Los criptoactivos en el punto de mira de los supervisores

La elevada volatilidad de algunos criptoactivos y la relativa opacidad de muchas de las plataformas que gestionan sus operaciones de compraventa está atrayendo la atención de los supervisores en todo el mundo. En los últimos meses se observa cómo en numerosas jurisdicciones, las autoridades han pasado a la acción solicitando información, o restringiendo parcial o totalmente estas actividades.

La atención no se ha centrado sólo en las criptomonedas o su tecnología subyacente sino en las plataformas de negociación de estos activos. La preocupación de los supervisores surge porque este tipo de plataformas ofrecen otro tipo de servicios similares a los financieros. Si bien, a diferencia de las entidades financieras, lo hacen con unas menores garantías para los consumidores y sin afrontar apenas regulación alguna. Sin embargo, ha crecido el temor a que su popularidad, mezclada con no poca opacidad, pueda suponer problemas para la estabilidad financiera.

Recientemente, el supervisor de mercados del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) ha tomado la decisión de paralizar la actividad de Binance, la mayor plataforma de compra y venta de criptoactivos del mundo[1]. La FCA argumenta que dicha plataforma carece de licencia expresa para operar en su jurisdicción, por lo que no podrá ofrecer sus servicios a los consumidores del país.

Esta medida se une a la que también adoptó la agencia supervisora japonesa, que ha advertido reiteradamente a Binance de que está operando en el país sin la licencia oportuna para negociación de activos financieros.

Más allá del caso Binance, las actuaciones para controlar el auge de estas plataformas se repiten en todo el mundo. En Corea del Sur, donde hay cerca de 200 criptoempresas operando, el supervisor financiero ha elevado los requisitos exigidos a estas plataformas para que puedan seguir operando[1]. Se trata de requerimientos informativos, de capital y de protección del consumidor similares a las que están sometidas las empresas de servicios de inversión.

Por su parte, en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado recientemente que se está investigando la actividad de los denominados popularmente “chiringuitos financieros” que realizan actividades con criptomonedas[2]. Se estima que algunas de estas criptofirmas podrían estar involucradas en actividades ilícitas como esquemas de estafa piramidal. Además, en nuestro país se está desarrollando una normativa para controlar la publicidad que se hace de los criptoactivos por parte de estas plataformas.

Todas estas actuaciones en todo el mundo coinciden con un cierto auge de la inversión en criptoactivos entre generaciones más jóvenes, atraídas por su componente tecnológico y su aparente elevada rentabilidad pero, en general, con un elevado desconocimiento sobre el riesgo asumido.