esfuerzos en materia de protección del consumidor respecto a productos y servicios tradicionales que ahora hay que compatibilizar con canales y servicios más digitalizados en los que aspectos como la utilización consciente de las herramientas de gestión de finanzas personales o la privacidad pueden ser más delicados.

Las ventajas de utilizar nuevas tecnologías se traducen en ahorros significativos de costes para aquellas entidades que las incorporan. Asimismo, cada vez se hace más patente que pueden proporcionar ventajas muy importantes en la gestión del riesgo de crédito.

Un reciente estudio del Banco de España ha examinado el impacto que puede tener la implementación de algoritmos avanzados de machine learning en la gestión del riesgo de crédito[1]. Por una parte, el análisis revela que este tipo de técnicas algorítmicas ofrecen mejores predicciones sobre el riesgo de que un préstamo sea impagado.

Además, los autores del estudio concluyen que, a diferencia de los modelos estadísticos más tradicionales, el rendimiento de los de machine learning aumenta significativamente a medida que se dispone de un mayor volumen de información. Pero las ventajas de estos modelos no sólo residen en la predicción, sino que su uso también se traduce en un importante ahorro en las labores de evaluación de perfiles de riesgo y en los recursos propios que deben destinarse a cubrir una potencial morosidad.

El estudio estima que el ahorro en términos de capital regulatorio al usar modelos de machine learning para calcular los activos ponderados por riesgo puede oscilar entre un 12,4 % y un 17 %. Teniendo en cuenta el nivel de capital actual de los bancos españoles, ello se traduce en un ahorro de hasta 34.000 millones de euros [2].

En la actualidad, la adopción del big data para la gestión del riesgo de crédito es incipiente. Sólo el 35 % de las entidades financieras europeas ya usan estos modelos con este objetivo [3]. Sin embargo, un 17 % ya están en fase de diseño y un 20 % están considerando su uso.

En cualquier caso, como se recoge en el estudio, la adopción de estos modelos de machine learning supone un reto para el supervisor. En particular, se deberán realizar esfuerzos significativos para evaluar estos modelos y asegurar la consistencia, transparencia y comparabilidad de las estimaciones. En este sentido, las autoridades financieras, como el Comité de Supervisión de Basilea, están trabajando en el análisis de los retos que pueden surgir con su uso. Para ello, se considera clave establecer un marco común que prevea la utilización adecuada de esta tecnología en la prestación de servicios financieros.

El proyecto del euro digital sigue dando pasos en el seno del BCE. En la configuración de esta posible moneda comunitaria, y con el objeto de que el diseño sea efectivo en términos de aceptación y cumpla con lo que demanda la sociedad, el BCE sigue recabando opiniones de los distintos actores implicados (ciudadanos, empresas, entidades bancarias, empresas de pagos y tecnológicas).

En abril de 2021, el BCE ha publicado un análisis exhaustivo de los resultados de la consulta pública sobre un euro digital que finalizó en enero de 2021[1]. El objetivo de dicha consulta, que ha batido el récord de respuestas, era conocer cuáles debían ser las necesidades que tiene satisfacer una moneda digital. Según Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, es clave estar al corriente de esas inquietudes antes de proceder al diseño de una moneda, pues un euro digital sólo podrá tener éxito si satisface las preferencias de sus usuarios[2].

El estudio revela las respuestas de más de 8.200 usuarios. Una gran mayoría proceden de ciudadanos particulares (94 %), mientras que el resto corresponden a bancos, proveedores de servicios de pago, comerciantes y empresas tecnológicas.

El informe recoge que la principal preocupación que debe resolver un euro digital debe ser la privacidad (para el 43 % de los encuestados), seguido de la seguridad (18 %) y de la capacidad de pago en toda la zona del euro (11 %). La privacidad es la característica más importante tanto para los ciudadanos como para los profesionales.

Asimismo, sólo una de cada diez encuestados está a favor de una moneda que proteja el anonimato. Tanto ciudadanos como empresas expresaron su preferencia por una moneda que incorpore mecanismos para evitar actividades ilícitas.

Además, para que el proyecto tenga éxito, se revela crucial el papel de entidades financieras y proveedores de pagos. Más de dos tercios de los encuestados reconocen la importancia de que los bancos ofrezcan servicios innovadores que permitan el acceso a un euro digital. Además, indican que esta moneda tendría que integrarse en los sistemas bancarios y de pago existentes. También se recoge como opinión predominante que un euro digital debería hacer que los pagos transfronterizos fueran más rápidos y económicos. Se aboga porque pueda usarse fuera de la zona del euro, aunque con límites en los importes y actividades.

En general, la consulta pública muestra que la mayoría de los europeos encuestados están dispuestos a apoyar un euro digital, teniendo en cuenta el compromiso del Eurosistema con esta iniciativa no eliminaría el uso de efectivo ni de otros medios de pago, sino que vendría a complementarlo.

Aunque las conclusiones del estudio son valiosas para el BCE, no compromete al Eurosistema en el diseño final de la moneda. En cualquier caso, sí parece sentar las bases de por dónde debe seguir trabajando el BCE para que el proyecto pueda convertirse en realidad en un futuro próximo.

En el actual contexto competitivo, uno de los principales activos con los que cuenta la industria bancaria son las relaciones establecidas con sus clientes. A diferencia de los nuevos competidores nativos digitales (FinTechs y BigTechs), los bancos convencionales han contado con relaciones de largo plazo y, en muchos casos, de proximidad. El reto actual de las entidades financieras es digitalizarse al tiempo que preservar ese componente relacional con consumidores y empresas.

La pandemia ha acelerado la sustitución de canales físicos por operaciones bancarias en línea. En España, la mitad de las entidades financieras tienen más del 60% de sus clientes digitalizados[1]. Esto puede traducirse en que muchas entidades bancarias pierdan parte de sus ventajas de relación más personalizada con la clientela.

Los expertos coinciden en la necesidad de que los bancos encuentren formas digitales de generar confianza y demostrar que comprenden las necesidades de sus clientes[2]. En este sentido, deben buscar un equilibrio entre dos objetivos: volverse más empáticos y volverse más digitales. En este reto, la tecnología puede ser la principal aliada.

Aunque la interacción sea online, opciones como el reconocimiento facial, el análisis de voz y el análisis de texto, junto con una gran cantidad de datos de búsqueda, pueden proporcionar una visión matizada y a medida de las preocupaciones e intereses de los clientes. Ese conocimiento puede ser la base para actuar de manera empática a través del canal online.

Algunos bancos ya están dando pasos en este sentido. Por ejemplo, durante los incendios forestales de Australia en 2020, el Commonwealth Bank fue proactivo, informando a sus clientes de las ayudas estatales a las que tenían derecho.

En cualquier caso, el proceso de digitalización no debe conducir a la desaparición del canal físico. Aunque la conexión digital pueda prevalecer, cuando un cliente elige interactuar cara a cara, el banco tiene que aprovechar esa oportunidad para para mostrar comprensión. Para lograrlo, un 97% de los bancos consideran la necesidad de rediseñar las actuales sucursales bancarias.[3]

Como reiteran los expertos, aquellos bancos empáticos y capaces de ayudar de manera proactiva a sus clientes tendrán una ventaja comercial frente a sus competidores. Es una forma de redefinir la tradicional ventaja relacional de la banca para crear canales online relacionales que cumplan esa misión tan propia de los servicios financieros actuales que es conocer al cliente (Know-your-customer o KYC).

Aunque bitcóin nació con la vocación de convertirse en un medio de pago, existe un cierto consenso en que su principal uso está siendo como medio para acumulación de valor y fuertemente especulativo. Así lo refleja su elevada volatilidad. En todo caso, que las compañías más relevantes a escala mundial estén progresivamente anunciando que permitirán pagos con esta moneda, puede suponer un punto de inflexión en esta concepción.

El creciente interés mediático de consumidores e inversores en las criptomonedas, especialmente en bitcóin, está implicando que muchas empresas estén planteando un escenario en el que pueda ser usada como medio de pago de forma amplia. En los últimos meses, PayPal, Mastercard o Visa han anunciado que permitirán pagos con bitcóin[1]. Por ejemplo, PayPal ha comunicado que la función de criptopago estará configurada para aparecer automáticamente en el monedero digital cada usuario. Esto no es un anuncio trivial, teniendo en cuenta que PayPal tiene 377 millones de usuarios en todo el mundo.

La adopción de bitcóin como medio de pago puede depender de que la moneda sea accesible para un porcentaje alto de consumidores. En cualquier caso, su utilización como medio de pago también dependerá del grado en que sea aceptada por los comerciantes.

También en este aspecto se han producido anuncios relevantes. Tesla ya ha informado de que se podrán comprar sus automóviles con bitcoin[2]. Otras compañías de sectores variados como viajes (Travala), automoción (Karma), videojuegos (Xbox) o arte (Singulart) también han comenzado a aceptarlo para sus pagos[3].

El uso de bitcóin podría extenderse, incluso, al pago de los salarios. Algunas compañías ligadas al sector de los criptoactivos, empiezan a ofrecer la posibilidad a sus empleados de recibir su sueldo en bitcóin. También otras empresas empiezan a subirse al carro de los criptosalarios. Por ejemplo, el CEO del equipo de baloncesto de los Sacramento Kings en Estado Unidos ha anunciado que pagará en bitcóin parte del salario de los trabajadores de su franquicia. Todas estas noticias son pasos hacia la normalización en el uso de las criptomonedas. En todo caso, sigue siendo importante establecer precauciones. Los vaivenes en su precio ante cualquier acontecimiento -como ha ocurrido recientemente con la salida a bolsa de Coinbase- disuaden a consumidores y a empresas a pagar/aceptar la moneda como una opción de pago oficial. Debido a su elevada volatilidad, aceptar un pago en bitcóin supone, hoy en día, asumir un importante riesgo y así lo siguen advirtiendo la mayor parte de reguladores y supervisores financieros.

El progreso del mundo FinTech ofrece oportunidades de acceso a servicios financieros que tienen el potencial de impulsar la inclusión de colectivos desfavorecidos y cerrar la brecha de género en el acceso a este tipo de servicios. Sin embargo, un reciente estudio[1] realizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) ha revelado que existen desigualdades de género en el uso de los servicios FinTech.

El estudio realizado con una muestra de más de 27.000 adultos de 28 países muestra que mientras el 29 % de los hombres usa productos y servicios FinTech, solo el 21 % de las mujeres lo hacen. Además, se observa que los hombres usan las FinTech para una gama más amplia de servicios que las mujeres. Los resultados también revelan que la brecha está presente en 26 de los 28 países examinados. Las menores diferencias se observan en España y Corea del Sur, mientras que alcanzan sus mayores registros en Argentina y Suiza. La desigualdad se observa en las principales categorías de servicios (pagos, inversiones, préstamos o planificación financiera).

Aunque el estudio no aborda todas las posibles causas de estas desigualdades, sí que revela distintas actitudes de hombres y mujeres hacia la seguridad, la privacidad y la tecnología.

Se observa que las mujeres están más preocupadas por la privacidad de los datos, estando, en general, menos dispuestas a compartirlos con las FinTech. Los resultados además sugieren que los hombres son más sensibles a los precios de los servicios financieros.

La existencia de condicionantes sociales desfavorables para las mujeres en el acceso a la tecnología y a los servicios financieros, pueden explicar parte de la desigual percepción de las bondades de la tecnología financiera. El estudio concluye que si las mujeres parecen tener más motivos para preocuparse por las consecuencias de una filtración de datos personales, puede ser más racional evitar estos servicios, incluso si se ofrecen a un precio atractivo.

En este sentido, la investigación concluye que para que el acceso a productos FinTech sea más igualitario, será preciso lograr una mejor percepción de los mismos en términos de seguridad y privacidad.

La reciente salida a Bolsa de Coinbase, la principal plataforma de intercambio de criptoactivos, ha supuesto un hito en la industria financiera. La cotización por primera vez de una gran empresa de criptografía, muestra el auge que tienen los activos digitales. Además, su cotización en el Nasdaq puede tener implicaciones de gran calado para el futuro de las criptomonedas y su aceptación en entornos institucionales amplios.

Coinbase, creada en 2012, se ha convertido en la plataforma de referencia en la que millones de usuarios compran y venden una amplia variedad de criptomonedas. Actualmente, la compañía tiene 56 millones de usuarios y el valor de los activos negociados en la plataforma ha alcanzado los 335.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2021[1]. Este intenso volumen de actividad ha llevado sus beneficios a los 730 millones de dólares. La empresa prevé seguir creciendo en 2021. Según sus previsiones, el número de usuarios activos mensuales podría incrementarse cerca de un 15´%. Con la salida a Bolsa, la empresa busca traducir en una mayor capitalización el creciente interés por su plataforma.

Después de algún retraso (su estreno bursátil se esperaba para marzo) Coinbase cotiza desde el 14 de abril en el principal mercado de valores tecnológico, el NASDAQ.

Para abordar esta salida, la empresa no ha emitido nuevas acciones a través de una oferta pública inicial (IPO por sus siglas en inglés), sino que ha vendido 114,9 millones de acciones directamente al público mediante el procedimiento de cotización directa. La operación fue un éxito, alcanzando en su primer día una valoración de 85.700 millones de dólares[2]. Una capitalización inicial no muy alejada de la que protagonizó Facebook en su salida a bolsa de 2012.

Aunque este movimiento es un hito en la historia de la empresa, puede suponerlo aún más en el conjunto de la industria criptográfica. Algunos expertos apuntan a que la salida a bolsa de la primera plataforma de criptoactivos supone una legitimación de facto de los activos digitales en los mercados financieros. Significa, en parte, el reconocimiento al papel de las plataformas de trading de criptomonedas y su relevancia en el sistema financiero actual.[3].

En la medida en que los activos digitales continúan obteniendo el respaldo de inversores institucionales, bancos y empresas, la cotización de Coinbase es un paso añadido en ese cambio “cultural”. Aun reconociéndose la elevada volatilidad de las monedas digitales, y que no son adecuadas para todos los inversores, se reducen algunas de las connotaciones más negativas en torno a su valor y futuro. En cualquier caso, aún habrá que esperar un tiempo para ver si Coinbase se ve sometida a los mismos problemas de confianza y volatilidad que se han observado en el pasado para monedas como bitcóin.

La gestión eficiente de los datos de los clientes es, probablemente, la clave competitiva más relevante en el mercado bancario actual.  No basta con incorporar tecnologías como big data, machine learning o inteligencia artificial. También es clave garantizar el tratamiento, la privacidad y la seguridad de los datos. En este contexto, las reiteradas brechas de seguridad de algunas de las principales BigTech pueden suponer una “desventaja competitiva” para entrar a competir en el sector bancario.

La reciente filtración por parte de Facebook de los datos personales de 533 millones de usuarios de 106 países, incluidos más de 10 millones de España[1], vuelve a poner en el ojo del huracán los protocolos, mecanismos y políticas de protección de datos de las BigTech.

Los problemas de seguridad no son nuevos. En enero de 2021, Amazon informó que se habían filtrado datos de más de 100 millones de titulares de tarjetas de débito y crédito por un problema de seguridad de la empresa que procesa sus pagos, Juspay[2]. Otras como Google y Apple también han experimentado en los últimos años problemas similares.

En la medida en la que estas grandes tecnológicas empiezan a gestionar cada vez más datos financieros de sus clientes, surge la preocupación adicional que estas vulnerabilidades vayan más allá de la privacidad y tengan repercusiones negativas en términos de estabilidad financiera.

En cualquier caso, los problemas de seguridad de las BigTech se están traduciendo en una pérdida de credibilidad de los usuarios sobre la forma en la que éstas gestionan sus datos. En Estados Unidos, un estudio reciente ha revelado que el 86 % de los usuarios están muy preocupados por cómo Facebook y Google usan su información[3]. De hecho, se constata que, en los últimos años, la preocupación de los consumidores por la privacidad y la seguridad de los datos va en aumento.

Como señalan algunos analistas, esta pérdida de confianza en la gestión de los datos de las BigTech comienza a revelarse como uno de los principales obstáculos de estas compañías para convencer a sus clientes para que contraten productos financieros más complejos.

Por su parte, para el sector bancario tradicional, que destaca como el sector de actividad que más invierte en seguridad, las filtraciones de datos de las BigTech suponen una oportunidad para ganar tiempo y recuperar parte del terreno perdido en otros aspectos de la digitalización como la computación en la nube o la inteligencia artificial.

Al reciente auge de criptomonedas, monedas digitales de bancos centrales (CBDCs) y otros criptoactivos se unen ahora los token no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés). Así, en un contexto donde todo parece ser “tokenizable”, estos nuevos activos digitales comienzan a captar el interés de los inversores.

En un sentido amplio, los token digitales pueden considerarse certificados de propiedad de activos virtuales o físicos. Dentro de estos, los NFTs surgen como un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. La diferencia con otros activos digitales, como pueden ser las criptomonedas, reside en que dichos NFTs no son fungibles. Estos token, por tanto, se caracterizan porque tienen propiedades únicas, por lo que no se pueden intercambiar. En la práctica, son activos individuales, indivisibles e insustituibles, que se generan digitalmente y identifican inequívocamente su propiedad.

Por el momento, la mayor difusión de estos token digitales se ha producido en el mundo del arte. El pasado mes de marzo la música y creadora Grimes[1] vendió varias composiciones – imágenes, clips de películas, animaciones e incluso poemas – por 6 millones de dólares como NFT. El récord lo ha alcanzado la subasta de arte digital realizada por la casa de subastas Christie’s, que se elevó a los 69 millones de dólares.

En todo caso, el fenómeno empieza a exceder lo puramente artístico. Recientemente, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, subastó como NFT el primer Tweet de la red social. El valor de este token alcanzó los 2,9 millones de dólares en una subasta pública[2].

Los NFT comienzan a usarse también como activos de garantía o colateral en la concesión de préstamos. Actualmente ya hay marketplaces como NFTfi que permiten a sus usuarios depositar sus NFT como garantía para obtener un préstamo denominado en alguna criptomoneda.

El boom de estos activos digitales ha provocado que en el último mes se hayan vendido NFTs por valor de 209 millones de dólares[3]. En todo caso, no están exentos de polémica entre los analistas. Algunos consideran que los NFTs rastrean la propiedad y garantizan la autenticidad del arte, al tiempo que permiten a los creadores monetizar sus obras digitales. Otros consideran que dichos token son una burbuja dentro de otra burbuja, la de los criptoactivos[4]. En cualquier caso, los expertos coinciden en que parte del boom de estos nuevos token digitales se explica por la expectativa de que los activos que los respaldan representan el futuro de una economía más intangible. A ello se une la búsqueda de potenciales ganancias ligadas a estos activos digitales en un entorno de bajas rentabilidades.

A medida que el comercio electrónico trata de diversificar los canales y servicios ofrecidos, son cada vez más las empresas de este segmento que se plantean la incursión en el sector financiero. Para muchas empresas se trataría de una respuesta natural a la evolución de su negocio y la necesidad, entre otras, de financiar compras u ofrecer servicios de pago alternativos.

La primera gran empresa del sector “retail” que abordó un intenso proceso de digitalización para acabar convirtiéndose en una BigTech con servicios financieros fue Amazon. Ahora, otra gran cadena de grandes almacenes norteamericana, Walmart, acaba de anunciar que está preparando un proyecto para abordar un proceso de restructuración que le permita ofrecer soluciones financieras innovadoras y asequibles[1]. Es un paso entrar a competir en el sector financiero-tecnológico. Para llevar a cabo dicha incursión, la compañía ha anunciado un acuerdo con Ribbit Capital. Esta empresa cuenta con experiencia dilatada en el sector FinTech.

Desde Walmart se incide en que esta transforma-ción no es más que un paso natural. En recientes declaraciones, su CEO ha señalado que “durante años, millones de clientes han depositado su confianza en Walmart, no solo para ahorrarles dinero cuando compran, sino también para ayudarlos a administrar sus necesidades financieras.

Estos clientes han dejado claro que quieren más de Walmart en el ámbito de los servicios financieros”[2]. Para abordar este salto, la compañía cuenta con el respaldo de una de las bases de clientes más grandes del mundo. El objetivo es que estos consumidores confíen también en la oferta financiera que pueda hacerle la compañía.

Aunque todavía no hay información concreta acerca de la forma en que Walmart abordará el proceso, algunas fuentes apuntan al lanzamiento de una “super app”[3]. De este modo, seguirían el modelo de negocio tecnológico de algunas BigTech chinas como Ant o Tencent. El objetivo de esta super app sería integrar la oferta comercial de Walmart con los nuevos productos financieros que crearía la compañía, así como información, noticias o mensajería.

El movimiento estratégico de Walmart no es baladí, porque se trata de la principal cadena de almacenes de los Estados Unidos. Como señalan algunos analistas, en la medida en la que la transición sea exitosa, podría abrirse la puerta a que otras grandes cadenas puedan recorrer el mismo camino, lo que sin duda vendría a intensificar aún más la competencia entre FinTech y banca.

La creciente concienciación social por promover la sostenibilidad, la eficiencia energética y la protección del medio ambiente está alentando el crecimiento de una nueva modalidad de crédito, la financiación ecológica. Principalmente, a través de las hipotecas verdes.

Con una hipoteca verde, un banco o prestamista hipotecario ofrece al comprador de una casa unas condiciones preferenciales si puede demostrar que la propiedad para la que está pidiendo la hipoteca cumple con ciertos estándares ambientales. A diferencia de los contratos tradicionales, el objeto de una hipoteca verde tiene que ser específicamente un bien inmueble ecológico. En todo caso, no solo se financia la adquisición de una vivienda con una alta certificación energética de partida, sino que también es posible acceder a este tipo de préstamos para rehabilitar o reformar un inmueble que mejore un 30% su eficiencia energética.  Para los clientes bancarios el atractivo de las hipotecas verdes está en su precio, ya que se conceden a tipos más reducidos que los vigentes en el mercado.  

La creciente demanda de este tipo de financiación y el compromiso del sector bancario por la protección del medio ambiente ha hecho que crezca la oferta de este crédito verde.

Algunos estudios de mercado[1] señalan que a finales de 2019 la mitad de los 50 bancos más grandes del mundo ofrecían este producto financiero.

El sector bancario español no es una excepción. Actualmente ya son numerosas las entidades que ofrecen este tipo de hipotecas. Y, en muchos casos, se hace por la vía digital. La mayoría de las entidades que ofrecen este tipo de hipotecas, de hecho, priorizan que se hagan desde el canal digital.

En los últimos seis años, el volumen global de préstamos verdes (incluyendo la financiación de promociones inmobiliarias) ha alcanzado los 40.000 millones de dólares[2]. La expectativa es que siga creciendo. Según datos de la Federación Hipotecaria Europea, se calcula que en la UE hay más de 220 millones de bloques de edificios construidos antes de 2001 y millones de viviendas con una deficiente calificación energética. La rehabilitación de este parque de inmuebles para adaptarlo a las nuevas normativas ambientales puede hacer crecer aún más este tipo de financiación verde.

La gestión robotizada de patrimonios, lo que se conoce como “robo-advisory”, empieza a crecer significativamente. El uso de algoritmos para adaptar las carteras de inversión a ahorradores no especializados, generalmente con un coste menor del que ofrece un asesor financiero tradicional, se presenta como la principal ventaja de estos robo-advisors.

Una parte del auge de estos gestores automatizados se explica por su creciente demanda entre los segmentos de población más jóvenes, especialmente los millenials, que son los que más están apostando por estos servicios. En Estados Unidos, un 16,4 % de los menores de 25 años utilizan un robo-advisor[1]. Es previsible que esta cifra vaya aumentando, pues más de la mitad de estos jóvenes considera que hará uso de ellos en el futuro. Como auguran algunos analistas, el éxito de esta nueva forma de inversión viene dada porque, aunque los jóvenes no cuentan con un patrimonio financiero comparable al de sus mayores, sí parecen estar más preocupados por movilizar su ahorro e incrementar su rentabilidad.

Desde que los robo-advisors hicieran su aparición, el sector FinTech ha capitalizado gran parte de la oferta de gestión de patrimonios por vía digital (wealthTech). Para responder a esta pujante demanda, los intermediarios financieros tradicionales también comienzan a lanzar nuevos productos y servicios automáticos para sus clientes.

En Estados Unidos, grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley y Wells Fargo, todos ellos con una importante especialización en asesoramiento financiero, han lanzado gestores robotizados en los últimos años[2]. En España, también empiezan a proliferar estos servicios y son los bancos los más activos. Es el caso de PopCoin (Bankinter),  Openbank (Santander), Smart Money (Caixabank) o BBVA Invest (BBVA). El objetivo es competir con la oferta actual y potencial de las FinTech en materia de gestión de patrimonios, posicionándose en el sector para ganar cuota de mercado entre la población más joven y fidelizarlos para otros productos (depósitos, financiación).

En este crecimiento, la pandemia de la COVID-19 ha supuesto la primera prueba de fuego para muchos de estos servicios de inversiones algorítmicas. Un estudio realizado en Estados Unidos ha revelado que el 82% de los inversores encuestados estaban satisfechos con la gestión realizada por su robo-advisor durante la pandemia[3]. Este grado de satisfacción supera el obtenido por los inversores que utilizan un gestor patrimonial humano. Además, el estudio reveló que un elevado número de ahorradores estaban dispuestos a mantener a su robo-advisor después de su experiencia durante la crisis de la COVID-19.

La Segunda Directiva de Servicios de Pago (PSD2, por sus siglas en inglés) ha impuesto la necesidad de una doble autenticación de los clientes. En la práctica, esta obligación exige que los usuarios utilicen al menos dos factores de autenticación (por ejemplo, PIN y huella o contraseña y código SMS recibido en el móvil) para realizar una transacción por el canal digital.

Esta regulación, que busca incorporar un mecanismo que refuerce los requisitos técnicos de verificación de la identidad de usuarios, entró plenamente en vigor en enero de 2021. Aunque la normativa viene a aportar más seguridad al mundo de las transacciones online (y en particular a los pagos realizados a través del e-commerce) la realidad es su implementación está encontrando algunas dificultades, identificándose varias fricciones en el momento del pago.

Según datos de la Asociación Española Fintech e Insurtech (AEFI), la tasa de rechazo o abandono de clientes que no pueden completar las operaciones -porque se encuentran con algún tipo de dificultad o por desconocimiento de los nuevos mecanismos- se sitúa en el 20% del total de las operaciones que se inician[1].

Algunos estudios estiman que unas elevadas tasas de abandono originarían unas pérdidas de casi 20.200 millones[2] de euros (13.000 millones de euros menos de ventas de los pequeños comercios y 7.200 millones de euros de las ventas de las compañías de mayor tamaño). En el caso de pagos realizados por clientes en el extranjero se apunta a que algunos de los problemas para materializar el pago residen en el uso de protocolos de seguridad diferentes, lo que conlleva que en muchos casos las transacciones sean denegadas. Desde el sector financiero, tanto bancos como FinTechs, sostienen que dichas tasas de abandono irán reduciéndose progresivamente[3]. Es necesario que los clientes pasen por una fase de aprendizaje que los lleve a adaptarse progresivamente a los nuevos requisitos para acceder a su cuenta bancaria o para pagar por internet.

Para facilitar su adaptación, las entidades financieras ya están trabajando en mejorar aquellos factores de autenticación que permitan equilibrar la usabilidad, la facilidad del pago y la protección de los clientes. En un contexto donde las transacciones digitales están en fuerte auge, gran parte de la recuperación económica del país puede venir por el crecimiento de una demanda puramente digital. Es, por tanto, importante que usuarios y entidades (bancarias o no bancarias) proporcionen pagos  que sean capaces de cumplir con la normativa PSD2 sin introducir excesivas trabas para completarlos.

La Comisión Europea, dentro de su estrategia de Digitalización Financiera, ha puesto el foco en el valor de los datos en el actual contexto de la competencia por la información en el sector financiero. Se pretende facilitar el acceso y la difusión de la referencia financieras de las empresas que cotizan en los mercados regulados de la Unión Europea y para ello ha decidido crear una plataforma europea en este campo.

Este sistema, conocido formalmente como la “European Financial Transparency Gateway” (EFTG, por sus siglas en inglés)[1] es actualmente un proyecto piloto. El objetivo es aumentar la claridad financiera en el conjunto de la UE, facilitando el acceso de los inversores a la información. El valor también reside en implementar un nuevo enfoque para construir un sistema distribuido y descentralizado para compartir datos, ofreciendo una trazabilidad completa de los mismos y gestionando su  propiedad.

Para abordar este reto tecnológico, la Comisión Europea ha apostado por utilizar la tecnología blockchain. Se trataría de la primera red de carácter público que utiliza este sistema descentralizado a escala europea[2]. Dicha solución proporciona un vínculo seguro y confiable entre los datos y los actores del sistema.

Además, el uso de esta tecnología hace que el acceso a la información sea más rápido y personalizado. El respaldo al proyecto es unánime dentro de la UE. Está siendo gestionado por la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales (FISMA, por sus siglas en inglés) y cuenta con la financiación del Parlamento Europeo.

En cualquier caso, como ha recordado la agencia supervisora en materia del mercado de valores (ESMA, por sus siglas en inglés) hay cuestiones que solventar, principalmente en materia de protección de datos. Según ESMA, esta plataforma puede no ser viable según el actual Reglamento General de Protección de Datos si el uso de cadena de bloques supone la inmutabilidad de los datos almacenados. El problema surge si la información no se puede modificar una vez introducida, teniendo en cuenta que algunas empresas pueden incorporar datos incorrectos o ser requeridas por un supervisor para modificarlos[3]. El principal desafío actualmente reside en hacer compatible el uso de blockchain con los derechos de las empresas de rectificar y suprimir la información. Por el momento, no se ha previsto un plazo definitivo para que dicha plataforma pueda estar operativa en la UE. En todo caso, si se solventan  los retos en materia de protección de datos, la apuesta por la transparencia financiera habrá dado un importante paso adelante. 

A medida que bitcoin se consolida como la criptomoneda más popular, otras divisas digitales alternativas (altcoins) también crecen significativamente. Con el actual boom de los criptoactivos, los inversores también prefieren diversificar su cartera y contar con distintas opciones.

El reciente aumento y volatilidad de precios de bitcoin ha hecho que cunda entre los analistas la percepción de que esta moneda podría estar alcanzado su techo. Algunos apuntan incluso a que, en el actual entorno, algunas de estas monedas alternativas a bitcoin podrían estar infravaloradas. Esto estaría motivando que otras criptomonedas empiecen a atraer el apetito de los inversores. Actualmente existen más de 5.000 altcoins en el mercado, representando casi el 40% del mismo[1], aunque los mayores incrementos se concentran en un grupo selecto.

Dentro de este grupo destaca Ether, la segunda criptomoneda por nivel capitalización. En 2020, su valor ha pasado de rondar los 150 a superar los 2.000 dólares[2]. Esta súbita revalorización también se observa en otras monedas como Cardano, Cosmos, Dogecoin o Tezos. En la revaloración de estas monedas alternativas destaca el rápido auge de algunas que apenas tienen un año de vida.

Este es, por ejemplo, el caso de Cosmos, que se lanzó en marzo de 2019 con un precio próximo a los 5 dólares. Un año después, dicha moneda tiene un precio de 20 dólares. Algunas tienen simplemente meses de vida. Como Graph, que comenzó su andadura en diciembre de 2020 y cuyo valor se ha multiplicado por 8 en tan solo cuatro meses.

El auge de estas altcoins presenta varias características reseñables. En primer lugar, destaca cómo su crecimiento se ha intensificado significativamente desde enero de 2021. La institucionalización de las criptomonedas en estos últimos meses, con movimientos favorables a su adopción por parte de empresas relevantes (PayPal, Tesla, Mastercard, Square) ha hecho crecer las expectativas respeto a las mismas.

Por otra parte, las principales revalorizaciones se concentran en las que están basadas en cadenas de bloques innovadoras. Por ejemplo, porque ofrecen soluciones para problemas de escalabilidad o porque permiten comunicarse o combinarse con otras cadenas de bloques[3]. Los inversores estarían apostando más enérgicamente por aquellas monedas que pueden convertirse en referentes en el futuro al estar precisamente basadas en las llamadas “cadenas de bloques de la próxima generación”, que ofrecen soluciones a los problemas de capacidad y compatibilidad de los criptoactivos primigenios.

Los principales neobancos europeos han puesto su foco en los Estados Unidos. El objetivo es ganar cuota de mercado en un terreno de juego muy competitivo como es el norteamericano. Estas entidades nativas digitales buscan replicar los modelos de negocio que les han llevado a crecer significativamente en Europa, aprovechando la amplia digitalización financiera de la sociedad norteamericana.

El pionero fue Monzo, que anunció su oferta digital para Estados Unidos en junio de 2019. En julio del mismo año, el banco digital alemán N26 desembarcó también en tierras norteamericanas. Finalmente, en marzo de 2020, fue Revolut, el neobanco con sede en Londres y con licencia bancaria lituana, el que dio el salto[1]. En todos los casos, la expansión pone de manifiesto la voluntad de ganar en escalabilidad.

En su experiencia americana, los neobancos europeos se enfrentan a mucha competencia, no solo a los nativos de Estados Unidos (Simple, Varo, Chime, MoneyLion, GoBank).

También han de competir con los bancos tradicionales, que han abordado intensos procesos de digitalización con alianzas con FinTech como PayPal, Square o Venmo), además de Apple, Google o Amazon.

Las distintas normativas están siendo otro obstáculo importante para los neobancos europeos.  En Estados Unidos no solo existen hasta 11 regulaciones federales, sino también estatales.

A pesar de estas dificultades los datos más recientes muestran cómo estas nuevas entidades empiezan a abrirse hueco en Estados Unidos. La cuota global de los neobancos europeos en el mercado bancario digital mundial se sitúa en el 5%.[2] En el mercado de Estados Unidos, N26 lidera el crecimiento, con un 3,55%. Ya ha superado a su homólogo estadounidense Simple, que fue lanzado en 2012. El crecimiento de Revolut y Monzo ha sido más moderado, alcanzando cuotas de mercado que no llegan al 1% en Estados Unidos.

En un entorno cada vez más digital, en el que la población hace un menor uso del dinero en  efectivo -y por tanto, realiza un menor número de reintegros en billetes- los bancos están dando otra vuelta de tuerca a las funcionalidades de los cajeros automáticos.

Según los datos del Banco de España, en 2020 se realizaron 624.664 operaciones de retirada de efectivo en los cajeros automáticos españoles[1]. Esta cifra supone una caída del 31,2% con respecto al año anterior. Este menor uso contrasta con el elevado número de estos terminales que existen en el país. Actualmente hay 49.481 cajeros, siendo unos de los parques más elevados de la Unión Europea. En este contexto, en el que se prevé que la digitalización vaya a más, las entidades financieras comienzan a plantearse la necesidad de reconfigurar su papel. El reto del sector no es tanto eliminar los cajeros de forma drástica como mejorar sus funcionalidades para hacer frente a las nuevas necesidades de sus clientes, consiguiendo que estos terminales sean sostenibles y rentables.

Aunque la función principal de los cajeros automáticos como terminal dispensador de efectivo se mantenga aún durante un tiempo, lo que determinará su futuro y rentabilidad va a ser la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades.

Entre ellas se encuentra la de de realizar el digital onboarding (captación digital de clientes). La incorporación de la biometría a los cajeros facilita la autentificación de los usuarios y que estos se habitúen a un “contacto” más digital. Asimismo, aporta seguridad al cliente, en la medida en que muchos cajeros empiezan a incorporar cámaras, sensores y lectores de huellas, lo que dota de una seguridad reforzada todo el proceso que conlleva abrir una cuenta bancaria o contratar un producto financiero.

Otra de las novedades es la banca por vídeo. A través de un cajero automático “inteligente” es posible realizar consultas a través de una conexión de vídeo remota. Se trata de herramientas de videobanking que conectan al cliente con su gestor bancario, otorgando al cliente un servicio digital sin que se pierda el factor humano.

Además, a medida que el fenómeno de las monedas digitales crece, algunos modelos de cajeros automáticos adoptan un software que les permite gestionar peticiones de criptomonedas. Con esta nueva tecnología, no solo permiten la compra de estas monedas digitales sino también su cambio por dinero en efectivo. En Estados Unidos ya hay casi 2.000 cajeros de bitcoin[2]. Actualmente, se pueden encontrar cajeros automáticos de criptomonedas en 77 países.

En un entorno cada vez más digital, los consumidores esperan que las instituciones financieras comprendan sus necesidades y les brinden soluciones cada vez más personalizadas, similares a las que reciben de las FinTech y BigTech.

Algunos estudios apuntan a que el 89% de los consumidores eligen su institución financiera en función de lo bien que se adapta a sus preferencias y experiencias.[1] Los clientes bancarios, especialmente los más jóvenes, demandan una oferta a medida, que incluya información y productos financieros individualizados y en tiempo real. Abordar estrategias que lo permitan, especialmente a través del canal online, se está convirtiendo en un eje estratégico esencial para el negocio.

Este proceso de personalización de los servicios bancarios requiere de dos recursos diferentes: tener acceso a muchos tipos diferentes de datos y tener la capacidad de usarlos adecuadamente. En primer lugar, personalizar implica tener datos muy variados de los clientes (historial de contactos, objetivos financieros, desempeño financiero pasado, tolerancia al riesgo, intención de compra). Una vez recabada dicha información, es fundamental tener la capacidad de utilizarla eficazmente haciendo uso de la inteligencia artificial o del big data.

Dicho esfuerzo por personalizar productos y servicios tiene ventajas para las instituciones financieras. La principal es que hace que su oferta sea mucho más accesible.

Además, se puede garantizar que el uso del canal digital no va en detrimento del servicio recibido. Muchos consumidores sienten que el valor de acudir a una oficina bancaria reside en la capacidad que tiene su personal de resolver sus problemas. Con la personalización se pretende que el consumidor sienta que la banca digital también puede solucionar cualquier problema o necesidad por específico que sea. Para el sector bancario, este reto consiste en adaptar su oferta al nivel de identificación de necesidades que imponen los modelos de consumo de plataformas (como Netflix, Amazon o Google) que triunfan actualmente.

Algunas entidades están siendo pioneras en personalizar sus servicios bancarios a través del canal digital. The Commonwealth Bank of Australia y The Royal Bank of Scotland han implementado herramientas que examinan la vida financiera de sus clientes para identificar la «siguiente mejor acción» de los mismos.[2] Utilizan sus datos para predecir lo que estos necesitarán en el futuro más inmediato. Ello les sirve para adaptar sus productos a las necesidades y etapas vitales (edad, condiciones de trabajo, …).

Por el momento, estos bancos que han puesto en marcha estrategias de personalización han visto que se traduce en mayor satisfacción de sus clientes, además de servirles para fortalecer los lazos como entidad financiera de referencia. A medida que sigan desarrollándose tecnologías como el big data y la inteligencia artificial, podrán alcanzarse nuevas cotas en el nivel de personalización.

El rally de precios de bitcoin está coincidiendo con un cambio de actitud de muchas compañías hacia esta criptomoneda. Cada vez más empresas empiezan a vislumbrar un futuro donde  bitcoin puede jugar un papel importante.

Uno de los primeros pasos lo llevó a cabo Paypal. La compañía norteamericana anunció en octubre de 2020 un nuevo servicio que permite a sus clientes comprar, mantener y vender criptomonedas directamente desde sus cuentas[1].

Inicialmente dicho servicio estará disponible en breve para los titulares de cuentas de PayPal en los Estados Unidos, aunque la compañía comunicó que extenderá dicho servicio al resto de usuarios internacionales a lo largo de 2021.

PayPal además anunció sus planes para poner bitcoin y otras criptomonedas a disposición como medio de pago en más de 26 millones de comercios en todo el mundo. La expectativa de que estos planes puedan hacer crecer la difusión de bitcoin hizo que tan una semana después del anuncio el valor de Bitcoin amentase un 16%.

Tras esta decisión pionera, otras muchas empresas también han comenzado a abrirse a adoptar criptomonedas en diversas formas.  Mastercard comunicó que permitirá que los comerciantes acepten pagos en criptomonedas durante 2021.[2] Este cambio de tendencia en el sector corporativo también se traduce en que algunas empresas estén decidiendo invertir en bitcoin. Tesla, la compañía dedicada al diseño y fabricación de coches eléctricos anunció que había invertido 1.500 millones de dólares en bitcoin y que planea aceptar dicha moneda como medio de pago.[3] En términos similares, Square, la compañía de pagos con más de 30 millones de usuarios, ha invertido 220 millones de dólares en bitcoin desde octubre de 2020. En la actualidad, esta criptomoneda supone el 5% de su tesorería.

Este cambio de actitud también parece estar calando en el sector financiero. BNY Mellon, el banco más antiguo de Estados Unidos, anunció el lanzamiento de un servicio integrado para activos digitales. Asimismo, otros grandes bancos como JP Morgan o Goldman Sachs ya admiten que pueden abrirse a adoptar bitcoin y otras criptomonedas en el futuro.[4] En España, BBVA permitirá a sus clientes la compraventa y custodia de bitcoins a partir de enero de 2021 a través de su filial suiza.

Los efectos de estos anuncios se están plasmando en el valor de bitcoin y de criptomonedas alternativas, aunque la volatilidad que registran sigue siendo muy elevada y su riesgo no parece apto para inversores minoristas.

Uno de los principales focos estratégicos en el segmento de los pagos minoristas es mejorar la experiencia del cliente. Se pretende eliminar las fricciones en la transacción para simplificar el proceso de la compra. El objetivo es avanzar hacia nuevos medios de pago “invisibles” o “contact-free”.

La adopción de estos medios sin contacto persigue evolucionar hacia un ecosistema donde se los consumidores paguen sin que exista interacción física alguna. Con el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y con la biometría es posible alcanzar un escenario donde, incluso, no se necesite dispositivo alguno para realizar un pago. En su lugar, se identificaría al pagador por algún sistema biométrico y los pagos se realizarían de forma remota con algún sistema predefinido. Se estima que las tecnologías de pago invisible, destinadas a reducir o eliminar las fricciones de los pagos físicos en el comercio físico, procesarán más de 78.000 millones de dólares en transacciones en 2022[1].

En este contexto, están creciendo los denominados medios de pago por voz. Un porcentaje creciente de población se está acostumbrando a realizar tareas cotidianas mediante órdenes de voz. Algunos de los asistentes inteligentes más populares (ej. Alexa, Siri, o Cortana) permiten a los usuarios encender las luces de casa, poner música o activar un electrodoméstico.

¿Por qué no pagar con voz? Google está probando una solución de pagos (Voice Match) que permitiría la autenticación de voz para las transacciones[1]. Otro tipo de pagos que también crecen en relevancia son los que se basan en el reconocimiento facial. En China, Alibaba ya implantó hace tiempo el sistema “Smile-to-Pay” por el cual los consumidores pueden pagar en las tiendas sonriendo a una cámara[2]. Por el momento, ya es posible pagar con una sonrisa en establecimientos de más de 100 ciudades de China.

Otra de las formas de pago invisibles consiste en pagar con la identificación de la mano. Amazon ha lanzado “Amazon One”, una tecnología de pago que permite a los clientes asociar las huellas de la palma de su mano a su tarjeta de crédito, permitiéndoles  pagar pasando la mano por un lector en las tiendas Amazon Go[1]. La compañía espera introducir la tecnología en otras tiendas de Amazon y venderla a terceros para su uso en comercios, restaurantes y estadios.

En cualquier caso, el éxito de estos pagos invisibles va a depender del grado en que pagar sin fricciones se convierta en una forma segura de pago que no interfiera con la privacidad de los consumidores.