Bitcoin en El Salvador un año después

En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en convertir a bitcoin en moneda de curso legal, lo que en la práctica obliga a las empresas a aceptar la criptomoneda como medio de pago. Más de un año después de la toma de esta decisión histórica, el balance no parece ser favorable. Las finanzas públicas se deterioran y el apoyo popular al proyecto se resiente.

Desde que El Salvador aceptara a bitcoin como moneda oficial, su población se ha acostumbrado a que los precios de los bienes aparezcan expresados en esta criptomoneda, a pagar sus impuestos con la misma y a que los intercambios en bitcoin estén libres del impuesto sobre las ganancias de capital. Además, en un intento por popularizar y regularizar su uso, el gobierno ha ofrecido a los ciudadanos incentivos financieros para descargar una aplicación especial para almacenar criptomonedas.

A pesar del interés gubernamental para que el proyecto tenga éxito, la realidad es que ha coincidido con un periodo de importantes caídas en el valor de la moneda. Desde su adopción, el precio del bitcoin se ha desplomado más del 60%. El gobierno salvadoreño, que también anunció la compra de esta moneda digital como activo de reserva, ha perdido unos 60 millones de dólares sólo por este deterioro[1].

Sin embargo, el coste para las finanzas publicas asociadas a esta decisión es superior. Algunas estimaciones apuntan a que este experimento, con todos los costes asociados de implementación y regulación, le ha costado al gobierno alrededor de 375 millones de dólares. Este deterioro de sus finanzas públicas, unido a otras cuestiones, parece que empieza a lastrar la solvencia de la economía salvadoreña.

El proyecto tampoco cuenta con una elevada aceptación. Casi el 80% de los ciudadanos de El Salvador cree que la estrategia ha fracasado[2]. La mayor parte de los salvadoreños (77,1%) considera que el gobierno debería dejar de gastar dinero público con el bitcoin. La baja popularidad se traduce en una reducida aceptación de la moneda. La realidad es que, según algunas estimaciones, solo el 20% de los negocios aceptan bitcoin, a pesar de que la ley obliga a los comerciantes a que adopten la criptomoneda.

Por su parte, el gobierno defiende la decisión tomada. De hecho, apunta a que la industria del turismo podría haber crecido un 30% desde que se adoptó esta decisión y a que eso reduciría el impacto negativo que ha tenido el proyecto sobre las finanzas públicas. No obstante, casi ningún análisis independiente hasta la fecha parece confirmar estas estimaciones.