Gasto público y regulación económica
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Tras años de descenso —coincidiendo con la recuperación posterior a la Gran Recesión— la desigualdad volvió a crecer en España en 2020 como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia. Como explica Eduardo Bandrés, de Funcas, el aumento de la desigualdad se vio atenuado por los mecanismos de protección social y redistribución del Estado, que aumentó en 31.000 millones de euros en prestaciones monetarias; aún con este esfuerzo, los estratos inferiores de renta —especialmente el primer decil, nada menos que 4,5 millones de ciudadanos con ingresos inferiores a 350 euros al mes por persona— vieron crecer la brecha respecto al resto de la población, lo que plantea la necesidad de ampliar y mejorar las políticas redistributivas.
Artículo
Income inequality in year one of the pandemic
Fecha:
octubre 2022
Social protection measures rolled out by the government during the COVID-19 crisis strongly mitigated the negative effect of the pandemic on lower income households. However, public transfers were not enough to fully neutralize the increase in inequality in Spain, which must be attributed to more structural factors.
Artículo
Desigualdad de rentas en el primer año de pandemia
Fecha:
julio 2022
La reciente publicación de los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2021, cuyos datos de ingresos de los hogares corresponden al año 2020, permite analizar el impacto de la crisis económica sobre la distribución personal de la renta en ese primer año de pandemia. El objetivo de esta nota es ofrecer un examen preliminar de los principales indicadores de desigualdad, con especial atención a la comparación entre 2019 y 2020.
De acuerdo con las previsiones actuales de inflación, la indexación de la revalorización de las pensiones al IPC supondrá un gasto público adicional de más de 11.000 millones de euros. En este video Raymond Torres y Eduardo Bandrés, de Funcas, evalúan algunos aspectos de este mecanismo y repasan alternativas propuestas o ya aplicadas en otros países, analizan la repercusión indirecta de la subida de precios en otros gastos públicos y valoran el impacto del previsible aumento de los ingresos por cotizaciones.