Las monedas digitales en las economías emergentes

La adopción de las monedas digitales crece significativamente en las economías emergentes. Además de observarse un mayor uso de las criptomonedas privadas, también comienzan a surgir iniciativas para el desarrollo de monedas públicas. El contexto socioeconómico e institucional de algunos de estos países explica, en buena medida, esta tendencia.

Según el Índice Global de Adopción de las Criptomonedas publicado por Chain Analysis[1], economías emergentes como Vietnam, India, Pakistán o Kenia ocupan las primeras posiciones. Además, regiones como el África-Subsahariana o Asia-Pacífico concentran una gran parte del tráfico web de las plataformas de intercambio de monedas. Las limitaciones que existen en muchos de estos países para acceder a servicios financieros explican, en parte, la búsqueda de alternativas más directas y digitales para realizar transacciones. Además, estas monedas representan un sustituto de las remesas, ya que transferir efectivo a escala internacional con ellas resulta, en muchos casos, muy costoso.

A pesar de los riesgos, en términos de estabilidad financiera que puede conllevar la adopción institucional de algunas de estas monedas privadas, algunos gobiernos han dado importantes pasos en su adopción.

Destaca el caso de El Salvador, que ha apostado por utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal desde el 7 de septiembre[1]. Es el primer país del mundo en tomar esta decisión. Para ello ha aprobado la creación de un fondo de 150 millones de dólares para facilitar las conversiones a bitcoins. Además, para incentivar su uso, va a regalar 30 dólares (en su equivalente en bitcoins) a quienes descarguen en su teléfono la billetera electrónica “Chivo”.

En otros países, se está apostando por auspiciar el lanzamiento de monedas digitales oficiales (CBDCs, por sus siglas en inglés). En octubre de 2020, el Banco Central de las Bahamas lanzó el “Sand Dollar”. Nigeria está dando pasos para lanzar la primera CBDC en África, el “eNaira”.[1] Los proyectos públicos de estos bancos centrales intentan facilitar el acceso de sus ciudadanos a determinadas actividades financieras – pagos y transferencias – reduciendo los riesgos que conllevan la elevada volatilidad de las criptomonedas privadas. Sin embargo, no faltan las dudas y críticas. Uno de los problemas más evidentes es la escasa utilidad de algunas de las criptomonedas (como bitcoin) para pagos, por sus problemas de divisibilidad y su considerable volatilidad. Por otro lado, también existe la duda de si este tipo de iniciativas no fomenta la proliferación de la financiación de actividades de dudosa legalidad.