Pasos para la aprobación de la nueva directiva de pagos: la PSD3

En 2018, la Unión Europea dio un paso decidido para implementar el open banking  con la aprobación de la PSD2. Desde entonces, la obligación de que los bancos compartan los datos de sus clientes con terceros  ha ampliado la tipología de servicios financieros que ofrecen. Esto ha propiciado el desarrollo de las finanzas integradas y la creación de ecosistemas bancarios. Ahora parece que es el momento de dar otro paso más. Ya se trabaja en el desarrollo de un nuevo cuerpo normativo, la tercera Directiva de Servicios de Pago (PSD3).

Los pagos electrónicos en la UE han crecido constantemente, alcanzando un valor de 240 billones de euros en 2021, en comparación con 184,2 billones de euros de 2017. Nuevos proveedores, habilitados por tecnologías digitales, han entrado en el segmento de pagos, brindando servicios de banca abierta, gracias a la posibilidad de compartir datos financieros de forma segura entre bancos y FinTech.

En respuesta a estos desarrollos, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de reforma de la actual directiva de pagos[1]. El objetivo es que la nueva regulación mejore la protección del consumidor y la competencia en los pagos electrónicos.

Se aspira a que los usuarios puedan compartir sus datos de manera segura para obtener una gama más amplia y a menor coste de productos y servicios financieros. Estas propuestas sitúan en el centro los intereses de los consumidores, la competencia, la seguridad y la confianza.

Los objetivos de la propuesta se centran en seis ejes: combatir y mitigar el fraude en los pagos, mejorar los derechos de los usuarios, nivelar aún más el campo de juego entre bancos y entidades no bancarias, mejorar el funcionamiento de la banca abierta, mejorar la disponibilidad de efectivo en las tiendas y en los cajeros automáticos y fortalecer la armonización y el cumplimiento de las normas de pagos.

Según la Comisión Europea, con la nueva normativa, los procesos que antes eran engorrosos, como los servicios de comparación o el cambio a un nuevo producto, serán más sencillos y económicos, incluido, por ejemplo, el procesamiento automatizado de solicitudes de hipotecas. Las pymes también podrían acceder a préstamos más competitivos como resultado de que sus datos de solvencia sean más fácilmente accesibles.

Con esta nueva normativa a escala comunitaria se busca que un mayor intercambio de datos personales, manteniendo el control total sobre ellos, permita a las personas acceder a productos y servicios personalizados que se adapten a sus necesidades. También creará espacio más favorable para que la industria financiera siga innovando.