Notas técnicas

2024

Día internacional de las Cooperativas

Fecha: julio 2024

Día internacional de las Cooperativas

En 2023, casi 19.000 empresas estaban inscritas como sociedades cooperativas en España, lo que representaba el 0,6% de los casi tres millones y medio de empresas activas en España. A pesar de su reducida importancia numérica, su evolución muestra una notable estabilidad tras el final de la crisis financiera de 2008-2013, desafiando los muchos y variados impactos que ha sufrido la economía española. Además, desde los años previos a la pandemia y con la sola excepción de 2020, el ritmo anual de creación de cooperativas se ha mantenido en un rango muy estable. Sin embargo, esta estabilidad contrasta con la evolución de la cifra total de empresas activas, que ha seguido una tendencia ascendente desde 2014, de forma que la participación de las sociedades cooperativas en el conjunto del sector empresarial español ha caído levemente del 0,7% al 0,6%.

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Día de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas

Fecha: junio 2024

Día de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas

Alrededor de 2.940.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) se encuentran actualmente inscritas en la Seguridad Social. Estas empresas de menos de 250 asalariados representan (incluyendo a los autónomos propiamente dichos) el 99,8 % de todas las empresas de España y generan el 62,1 % de nuestro empleo empresarial. Ninguno de estos dos porcentajes destaca particularmente en el contexto europeo. De acuerdo con el último informe anual sobre las pymes europeas publicado por la Comisión Europea, los aproximadamente 24,3 millones de pymes (no financieras) activas en la UE -27 representan el 99,8 % de todas las empresas y emplean al 64,4 % de los trabajadores del sector empresarial.

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Relative cost to price passthrough with firm level data

Fecha: junio 2024 (versión revisada)

Vicente Salas-Fumás and Pilar Rivera Torres

Relative cost to price passthrough with firm level data*

This paper presents estimates of the average elasticity of price increases to cost increases (relative passthrough) with survey-collected data from a sample of Spanish firms during the inflationary episode of 2022-2023. The descriptive information confirms that costs increases were generalized in the sample of firms (cost driven inflation), but not all firms that experience cost increases also increase prices or do so immediately. The two steps estimation (decision to increase price or not, and magnitude of the price increase) gives an estimate relative passthrough of 0.5 that rises to 0.6 when the passthrough is competed (cost absorbing passthrough). We find supportive evidence that firms that perceive a more competitive market environment have a higher relative passthrough and transmit faster the cost increase into price increase than firms otherwise. The results of the study reject the hypothesis of profit margin driven inflation and that firms in the sample pre-empted expected future cost increases by rising current prices beyond what could be expected from current cost increases.

* Update version of Rivera-Torres, P. and Salas-Fumás, V. (2023). Cost and price inflation with firm level data: An empirical analysis. Nota Técnica, julio 2023. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2023/07/Cost-and-price-inflation-SAEE_2.pdf

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Responsabilidad social, externalidades pecuniarias y defensa de la competencia

Fecha: junio 2024

Emilio Huerta Arribas*, Vicente Salas Fumás**

Resumen

El trabajo analiza la responsabilidad social de las compañías mercantiles, RSC, en situaciones de competencia imperfecta que provocan externalidades pecuniarias (las decisiones de producción de cada competidor afectan los precios de compra y venta y, a su vez, al bienestar de terceros). El análisis permite, primero, distinguir conflictos de interés atribuibles a esta forma particular de externalidad, de aquellos que tienen su origen en las externalidades técnicas (cuando las decisiones interesadas de unas personas afectan a la capacidad productiva de bienes o servicios propiedad de terceros). Segundo, el trabajo propone una forma de comportamiento socialmente responsable denominada maximización del beneficio con restricciones, como alternativa a la sustitución del objetivo de maximizar beneficios por optimar una función que represente las preferencias de los interesados que es la propuesta más común de respuesta a las externalidades en la teoría de los interesados. Finalmente, el trabajo destaca la relevancia de la competencia en los mercados para el diagnóstico de las ineficiencias colectivas que resultan de la maximización del beneficio y vincula la RSC con la defensa de la competencia como condición necesaria para exigirles responsabilidad ante la sociedad.

1. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social corporativa, RSC, en la literatura y el debate empresarial, surge de la constatación de un conflicto en las economías de mercado entre, la riqueza creada y su reparto a partir de decisiones empresariales que responden al interés particular, y la riqueza creada y su reparto que el conjunto de la sociedad considera deseable desde el interés general. La mayoría de las compañías (SA., SL…) que de forma voluntaria se crean, están bajo el control de emprendedores y financiadores que producen para la venta al mercado con la expectativa de apropiarse de los beneficios que proporciona la producción y la venta. Por ello, el conflicto entre el interés particular y el interés general que se deriva del movimiento de la RSC, se manifiesta en la incompatibilidad entre maximizar el beneficio empresarial y maximizar el bienestar social/interés colectivo. La investigación económica ha revelado que la competencia perfecta impone a las empresas unas restricciones a su conducta suficientes para que la maximización del beneficio esté alineada con la eficiencia económica (en el sentido de Pareto). A partir de esta observación, este texto analiza la conexión entre el comportamiento socialmente responsable de las compañías mercantiles privadas y la competencia existente en los mercados, acerca del concepto de externalidades pecuniarias.

El primer aspecto del análisis es la comprensión del motivo por el cual la competencia perfecta hace innecesaria la RSC, al menos en su área de creación de riqueza, es decir sin consideraciones acerca de su distribución. La respuesta es que, en las condiciones ideales de la competencia perfecta, las empresas no tienen ningún poder; es decir, con sus decisiones individuales de producción ninguna empresa influye en el bienestar de las personas que no se vinculan contractualmente con la organización. Si las empresas no tienen poder, entonces parece claro que no se les puede pedir responsabilidad. La manifestación más clara de la ausencia de poder empresarial es el hecho de que en competencia perfecta, las empresas son precio-aceptantes, es decir, cuando deciden la producción maximizando el beneficio, toman como dados los precios de mercado de los inputs y del output que venden al mercado. La competencia imperfecta, en cambio, proporciona a las empresas poder para influir en los precios que se forman en el mercado mediante las decisiones respectivas de producción. De esta forma, surge un primer nivel de responsabilidad social en la determinación de cuánto producir, que se concreta en evitar o minimizar, al menos, las consecuencias no deseadas de actuar con criterios de maximización del beneficio privado. A partir de una forma concreta de definir el comportamiento socialmente responsable, que se explicará con más detalle en el apartado siguiente, el texto busca responder a la pregunta: ¿qué significa y cómo se lleva a la práctica un comportamiento socialmente responsable en entornos de competencia imperfecta?

Para responder a la pregunta, el texto se inspira en las características y propiedades de los resultados colectivos en mercados de competencia perfecta, y en las decisiones de las empresas que llevan a resultados socialmente deseables, y las traslada a mercados de competencia imperfecta. El resultado es una aproximación a la RSC que llamaremos maximización restringida del beneficio y que se presenta como alternativa a la solución al conflicto entre maximización del beneficio y maximización del bienestar social que se propone desde la teoría de los interesados (stakeholders). Por ejemplo, la propuesta que realiza Edmans (2022) y que el propio autor formula como “maximización del tamaño de la tarta”. La maximización restringida del beneficio se presenta en este texto como una forma de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos en mercados de competencia imperfecta, cuando en la eficiencia se incluyen, además de la posible pérdida residual (el dead-weight loss), los costes de transacción. Las restricciones a la maximización del beneficio necesarias para la eficiencia económica, en este caso, cumplen la condición de que se pueden implementar con la misma información que la que necesita para maximizar el beneficio, cuando, por otro lado, la propuesta de la RSC basada en la orientación a los interesados, raramente reconoce de forma expresa los elevados costes de transacción en que potencialmente se incurre en su implementación.

El trabajo de Fleurbaey y Ponthière (2023) resume las aportaciones a la RSC como maximización restringida del beneficio, y ha inspirado buena parte de este texto. La reciente publicación de Stoelhorst y Vishwanathan (2024) destaca las posibilidades que ofrecen las variantes de propiedad y gobierno de las empresas para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. Por otro lado, gana peso en la literatura académica la discusión sobre cómo adaptar los programas docentes y de investigación en Management para superar el conflicto entre la orientación dominante a la maximización del beneficio privado, y el interés general (véanse las diferencias de opinión en este sentido entre Foss y Kelin [2024] y Bansal et al. [2024]).

Este texto amplía el marco general de la maximización restringida del beneficio que proponen Fleurbaey y Ponthière (2023) con la distinción entre externalidades pecuniarias y externalidades técnicas, señalando que la aportación se limita a la internalización eficiente de las primeras, dejando el análisis de las externalidades técnicas para trabajos posteriores. En segundo lugar, se destaca la necesidad de incorporar los costes de transacción como un determinante más de la eficiencia económica que se desea conseguir con el comportamiento socialmente responsable. Este enfoque revaloriza las formas de instrumentar el comportamiento socialmente responsable a través del mecanismo de los precios, frente a otras soluciones propuestas que implícita o explícitamente, llegan a la eficiencia colectiva (maximizar la tarta) a través de una negociación sin límites entre los interesados. En tercer lugar, la referencia a las externalidades en general y a las pecuniarias en particular, permite precisar el concepto de interesado. Las posibilidades de elegir de los compradores y la respuesta de las empresas ofreciendo bienes y servicios junto con los precios respectivos para atraer a los compradores, obliga a una visión amplia de los clientes como interesados, de manera que lo que importa desde el interés general, no es sólo el bienestar de los clientes de una empresa, sino el del conjunto de todos los potenciales compradores del mercado, y por extensión el de todos los trabajadores en el mercado de trabajo. En suma, el texto defiende la importancia de que la RSC incorpore como un elemento relevante del comportamiento socialmente responsable de las empresas, la forma como las compañías responden a las situaciones de competencia imperfecta en los mercados,

El resto del trabajo se estructura en los siguientes apartados. El apartado primero plantea el comportamiento socialmente responsable como un comportamiento dirigido a internalizar los efectos externos de la actividad empresarial, y distingue entre externalidades pecuniarias y técnicas. El apartado segundo, está dedicado a presentar el indicador de bienestar colectivo que sirve de orientación para valorar la eficiencia creada. El apartado tercero pasa revista a los instrumentos a disposición de la empresa para actuar de acuerdo con los resultados colectivos que desean alcanzar. El apartado cuarto hace balance de los resultados previos y los contextualiza en el marco de la literatura académica más afín. Las conclusiones resumen las ideas y mensajes principales surgidos a lo largo de la exposición.

2. CONCEPTOS BÁSICOS: EXTERNALIDAD, INTERESADO, COSTES DE TRANSACCIÓN

En este apartado se definen y acotan los conceptos más relevantes. El primero de estos conceptos es el de empresa socialmente responsable que, a efectos de nuestra exposición, es aquella que voluntariamente y de forma sistemática, expresa su compromiso de renunciar a beneficios privados cuando con ello se consiguen resultados colectivos superiores. Se entenderá que el interés privado equivale a actuar y decidir con el criterio de maximizar el beneficio para los propietarios/accionistas, mientras que el criterio de bienestar social tiene sus raíces en la moral y la ética e incorpora e integra los objetivos de múltiples actores relacionados con la empresa. La empresa socialmente responsable se autorregula para actuar de acuerdo a lo que se considera una obligación moral, para lo cual unas veces bastará con cumplir la ley y otras no1.

La motivación de la conducta empresarial a partir de obligaciones morales no implica renunciar para siempre al interés particular como norma general de conducta, sino limitarlo voluntariamente por las propias personas cuando entre en contradicción con el interés general definido con criterios morales. Desde esta perspectiva, la RSC debe ayudar a las compañías a identificar situaciones donde existe conflicto entre el interés particular y el general, y tiene que proporcionar pautas de conducta efectivas para saber cómo actuar en consecuencia2.

En este contexto, una cuestión a la que el trabajo no da respuesta es ¿Por qué las personas están dispuestas a renunciar a su interés particular para conseguir un bien superior? Es decir, por qué las personas están dispuestas a comportarse atendiendo a obligaciones morales o éticas de forma voluntaria, aun a costa de renunciar a sus intereses particulares. El trabajo describe posibles conflictos entre el interés particular y el interés general en mercados de competencia imperfecta, y propone soluciones operativas para las empresas que, por obligación moral, eligen comportarse de forma socialmente responsable en los términos descritos. Por otra parte, queda fuera de la responsabilidad empresarial tal como se entiende en este trabajo, la RSC que se considera estratégica o instrumental por la cual el comportamiento responsable está motivado y ejecutado para aumentar los beneficios privados.

La economía del bienestar (welfare economics), valora los resultados de la producción y el consumo en los distintos colectivos humanos según los principios morales del sistema ético consecuencial o utilitarista. Ello supone, i) identificar a todos los colectivos afectados por las decisiones; ii) valorar la variación en el bienestar de cada uno de los colectivos para las distintas alternativas de elección; iii) agregar las variaciones de bienestar de todos los afectados en cada alternativa de decisión; iv) elegir la alternativa que proporciona la mayor variación positiva de bienestar total. Puesto que “afectado” es sinónimo de “interesado/stakeholder, la llamada RSC “orientada a los interesados”, es decir, la que propone una visión holista del bienestar como objetivo de las decisiones empresariales, queda integrada en la economía del bienestar social3.

Uno de los resultados más relevantes de la economía del bienestar establece que, bajo determinadas condiciones, los comportamientos individualmente racionales ─-guiados por el interés particular de los respectivos actores económicos, consumidores, productores y empresarios─, asignan los recursos escasos de una economía de manera que cuando la producción y el consumo ha concluido, se cumple la condición de eficiencia económica o eficiencia de Pareto: no es posible encontrar otras asignaciones factibles de recursos en los que se mejora el bienestar de alguna persona sin perjudicar a otras. Cuando se asumen comparaciones interpersonales de utilidad, la eficiencia de Pareto coincide con la solución que maximiza la riqueza conjunta de los interesados.

Una de las condiciones para que la racionalidad individual concluya en asignaciones de recursos eficientes es que la producción y el intercambio entre especialistas se desarrolle en mercados perfectamente competitivos. Es decir, en mercados con suficiente competencia, la maximización del beneficio ─como representación del interés privado de las compañías─, responde al calificativo de comportamiento socialmente responsable porque contribuye a que los recursos se asignen bien.

La economía analiza el funcionamiento de los mercados donde las decisiones individuales de los agentes, incluidas las compañías mercantiles, están guiadas por los precios. Esto significa que las relaciones entre los actores económicos se limitan a intercambiar una cantidad de bien o servicio pagando al instante el precio por unidad establecido. En el mundo real esto no es así y el sistema de precios convive con otras formas de gobernar la colaboración (distintos tipos de contratos) y el intercambio más personalizado, con contratos formales e informales, explícitos e implícitos, que cubren intercambios que se prolongan a lo largo del tiempo. Con las aportaciones de Coase (1960) señalando la relevancia de los costes de transacción para resolver los conflictos de interés entre lo privado y lo social (también llamados fallos del mercado), la economía del bienestar amplia el foco para incorporar distintas formas de gobernanza de los intercambios además de los precios, en la búsqueda de la eficiencia económica.

Bajo este enfoque, la cuestión a resolver es cómo debe actuar una compañía en unas circunstancias concretas, para que, teniendo en cuenta que los resultados colectivos dependen también de las decisiones de otras empresas y de otros actores con los que se relaciona, esa actuación individual esté alineada con el objetivo final de conseguir unos resultados colectivos que cumplen la condición de eficiencia de Pareto. Bajo esta premisa de interdependencia estratégica entre las decisiones de distintos competidores en el mercado, la eficiencia económica no está restringida al bienestar de los interesados que en un momento determinado puedan relacionarse con una empresa en particular. La evaluación correcta de la eficiencia económica obliga a incorporar en los análisis, el bienestar de todos los interesados que forman parte del mismo mercado, independientemente de la empresa a la que compran o para la que trabajan en un momento determinado. Por ello, muchas veces las consecuencias para la eficiencia económica de la competencia son nulas, pues lo que puedan perder unos se compensa con lo que ganan otros. Lo que importa para la eficiencia es que el resultado final de la competencia sea que el bienestar creado se acerque lo máximo posible al potencial.

Para abordar estas cuestiones el trabajo amplía la perspectiva teórica sobre la orientación a los interesados e introduce en el análisis dos conceptos clave, externalidades y costes de transacción. Las externalidades, o efectos externos, se refieren a las situaciones en las que la colaboración y el intercambio entre personas tiene consecuencias que alteran, positiva (desbordamiento de conocimiento nuevo) o negativamente (polución) el bienestar de terceros ajenos a la relación4. Las externalidades tienen consecuencias para la eficiencia económica porque alteran la relación entre beneficios y costes privados y beneficios y costes sociales. Por tanto, en presencia de externalidades se dan las condiciones para que las conductas guiadas por el interés particular no aseguren la eficiencia colectiva.

A los efectos de esta exposición es particularmente relevante la distinción entre externalidades pecuniarias y externalidades técnicas. Las externalidades pecuniarias ocurren cuando las decisiones de uno o varios actores en un mercado se transmiten en beneficios o costes para otros en el mismo mercado a través de alteraciones en los precios o en las cantidades de bienes, servicios o recursos que se intercambian en el mismo. Por el contrario, las externalidades técnicas alteran el valor intrínseco de uso de los bienes o servicios de terceros que poseen en propiedad y consecuentemente los beneficios que pueden generar, dentro o fuera de un determinado mercado. Dos ejemplos. Una externalidad pecuniaria ocurre cuando una empresa aumenta la producción y el precio de venta del mercado disminuye para ella y para todos los competidores. Un ejemplo de externalidad técnica es la contaminación medioambiental de la producción por parte de una o varias empresas y que daña la calidad de la tierra y del medio natural cercano donde se cultivan productos agrícolas. La contaminación medioambiental que reduce el capital natural y amenaza el bienestar de las generaciones presente y futuras formaría parte de las externalidades técnicas. Las externalidades pecuniarias desencadenarán acciones y reacciones de los afectados de manera que entrarán a formar parte de la propia dinámica de funcionamiento de los mercados. Las externalidades técnicas pueden tener afectados dentro de un mismo mercado, con lo cual entran dentro de la dinámica competitiva del mismo, pero también pueden estar fuera del mercado, en cuyo caso su resolución deberá abordarse por otras vías, por ejemplo, la intervención del Estado con impuestos, subsidios y regulaciones.

Los costes de transacción se refieren a los costes en que hay que incurrir para que las principales instituciones (sistema de precios, empresas, contratos a largo plazo, normas sociales…) que favorecen las relaciones y los intercambios funcionen5 bien. En la economía de mercado los costes de transacción incluyen el valor económico de los recursos dedicados a descubrir oportunidades de colaboración e intercambio, a conseguir que las oportunidades se materialicen a través de llevar a acuerdos, redactar contratos, y tener garantías de cumplimiento. Los costes de transacción son relevantes cuando se trata de elegir entre los distintos mecanismos de coordinación para que las economías y los mercados funcionen correctamente. Por ejemplo, Coase (1937) explica la existencia de empresas (mecanismo para la dirección de recursos basado en la autoridad del empresario), por los elevados costes de dirigir los recursos a través del sistema de precios.

Este texto se focaliza en cómo reconocer e internalizar las externalidades pecuniarias, es decir, las que afectan a interesados que pertenecen a un mismo mercado y se transmiten principalmente a través de alteraciones de los precios. En ese entorno, la eficiencia económica se valora a partir del bienestar de todas las personas que participan o pueden participar en actividades de colaboración e intercambio dentro de los límites de un mercado, cada una en su condición de cliente, trabajador, financiador o emprendedor. Por otra parte, el texto presta atención a los costes de transacción como condicionantes cuando se trata de elegir entre distintas fórmulas organizativas que implican menor o mayor dependencia del sistema de precios y de la iniciativa individual para coordinar y motivar las acciones individuales.

La exposición se presenta como una forma de razonar sobre la RSC como concepto y como conducta en la gestión empresarial. El mensaje final es simple: cuando no existen externalidades técnicas, las compañías que desean ser socialmente responsables en el sentido de alinear sus decisiones de negocio con la eficiencia de Pareto en lo que se refiere a sus relaciones con los interesados/externalidades pecuniarias, deben actuar como lo harían en un mercado perfectamente competitivo. Es decir, aunque tengan poder de mercado por las características propias de la situación, ser socialmente responsable significa limitarse y no ejercerlo. Requiere comportarse como si actuaran en un marco de competencia efectiva. La propuesta debe ser matizada porque no cubre todo el espectro de la RSC, concretamente deja fuera los espacios claramente relevantes de las externalidades técnicas y las consideraciones distributivas en cuanto al reparto más o menos equitativo de la riqueza creada, pero resulta un punto de partida valioso para identificar contextos de competencia en los mercados y establecer ciertas pautas de conducta empresarial a seguir, así como excluir otras.

3. LA RIQUEZA CREADA O EL TAMAÑO DE LA TARTA A REPARTIR

La economía del bienestar propone como medida de riqueza creada o bienestar colectivo, la diferencia entre la utilidad de los consumidores por satisfacer sus necesidades con el consumo/uso de un producto o servicio, y el valor de los recursos empleados en la producción en el mejor de los usos alternativos posibles (costes de oportunidad). Edmans (2020) define esta diferencia entre valor o utilidad y coste de oportunidad “el tamaño de la tarta” empresarial. A efectos operativos y de cálculo, la utilidad por el consumo se aproxima por el equivalente en euros de renta a los que los consumidores estarían dispuestos a renunciar para poder consumir la producción de una empresa o de todo un mercado. El coste de oportunidad de los recursos empleados en la producción se expresa generalmente en euros, bien porque existen precios de mercado que permiten una valoración directa, bien porque existe una traducción en euros de la pérdida de utilidad para sus propietarios por desprenderse de ellos (por ejemplo, la renuncia al ocio para las personas que dedican tiempo al trabajo). En este sentido, si los bienes o servicios para el consumo se valoran en euros que expresan disposición a pagar por quienes los van a comprar y consumir, los recursos empleados se valoran por la disposición a aceptar por quienes se van a desprender de ellos. En el resto de la exposición, el indicador de bienestar colectivo/tamaño de la tarta resultado de la asignación de recursos para la producción y venta de una compañía o del conjunto de compañías que compiten en un mismo mercado se concreta en la riqueza creada definida como diferencia entre disposición a pagar y disposición a aceptar,

Riqueza creada = Disposición a pagar – Disposición a aceptar

Ilustración6

La figura 1 representa una empresa/sociedad mercantil que conecta dos mercados, el mercado de trabajo y el mercado de producto. La empresa aporta capital propiedad de la compañía mercantil, y tiempo de trabajo del empresario que dirige las relaciones con los mercados y la asignación interna de recursos. Para simplificar, el mismo empresario es el financiador del capital que a su vez se supone dado e igual a 1, por lo que no aparece identificado expresamente como input en la función de producción. Esto significa que las decisiones de producción tendrán en cuenta únicamente la relación tecnológica entre unidades de trabajo, L, y unidades de producción Q en un periodo determinado.

4. LA ORGANIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE RIQUEZA

La figura 2 representa la riqueza potencial a partir de los conceptos de disposición a pagar (utilidad por el consumo) de potenciales compradores de un producto, y disposición a aceptar (coste de oportunidad) por parte de los trabajadores necesarios para la producción. La segunda cuestión es cómo regular las relaciones entre los distintos agentes que pueden intervenir con sus decisiones en el proceso de creación y reparto de riqueza. Distinguiremos entre soluciones organizativas que utilizan el sistema de precios y soluciones de no-precios. Dentro de las soluciones basadas en el sistema de precios se distingue entre la situación en la que la empresa que intermedia entre trabajadores y consumidores maximiza el beneficio sin restricciones, y aquella en la que la empresa maximiza el beneficio con restricciones.

Sistema de precios con empresa que maximiza el beneficio

La empresa intermedia entre clientes y trabajadores, estableciendo un precio para vender cualquier producto final que demandan los clientes, y contratando a los trabajadores que aceptan trabajar por el salario que fija la empresa. Por esta función de intermediación la empresa/empresario recibe como compensación el beneficio, es decir, la diferencia entre los ingresos por la venta menos los costes del trabajo contratado. De acuerdo con la notación anterior, el beneficio que la empresa obtiene es igual a,

La figura 3 muestra la representación gráfica de la riqueza creada y como se reparte entre la empresa/empresario (beneficio), los consumidores/compradores (excedente del consumidor) y el excedente de los trabajadores, en la solución que maximiza el beneficio de la empresa. Por definición, el área de riqueza creada que corresponde al excedente del consumidor es la diferencia entre la disposición a pagar por los compradores menos lo que realmente pagan por el consumo:

Sistema de precios con restricciones para la maximización de la riqueza creada

La interposición de una empresa-empresario que maximiza el beneficio para intermediar entre trabajadores y consumidores utilizando el mecanismo de los precios da como resultado una riqueza total que no es socialmente óptima porque desaprovecha parte de la riqueza potencial. No maximiza la tarta, en terminología de Edmans (2020). La empresa socialmente responsable reaccionará ante esta situación planteándose un comportamiento alternativo a la maximización del beneficio que mejore la eficiencia colectiva. Veamos ahora cómo se podría articular una intermediación a través del mecanismo de los precios que mejore la eficiencia colectiva, en la línea de lo que se ha denominado maximización del beneficio con restricciones. Para identificar estas restricciones nos fijamos en los precios que replican la solución de competencia perfecta, es decir, precios y salarios que la empresa toma como dados en la maximización del beneficio para evitar la pérdida de riqueza potencial.

Si la empresa es precio aceptante en los dos mercados, de producto y de trabajo, para un precio dado y un salario, el beneficio a maximizar es,

Para encontrar los precios buscados se analiza separadamente el mercado de trabajo y el mercado de producto.

En el mercado de trabajo la empresa demanda empleo para el salario dado de acuerdo con la condición de máximo beneficio,

Por otro lado, la función de oferta de trabajo en función del salario que la empresa toma como dado es,

La figura 5 muestra el equilibrio simultáneo en los mercados de trabajo y de producto final y la figura 6 integra la creación y reparto de riqueza en un esquema gráfico similar al de la figura 3.

En la producción de equilibrio se iguala la disposición a pagar por la última unidad producida y vendida con su coste marginal de oportunidad. Con esta condición la riqueza creada coincide con la potencial y su reparto se realiza de acuerdo con los pagos que determinan el precio del output y el salario de equilibrio. En el reparto, la empresa/empresario recibe un beneficio que será siempre menor o igual al que obtendría maximizando el beneficio sin restricciones. El “sacrificio” del empresario, al reducir el beneficio con las restricciones, queda compensado por el incremento de riqueza que obtienen los compradores y los trabajadores con las restricciones de la empresa precio aceptante. Este resultado ejemplifica bien el comportamiento socialmente responsable tal como se ha definido en el trabajo: renunciar a un beneficio particular para conseguir un beneficio colectivo mayor.

El cuadro 1 resume las soluciones a los problemas de maximización del beneficio con y sin restricciones en términos de riqueza creada y su reparto, para el ejemplo ilustrativo. Con restricciones, la riqueza creada total aumenta un 3 %. La distribución de la riqueza generada se altera notablemente: los trabajadores y los consumidores ganan, a costa de los beneficios de los inversores. La riqueza de la que se apropian los trabajadores se reparte entre todos ellos en función de la relación entre el salario y la respectiva disposición a aceptar. La concentración en la propiedad de los activos lleva a un reparto de los beneficios entre un número reducido de financiadores. Por tanto, la redistribución de la riqueza creada con las restricciones a la maximización del beneficio es de esperar que contribuya a reducir la desigualdad en la distribución del bienestar individual.

Soluciones de no precios

Los consumidores, trabajadores y empresa/empresario (en este caso también financiador) están interesados en la relación porque las decisiones de unos afectan a la oportunidad de obtener beneficios de los demás. Con una información completa, todos y cada uno de ellos conocerán la oportunidad de crear riqueza si se consuma la colaboración (tamaño de la tarta) y es de esperar que tengan incentivos para participar en el proyecto si las contrapartidas son satisfactorias. Estas contrapartidas tendrán que ver con el resultado del reparto de la tarta para cada participante y una de las condiciones para que la colaboración se materialice es que cada interesado reciba una remuneración que compense el coste de oportunidad de colaborar. Satisfecha esta primera condición, el reparto final dependerá de la capacidad negociadora respectiva.

Con información y habilidad para negociar, llegar a acuerdos, asegurar que estos se cumplen… la negociación entre los interesados terminará con un acuerdo en el que se aprovecharán todas las posibilidades de generar riqueza. Se cumpliría así el teorema del coste social formulado por Coase (1960): sin costes de transacción relevantes (con información detallada de las preferencias y costes de oportunidad, sin costes relevantes para negociar, contratar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos), los interesados llegarán a acuerdos sobre la asignación de recursos y la generación de riqueza de forma que la riqueza finalmente creada coincide con la potencial, y esa riqueza se reparte de manera aceptable para todos los interesados.

Una de las posibles soluciones que se han formalizado al problema de negociación entre interesados es la de Nash. En el ejemplo ilustrativo está solución se expresaría en las siguientes ecuaciones (suponiendo costes de oportunidad cero por participar en la colaboración para el empresario y para los consumidores):

La solución negociada de Nash reparte la riqueza creada de manera que cada partícipe recibe su coste de oportunidad por participar y una parte igual para todos de la riqueza creada (diferencia entre disposición a pagar y disposición a aceptar). Para instrumentar esta solución los compradores deberán hacer pagos laterales a los trabajadores y la empresa para cumplir con las condiciones de reparto acordadas.

Un caso particular de esta solución es la que se atribuye a una empresa monopolista perfectamente discriminadora y con plena capacidad negociadora con cada uno de los restantes interesados. Esta empresa pagaría a cada trabajador exactamente su coste de oportunidad (condición para que acepte) y cobraría a cada cliente comprador exactamente lo que está dispuesto a pagar (también condición para que acepte). El beneficio de la empresa es la diferencia entre lo que ingresa y lo que paga, que en este caso coincide con la riqueza creada total. La maximización del beneficio llevaría a la empresa a decisiones de producción y empleo eficientes (maximizan la riqueza creada que coincide con la potencial). El excedente de los consumidores sería cero y el excedente de los trabajadores también.

Las soluciones negociadas responden a lo que hemos denominado, soluciones de no-precios, porque reservamos la solución de precios para la organización del intercambio bajo la regla de que “la empresa fija un precio y los clientes deciden cuanto comprar a ese precio y/o la empresa fija un salario y los trabajadores deciden si aceptan trabajar a ese salario o no aceptan”. La negociación también implica pagos entre unos interesados y otros, pero esos pagos se han acordado previamente en un proceso en el que esos interesados han compartido información, han intercambiado ofertas y contraofertas, han redactado contratos con las correspondientes garantías… En suma, han tenido que invertir tiempo y recursos en acordar los los términos de la colaboración, con los consiguientes costes directos de transacción.

La solución al problema de coordinar la colaboración entre trabajadores para producir bienes o servicios que se venden en los mercados para el consumo final a través del sistema de precios ahorra en costes directos de transacción porque no contempla la negociación y/o las relaciones interpersonales más allá de pagar un precio y recibir una contrapartida. Sin embargo, en competencia imperfecta, la empresa que maximiza el beneficio, cuando decide la producción y el empleo genera externalidades pecuniarias a través de alterar precios y salarios con el resultado final de asignaciones de recursos ineficientes en el sentido de Pareto (la riqueza creada está por debajo de la riqueza potencial). La propuesta de comportamiento socialmente responsable de las empresas en forma de maximización restringida del beneficio trata de internalizar las externalidades pecuniarias sin renunciar a las ventajas del sistema de precios, para lo cual se propone que la empresa actúe como precio aceptante como lo haría en mercados perfectamente competitivos.

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Recordemos dos conceptos clave para tener presentes en la discusión posterior: externalidades y costes de transacción. Las externalidades pecuniarias en nuestro caso son relevantes para identificar a los interesados y reconocer porqué el comportamiento guiado por el interés particular de cada uno entra en conflicto con la eficiencia colectiva. Los costes de transacción son relevantes a la hora de diseñar, comparar y elegir el mejor mecanismo o los contratos más interesantes que guíen la colaboración entre los interesados.

La competencia perfecta es una referencia de partida para entender los conflictos entre el interés particular y la eficiencia colectiva que surgen en presencia de externalidades. En competencia perfecta, todos los actores del mercado toman los precios como dados para sus decisiones, ya sean estas de consumo (compradores), de producción (empresas) o de disposición a trabajar (trabajadores). En otras palabras, en mercados con competencia perfecta, las actuaciones de los actores, presuntamente motivadas por su interés particular, incluida la maximización del beneficio por las empresas, no generan externalidades pecuniarias en el resto de los actores, y por ello, éstos no adquieren la condición de interesados.

A continuación, examinemos el caso de la ilustración (figura 1) de una empresa que tiene poder de mercado en el ámbito de los bienes y servicios y en el mercado de trabajo, y que se enfrenta a una función de demanda en la que la cantidad vendida de lo que produce depende del precio y del salario que paga. En la decisión de producción para un cliente concreto, la empresa reconoce que, si aumenta la producción para atender la demanda del cliente, tendrá que bajar el precio, descenso que se traslada a todos los compradores potenciales pues la empresa anuncia un mismo precio para todos. Con el aumento de la producción la empresa vende a un precio más bajo todas las unidades que produce lo que reduce los márgenes de beneficios. En la decisión sobre cuánto producir para maximizar el beneficio, la empresa iguala el coste marginal de producción con el ingreso marginal, no con el precio de venta. Esto significa que la producción de la última unidad de producción que incrementa el beneficio tiene un doble coste: el coste marginal de producción y el coste por la pérdida de ingresos en las unidades vendidas inframarginales por la venta a un precio inferior al que se podría cobrar si se vendiera una unidad menos.

La empresa que maximiza el beneficio cuando es consciente de que las decisiones de producción influyen en el precio de venta, internaliza los efectos sobre los beneficios propios de bajar y subir precio debido al impacto de la decisión en la cantidad vendida (más cuando el precio baja y menos cuando sube) y por el efecto sobre el margen de beneficio medio por unidad. Sin embargo, no tiene en cuenta que las variaciones en los precios de venta del producto que se transmiten, al variar la producción, alteran el bienestar de los compradores, el excedente del consumidor, aumentando si el precio baja y la producción y demanda aumentan, y disminuyendo en el caso contrario.

De igual modo, con las decisiones de empleo se influye en los salarios y en el excedente de los trabajadores, aunque de nuevo, el empresario que maximiza el beneficio, no lo reconoce o internaliza en sus decisiones. Al final, fuera de la competencia perfecta, las decisiones de los compradores, empresas y trabajadores, por separado, afectan al bienestar de los demás convirtiéndose todos en interesados. Por hipótesis, se supone que la empresa dirige el proceso de producción e intercambio a través del sistema de precios, y los compradores y los trabajadores se limitan a responder participando o no en el intercambio/colaboración. Por todo lo cual, es la empresa la principal responsable de las externalidades y de que estas se internalicen o no.

Costes de transacción

El sistema de precios tal como se ha descrito ─la empresa anuncia un precio o salario y los compradores y/o trabajadores deciden si compran o no el producto o se emplean a ese precio─, impide internalizar adecuadamente las externalidades cuando no se proporcionan las condiciones de competencia perfecta y las empresas pueden influir en los precios mediante sus decisiones de producción (poder para influir en el mercado de producto y de trabajo). Es de esperar que actores racionales traten de reaccionar ante situaciones de asignación de recursos que implican pérdidas de riqueza por cuanto que la riqueza creada realmente está por debajo de la potencial (pérdida residual por la indebida internalización de externalidades).

Cuando el precio está por encima del coste marginal para la empresa, habrá compradores dispuestos a pagar por encima del coste marginal por acceder al producto, que no lo están al precio inicialmente fijado por la empresa (precio único que maximiza el beneficio). Si la empresa pudiera conducir una negociación separada con estos compradores marginales, sin alterar las relaciones con el resto, estaría en el interés de todos intentarlo. Al final la pérdida residual terminaría por desaparecer en todos los mercados, de producto y de factores. Es lo que ocurre por otra parte, con la empresa perfectamente discriminadora que negocia con cada comprador potencial y con cada trabajador potencial, los términos de la colaboración hasta que lo que puede cobrar al último comprador coincide exactamente con lo que tiene que pagar por el trabajo incorporado en esa producción. No hace falta insistir en que con información ilimitada y sin restricciones ni costes relevantes en cuanto a posibilidades de negociar, llegar a acuerdos… los agentes económicos abandonarían el sistema de precios impersonal y único para todos y lo sustituirían por pagos laterales ad hoc acordados a través de procesos de negociación, personalizados y adaptados a las condiciones singulares de cada transacción. Si el sistema de precios resulta demasiado rígido para internalizar las externalidades y asegurar que se consigue la riqueza potencial, se abandona el sistema de precios y se sustituye por otra fórmula de contratación, por ejemplo, la negociación ilimitada.

Sin embargo, en la práctica del funcionamiento de las economías, la hipótesis de información completa y simétrica de las partes que negocian, la hipótesis de que el coste de negociar, acordar y garantizar es irrelevante, no es realista. Los costes de transacción son en general importantes y cuando es así, la ganancia por la eventual internalización de externalidades debe compararse con los costes de transacción en que se incurre para conseguir esa internalización. La eficiencia económica de Pareto, justifica la solución negociada frente a la solución de precios únicos y transacciones anónimas si la pérdida residual que se evita con ello, compensa los costes de transacción en que se incurre. De no ser así, la recomendación desde la economía del bienestar es renunciar a la negociación ilimitada, mantener el sistema de precios y aceptar la pérdida residual.

Empresa socialmente responsable y ética

Con todo lo dicho, la empresa socialmente responsable adquiere relevancia en situaciones donde la negociación y el acuerdo entre partícipes o interesados, como forma de internalizar las externalidades, resulte viable y pueda operar con un coste limitado. Es el caso en que el sistema de precios no reconoce adecuadamente las externalidades que genera y tiene costes de transacción elevados. Por ello resulta eficiente sustituirlo por otro mecanismo que opere con menos coste de transacción. En este contexto, la forma más evidente de internalizar externalidades por parte de la empresa es sustituyendo el interés particular como función objetivo, representado por la maximización del beneficio, por el interés general, representado por otra función que refleje la riqueza creada, en la toma de decisiones de producción y venta. Por construcción, esta función agregada de riqueza total internaliza las externalidades, es decir, evita que la decisión descentralizada de un actor tenga impacto en el bienestar de terceros (interesados).

Sin embargo, esta solución, sustituir una función objetivo por otra, plantea numerosos problemas. Prescindir de la métrica del beneficio como resultado económico de las empresas y sustituirla por otras métricas de bienestar o riqueza creada tiene notables complicaciones porque da lugar a costes de transacción que hay que tener en cuenta, como han señalado distintos autores en la literatura académica (Jensen, 2001; Tirole, 2001, 2006). El cambio de la función objetivo de la empresa genera importantes fricciones y dificultades en el gobierno y gestión de la organización propiciando pérdidas notables de eficiencia. Por ejemplo, en empresas de un cierto tamaño con separación entre financiadores y empresarios/directivos, permitir que los directivos adopten objetivos que van más allá de la maximización del beneficio significa aceptar la posibilidad de que los costes de agencia aumenten exponencialmente (a posteriori, los directivos podrán racionalizar/justificar cualquier decisión que tomen argumentando que, aunque sacrifique beneficios, el sacrificio está más que compensado por las ganancias de otros interesados). Se incrementa la discrecionalidad directiva y ese ejercicio previsiblemente beneficiará, a costa de los propietarios/accionistas, a los ejecutivos en forma de altas remuneraciones o estatus. Por otro lado, resulta difícil reconocer qué legitimidad tienen los gestores para establecer y perseguir objetivos distintos a los económicos y considerar fines de carácter social. Tirole (2006) señala, además, que tomar en consideración las preferencias de los interesados obliga a depender de información subjetiva cuantitativa y cualitativamente y emerge la siempre difícil tarea de agregar intereses dispares. Finalmente, aunque la solución que hace máxima la riqueza creada de forma centralizada fuera fácil de calcular, todavía queda el paso final de negociar el reparto entre los interesados. La negociación puede resultar extremadamente costosa y difícil de culminar e implementar con muchos, heterogéneos y dispersos interesados. En suma, el cambio en la función objetivo de la empresa por otra que aparentemente reconozca mejor los intereses del conjunto de actores económicos y de la sociedad, no resulta simple y potencialmente está llena de fricciones y ambigüedades que aumentan los costes de transacción y hacen más difícil el gobierno de la empresa, su gestión operativa, el control y rendición de cuentas.

Cuando la maximización directa de la riqueza creada tiene elevados costes de transacción, se abre la posibilidad de optar por soluciones descentralizadas. Estas soluciones capturan las ventajas informacionales de las señales de precios para tomar las decisiones y mantienen al beneficio como criterio de toma de decisión empresarial. Se trata de volver a la solución de maximización del beneficio con restricciones que se ha presentado en la ilustración anterior. La restricción adicional de la empresa que aplica el criterio de maximización del beneficio consiste en actuar como precio aceptante en el mercado, es decir, comportarse como lo haría si el mercado fuera perfectamente competitivo. La empresa fija un precio de venta y vende a ese precio a todos los que quieren comprar mientras el precio esté por encima del coste de producción competitivo. La empresa fija un salario igual a la productividad marginal del trabajo valorada al precio de mercado del producto y emplea a todas las personas que desean trabajar por ese salario. El resultado final se resume en la figura 5. La solución es que evita las externalidades y se instrumenta a través de los precios que, bajo los supuestos del análisis, determinan que todas las externalidades relevantes son de naturaleza pecuniaria y operan con bajos costes de transacción.

Esta forma de expresar y articular la responsabilidad social empresarial se inspira y formaliza en la propuesta de Ética desde la Perspectiva de los fallos del Mercado, que sugiere J. Heath (2014). Este autor canadiense considera que la maximización del beneficio/maximización del valor de las acciones por parte de las empresas, es un comportamiento que merece el calificativo de ético si y solo si, comportándose de ese modo, se consigue un resultado final de asignación de recursos para el conjunto de la economía que cumple la condición de eficiencia económica (eficiencia de Pareto). El autor recuerda que la maximización del beneficio está alineada con la ética sólo cuando los mercados funcionan de forma “perfecta” (información completa y simétrica, empresas precio aceptantes, mercados completos…); en otras situaciones es posible aumentar los beneficios para los accionistas y al mismo tiempo generar pérdidas mayores para otros interesados. Las empresas, quienes tienen capacidad de decisión final en ellas, se convierten en custodios de la eficiencia económica lo que significa que deben abstenerse de maximizar el beneficio cuando la maximización permite aprovecharse en beneficio propio, de imperfecciones de los mercados7.

Competencia en los mercados y RSC

La competencia perfecta elimina las externalidades pecuniarias y convierte la maximización del beneficio en un comportamiento empresarial socialmente responsable en tanto en cuanto es el que se requiere para alcanzar la eficiencia de Pareto. Cuando los precios están dados para los decisores, significa que si una empresa sale del mercado, hay otra que le sustituye, de manera que la producción total, que iguala a la demanda, se mantiene intacta y, por tanto, también el precio. Si una empresa produce más, otra produce menos, y viceversa. La insignificancia de cada uno de los actores en la inmensidad del mercado, con muchos compradores y muchos vendedores, lleva al resultado final de que ninguno de ellos con sus decisiones altera los precios. Como los precios influyen en la forma de cómo se reparte la riqueza creada entre los actores del mercado (los compradores aumentan el excedente si el precio baja y lo disminuyen si sube), si ningún actor puede modificar el precio de equilibrio en el mercado, sus decisiones no modifican el bienestar de terceros. En otras palabras, en mercados con competencia perfecta, las actuaciones de los actores, presuntamente motivadas por su interés particular, incluida la maximización del beneficio por las empresas, no generan externalidades pecuniarias en el resto de los agentes, y por ello, éstos no adquieren la condición de interesados.

Por el contrario, la competencia imperfecta coloca al beneficio en una posición ambigua en cuanto a que, con su maximización, las compañías estén internalizando adecuadamente las externalidades pecuniarias propias de una competencia imperfecta y empresas con poder de mercado (capacidad de influir en variables como los precios de mercado). La competencia efectiva simplifica el comportamiento socialmente responsable de las compañías porque reduce el poder e influencia de cada una de ellas y, sin poder, no hay razón para pedir responsabilidad por las consecuencias de las decisiones para terceras personas. Una forma de neutralizar el poder e influencia de las compañías es aumentar las oportunidades de elegir de quienes se relacionan con ellas; la estructura de los mercados con muchas empresas vendiendo productos y servicios y contratando trabajadores ─que responde a la estructura de un mercado perfectamente competitivo─ favorece esas posibilidades de elegir y con ello la defensa frente a cualquier abuso.

El ejemplo de la empresa a la vez monopsonio en el mercado de trabajo y monopolio en el mercado de producto es un caso particular de competencia imperfecta; sin embargo, el resultado de que la maximización restringida del beneficio (con empresas actuando como precio-aceptantes) lleva a soluciones eficientes en el sentido de Pareto sería extrapolable a mercados de oligopolio con productos homogéneos o diferenciados (ver Fleurbaey y Ponthière (2023)). Más complicado sería generalizar la maximización restringida del beneficio a contextos, realistas, de decisores con horizonte temporal multi-periodo en los cuales las variables con las que las empresas tratan de influir en los resultados de la asignación de recursos, para mejorar sus beneficios, van más allá de las decisiones de producción. Incluyen también, al menos, innovaciones en producto y proceso que alteran la demanda (disposición a pagar) y la tecnología (costes de producción); por otra parte, el número y características de empresas competidoras variará con entradas y salidas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la idea general de que las externalidades pecuniarias importan para el comportamiento responsable de las compañías, y que existe margen para que las empresas las internalicen a través de fórmulas de autorregulación. En es sentido, creemos, debe interpretarse la propuesta de Salop (2024) en forma de decálogo para un comportamiento socialmente responsable de las empresas con poder de mercado que se resume en el cuadro 2.

Las complicaciones a la hora de relacionar competencia en los mercados con conductas empresariales socialmente responsables surgen también, cuando una o varias empresas en el mismo mercado desean actuar de forma socialmente responsable, mientras que otras no lo hacen. En mercados oligopolistas, si todas las empresas actúan de forma socialmente responsable tal como se ha explicado y definido en este texto, la riqueza creada será mayor que si todas maximizan su beneficio. Con empresas que maximizan beneficios y empresas que maximizan beneficios con restricciones, todas ellas compitiendo en el mismo mercado, las empresas con restricciones, todo lo demás igual, tendrán más dificultades para mantenerse financieramente solventes porque, si los costes unitarios son crecientes, al producir más output, sus costes de producción serán más altos que los de los competidores que maximizan beneficios sin restricciones. La selección natural juega en contra de la responsabilidad social corporativa. La conclusión sería distinta si otros partícipes en el mercado valoran positivamente el comportamiento responsable o prosocial de las compañías: los clientes aumentando la disposición a pagar por sus productos y/o los trabajadores y financiadores disminuyendo la disposición a aceptar. Pero el marco de competencia en el mercado con cambios en las preferencias de los actores requeriría un análisis teórico distinto al que ha servido de ilustración en este trabajo8.

Toda esta discusión nos ha llevado a la clarificación del concepto de interesado en mercados con competencia. En un mercado oligopolista, las empresas que compiten por obtener beneficios en el mismo responden a la condición de “interesadas” porque las decisiones de producción de cada una impactan en el beneficio de las demás. Desde la racionalidad individual, las compañías pueden responder a las externalidades que las convierten en recíprocamente interesadas, coordinando las actuaciones individuales para internalizarlas en su beneficio, que es el de su respectivo empresario/financiadores. La coordinación de las decisiones de producción entre empresas en un mercado, alrededor del objetivo de aumentar beneficios para sus accionistas/financiadores sería aceptable desde la eficiencia económica si creara más riqueza total. Sin embargo, la coordinación de decisiones entre empresas competidoras para maximizar el beneficio privado conjunto, en general resulta en perjuicios colectivos porque termina por aumentar precios y reducir salarios que perjudican a los interesados clientes y trabajadores en mayor medida que lo que puedan beneficiarse los accionistas. Esta es la razón por la que se crean servicios de defensa de la competencia con la misión de perseguir y penalizar las conductas colusorias de empresas guiadas por su interés particular. Si las compañías actuaran de forma socialmente responsable anteponiendo el bienestar colectivo al particular, la colusión entre competidores desaparecería porque es contraria a la eficiencia económica9.

6. CONCLUSIÓN

En este trabajo, dentro de la multiplicidad de enfoques y definiciones de RSC existentes en la literatura, hemos identificado y definido el comportamiento socialmente responsable de las empresas y empresarios como la renuncia voluntaria a beneficios privados a cambio de obtener beneficios y resultados colectivos superiores. La existencia de compañías dispuestas a comportarse de forma responsable en sus relaciones con el entorno y con la sociedad en general es particularmente importante en situaciones donde ni el mercado ni el Estado, actúan con eficacia para corregir los conflictos de interés entre beneficio privado y bienestar social. Es decir, cuando otras opciones institucionales tienen un recorrido limitado (por su complejidad, dificultades de implementación, universalidad, soberanía, altos costes de transacción…) y la única fórmula que queda para avanzar en la resolución del conflicto, es a través de la autolimitación de las propias compañías anteponiendo el interés general al suyo particular.

Esta forma de abordar la RSC exige reflexionar sobre dos cuestiones básicas. ¿Por qué las personas, una compañía privada y quienes tienen el poder de decisión sobre ella en nuestro caso, renuncian a un beneficio privado para conseguir un resultado colectivo superior, qué intereses les motiva? Y la segunda, si una empresa ha optado por ser socialmente responsable, ¿qué significa y cómo debe actuar en caso de conflicto entre el interés privado y el interés general?

La primera pregunta se responde desde la Ética o la Moral. Las personas pueden tener preferencias altruistas que incorporan principios morales por los que están dispuestos a sacrificar sus intereses personales por la defensa de un espacio de interés común. Si este perfil está muy extendido y generalizado entre los protagonistas de la acción económica (accionistas, empresarios, directivos, consumidores…) o es minoritario, no es cuestión que discutamos aquí.

Para abordar la segunda cuestión, sobre cómo implementar la solución socialmente eficiente, ampliamos la perspectiva teórica de la economía del bienestar e introducimos en el análisis dos conceptos clave como son, las externalidades y los costes de transacción. Las externalidades, se refieren a situaciones en las que la colaboración y el intercambio entre personas tiene consecuencias que alteran, positiva o negativamente el bienestar de terceros ajenos a la relación. Los costes de transacción se identifican con los costes en que se incurre para que las principales instituciones y organizaciones (precios, empresas, contratos a largo plazo, normas sociales…) faciliten y gobiernen los intercambios y lo hagan con eficiencia.

En este texto, la respuesta a la segunda pregunta se circunscribe a las externalidades de naturaleza pecuniaria (los efectos externos se trasladan vía cambios en precios o cantidades producidas), y propone una actuación socialmente responsable en forma de maximización restringida del beneficio, con limitaciones inspiradas en las que operan en los mercados de competencia perfecta: las empresas deciden tomando los precios como dados o, lo que es lo mismo, renuncian a ejercer su poder de mercado.

Con empresas precio-aceptantes, la maximización del beneficio se traslada a reglas para la venta de productos o servicios en los que los clientes compran mientras su disposición a pagar está por encima del coste marginal de oportunidad, y se contratan trabajadores que estén dispuestos a hacerlo por un salario igual al valor de su trabajo, medido a partir de la disposición a pagar por los compradores que consumen el producto o servicio donde está incorporado. Estas reglas establecidas en las relaciones con clientes y trabajadores, utilizan la misma información que la que necesita la empresa que maximiza el beneficio sin restricciones.

La modelización y el enfoque del problema es distinto cuando el comportamiento prosocial se concreta en maximizar una función de bienestar colectivo resultado de agregar preferencias individuales que los decisores empresariales deberán conocer y saber cómo compensar cuando entren en conflicto las de unos con otros. Al elegir la forma de actuar mejor, comparando un mecanismo con otro, hay que tener en cuenta los costes de transacción de las distintas alternativas.

Este trabajo defiende que, en presencia de externalidades pecuniarias y ausencia de externalidades técnicas (un supuesto exigente y restrictivo), la maximización restringida del beneficio es una forma de comportamiento prosocial más eficiente en términos de costes de transacción que otras que se proponen desde la teoría de los interesados. En particular, la ampliamente propuesta en la literatura de management de la maximización por las compañías de una función de bienestar social, por las notables complicaciones que plantea la formulación de esa nueva función objetivo. Lo interesante de la maximización del beneficio con restricciones es, creemos, que corrige los fallos del mercado (por poder de mercado de las empresas, por ejemplo) de forma descentralizada y aprovechando la información que proporciona el sistema de precios.

El trabajo deja otros temas relevantes por abordar que podrían ser objeto de futuros estudios. Uno de estos temas es cómo proceder para internalizar correctamente las externalidades técnicas. Existen dos posibilidades, externalidades técnicas que se extienden dentro del mismo mercado que las pecuniarias, y externalidades técnicas que desbordan mercados y/o países. Las externalidades técnicas que se circunscriben a un mercado, pueden analizarse incorporándolas a los modelos que analizan la competencia dinámica (que desplaza funciones de demanda y de oferta). Por otra parte, la internalización de las externalidades técnicas que desbordan mercados y/o países necesitará de la intervención de agentes con presencia en todos los mercados y/o países. Los potenciales candidatos son los fondos de inversión (ver nota 9), las compañías multinacionales, los estados nacionales y los organismos internacionales donde los estados nacionales están representados, como las Naciones Unidas.

Referencias

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Notas

* Universidad Pública de Navarra.

** Profesor Emérito Universidad de Zaragoza.

1 La RSC contemporánea emerge a finales del siglo pasado cuando los organismos internacionales, NNUU, OCDE, OIT… piden a las empresas multinacionales que respeten los derechos humanos y medioambientales básicos, como lo harían en sus países de origen, cuando realizan negocios en países donde los gobiernos no legislan para proteger esos derechos básicos. En este contexto, El Libro Verde de la Comisión Europea (2001) define la RSC como la integración de forma voluntaria por parte de las compañías mercantiles de las dimensiones social y medioambiental en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con los grupos de interés. Entre sus antecedentes, merece destacarse la controversia a finales del siglo XIX sobre si las compañías mercantiles privadas debían asumir algún propósito social, como era el caso cuando las compañías se constituían para agilizar la colaboración público-privada alrededor de proyectos de interés para monarcas y/o parlamentos (Dodd,1939; Berle, 1939). Otro hito importante en la historia de la RSC es la publicación en 1970 del artículo de Milton Friedman en el New York Times equiparando la maximización del beneficio como una forma de comportamiento socialmente responsable. En los últimos años la RSC ha evolucionado, más en las formas que en el fondo, adoptando otras etiquetas como, empresas con propósito (Mayer, 2018) y empresas ESG (Pollman, 2022).

2 La RSC se ha descrito también como una herramienta de gestión al servicio de la maximización del beneficio dentro de lo que se ha denominado “enlightened shareholder value maximization”. Jensen (2002) prescribe como buena gestión “maximizar el valor para los accionistas con la restricción de salvaguardar el capital reputacional acumulado en las relaciones con todos los interesados”. El capital reputacional es el resultado de inversiones en forma de beneficios a corto plazo a los que se renuncia con la expectativa de que la confianza respaldada por la reputación compensará el sacrificio a corto plazo por beneficios mayores a medio y largo plazo, debidamente descontados. Se trata, por tanto, de un comportamiento puramente interesado que no responde a la etiqueta de socialmente responsable porque no se renuncia a beneficios privados por un beneficio social superior.

3 La orientación a los interesados como alternativa a la orientación a los accionistas en la gestión empresarial toma forma en el libro de Freeman (1984) titulado Strategic Management: A Stakeholder Approach. El texto defiende la orientación a los interesados desde la premisa de que la ética de los negocios no implica sacrificios en rentabilidad económica. Harrison et. al. (2019) presentan un estado de la cuestión actualizado sobre el tema. En 2019, coincidiendo con la campaña electoral en Estados Unidos, la asociación de directivos de grandes empresas de Estados Unidos, Business Roundtable, publicó un manifiesto en el que los firmantes, miembros de la asociación, se comprometen a liderar las respectivas compañías en beneficio de todos los interesados (stakeholders) ─clientes, empleados, proveedores, comunidades y accionistas (https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/) y que se considera una ruptura con el compromiso histórico con la creación de valor para los accionistas, firmemente establecido en Estados Unidos y defendido sin fisuras por la propia BRT en los sucesivos manifiestos en años anteriores. Unos meses más tarde, el World Economic Forum en su reunión de Davos publica su propio manifiesto en una línea similar “The purpose of a company is to engage all its stakeholders in shared and sustained value creation. In creating such value, a company serves not only its shareholders, but all its stakeholders – employees, customers, suppliers, local communities and society at large.” https://weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/. La orientación a los interesados forma parte de una corriente de reforma corporativa más amplia que se ha denominado “welfarism” (orientación al bienestar) en la que el denominador común es influir en los resultados individuales y colectivos de las empresas alterando la función objetivo o criterio para la toma de decisiones; Kahan y Rock (2023).

4 Sobre el concepto de externalidad en economía, sus orígenes en la disciplina, evolución, situación actual del concepto y sus variantes o tipos, véase Bourdeaux y Meiners (2019).

5 Al igual que las externalidades, los costes de transacción han sido ampliamente analizados en la literatura económica, en su naturaleza y sus implicaciones para el gobierno y dirección de los recursos desde la eficiencia económica. Coase (1960), Williamson (1985) y Hart (2017) resumen las principales contribuciones a esta literatura y sus implicaciones. Para un análisis más cercano a la teoría económica de la empresa véase Stoelhorst y Vishwanathan (2024).

6 La ilustración está basada en el trabajo de Fleurbaey y Ponthière (2023). Los conceptos básicos de función de demanda, coste, función de producción, excedente del consumidor, beneficio… se utilizan al nivel de libro de texto de microeconomía, Varian (1999), por ejemplo.

7 Heath (2014) considera que la competencia en los mercados reales requiere de unas normas de conducta que generalmente son innecesarias en mercados competitivos. Estas conductas, en lo que se refiere a las empresas, incluyen: respeto por una contratación voluntaria y justa; el compromiso de competir solo en precio, calidad e innovación; el requerimiento de tomar los precios como dados; la prohibición de influir para conseguir leyes y regulaciones ventajosas; evitar la captura de rentas; el compromiso de no aprovecharse en beneficio propio de los fallos del mercado causados por información asimétrica, externalidades, falta de competencia. En resumen, “comportarse como si la competencia en el mercado fuera perfecta” (página, 37). Salop (2024) propone un decálogo de buenas prácticas empresariales en la intersección entre competencia y RSC.

 8 La pregunta de si las personas incorporan o no en sus preferencias indicadores de bienestar colectivo, además de los que afectan a su bienestar particular, y si esas preferencias extendidas influyen en sus conductas como consumidores, trabajadores, inversores financieros y ciudadanos no tiene una respuesta concluyente (Benabou y Tirole, 2010; Kitzmueller y Shimshack, 2012; Mahoney y Mahoney, 2021; Barzuza et al., 2023; Hirst et al., 2023; BCG, 2023). Con preferencias prosociales de los interesados las compañías deberán actuar de forma pro social porque es una restricción impuesta por el mercado, no por una obligación moral. Ding et. al. (2022) analizan la relación entre RSC, competencia y normas sociales en un marco teórico y empírico donde la RSC es una variable competitiva a través de la cual se influye en los resultados financieros de la compañía. Dewatripont y Tirole (2024) demuestran que la competencia en el mercado no impide a las personas (clientes y proveedores) que lo desean comportarse de acuerdo con las prescripciones de la ética consecuencialista (las personas internalizan las consecuencias de sus decisiones en el bienestar de terceros), contradiciendo así la opinión extendida de que el mercado y la competencia promueven comportamientos no éticos.

9 Los financiadores de los activos de las compañías, de donde se suministran los servicios de capital para la producción, apenas se han mencionado a lo largo del texto; ello ha sido así por el supuesto de partida de que el empresario que dirige la compañía aporta el capital necesario y este no tiene valor en usos alternativo. En general los financiadores como interesados tienen relaciones más complejas con las compañías de las que aquí se han considerado. Un caso particular es el de los fondos de inversión como tenedores de acciones de muchas compañías en carteras altamente diversificadas, por sectores y geográficamente, de manera que sus intereses financieros se extienden al conjunto del mercado y de la economía, no a los de las compañías consideradas individualmente. La gestión de carteras por fondos globales es relevante para la eficiencia económica cuando las decisiones de las empresas participadas inducen efectos externos en otras compañías de la misma cartera. En ese caso, la maximización del valor de la cartera de inversiones por el fondo inversor llevará a la internalización de externalidades entre las empresas participadas con impactos mixtos para el bienestar. Por ejemplo, mejorará la eficiencia cuando se trate de internalizar externalidades puras (Condon, 2020; Gordon, 2022). pero la empeorará en el caso de externalidades pecuniarias porque la maximización de los retornos financieros de la cartera llevará a comportamientos colusorios entre empresas que compiten en los mismos mercados (Azar y Vives, 2021).

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AI and digital technology: Gender gaps in Higher Education

Fecha: junio 2024

José Ignacio Conde-Ruiz*, Juan José Ganuza**, Manu García***, Carlos Victoria****

Abstract

This article examines gender gaps in higher education in Spain from 1985 to 2023 in the context of technological advancements, particularly digitalization and artificial intelligence (AI). We identify significant disparities, with women overrepresented in health-related fields and underrepresented in STEM disciplines. This imbalance is concerning as STEM fields offer better employment prospects and higher salaries. We analyze university degrees’ exposure to technological change through Routine Task Intensity (RTI) and AI exposure indices. Our findings show that women are more enrolled in degrees with high RTI, prone to automation, and less in degrees with high AI exposure, likely to benefit from technological advancements. This suggests technological change could widen existing labor market gender gaps. To address this, we recommend policies to boost female participation in STEM fields and adapt educational curricula to reduce routine tasks and enhance AI complementarities, ensuring equitable labor market outcomes amid technological change.

1. INTRODUCTION

We are witnessing one of the most significant transformations in both the educational system and the labor market in history, driven by technological advancements, particularly digitalization and artificial intelligence. These new technologies will drastically impact pedagogical tools and alter the supply and demand for education, especially at the university level.

This article focuses on the demand for university studies within the context of technological change from a gender perspective. Our objectives are twofold: first, we want to highlight current gender gaps in higher education and their potential implications for employability and wages in the face of technological advancements, especially Artificial Intelligence (AI). Secondly, we want to provide policy recommendations to address the potential challenges and opportunities arising from technological change, aiming to reduce these gender gaps and improve higher education studies in general.

We begin with a descriptive analysis of the evolution of the demand for higher education over the last three decades in Spain. To do so, we combine Eurostat data and data from the Spanish Ministry of Education. The data reveal several interesting aggregate results. Firstly, Spain has one of the highest percentages of young people with university degrees in Europe, particularly among women. The demand for higher education shows significant gender differences. While there are no significant disparities in social sciences and humanities, there is a notable gap in engineering and architecture studies, where men are overrepresented, and in health-related fields, where women predominate. This analysis of 100 university degrees demonstrates a lack of convergence in higher education demand between genders and no significant progress in reducing the gender gap in STEM studies over the past 20 years.

The second part of the article uses the methodology of Conde-Ruiz et al. (2024) to analyze the degree of exposure of university degrees to technological change. By combining information on employment patterns of different university degrees from the Spanish “Survey of Labor Market Insertion of University Graduates (EILU)” (National Statistics Institute [INE], 2019) and the indices constructed by Schotte et al. (2023) and Webb (2020) that measure the exposure of each occupation to technological change, we obtain indices measuring the degree of technological exposure of university degrees.

We build two indices that allow us to rank university degrees based on two factors related to occupations: Routine Task Intensity (RTI) and exposure to AI. A university degree with a high RTI index means that the students are likely to end up in occupations with a high proportion of routine tasks and consequently, a high risk of being replaced by technology. On the contrary, a university degree with a high index of exposure to AI means that students are likely to work in occupations that are complements to AI, which can lead to an increase in their productivity and better labor outcomes. We show that these indices significantly explain the employability of university degrees and expected salary differences.

From a gender perspective, it is revealed that women are overrepresented in degrees with a higher Routine Task Intensity (RTI) index while they are underrepresented in degrees with a high index of exposure to AI. This is concerning, since, as mentioned before, these indices are very informative on the future labor outcomes of new graduates. Our results indicate that technological change may widen the current labor-gender gaps. Composition effects may be significant, as university degrees vary greatly in terms of the number of students. To address this, we aggregate our indices for each university degree by the population of students and define an aggregate gender gap for each index. Our initial results are confirmed; after aggregation, we show that females study more degrees with a high RTI index and are less enrolled in degrees with a high exposure to AI index. We also show that these gender gaps are persistent over time, with very small improvements in recent years.

The article is structured into six sections. Section 2 presents a descriptive study of the evolution of the Spanish demand for university degrees from 1985 to 2023. Section 3 introduces the indices we have constructed to measure the degree of exposure of university degrees to technological change. Section 4 uses these indices to explain gender differences in labor market outcomes. Section 5 analyzes the relationship between the proportion of females in various degrees and our indices, defining two gender gaps related to the exposure of university degrees to technological change. Finally, Section 6 presents conclusions and policy recommendations.

2. SPANISH HIGHER EDUCATION DEMAND AND GENDER GAPS

We start by analyzing the evolution of the demand for university studies in recent decades by gender. Figure 1 illustrates the percentage of individuals aged 25-34 with tertiary education across genders, showing a positive gender gap with a higher presence of women in higher education.

This positive gender gap mainly arose in the 1990s, coinciding with a significant increase in university attendance. This pattern is not exclusive to Spain but is also observable in Eurozone countries. OECD reports from 2021 and 2023 support this observation, suggesting that the gap may be attributed to a higher premium for women obtaining a university education in Spain compared to men. For instance, in terms of employability, the difference between having a high school or university education is minimal for men (6% unemployment versus 5%), whereas it is more significant for women (reducing from 9% unemployment to 6%). The data also shows that Spain holds a prominent position within the Eurozone concerning the percentage of university graduates. The upward trend in the demand for university studies in Spain over the last three decades is a common pattern across all nations.1

Now, we focus on the specific demand for university degrees in Spain. Figure 2 illustrates the evolution of the distribution of enrolled students across fields of study.

Social sciences are the most demanded field of study, commanding nearly 50% of the market share. Sciences and humanities maintain a smaller yet relatively stable market share over time. Conversely, engineering and architecture experienced a significant decline in market share following the economic crisis and have struggled to recover. This decline has been compensated by the rise in demand for health sciences. This could be explained by the emergence of new disciplines driven by innovation in this area, as well as the aging of the population.

Despite these trends, demand across fields of study differs and has evolved disparately between genders. Figure 3 displays the evolution of female enrollment across various fields.

Notably, health sciences exhibit a high feminization rate, while engineering and architecture have stagnated below 30% representation of women since the late 1990s.

Table 1 presents university degrees in STEM fields ordered by female representation. Focusing on STEM studies, we observe that, except for those degrees related to health, women are significantly underrepresented. The table reveals a stark overrepresentation of women in disciplines related to Biology and an underrepresentation in fields like Physics, Mathematics, and Engineering.

Therefore, women are around ⅓ of STEM students. The gender gap in STEM studies is not unique to Spain. The OECD report (2023) shows that, to a greater or lesser extent, this gap exists in all developed countries. However, it is concerning that despite efforts to promote STEM studies among girls and adolescents, little progress has been made in the past two decades. Moreover, given that the labor market rewards mathematical knowledge, this gap in STEM profiles may contribute to the wage gap between men and women, as highlighted by Hanushek et al. (2015) and Rebollo-Sanz and De la Rica (2022). As we will analyze in detail in the following sections, STEM graduates could be better equipped than students of other disciplines to deal with technological change, potentially exacerbating the wage gap between genders

In the appendix we provide detailed information on female representation in approximately 100 university degrees within the science field, reinforcing the conclusions drawn from Figure 3. Women are overrepresented in degrees related to health, social work, and teaching, which we could call the “care economy”. In the social sciences and humanities, although there are differences in representation, these are generally smaller. Finally, in STEM degrees, except for those degrees related to health, women are significantly underrepresented. To give a sample of this pattern, Table 2 selects, from the overall analysis of all grades, the 10 studies in which women are most represented and those 10 in which they are least represented.

3. HIGHER EDUCATION EXPOSURE TO TECHNOLOGICAL CHANGE

Technological change has radically transformed the landscape of occupations. The rapid evolution of technology has created new job opportunities in some fields while displacing or modifying roles in traditional industries. This shift may be leading to an increased demand for technical and digital skills, thereby driving the need for constant adaptation and updating of labor competencies.

In this section, we will classify different university degrees based on the level of exposure they have to technological change. To do this, we will use the methodology developed by Conde-Ruiz et al. (2024) to estimate an index for each university degree. Firstly, they relate each university degree to different occupations. Secondly, they use information on the degree of exposure of each occupation to technological change. Finally, they assign a technology exposure index to each university degree. The following outlines the procedure for obtaining these indices schematically.

To obtain the correspondence between occupations and university degrees, we use data from the “Survey of Labor Market Insertion of University Graduates (EILU)” prepared by the National Statistics Institute (INE) for Spain for the year 2019. This survey includes information on the cohort of graduates in the 2013-2014 academic year (with a sample of 31,500 students) and information on the occupation in which they have managed to find employment five years after completing their degree. From this information, we calculate the distribution of occupations for each university degree, i.e., the percentage of graduates from each degree program who are working in each occupation.

Exposure indices of occupations to technological change have been extensively analyzed in the academic literature.

On the one hand, a line of literature (see Dorn [2015]; Acemoglu and Restrepo [2022]; Autor [2019]; Autor and Dorn, [2013]; Autor and Katz [1999] and Conde-Ruiz and Ganuza [2023], among others) attempts to anticipate which occupations will be most affected by the new digital economy, paying special attention to the possibility that the digital economy may automate those routine tasks within each occupation. Basically, they argue that technological change will not have a large differential impact on workers according to their levels of education, but according to the content of the tasks of their occupations (Task Biased Technological Change). Thus, three types of tasks are distinguished: routine, abstract and manual. Routine tasks involve the repetition of predetermined processes (as in car assembly lines or administrative tasks). Abstract tasks are those that involve problem-solving, intuition, persuasion, and leadership skills, as well as creativity. Manual (non-routine) tasks are those that require personal interactions, adaptability, visual recognition and language. It seems clear that routine tasks are easy to perform by automation technology, while abstract and manual tasks are much more difficult. The former is because they are clearly complementary to technology and the latter is because they are too expensive to be replaced by it. With this argument, a classification of the main tasks in each occupation is made. The most widely used database is O*NET (Occupational Information Network), which provides a direct linkage between tasks and occupations.

On the other hand, more recently, another line of research (Agrawal et al. [2018]; Ford [2015]; Susskind [2020], and Acemoglu and Restrepo [2020] or Acemoglu [2024], among others) focuses on new digital advances (Artificial Intelligence, Machine Learning, Generative Artificial Intelligence, and Large Language Models) that go beyond the automation of routine tasks and open the possibility that technology can replace human labor in virtually all occupations and tasks, but it can also complement some particular skills.

To analyze occupations threatened by the automation of routine tasks, we use the Routine Task Intensity (RTI) Index constructed by Lewandowski et al. (2022) and Schotte et al. (2023). This RTI index is a synthetic measure of the relative intensity of routine tasks within each occupation. Thus, occupations with a higher content (or proportion) of non-routine (analytical and personal) tasks will have a lower value of this metric, while those occupations with a higher content of routine tasks will have a higher value. This index is, therefore, a measure of the routine aspect of the occupation and, therefore, indicates the probability of being replaced by technology.

To analyze occupations exposed to technology beyond the degree of routinization, we use the Artificial Intelligence (AI) Index constructed by Webb (2020) and recently used by Albanesi et al. (2023). This AI Index constitutes a measure of the exposure of tasks and occupations to new developments in AI. Specifically, the AI index obtained from Webb (2020) is calculated by measuring the textual overlap (verb-noun pairs) of patents (taken from Google Patents Public Data) with job occupation descriptions from O*NET. We can interpret the AI index as a proxy for the potential impact of Artificial Intelligence on each occupation. It is important to point out that this index measures the degree of exposure of each occupation to AI advances, but we do not know if this impact will end up being positive (complementary) or negative (substitutive). All of this makes the interpretation of the AI index substantially more complex than that of the intensity of routine tasks of the RTI Index.

We classify all occupations using each of these two indices (RTI, artificial intelligence ─AI─ exposure index) and assign these indices to each university degree based on the occupations in which the students of each degree end up working. Each of the metrics is calculated as the weighted average of the indices of the different occupations.

The tables 3 and 4 show the university degrees most and least exposed to each of the two indices created.

The RTI index indicates that the higher the index, the greater the risk that the occupation will be replaced by technology. Therefore, those university degrees with a higher RTI are at the same risk, as it would indicate that recent graduates in that degree are being hired in occupations that are going to be threatened by technology.

Conversely, the rankings of university degrees using the AI exposure index have a different interpretation. If they have a high index, it means that students pursuing these degrees enter occupations that are exposed to artificial intelligence. In this case, if university education is complementary to the advancement of technology, students pursuing these degrees are not at risk in terms of the occupations they will perform in the future. In any case, it is interesting to point out that all careers with high rates of exposure to AI should update their contents and curricula, paying special attention to technological progress.

4. GENDER LABOR OUTCOMES IN HIGHER EDUCATION BY RTI AND AI INDICES

In this section, we will analyze the labor outcomes (employability and salaries) of each university degree according to the RTI and AI indices, considering the gender of each graduate.

The Figures 5 and 6 show the percentage of university graduates who are working 5 years after completing higher university studies according to the indices defined in the previous section. As can be seen in Figure 5, there is a negative relationship in the case of the RTI index, indicating that those degrees where students end up in occupations with a higher percentage of routine tasks have a lower percentage of graduates working. This negative relationship is not surprising since, as we mentioned above, it is precisely routine tasks that are the easiest to replace with digital technology.

In contrast, in Figure 6, we find that the relationship between the indices of exposure to technology and employability is positive. That is, we find that those university degrees with greater exposure to AI have a higher percentage of graduates working.

In the Figures 7 and 8, we see the relationship between the rates of exposure to technology for each university degree and a metric related to the salary obtained by graduates five years after completing their studies. Specifically, we use the percentage of graduates of each university degree who are working (i.e., affiliated to Social Security as employees) and who have a wage in the top two quintiles of the salary distribution (i.e., of social security contribution bases distribution) as a measure of salary level. We obtain results like those obtained previously. Figure 7 shows a negative relationship in the case of RTI, indicating that those degrees where students end up working in occupations with fewer routine tasks have higher salaries. In the case of exposure to AI, Figure 8 shows a positive relationship, indicating that those degrees with greater exposure to AI have a higher percentage of graduates in the highest wage quintiles (i.e., higher wages).

In short, we have found that the employment outcomes of students in higher education degrees with a lower RTI index or a higher AI exposure index are better. The results obtained in this section are in line with the results of Albanesi et al. (2023), which, using the same AI index developed by Webb, found that on average, employment has increased in occupations more exposed to AI for a set of 16 European countries over the period 2011-2019.

5. HIGHER EDUCATION GENDER GAPS: ROUTINE TASK INTENSITY AND AI EXPOSURE INDICES

We have seen that in Spain, as well as in most European countries, there is a positive gender gap in the attendance of women to higher education. However, to have the full picture, we also have to analyze the specific patterns of studies undertaken by women. We have shown that there are important differences between women and men regarding the demand for university studies. Women are overrepresented in health-related studies and, more broadly, in fields encompassing care economics, while they are underrepresented in scientific, engineering, and architectural degrees.

Looking toward the future, it is important to analyze how the studies chosen by women will be affected by technological change. To do so, we analyze how the proportion of women in the studies is related to our indices of intensity of routine tasks (RTI) and exposure to artificial intelligence (AI) that have been shown to be very informative about labor outcomes. In Figure 9, we plot the proportion of women in a particular university degree with respect to the RTI index of the degree.

It is concerning the positive relationship between the proportion of women and the RTI index, since it shows that studies with an overrepresentation of women may have a higher risk of being replaced by new technologies. Similarly, in the Figure 10, we plot the proportion of women in a particular university degree with respect to the AI Index of the degree.

We have shown before a positive relationship between our AI Index and labor outcomes since AI may enhance the productivity of some professions and skills. For this reason, the negative relationship between the proportion of women and the AI Index is a concern, as we can interpret this result to mean that studies with an overrepresentation of women may have fewer complementarities with new technologies.

These two results indicate that technological change may exacerbate gender differences in the labor market and degrees through the channel of the observed horizontal differences between females and males regarding the demand for university studies. However, we must point out that to make this statement, we must also control for the weight of a particular degree in the population. It could be possible that some degrees with an overrepresentation of women may have few students, and they are driving the results.

For controlling that we construct weighted (by the number of students) indexes for the two measures of routine task intensity and exposure to AI, for women and men. We multiply the index of a particular grade by the number of students in this grade, then we aggregate this for all the grades and divide such sum by the total number of students. We can compute this weighted average for every year of our sample to capture possible changes in the number of students in the grades. Therefore, we calculate the indexes using the following formula, for each gender (g) and year (t):

 

The conclusion is that when aggregating the positive (negative) relationship between the proportion of female students and our RTI (exposure to AI index) index for the whole population, we obtain new gender gaps that are persistent over time, although they have a very small but positive evolution.

6. CONCLUSIONS AND POLICY RECOMMENDATIONS

In this paper, we have analyzed the differences in demand for university studies by gender in an environment characterized by technological uncertainty and the rise of artificial intelligence. Our analysis provides empirical results from which important public policy recommendations can be drawn. Through a descriptive analysis of the demand for university studies in Spain over recent decades, we have uncovered significant insights regarding gender disparities. Women are predominantly represented in health-related fields and generally in disciplines within the care economy, whereas they are notably underrepresented in science, engineering, and architecture degrees. This underrepresentation of women in STEM fields is concerning as it has remained stagnant over the past two decades. Given the advantages of STEM studies in terms of job placement and future salaries, this disparity likely contributes to and potentially exacerbates gender gaps in the labor market.

The second part of the article aims to understand the impact of these horizontal differences in the demand for higher education in the face of technological change. To this end, the first step is to analyze how the different university degrees and their employment opportunities will be affected by new technologies and artificial intelligence. To do this, we follow the methodology of Conde-Ruiz et al. (2024) and use two indices for each of the degrees (Routine Task Intensity index and Artificial Intelligence exposure index). These indices are very informative in explaining both the labor market outcomes of the different degrees and the expected salary of their graduates. In particular, the degrees with the highest routine task intensity index (with a high percentage of routine tasks) are the ones that present the greatest danger that their job opportunities will be reduced by the replacement of new technologies. Conversely, degrees with high exposure to artificial intelligence demonstrate higher employability and salary prospects. While artificial intelligence will displace certain occupations, it will also enhance the productivity of others, resulting in varied impacts on different fields of study.

Using these two indices, we analyze the differences in demand in degrees between men and women, and we show that degrees with higher female representation have a higher degree of routinization and lower complementarity with respect to AI. These differences give rise to a gap when we aggregate the entire population, a gap that is persistent over time.

The possible consequences that could be drawn for public policies go fundamentally in two directions. On the one hand, there is a need to encourage women’s access to studies that generate less substitutive and more complementary profiles with new technologies, such as STEM degrees. Our analysis of the demand for university studies in Spain shows that this objective is difficult to achieve, because, despite policies to promote STEM studies in Spain, there has been no significant progress in the last two decades. A complementary and perhaps more feasible strategy is to modify undergraduate studies, in general, to adapt them to technological change and to adapt those with an overrepresentation of women to change professional profiles, reducing routinization and increasing complementarity with new technologies, especially with AI.

Finally, it is important to highlight some of the limitations of the present study and, therefore, to introduce caution in the conclusions we have just presented. The methodology for constructing the indices of exposure of university degrees to technological change is pioneering but depends on both the database of the employability of degrees and the indices of exposure of occupations to technological change. Regarding degree employability patterns, it is important to note that they are endogenous and will change with the introduction of new technologies. They are also aggregate patterns that should vary, not only at the level of the individual (qualifications, languages spoken, etc.) but also at the level of the university (quality, location, etc.). Finally, the rates of exposure of occupations to technological change capture the state of the art but should vary as technologies evolve.

To summarize, this paper suggests that the interaction of gender differences in the demand for university studies and technological change may widen gender gaps in the labor market. It is somewhat of a static snapshot given the current state of technology and degree employability patterns, but the result is clear and should give us pause for thought.

References

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Notes

* FEDEA and UCM.

** UPF and FUNCAS.

*** Washington University in St. Louis and Federal Reserve Bank of St. Louis.
The opinions and analyses are the responsibility of the authors and do not necessarily reflect those of the Federal Reserve Bank of St. Louis or the Federal Reserve System. José Ignacio Conde-Ruiz acknowledges the support of the Research Project of the Ministry of Science and Innovation PID2019-105499GB-I00. Juan José Ganuza acknowledges the support of the Barcelona School of Economics and the Research Project of the Ministry of Science and Innovation PID2020-115044GB-I00.

**** UCM.

1 In Spain, specifically, the proportion of young adults (aged 25-34) with tertiary education has increased from approximately 20% to 50%. This places Spain among the higher-ranking countries in our region, alongside France, surpassing the Eurozone average. However, Spain falls short of the levels observed in Luxembourg (64%) and Norway (60%) within Europe, or in Canada (73%) and South Korea (76%) globally (OECD, 2021).

APPENDIX
GENDER GAPS IN HIGHER EDUCATION (STEM VS NO STEM): RTI AND EXPOSURE TO AI INDICES

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Día Mundial sin Tabaco

Fecha: mayo 2024

Día Mundial sin Tabaco

Este año, el Día Mundial Sin Tabaco tiene como protagonistas a los niños y los jóvenes. Así se advierte en la página web de la Organización Mundial de la Salud, donde se les anima a que den un paso al frente y defiendan políticas que les protejan mejor ante el consumo del tabaco (#TobaccoExposed). Esta llamada resulta muy oportuna, toda vez que, en la discusión sobre los riesgos sociales a los que están expuestos los niños y adolescentes, ha adquirido tanta importancia el impacto de las pantallas y las redes sociales, que otros riesgos, como el del consumo de sustancias adictivas, parecen haber pasado a segundo plano. La preocupación por los “riesgos de última generación” no debería desplazar del interés público y del análisis social estos otros riesgos más “tradicionales”, entre los que el consumo de tabaco ocupa un lugar destacado. El tabaquismo entre los jóvenes adquiere especial relevancia dada su particular vulnerabilidad a la adicción a la nicotina y a los efectos adversos del tabaco.

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FIXED CAPITAL FORMATION IN THE NON-FINANCIAL CORPORATE SECTOR OF THE SPANISH ECONOMY: CRISIS, RECOVERY AND PROSPECTS

Fecha: abril 2024

Vicente Salas Fumás*

Abstract

Capital investment in the Spanish non-financial corporate sector has yet to return to pre-pandemic levels, and its recovery lags behind that of corporate output and employment, as well as compared to investment trends in other sectors of the economy. This report examines and evaluates several interconnected explanations for the observed behavior of aggregate corporate investment in Spain during the period 2019-2023: the positive output gap (excess capacity effect), the increase in the relative price of capital services compared to labor services (input substitution effect), and the corporate rate of return on operating capital stock remaining below pre-pandemic levels (incentives effect). The results of the analysis indicate that excess capacity, which affects the evolution of the return on capital stock, and the capital input becoming more expensive than labor can explain the evolution of capital investment. There is no evidence that financial constraints could have influenced investment decisions, although the mix between internal generated funds and bank debt could have changed particularly among large firms, with more internal and less external finance. There are positive signs that corporate investment will recover in 2024 (positive incentives to invest in 2023), but they may not be sufficient to motivate pre pandemic investment rates. The situation could be worst if the decrease in profit margin and rate of return observed during the second half of 2023 continues.

1. INTRODUCCIÓN

Capital investment stands as a pivotal determinant of production capacity, output, and productivity growth. As of 2023, the aggregate fixed capital investment within the Spanish non-financial corporate sector has yet to rebound to pre-pandemic levels, trailing behind the recovery observed in aggregate output and employment. This report describes and examines the trajectory of non-financial corporate investment in Spain from 2019 to 2023, assessing it through various economic theories about firms' investment behavior. The study period encompasses 2019, the pre-pandemic year, the pandemic years of 2020 and 2021, and the post-pandemic recovery period marked by the Ukrainian war shock and its ensuing consequences, including the inflationary episode spanning 2022 and 2023.

Analysis reveals that non-financial corporations (NFCs) have sustained their capital stock at pre-pandemic levels throughout the 2019-2023 period, while labor quantity has fluctuated in response to production requirements. Assuming total factor productivity levels akin to those of 2019, the estimated production capacity, given the available capital and labor by the end of 2023, still surpasses actual production levels. In essence, from the onset of the pandemic until the end of 2023, the corporate sector has operated with considerable excess capacity. Moreover, the user cost of capital has outpaced the cost of labor over the study period, incentivizing firms to favor labor-intensive production methods over capital-intensive ones. The evolution of excess capacity emerges as the primary explanatory factor for fluctuations in the average rate of return on capital during the period. Although the rate of return surpasses the cost of capital during the year 2023 –following several quarters where costs exceeded returns– the surplus is lower than pre-pandemic levels. With the output gap nearly nonexistent by the end of 2023, future investment prospects hinge on factors mirroring those of the recent past: the trajectory of relative input prices and the attainment of a rate of return on capital sufficient to offset input costs.

Various analysts have voiced concerns over the sluggish recovery of capital investment in Spain, offering diverse explanations. Domenech and Sicilia (2024) attribute the subpar performance of capital investment in Spain –across the board, not solely within the corporate sphere– to heightened fiscal pressure and the deterioration of public sector institutional quality. Torres (2023) points to Spanish corporations' manifested preference for deleveraging over investment expansion. Hernández de Cos (2024), Governor of Banco de España, warns of the adverse impact of escalating uncertainty surrounding government policies in Spain on capital investment decisions by entrepreneurs and managers. While our theoretical framework accommodates heightened uncertainty by incorporating elevated risk premiums and increased cost of capital, thereby dampening investment incentives for a given rate of return, it also furnishes alternative, theory-grounded economic rationales. These include the trajectory of relative input prices, the adequacy of capital investment in maintaining production capacity even during output downturns, and the absence of robust incentives for investment owing to the failure of the rate of return on the capital stock to regain pre-pandemic levels.

Aguilar et al. (2023) model and econometrically estimate the evolution of aggregate capital investment for the Spanish economy (excluding construction) as contingent upon interest rates, aggregate demand, and business confidence during the pandemic and subsequent recovery period (until the first semester of 2022). As anticipated, they discern a negative, albeit delayed, response of capital investment to interest rate hikes, juxtaposed with a positive correlation with output and confidence upswings. Our study diverges in several respects: we utilize aggregate corporate sector data rather than individual firm data and extend theoretical explanations of observed corporate investment to encompass a broader spectrum of economic theories, including neoclassical, accelerator, and Tobin's q theories.

The remainder of this report comprises three main sections. The first delineates the evolution of gross and net capital investment within the Spanish corporate sector throughout the study period, contrasting it with output trends and investment patterns across other institutional sectors and countries. The second segment succinctly expounds on economic theories elucidating firms' capital investment decisions, particularly demand-pull (accelerator) and supply-push (Tobin's q) explanations. Lastly, the third segment scrutinizes the extent to which investment data aligns with the various theoretical frameworks. The concluding section encapsulates key findings and forward-looking insights regarding the immediate future of corporate capital investment in Spain.

2. CORPORATE FIXED CAPITAL FORMATION IN SPAIN: A COMPARATIVE ANALYSIS

The initial descriptive analysis juxtaposes the trajectory of output and capital formation within the Spanish non-financial corporate sector (NFC) over a five-year period spanning from 2019 to 2023, as depicted in Figure 1. Output, denoted by the gross value added (GVA) of the non-financial corporate sector, is assessed at constant prices, adjusted by the GDP deflator of the economy recalculated to exclude the implicit deflator of financial services (refer to Appendix 1 for elucidation). Concurrently, capital formation is gauged through the gross fixed capital formation (GFCF), also evaluated at constant prices, utilizing the GFCF price deflator of the Spanish economy as the pertinent price index1.

In 2019, prior to the onset of the pandemic, and throughout the pandemic period, the normalized values of GFCF and output-GVA within the Spanish non-financial corporate sector exhibited a significant overlap. In 2019, both variables displayed an upward trajectory in real terms, with output increasing at an average annual rate of 2.2% and GFCF at an annual rate aroud 4.5%. However, the advent of the COVID-19 pandemic precipitated a shift from positive to negative trends, resulting in concurrent declines in output and capital investment until the second quarter of 2021. During this period, the annualized real flows of both variables were 12% lower than their respective pre-pandemic values recorded in 2019. From the third quarter of 2021 onward, corporate output embarked on a gradual recovery trajectory. By the end of 2023, the GVA of the non-financial corporate sector had surpassed its pre-pandemic level of 2019 by 4.1% in real terms. Conversely, GFCF maintained a downward trajectory throughout 2022, persisting at levels approximately 85% of those observed during the pre-pandemic period until the conclusion of 2023.

The subsequent analysis delves into a comparative assessment of capital investment within the Spanish non-financial corporate sector against that of a select group of European countries, including Germany, France, Italy, Sweden, and Spain, as depicted in Figure 2. The pre pandemic ratio of GFCF over GVA of the Spanish non-financial corporate sector is among the highest across the corporate sectors of the countries compared, and 30% higher than the German one. Spain is the only country compared where the ratio of GFCF over GVA has been decreasing since 2020 to a value that in 2023 is 4 percentage points lower than in 2019.

Figure 3 compares the gross capital investment of the non-financial corporate sector with the capital investment of other institutional sectors of the Spanish economy, namely the Public Administrations, PPAA, and the Household-Not for Profit, HOUSE_NFP sectors. Similarly, Figure 4 shows the comparative evolution of net fixed capital investment flows (gross minus capital consumption).

In the pre-pandemic year of 2019, GFCF across the three institutional sectors exhibited parallel growth rates, hovering around 4% annually in real terms (Figure 3). However, during the pandemic, GFCF declined in the non-financial corporate and household-NFP sectors, while experiencing an uptick in the public administration sector, consistent with activism of government interventions during the crisis episode. This trend persisted into 2020, but in 2021, capital formation in the household and not-for-profit sector rebounded, contrasting with continued declines in the non-financial corporate sector2. By 2023, GFCF in the PPAA and HOUSE_NFP sectors had surged by 30.4% and 20.4% respectively compared to 2019, whereas GFCF in the NFC sector had plummeted by 15%.

The evolution of net fixed capital formation over the same period underscores the divergence in capital accumulation dynamics between the corporate sector and other institutional sectors during the recovery period (Figure 4). As capital consumption escalated over time while gross capital flows dwindled, the decline in net fixed capital formation within the corporate sector surpassed that of gross capital formation. Remarkably, by 2023, net capital formation in the non-financial corporate sector had dwindled to a mere 8% of its 2019 level. Essentially, during the recovery phase, the aggregate gross fixed capital investment in the corporate sector barely sufficed to offset capital consumption from the existing stock.

Figure 4 also highlights the persistent negative net capital formation in the public administration sector until 2021, indicative of annual flows of gross fixed capital trailing behind capital consumption. However, from 2022 onwards, net capital formation in the public administration sector reversed course, accelerating positively. While the Next Generation EU (NGEU) programs likely contribute to the accumulation of public capital, their impact on business capital formation remains imperceptible at present.

2.1. Capital stock of NFC

The capital stock of capital services of firms in a moment in time is the result of new flows of capital investment and the consumption in production or by obsolescence of capital stock accumulated in the past. Figure 5 shows the evolution of the normalized capital stock aggregate for the Spanish NFC sector during the period 2019-2023, normalized for the value of 2019. For comparative reasons the Figure also shows the evolution of normalized values of output and labor.

The normalized output flow is the same as in Figure 1. The labor input is measured by the annualized compensation of employees of NFC from national accounts, deflated by the cost of labor index for the Spanish economy published by the INE. The capital stock is calculated through the permanent inventory method: The stock of capital at the end of period t-1 is valued at current replacement cost using the GFCF deflator of the Spanish economy; the capital stock at the end of period t is equal to the capital stock at t-1 plus the flow of fixed capital formation in period t at current prices and minus the consumption of capital during period t. The stock of capital at current replacement cost values is then deflated at constant prices of the reference year using as price index the GFCF deflator.

In 2019, prior to the pandemic, the evolution of output, labor, and capital inputs exhibited synchronous upward trends. However, the dynamics shifted with the onset of the pandemic. Output transitioned from growth to decline at the pandemic's outset (first quarter of 2020), followed by a decline in labor input one quarter later. The capital stock continued to grow, albeit at more moderate rates than pre-pandemic levels, until the second quarter of 2021. Both output and labor input declined throughout 2020, reaching a nadir in the second quarter of 2021. The decline in output was more pronounced, falling to 88% of its pre-pandemic peak, compared to the labor input's decline to 94.5% of its pre-pandemic value. From the second quarter of 2021 onward, both output and labor inputs have exhibited steady growth. By 2023, the estimated output of the non-financial corporate sector surpassed its pre-pandemic 2019 level by 4.1%, while the labor input increased even further, reaching 8.9% above its 2019 level. The estimated capital stock experienced moderate growth during the pandemic, likely due to inertia in executing previously approved investment projects, and has remained relatively stable throughout most of the period. In 2023, the relationship between capital and output resembles that of 2019, but the significant increase in labor input implies a lower ratio of capital stock per unit of labor in 2023 compared to 2019.

Figure 6 illustrates the annual growth rates of the annualized values of output and inputs, derived from the level values depicted in Figure 5. The volatility of the growth rate in NFC output surpasses that of the rate of changes in input quantities, mirroring the patterns observed in the level values. This observation suggests the presence of a fixed component in input quantities that remains unaffected by output variability, pointing out to fluctuations in input utilization rates over the economic cycle. Furthermore, the annual growth rates of output and labor input exhibit a closer resemblance than those of the capital stock, implying that variations in the utilization rates of capital have been more pronounced than those of labor. In line with the trend depicted in Figure 5, the rate of change in capital stock has progressively declined over the period, transitioning from annual growth rates of 2.5% in the pre-COVID year of 2019 to virtually zero growth throughout 2022 and 2023. Overall, the evolution of the capital stock during this period reflects an investment policy aimed at maintaining a constant capital stock through a gross capital investment flow equal to capital consumption.

The descriptive information on the evolution of capital formation in the Spanish non-financial corporate sector is completed with the capital investment rates, gross and net, calculated by the ratio of the annualized flow of capital investment over the capital stock lagged one year, all values at constant prices (Figure 7). The investment rates in terms of gross and net fixed capital formation were around 13% and 3%, respectively, in the pre pandemic year of 2019. During the pandemic period both rates gradually decreased to values around 10.5% and 0.5%, respectively, that have remained practically unchanged during the period from 2021 to 2023. Notice that the comparison between gross and net fixed capital investment rates suggests a depreciation rate from capital consumption for NFC sector of around 10% of the existing capital stock.

3. THE ECONOMIC THEORY OF BUSINESS CAPITAL INVESTMENT

This section provides a summary of various economic theories proposed to elucidate capital investment by private firms. These theories begin with the optimization problem faced by firms, aiming to determine the allocation of production output and inputs over time to maximize the present value of current and future cash flows in a forward-looking manner3. The inputs considered are labor and capital, where labor is regarded as a flow and the capital stock internally provides services utilized in production alongside labor. The capital stock undergoes depreciation at a specified rate, but new capital is incrementally added over time through fixed capital investment. Consequently, the capital stock at the end of period t equals the initial capital stock minus the capital consumed in production (depreciation) plus the new investment flow in period.

Given that capital services for production are internally provided by firms from the capital stock, the cost of capital per unit of service internally supplied is implicitly determined (referred to as shadow price) from the optimization problem. Conversely, output and labor are valued at their respective market prices. A pivotal variable in explaining capital stock and investment is the shadow price or user cost of capital services for the maximizing firm's present value of current and future cash flows (Jorgenson, 1963):

The dynamic optimization problem can be simplified into an equivalent period by period profit maximization problem with the user cost of capital as shadow price of one unit of capital service internally supplied by the firm for production jointly with labor. For example, a firm with a known production technology wants to produce a volume of output per period Q with two inputs, capital, K, and labor, L, in a cost minimizing way. From the first order conditions of optimal, the quantities of capital and labor used in production should be those solving the equations:

The capital investment flow is set equal to the change in capital stock, I=∆K. The more straightforward theory of investment (the accelerator theory) assumes that changes in capital stock are directly determined by changes in the output

Equation [3] can be generalized assuming that firms face adjustment costs so that the transition from the current to the desired capital stock in response to changes in the exogenous output is done gradually. Then,

Dividing by the lagged capital stock,

The investment rate will now be proportional to the ratio between the exogenously given output and the current capital stock, with a proportionality factor that depends on the cost and technology parameter, a, and on the adjustment parameter, λ.

The assumption of proportionality between output and capital stock and between capital investment flow and changes in output over time is unrealistic because marginal costs and input prices are likely to change period by period (changes in the elasticity, production technology will likely take more time). Combining equations [1] and [2],

The ratio of cost minimizing capital K and labor L inputs is proportional to the ratio of the respective elasticity of output to the input in the production function, and inversely proportional to the ratio of the respective prices, with the price of capital equal to the user cost. If the relative prices of labor and capital inputs change over time, the ratio of capital to labor desired by firms (cost minimizing and profit maximizing) will also change. From the observed and estimated labor and capital input prices it is possible to empirically observe changes in relative prices and if the observed input mix adjusts accordingly to what would be expected from the changes in relative input prices or not. If input prices and relative input quantities change over time the theories of investment that predict proportionality between changes in output and changes in investment would fail to explain the observed evolution in capital formation.

One limitation of the accelerator theory is that output is taken as exogenous and there is no place for expectations. Tobin introduced expectations in the theory of investment with the prediction that firms will invest until the market value of one asset (presumably estimated by the present value of the cash flows that the asset generates to its tenant) is equal to the cost of replacing it (Tobin, 1969; Brainard and Tobin, 1968). For a firm that is listed in the stock market, the expectations of investors about the future cash flows are reflected in the market value of the issued shares and bonds. Then, the investment rate of firms is related to the ratio between the marginal economic value of the last unit of investment in capital services, and the purchase or replace cost of the unit of capital service in the market, ratio known as marginal Tobin’s q. Tobin’s theory of investment can be reconciled with the neoclassical-present value maximization approach with the extension of the model to include explicitly an adjustment cost function into the optimization problem.

Assuming a quadratic cost adjustment function, the investment equation that results from se so called Tobin’s q theory of investment is given by,

These theories of investment assume that firms have access to all funds needed to finance the capital investment at the interest rate used to discount the future cash flows. However, the possibility that firms face financial constraints cannot be excluded and it should be accounted for when explaining capital investment. Frictions in the financing of capital investment may be the result of information asymmetries between the firm and the external financiers, in which case firms may find cheaper to finance investment with internal generated firms (retained earnings) than with externally supplied one.

We now provide some evidence that can provide some light on how these theories may have determined the observed capital investment of Spanish NFC in the period of study documented in the previous section.

4. DO THEORIES EXPLAIN CORPORATE INVESTMENT BEHAVIOR?

4.1. Accelerator

This section shows the results from the analysis of the data on capital investment with the lens of the theoretical predictions presented above. The first evidence is presented in Figure 8 that shows the correlation between the annual change in output, ∆Qt, and the year t flow of net capital investment as proxy of ∆Kt, as predicted from the more straightforward formulation of the accelerator theory, equation [3].

The blue dots correspond to pairs of values in the period 2019-2020, i.e., the values in the quarters during the pre-pandemic and the pandemic period. The orange dots correspond to values for the post pandemic values, from 2021 till 2023. The correlation between change in output and net fixed capital formation is positive and high in the pre pandemic and pandemic periods; however, in the post pandemic period the values of the two variables are uncorrelated.

Figure 10 shows the correlation between the variables in equation [5] that corresponds to the accelerator theory of investment with adjustment costs from transiting to the current to the desired capital stock after exogenous changes in output. The same conclusion applies: the observed correlation between the two variables is consistent with the theory in the pre pandemic and pandemic periods but not in the recovery period.

4.2. Relative input prices and production input mix

The evidence from Figure 8 to 10 casts doubts that the accelerator theory of investment can explain the corporate investment behavior of Spanish NFC in the recovery period. Most likely, the hypothesis of the theory that the user cost of the capital input and/or the production technology remain stable over time, does not hold in the recovery period (although it might have hold in the pre and pandemic one). This section examines the possible changes in labor and capital input prices during the period, and if the changes might have affected the relative optimal mix of the two inputs in production, as predicted by equation [6].

The unit prices of labor and capital experienced a moderate increase in the pre pandemic year of 2019. In the pandemic period the user cost of capital decreased (due to the deflation in the market price of capital services) while the unit labor cost increased at a moderate rate, an increase that has continued along the whole time period; consequently, the cost index of labor in 2023 is 12,7% higher than the pre pandemic value in 2019. The estimated user cost of capital increases at an accelerated pace during the year 2022, coinciding with the inflationary episode (Ukrainian war, energy prices). During 2023 the inflation in the prices of capital services decreases and so it does the user cost of capital. Overall, in the post pandemic period, the user cost of capital increases at a higher rate than the cost of labor and consequently, the ratio of cost of labor to the user cost of capital decreases in parallel. Equation [6], from profit maximizing firms, predicts that if capital is becoming relatively more expensive than labor then ratio of capital to labor in production will decrease in parallel. Figure 12 shows graphically the positive correlation between the ratio of labor to capital costs and the ratio of capital to labor, both ratios expressed in logs and the ratio of input prices lagged one period.

4.3. Incentives to invest

The return on assets (ROA) for the aggregate of the Spanish non-financial corporate sector, before profit taxes taxes, evolved from above 9% in the pre-pandemic year of 2019 to the minimum value slightly above 4% in the pandemic first quarter of 2021. The decline in ROA can be attributed to both a decrease in profit margin (operating profits per euro of gross value added, GVA) and a reduction in the ratio of GVA to the capital stock (numerator and denominator at current prices). From the second quarter of 2021 onward, the rate of return steadily ascended until the second quarter of 2023, but in the third and four quarter of this year it decreased again. In 2023, the year average ROA was 7.2%, two percentage points lower than the ROA in 20194.

The financial cost of capital exhibited fluctuations throughout the period, following a similar pattern to that of the ROA but with less volatility around the estimated period average of 6%. While the ROA surpassed the financial cost of capital in the pre-pandemic year of 2019, during the pandemic and part of the recovery period, the ROA fell below the financial cost of capital. By the end of the recovery period, however, the ROA once again surpassed the financial cost of capital due to higher profit margins and increased rotation of the capital stock. Nonetheless, the gap between ROA and financial cost of capital in 2023 was narrower than that observed in 2019.

Under certain assumptions regarding the perpetuity of profit flows, the ratio between the net rate of return of operating assets and the financial cost of capital can approximate the economic value of the firm's assets. Consequently, the ratio between ROA and the financial cost of capital can serve as a proxy for average Tobin's q5. In 2019, this proxy indicated strong incentives for NFC to invest in capital (Tobin's q greater than one). However, these incentives waned during the pandemic and much of the recovery period, when Tobin's q fell below one. In 2023, the proxy of Tobin's q surpassed 1 again, albeit not to the extent observed in the pre-pandemic period.

The inflationary episode of 2022 impacted the prices of capital goods, with the inflation rate during that year nearly four times higher than the pre-pandemic inflation rate. Although the price inflation of capital goods experienced a sharp decline in 2023, the year-average remained higher than pre-pandemic values. The interest rates charged by banks to NFC for new loans remained stable for the most part of the period, hovering below 2%, while official interest rates remained low, even negative. However, with the change in monetary policy response to the inflationary episode by the ECB, official interest rates and bank loan interest rates surged sharply. By the end of the sample period, the interest on new loans averaged around 5%, surpassing the inflation in prices of investment goods (positive real interest rates).

The evolution of the interest rate of loans did not significantly impact the estimation of the financial cost of capital in this study, owing to assumptions regarding the constancy of after-tax real rates of return expected by investors, r – ρk= 0.04 by assumption. Instead, changes in the estimated financial cost before taxes over time were primarily driven by fluctuations in the price inflation of capital goods, affecting the cost of capital through the corporate profits tax rate uρk..

The rates of growth of the capital stock and investment rates, as depicted in Figures 6 and 7, broadly align with the incentives to invest inferred from Figure 13, except towards the end of the period. In 2019, when Tobin's q was notably above one, the annual net capital investment rate hovered around 3%. However, throughout the period, with Tobin's q ratio below 1, both the net capital investment rate and capital stock growth remained virtually stagnant. The exception occurred in 2023, when the rate of return on capital once again exceeded the financial cost of capital (indicating Tobin's q ratio greater than one), yet the investment rate remained flat around zero.

Figure 14 summarizes the results of correlating the incentives to invest with the gross fixed capital formation investment rate (similar conclusions apply if considering the net investment rate), assuming a three-quarter lag between the decision to invest and the actual investment flow reported in national accounts (suggested by the data). The correlation is positive and statistically significant. The regression line's intercept equals the estimated depreciation rate implicit in the data; when the incentive to invest is zero (ROA equals cost of capital), the gross capital investment rate matches the depreciation rate (10.8% estimated by the model). The figure also projects the investment rates for the three quarters of 2024 and the incentives to invest calculated for the same period, indicating an improvement in investment incentives in 2023, which should translate into higher observed investment rates in the near future. However, actual investment rates in 2024 will be influenced by additional factors not captured by historical data, including increasing political uncertainty and the acceleration of NGEU projects' execution.

4.4. Excess capacity

The evolution of inputs and output in Figure 5 suggests that the pandemic has affected the time dynamics of the use of inputs in production, relatively to their quantities available, particularly in the worst moments of the pandemic. We now explore the relationship between actual output and an estimate of the production capacity calculated based on the quantities of inputs available during the period of study. For that purpose, we estimate the parameters of a hypothetical production function representative of the inputs-output relationship in the pre-pandemic year of 2019; next, with the estimated parameters of the production function and the observed values of labor and capital inputs, we simulate the hypothetical production capacity of the Spanish non-financial corporate sector; finally, the estimated production capacity is compared with the observed output6. The results of the estimation and comparison appear in Figure 15.

The production function effectively elucidates the evolution of output throughout 2019, aligning with expectations based on the calibration of technology parameter values. However, from 2020 to 2023, potential output consistently exceeded observed output, indicating that the Spanish non-financial corporate sector operated with excess capacity, with peak excess values reaching up to 10% during the height of the pandemic. The narrowing of the gap between potential and observed output during the recovery period suggests that actual output grew at a faster pace than expected based on the growth in input quantities, namely labor and capital. This phenomenon is primarily attributed to the utilization of inputs derived from the excess capacity. Nevertheless, the gap persisted in 2023, with potential output surpassing observed output by 2.5%.

Several factors could account for the ongoing gap. Firstly, it's possible that the total factor productivity of the corporate sector in 2023 is lower than in 2019, thereby impacting output levels. Additionally, changes in relative input prices and non-constant elasticity of substitution may have led to the adoption of more labor-intensive production technologies in 2023 compared to 2019. Moreover, shifts in the composition of the economy, such as a higher proportion of labor-intensive sectors like tourism and a reduced presence of manufacturing, could contribute to the persistence of the gap. Lastly, calculation errors in the measurement of variables cannot be entirely ruled out as a potential explanation.

4.5. Financial conditions

The preceding discussion operates under the assumption that firms have access to the necessary funds to finance their capital investments at the user cost of capital. This section delves into whether the trajectory of financial variables might have influenced investment decisions in ways not previously considered.

Firstly, evidence from Figure 16 shows the time evolution of the allocation of internally generated funds (net profit plus capital consumption) across the NFC sector. These funds are allocated into gross fixed capital investment, dividends payments, and any remaining generated funds. A positive net difference between generated and used funds signifies that, on aggregate, internally generated funds exceed those expended to finance new capital and pay dividends, whereas a negative allocation indicates that firms required additional external funds to finance new investments and pay dividends.

The allocation of internal generated funds in the pre pandemic year of 2019 were approximately, 60% to finance gross fixed capital formation, 30% to pay dividends, with 10% of the total left. During the pandemic, years 2020 and 2021, the Proportion of GFCF over internal generated funds increased to 70% because of the contraction in the internal generated funds (reduction in net profits). During the recovery years of 2022 and 2023 the internal generated funds increased and the proportion of GFCF decreased so that by the end of 2023 the ratio reached pre pandemic values of 60%. The evolution of the proportion of dividends paid over the internal generated funds has been first stable (2019-2020), next decreasing (2021 and 2022) and finally increasing (2023) approaching pre pandemic levels. The internal generated funds, in the aggregate, have always been higher than the uses in financing capital investment and paying dividends; therefore, for the aggregate of the corporate sector there is no evidence of financial constraints limiting the capacity to invest.

Since firms have the option to finance their investments with external funds, such as debt, in addition to internally generated funds, Figure 16 is complemented with information from Figure 17. Figure 17 illustrates the availability of funds in the form of internally generated funds not distributed as dividends, alongside new bank loans categorized by size –small (250,000 euros or less), small and medium (up to 1 million euros), and large (more than 1 million euros). The Figure also includes the gross fixed capital formation at current prices. In 2019, prior to the pandemic, the total inflow of funds –from both bank loans and retained internally generated funds– in the Spanish corporate sector amounted to approximately 680 billion euros, roughly four times the annual flow of GFCF. Amid the pandemic, this total flow slightly decreased to a minimum of 560 billion euros in 2021QII (a 17% decrease). Subsequently, the flow of funds rebounded, returning to pre-pandemic levels by 2023. Throughout the period, the ratio of total funds to GFCF remained relatively stable, except during the height of the pandemic in 2021 when it dipped to 3.6. Retained funds constituted approximately 30% of the total funds, with the remainder sourced from bank loans. During the pandemic, there was a decrease in internally generated funds, compensated by an uptick in bank loans, particularly those of small and medium sizes.

New bank loans saw a moderate increase during the recovery period, alongside nominal capital investment flows and retained funds. Notably, loans exceeding 1 million euros exhibited a steady decline since mid-2022, coinciding with a period of rising interest rates. Interestingly, during this period, despite economic incentives from the recovery of the rate of return on assets (ROA), investment flow did not respond, and large firms seemed to prefer internal generated funds over bank debt to finance their capital investments when nominal interest rates rose.

Regarding the central question of whether financial constraints could have influenced the recovery of capital investment in the non-financial corporate sector, the evidence suggests otherwise. Firstly, the ratio of total funds flow to gross fixed capital formation during the recovery was slightly higher, not lower, than its historical value. Secondly, while the mix of internal and external finance may have shifted –with a relative increase in internal funds and decrease in bank debt– the total available funds did not decrease.

5. CONCLUSION

Evidence indicates that the recovery of capital investment in the Spanish non-financial corporate sector from pandemic-induced lows lags behind expectations based on the evolution of output and employment. This disparity is also observed when comparing data with corporate sectors of other EU countries and across other institutional sectors of the Spanish economy (public administrations and households-not for profit). This report aims to provide an explanation for the lag in corporate capital investment recovery by drawing on economic theories of capital investment, particularly neoclassical, accelerator, and Tobin’s q theories. Additionally, it explores whether financial conditions and constraints may have influenced Spanish firms' capital investment decisions over the five-year study period.

The evolution of the capital stock and net investment rate aligns with predictions from the neoclassical theory, reflecting changes in input mix in production –more labor and less capital– parallel to an increase in the user cost of capital relative to labor costs during the inflationary episode. Furthermore, economic incentives to invest, as captured by estimates of Tobin’s q, may have influenced investment decisions if delays between decision-making and project execution contributed to the lag in capital formation recovery. However, these incentives were also influenced by excess capacity prevalent in the corporate sector over the past four years. In fact, excess capacity explains much of the variability observed in net profit margin and ROA during the study period (see Appendix 2). Additionally, the more pronounced contraction of output in the Spanish economy during the pandemic compared to other EU countries could explain the prolonged lag in corporate capital investment recovery in Spain.There is insufficient evidence to support the hypothesis that financial constraints influenced firms' capital investment decisions during the study period. However, the substantial increase in interest rates toward the end of the sample period may have prompted a shift in finance mix, with more reliance on retained earnings and less on bank loans, particularly among large firms.

Looking ahead, the evolution of corporate investment will depend largely on the convergence of the output gap to zero, which has yet to occur by the end of 2023. Low inflation in prices of capital goods and low interest rates could positively impact capital investment. Additionally, if salaries continue to rise to recover purchasing power and the cost of capital remains stable or decreases, it is expected that the desired input mix will shift again towards more capital and less labor. Progress in the elimination of the output gap will increase the rate of return, which coupled with lower relative prices of capital services, will boost demand for capital and investment flows. It will be crucial, however, to ensure that rising labor costs do not negatively impact profit margins. The remedy may lie in enhancing production efficiency to maintain constant profit margins and prices.

Comparative analysis of capital formation across Spanish institutional sectors suggests that the impetus provided by NGEU programs and funding could be a major contributing factor to the increase in gross and net capital formation in the public sector post-pandemic. In the pre-pandemic period, the net capital investment flow of the public administration sector was negative, indicating that gross fixed capital investment was insufficient to offset the consumption of existing capital. However, by 2023, the public administration sector leads in the growth of gross and net capital investment flows. Going forward, the execution of projects financed with NGEU funds in the private sector is expected to increase, further bolstering capitalization in the corporate sector of the Spanish economy7.

References

Aguilar, P., Ghirelli, C. and Jiménez-García, B. (2023). La evolución reciente de la inversión en España desde una perspectiva macroeconómica. Boletín Económico - Banco de España, 2023/T3, 03. https://doi.org/10.53479/30649

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Notes

* Emeritus Professor University of Zaragoza and Funcas.

1 More detailed explanations of variables definitions, measurement and interpretation of the results along the paper can be found in Salas-Fumás (2022).

2 From the balance sheets data for the Spanish institutional sectors published by the INE, housing represents more than 92% of the total fixed non-financial assets of households (compared with 25% in the corporate non-financial sector). Therefore, the increase in capital formation in the household and not for profit sector will be mostly increase of investment in housing by households.

3 For a short summary of the economic theories of capital investment see Eklund (2013).

4 The operating assets included in the calculation of the ROA include only the fixed operating assets. In reality, however firms permanently invest in working capital (cash plus inventory plus debt from customers minus debt to suppliers). Salas Fumás (2022) estimates a positive working capital for the aggregate of the Spanish NFC that implies a total operating assets around 10% higher than only the fixed assets. Therefore, the ROA calculated with total operating assets would roughly be 10% lower than the shown in Figure 13.

6 The proposed hypothetical production function is QP = 4.1L0.57 K0.33. The power coefficients are estimated from the cost shares of labor and capital for the year 2019, and the total factor productivity parameter was adjusted so that predicted and observed output in 2019 coincide. From equations (1) and (2) and price equal to marginal cost, the labor and capital cost shares are equal to the respective elasticity parameters of the production function. Notice that the sum of the estimated cost shares is less than one, meaning that production takes place under decreasing returns to scale.

7 For different analysis and conclusions about the deployment of NGEU projects and investment in Spain see Aguilar et al. (2023), Maudos et al. (2023) and Cuadrado (2022).

APPENDIX 1
THE EXTRAORDINARY GROWTH OF THE FINANCIAL CORPORATE SECTOR IN 2023

Figure A1.A plots the annual growth rate in output, nominal and real, and the annual growth of the implicit price deflator for the financial services/financial corporate sector of the Spanish economy with data from official statistics (INE). The Figure shows the extraordinary nominal growth of financial service sector in years 2022 and 2023 coinciding with the rise in official interest rates; the growth in real terms, however, is much smaller and the difference between nominal and real rates shows up in the high rate of change in the implicit deflator. For example, in 2023 the annual rate of change in implicit deflator of the output of the financial service sector is 33.6%, compared with the 6% annual change in the GDP deflator of the economy.

Figure A1.B confirms the gap between the evolution of the deflator of the financial service sector (base 1, 2019) and the GDP deflator of the Spanish economy. Since the GDP deflator of the economy includes the deflator of financial services, the extraordinary high deflator of financial services in 2023 distorts the value of the deflator of the non-financial corporate sector of the economy. In other words, in 2023, the GDP deflator of the economy will over-estimate the deflator of the output of the non-financial corporate sector (not published by the INE). This in turn will infra estimate the real output of the non-financial corporate sector when using the GDP deflator of the economy to calculate it. To minimize the measurement errors, we re-estimate a price index to deflate the GVA of the non-financial corporate sector, free from the distortion caused by the extraordinary growth of the financial services deflator in the year 2023. The re-estimation consists in eliminating the contribution to the GDP deflator of the economy of the deflator of financial services implicit in the INE data, for the whole period of study.

Figure A1.2 shows the evolution of the real output of the non-financial corporate calculated with the official GDP deflator, and that calculated with the re-estimated deflator excluding the contribution of the financial services deflator. Notice that the differences are visible only for the last three quarters of 2023 when the deflator of the financial services takes its anormal values; by the end of 2023 the output of the NFC sector is 1% higher with the adjusted deflator than without the unadjusted one. The measure of output used in the calculations in the main text is the adjusted one.

APPENDIX 2
BUSINESS PROFITABILITY AND THE ECONOMIC CYCLE

The accounting profits of a firm will be equal to revenues minus costs. The revenue will be equal to price times quantity. The costs can be classified in variable costs, which vary with the level of output, and fixed cost that do not vary with output as long as output does not exceed production capacity. We will assume that the composition of fixed and variable cost will depend on the occupation of existing capacity. The occupation, in turn, will be measured in different ways, the ration of output to the capital stock and output gap (ratio between potential and actual output).

The accounting profit is defined as

Where p is the selling price, cv is variable cost per unit of output, Q is the output flow and F is the fixed cost, including depreciation of existing capital stock. K is the stock of capital services that sets the short-term capacity of the firm. The profit margin or profit per unit of sales is equal to,

Our claim is that the net profit margin and the ROA will vary over time in response to the evolution of the occupation of existing capacity, with profit margin and rate of return increasing with occupation.
Figure A2.1 shows the correlations between net profit margin and ROA, each separately, and occupation of capacity measured by the ratio between output and capital stock, Q/K. As expected, the correlation between occupation of capacity and the profitability variables is positive: the fixed cost will be associated with the fixed capacity so higher occupation of capacity, i.e. higher output, will imply a lower fixed cost per unit of output and higher net profit margin.

The relation between net profit margin and the proposed measure of capacity occupation is different in the subperiod from 2019Q1until 2021QII, and in the subperiod after. In the first subperiod the estimated negative intercept and positive slope are higher in absolute values than those estimated in the second sub period. The higher intercept in absolute value implies relatively lower variable cost over the value added (around 60%, i.e., 1-0.40) in the first subperiod than in the second (around 73%, i.e., 1-0.27). The opposite will happen with the share of fixed costs and therefore the variability in occupation of capacity has higher marginal effect in the pre and pandemic period than in the recovery (slope of 1.42 versus 1.02). Keep in mind that pandemic started with relatively high occupation of capacity (higher proportion of variable costs) while the recovery started with relatively low occupation (higher proportion of fixed costs).

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La dinámica de la deuda pública en España: presente, pasado y futuro

Fecha: marzo 2024

Santiago Lago Peñas*

Resumen

El documento analiza la dinámica de la deuda pública en España. Se comienza repasando cuestiones conceptuales y teóricas para acotar el intervalo de interpretaciones razonables en el que debería moverse el debate colectivo. A partir de ahí, se presenta la evolución histórica de la deuda, a fin de contextualizar el presente; poniendo el acento en la dinámica comparada de los tres niveles de gobierno existentes en España. La tercera parte del documento se centra en el futuro divisable. Un futuro condicionado por las nuevas reglas fiscales, el nivel de partida de la deuda y el déficit estructural, las perspectivas de crecimiento económico, las deudas tácitas y futuribles vinculadas al cambio climático y al envejecimiento poblacional y los previsibles costes electorales de las diversas estrategias de consolidación fiscal posibles.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta nota técnica es ofrecer una visión panorámica y rigurosa de la deuda pública en España: su pasado, la correcta interpretación de su sostenibilidad, y sus posibles trayectorias futuras en función de las fuerzas inerciales y las decisiones de ajuste fiscal que se adopten. Con ello, se pretende contribuir al debate informado y a la toma de decisiones de política económica.

La expansión de la deuda española en los últimos años la ha convertido en una variable de referencia recurrente en el debate colectivo. Desafortunadamente, no siempre con el debido rigor técnico y conceptual: las posiciones ideológicas tienden a oscurecer elementos sobre los que no debería existir disenso, lo que acaba generando enormes dificultades para converger en diagnósticos y soluciones. Por ello, el primer objetivo de esta nota es delinear un marco conceptual y teórico sólido, que permita establecer un terreno común de interpretaciones razonables, esencial para un análisis objetivo y fundamentado. Como se verá, el sentido común y la extrapolación de la lógica que rige la deuda de los hogares no parece ser la mejor compañía para entender la problemática de la sostenibilidad de la deuda pública.

A continuación, se ofrece un exhaustivo recorrido por la evolución histórica de la deuda pública en España, con el objetivo de contextualizar la situación actual. En el análisis se presta especial atención a su dinámica en los distintos niveles de gobierno existentes en España y se incluyen referencias a dimensiones fundamentales como son el coste y la vida media de los pasivos financieros.

La tercera parte del documento se adentra en el futuro previsible de la deuda pública española. Esta proyección aparece condicionada por una serie de factores, incluidas las nuevas reglas fiscales, el nivel inicial de la deuda y el déficit estructural, las perspectivas de crecimiento económico y los riesgos asociados a las deudas implícitas y futuras vinculadas al cambio climático y al envejecimiento poblacional.

Finalmente, el documento concluye con el análisis de los costes políticos potenciales de las diversas estrategias de consolidación fiscal que inevitablemente deberá acometerse en lo que resta de década.

2. SOBRE LA ONTOLOGÍA Y LA ARITMÉTICA DE LA DEUDA PÚBLICA

Buena parte de la confusión y el desenfoque en el debate sobre la deuda pública tiene que ver con la deficiente comprensión de las diferencias esenciales entre ésta y los pasivos financieros de empresas y hogares. Unas diferencias que conducen a que la sostenibilidad de la deuda pública siga sus propias reglas.

La primera asimetría que destacar tiene que ver con la duración de la vida de unos y otros. El Estado no está sujeto a un ciclo vital como el de las personas físicas, ni afronta la posibilidad de liquidación y cierre como las empresas; no necesita amortizar sus créditos en un período más o menos largo, no combina períodos de actividad y generación de ingresos con otros de inactividad, y no contempla sucesos de defunción o liquidación. Ante un horizonte temporal ilimitado, lo que realmente se necesita es que mercados e inversores mantengan la expectativa de que los intereses de la deuda se puedan ir satisfaciendo y que las emisiones futuras de deuda encontrarán compradores a costes asumibles. Sin duda, la implementación y cumplimiento de reglas fiscales desempeñan un papel relevante en garantizar esta expectativa.

La segunda diferencia tiene que ver con la existencia de un poder tributario. En contraste con las empresas y hogares, el sector público tiene la capacidad de exigir el pago de impuestos. Incluso en un escenario de estabilidad en la normativa tributaria, el crecimiento de las bases imponibles hace que la recaudación también lo haga. Por eso, la dinámica y nivel del producto interior bruto (PIB) nominal, como variable que aproxima la base fiscal agregada de un territorio, acaba siendo una variable fundamental en los análisis de sostenibilidad de la deuda pública; y hace que, en general, lo más razonable sea trabajar con ratios de deuda sobre el PIB. Una excepción a la regla es el caso de haciendas subcentrales con escasa autonomía tributaria y en las que se verifica, de forma simultánea, la existencia de disparidades sustanciales en el PIB per cápita y una nivelación interterritorial muy intensa como en España. En ese caso, los ingresos corrientes o los no financieros son una solución mejor porque la correlación entre ingresos públicos y el PIB de cada jurisdicción se difumina (Fernández Leiceaga y Lago Peñas, 2013).

Una tercera diferencia tiene que ver con la causalidad bidireccional entre deuda y PIB. Debido a su tamaño, las decisiones del sector público sobre déficit y deuda generan un impacto sobre la propia economía. La orientación de la política fiscal es un elemento relevante para la dinámica del ciclo económico. Pero esto es algo que no ocurre con la deuda de familias o empresas, para las que la coyuntura económica es una variable exógena.

Lo anterior tiene varias implicaciones. La primera es que no tiene mucho sentido referirse a los niveles absolutos de deuda y su variación como métricas de estabilidad fiscal. Es posible que la deuda aumente año tras año en volumen y, al mismo tiempo, que la posición fiscal mejore; incluso, que la ratio sobre el PIB converja a cero. Como se verá en el siguiente apartado, las series históricas en valores nominales y absolutos muestran una tendencia al alza continua. Los gobiernos devuelven los principales a sus acreedores y pagan intereses. Pero lo hacen, habitualmente, emitiendo nuevos pasivos que serán comprados por esos mismos acreedores u otros: los intereses anotados en el capítulo III del presupuesto de gastos son el auténtico coste presupuestario anual. Y esto nos lleva a la siguiente idea: tampoco tiene mucho sentido utilizar indicadores de cuánto debe cada ciudadano e intentar asimilar esa cifra a la deuda que este pueda tener con su banco por el pago de su crédito hipotecario, por ejemplo. Los procesos de metabolización de las deudas públicas y privadas son diferentes y así deben ser tratados. Por supuesto, es fundamental que los ciudadanos estén informados y sean conscientes de la importancia de la sostenibilidad fiscal, del control del déficit y de los riesgos de una acumulación de deuda no manejable. Pero lo razonable es hacerlo desde el rigor analítico. Y lo que nos dice la literatura sobre sostenibilidad de la deuda pública es lo siguiente.

La evolución de la ratio deuda/PIB (b) puede expresarse como1:


donde el subíndice indica el período, i es el tipo de interés nominal medio de la deuda, n la tasa de variación del PIB en términos nominales, s es el saldo primario (es decir, excluidos los intereses de la deuda) expresado en términos de PIB. Esa última magnitud adoptará un valor positivo en el caso de que exista superávit, y negativo si se produce un déficit primario.

La ratio b crece de forma directa con el tipo de interés y el tamaño del déficit primario, que es financiado mediante emisión de nuevos títulos; y decrece cuando el PIB aumenta o se alcanzan superávits primarios. En particular, si suponemos que existe equilibrio presupuestario primario, la ecuación se simplifica y la ratio caería siempre que el crecimiento del PIB nominal fuese superior al interés nominal (n>i). Por el contrario, si i > n entonces será necesario un superávit primario para evitar la explosividad. La deuda es sostenible y no explosiva si, en promedio y en el largo plazo, la tasa de crecimiento de la deuda es inferior al tipo de interés medio de los pasivos financieros.

La ecuación permite también fundamentar algunas de las ideas expuestas anteriormente. Primero, se puede registrar un déficit total todos los años y que el volumen global de la deuda viva aumente sin cesar, mientras la ratio de deuda pública sobre el PIB (b) se reduce progresivamente; incluso aproximándose a 0 cuando el horizonte temporal se alarga. En concreto, el límite de déficit admisible dependerá de la relación entre i y n y de la carga por intereses. Segunda, en la ecuación no aparece la amortización de deuda como requisito de sostenibilidad; aunque, obviamente, cuanto mayor sea el superávit primario, mayor será la velocidad de reducción de la ratio. Tercera, las expectativas de los inversores son clave. Si surgen dudas sobre la sostenibilidad de la deuda, la prima de riesgo aumenta, lo que acaba complicando garantizar la sostenibilidad: el empeoramiento de las expectativas acaba generando la necesidad de un aumento del superávit primario justo cuando la factura por intereses tiende a ascender2. Y cuarta, aunque al utilizar el concepto de superávit primario la ecuación deja oculto el coste de la deuda acumulada, el capítulo de intereses pagados es fundamental para los ciudadanos, porque impide utilizar los recursos públicos correspondientes a la prestación de bienes y servicios.

El análisis se puede sofisticar al introducir el rol de la política fiscal como herramienta de estabilización macroeconómica (Blanchard et al., 2021). En ese caso, pasaríamos de un sistema cerrado basado en la restricción presupuestaria del Gobierno, a uno de tipo abierto, en el que aparecen tensiones y disyuntivas. Analíticamente, abriríamos la puerta a que las variables s y n estén interrelacionadas con causalidad bidireccional, lo que puede generar conflictos entre la función estabilizadora de la política fiscal y el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda. La existencia de esta causalidad bidireccional ha sido fundamental en el proceso de reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea; y explica la fijación de sendas individualizadas en las sendas de retorno a la ratio del 60 % para evitar que la exigencia de valores muy elevados para s genere un hundimiento en la tasa de crecimiento de la economía y del empleo, de forma que el efecto final sobre la ratio sea decepcionante.

En síntesis, el debate y la atención no debe centrarse en el volumen absoluto de deuda pública, sino en el nivel y evolución de la ratio sobre el PIB. Desafortunadamente, en los últimos años los medios de comunicación y no pocos discursos políticos sobre sostenibilidad de la deuda pública española se centran en el primero o en la deuda por habitante, lo que acaba distorsionando y dificultando la comprensión de las relaciones económicas en juego para los ciudadanos.

Dicho lo anterior y para que no quepan dudas: una ratio de deuda pública atascada en un nivel elevado y/o una dinámica descontrolada es un problema muy serio. No solo porque ello llevará a incumplir con las reglas fiscales vigentes y, por tanto, tener que asumir las consecuencias. También porque una ratio elevada supone un mayor coste de intereses a sufragar con impuestos; debilita la posición del país en episodios de crisis de deuda soberana y limita la capacidad de recurrir al déficit ante un choque inesperado con impacto económico, ya que cuando se parte de niveles bajos de la ratio, un aumento súbito y sustancial, pero transitorio, no es tan problemático. La sostenibilidad de la deuda requiere adaptar el superávit primario para compensar posibles brechas entre los tipos de interés medios de los pasivos financieros y el crecimiento económico; adaptaciones que además pueden resultar especialmente difíciles cuando son más necesarias. Volveremos sobre este punto en la sección octava del documento.

3. LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

En términos absolutos y nominales, la norma es el incremento continuo de la deuda viva, particularmente en los siglos XX y XXI. En concreto, desde 1912 el nominal total solo se reduce, ligeramente, en los ejercicios 1976, 2006 y 2007. En la segunda mitad del siglo XIX existen caídas más sustanciales, asociadas a repudios parciales y quitas de diverso tipo. Estas reestructuraciones fueron la fórmula preferente ante episodios de crecimiento explosivo de la deuda derivados de crisis y guerras (Comín, 1996) y no se abandonaron por completo hasta 1939. En contraste, el mecanismo principal a la hora de lidiar con los desequilibrios fiscales en buena parte del siglo XX fue la monetización del déficit, que no reduce los importes nominales de la deuda, pero que actúa sobre el valor real de los títulos depreciados por la inflación. Sin embargo, el llamado señoreaje se abandona también a finales del siglo pasado como vía de financiación del déficit, en la búsqueda de independencia entre la autoridad monetaria y la presupuestaria. Un proceso jalonado por tres eventos fundamentales: la firma del Tratado de la Unión en 1992, la aprobación de ley de autonomía del Banco de España en 1994 y el nacimiento del Banco Central Europeo en 1998.

El gráfico 1 muestra la evolución desde 1850 hasta el año 2023 de la deuda pública en volumen absoluto y del producto interior bruto (PIB). Ambas series aparecen expresadas en euros constantes de 1995, utilizando para ello el deflactor implícito del PIB3. Lo que domina en el gráfico es un crecimiento tendencial de la deuda muy tenue hasta hace 40 años y, desde entonces, un aumento exponencial. Algo muy similar ocurre con el PIB. El crecimiento es muy modesto hasta 1960 y aumenta muy intensamente desde entonces. La excepción a ese patrón es la caída de la deuda en euros constantes en los primeros años del siglo XXI, los del boom económico, y la concatenación de crisis que ha frenado el avance del PIB desde 2008.

No obstante, sería un error quedarse con la idea de que la deuda pública es un problema exclusivo de las últimas décadas. (Álvarez Nogal y Comín, 2015). Cuando combinamos la evolución del PIB con la correspondiente a la deuda, emerge una correlación muy elevada que avala la necesidad de relativizar la deuda con el PIB, justificada teóricamente en el apartado anterior. Y esto nos conduce al gráfico 2, en el que se representa la ratio y en el que se proyecta una imagen muy diferente a la del gráfico anterior. Ahora se perfilan con claridad cuatro momentos de explosividad de la deuda desde 1850.

El primero se produce en los primeros años setenta del siglo XIX. En 1876 se alcanzó un máximo histórico del 169 %, fruto de la inestabilidad política y las guerras en el Sexenio democrático (1868-1974) y la intensa crisis económica (Comín, 1996). Para hacerse una idea de esta intensidad, hay que tener presente que en los más de 170 años que median entre 1851 y 2023, el PIB español cayó más de un 10 % solo en tres ocasiones: en la crisis de 1868, en el primer año de la Guerra Civil, y en 2020, por la pandemia del COVID-19. Tras dos arreglos de la deuda que redujeron la ratio a la mitad en 18834,un segundo episodio, provocado por las necesidades de financiación de las guerras coloniales, condujo la ratio hasta el 128 % en 1902.

En las dos siguientes décadas, la razón se reduce de forma continuada para situarse en el entorno del 60 % hasta mediados de los años cuarenta. La hacienda franquista, reacia a emular la extensión de derechos sociales y bienes y servicios públicos que se estaba produciendo en la Europa occidental y refractaria a liquidar las cuentas en números rojos, consiguió reducir la ratio por debajo del 10 % en 1976 y 1977, gracias también a la fuerte expansión del PIB nominal desde 1960 (Comín, 2015).

La tercera fase fuertemente expansiva de la deuda se inicia en la Transición. La atención a las demandas sociales y políticas supuso un enorme salto en el gasto público que, incluso en un escenario de profunda reforma tributaria y rápido crecimiento de la presión fiscal, generó un fuerte y persistente déficit estructural. La voluntad de superar el examen de los criterios fiscales incluidos en el Tratado de la Unión suscrito en 1992, la fase de expansión económica que arranca en 1995 y la intensa rebaja en los tipos de interés en España, provocada por la propia puesta en marcha del euro, supusieron un punto de inflexión en la evolución del déficit y el cociente de deuda sobre el PIB que se prolonga hasta 2007, momento en el que se alcanza un nuevo mínimo local de la ratio (36 %). Sin embargo, el choque de la Gran Recesión y la pandemia sobre gastos e ingresos públicos y sobre la tasa media de crecimiento del PIB en los últimos quince años provoca un nuevo aumento explosivo de la ratio de deuda, solo equiparable al que se produjo en el siglo XIX.

4. LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA HOY

En el gráfico 3 se muestra de nuevo la dinámica de la ratio, pero apuntando el foco al período más reciente (2000-2023) y mostrando el reparto de la deuda por subsectores. La suma de los subsectores supera a la ratio del conjunto por la existencia de operaciones financieras internas. En particular y como veremos al final de la sección, buena parte de la deuda autonómica viva hoy ha sido emitida por el Tesoro. Por tanto, el cómputo para el conjunto del sector requiere una consolidación previa.

El perfil de la deuda total viene determinado claramente por el de la Administración central. Es ella la responsable de la política fiscal de estabilización y en la que la dinámica de la necesidad/capacidad de financiación muestra perfiles más acentuados. En segundo lugar, es muy destacable el fuerte aumento de la deuda autonómica, el horizonte plano de los pasivos financieros de las corporaciones locales, y el ascenso al tercer lugar de la seguridad social, claramente por encima del escalón local.

Dos elementos positivos en la gestión de la deuda pública española en la última década es la extensión de su vida media y la reducción de su coste. El gráfico 4 muestra que la primera ha aumentado casi dos años, de seis a ocho, desde mediados de la década pasada, lo que se traduce en un riesgo de refinanciación bajo5. Una mayor vida media permite un ritmo de refinanciaciones más pausado, con menor presión de calendario a la hora de concretar las operaciones necesarias; algo especialmente importante con ratios de deuda por encima del 100 % del PIB. En este sentido, la AIReF (2024) valora muy positivamente el perfil de vencimientos, moderados en el corto plazo y siguiendo una distribución granular y sin concentración de vencimientos en el medio y largo plazo.

Por su parte, el gráfico 5 refleja la intensa caída en el coste medio en lo que llevamos de siglo, desde valores superiores al 5 % en 2002 a mínimos históricos por debajo del 2 % en el cuatrienio 2020-2023. El Tesoro ha aprovechado la coyuntura de tipos extraordinariamente bajos que hemos vivido en el último lustro para recomponer su cartera y conseguir que la carga por intereses hoy sea relativamente modesta y financieramente soportable, a pesar del volumen de deuda acumulado. Finalmente, hay que reseñar que en la última década el porcentaje de deuda del Estado en manos de inversores extranjeros se ha situado en el intervalo 40-50 % (AIRef, 2024).

La deuda autonómica merece un análisis adicional, por los dos motivos ya apuntados: su crecimiento explosivo, que se produce a partir de 2008 y, en paralelo, el profundo cambio en la estructura de tenedores. Los gobiernos intermedios españoles se han convertido en los segundos más endeudados de todos los países de la OCDE con estructura de hacienda federal. Solo las provincias canadienses muestran ratios de deuda superiores hoy (gráfico 6), cuando en 2007 las comunidades autónomas (CC. AA.) estaban claramente por debajo de los länder alemanes, los estados norteamericanos y los cantones suizos. Además, es llamativa la asimetría en lo sucedido durante la Gran Recesión y durante la pandemia. En ambos casos, España fue uno de los países de la OCDE más afectados, pero la respuesta en lo que atañe a las finanzas autonómicas fue diametralmente opuesta. En el primer caso, las CC. AA. soportaron el impacto del desplome en los ingresos no financieros y su endeudamiento aumentó considerablemente, a pesar de los recortes en el lado del gasto. En el segundo, el Gobierno central las amparó, transfiriendo fondos extraordinarios que permitieron alcanzar saldos financieros equilibrados, como no se veían desde hacía casi veinte años. De hecho, existe evidencia empírica de que una parte no menor del gasto extraordinario se ha convertido en estructural y de que la abundancia relativa de recursos ha podido relajar el rigor en algunas decisiones de gasto y sobre rebajas de impuestos6. Parece preciso repensar los mecanismos de actuación ante crisis futuras, buscando un punto de equilibrio entre dejar que las CC. AA. soporten el choque en solitario y eximirlas de toda labor de respuesta, lo que podría generar laxitud presupuestaria.

Por su parte, el gráfico 7 muestra que la deuda autonómica en manos de otras administraciones públicas ha pasado de ser nula en 2011 a suponer alrededor del 60 % para el conjunto; y más del 90 % en algunos casos. El Ministerio de Hacienda es hoy el principal acreedor de las CC. AA. En Lago Peñas (2023) se aborda en mayor detalle la problemática de la deuda autonómica y la necesidad de afrontar la estrategia de salida de los mecanismos extraordinarios de financiación; en particular el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF). La propuesta que está hoy encima de la mesa, fruto de los acuerdos para la investidura del Gobierno, es la condonación del 20 % de la deuda del FLA a la Generalitat de Cataluña, generalizable al resto de CC. AA., incluso a aquellas que no han accedido a los mecanismos o lo han hecho en cuantía menor.

Dejando a un lado las muy relevantes cuestiones sobre riesgo moral, sobre la generación de expectativas de rescates futuros, y sobre su impacto en la credibilidad en los mercados, es verdad que una quita parcial de la deuda similar en términos per cápita en todas las CC. AA. podría evitar las críticas de agravio comparativo. Además, a la luz de lo que refleja el gráfico 6, se podría justificar apelando a un error de cálculo en la intensidad de la Gran Recesión y su impacto sobre las finanzas autonómicas. Esa condonación parcial sería, en esencia, un apunte contable: lo que se deja de deber como ciudadano de una comunidad autónoma se incorpora a la deuda como ciudadano español.

Sin embargo, esa quita parcial será claramente insuficiente para que comunidades especialmente endeudadas con el FLA, como la Comunidad Valenciana o Cataluña, puedan abandonar los mecanismos extraordinarios de financiación y volver a los mercados. Seguirían teniendo que afrontar primas de riesgo que se perfilan como inasumibles. Seguramente, una solución definitiva al problema pase por acuerdos multilaterales en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

5. ALGUNAS PROYECCIONES PARA LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA

Hacer prospectiva sobre la evolución futura de la ratio de deuda pública es una tarea particularmente difícil, sobre todo cuando los escenarios se dibujan para una década o varias. Primero, porque arrastra las dificultades inherentes al entorno económico (crecimiento del PIB, evolución de los tipos de interés…). Y segundo, por la imposibilidad de saber qué decisiones adoptarán los gobiernos en el futuro. Por eso, en la práctica lo que se hace son ejercicios más o menos sofisticados de aritmética de la deuda en escenarios macroeconómicos alternativos, a partir de la extrapolación de comportamientos pasados. Dicho de otra manera, los escenarios pretender mostrar qué ocurriría si el Gobierno no cambia de forma significativa sus decisiones sobre el saldo de gastos e ingresos no financieros. Obviamente, los gobiernos pueden alterarlo, por decisión propia o por imposición externa debida a la existencia de reglas fiscales o a la disciplina de mercado.

Aclarado lo anterior, en los gráficos 8 a 10 se recogen las sendas para la ratio de deuda pública elaboradas por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y la AIReF. El primero alcanza hasta 2028, el segundo hasta 2033 y el tercero hasta 2050. En lo que queda de década, ninguna de las tres instituciones contempla que la ratio baje significativamente del 110 % en los escenarios base; y el panorama podría empeorar en escenarios de tipos de interés elevados o estrés financiero. Por su parte, la AIReF atisba un empeoramiento notable en la década de los años 40, en buena medida por el máximo impacto de la llegada a la edad de jubilación de las cohortes de población nacidas durante el baby boom, como luego veremos.

6. LA DEUDA TÁCITA I: EL CAMBIO CLIMÁTICO

Las proyecciones de la sección anterior orillan el impacto del cambio climático sobre el déficit y la deuda en las próximas décadas. A expensas de que los gobiernos y las autoridades fiscales afronten esa necesaria integración, contamos con algunos trabajos recientes que tratan de aproximarse tanto al impacto presupuestario de los eventos extremos derivados del cambio climático, como al coste para las arcas públicas de la transición energética hacia emisiones cero de CO2.

Respecto al primer efecto, el trabajo de Gagliardi et al. (2022) se centra en los 13 países de la Unión Europea en los que se espera un mayor impacto negativo y simula dos posibles escenarios que el Acuerdo de París de 2015 fija como objetivos de calentamiento global para este siglo (el más estricto de +1,5 °C y el mínimo del +2 °C por encima de los niveles preindustriales), con una perspectiva de medio plazo. En concreto, proyecta el cambio en la ratio de deuda pública entre 2021 y 2032 como consecuencia de los eventos extremos considerados y que incluyen sequías, inundaciones costeras y de ríos y temporales de viento. Los autores asumen que se producen simultáneamente dos tipos de impacto: uno directo sobre el saldo primario público y que, por tanto, afecta el nivel de deuda; y uno indirecto y también negativo a través del PIB, al reducir el denominador de la ratio.

Los resultados que se muestran en el gráfico 11 revelan impactos fiscales muy sustanciales para varios países; España sería el más afectado de los 27 países de la Unión Europea. En concreto, se proyecta un aumento en la ratio de deuda pública sobre el PIB del 4,5 % en el primer escenario y del 5,2 % en el segundo, en comparación con el escenario base, sin impactos provocados por el cambio climático.

La dificultad de este tipo de cálculos hace que las cifras deban ser tomadas con cautela, especialmente en el caso español. Probablemente, la extrapolación de costes medios derivados de incendios o inundaciones sobreestime el impacto de los eventos para España, por la mayor concentración de la población en las ciudades o la geografía costera. En este sentido, es llamativo el comparativamente bajo impacto en los Países Bajos, por ejemplo. Por eso, seguramente sea preferible no fijarse tanto en la posición y las estimaciones para España como en el impacto promedio para los países analizados. Un impacto que, en todo caso, es relevante cuantitativamente: alrededor del 2-2,5 % del PIB según el escenario.

En lo que concierne al coste de la transición energética para las finanzas públicas, la mejor referencia en estos momentos es el reciente documento publicado por el Fondo Monetario Internacional (IMF, 2023), en el que se incluyen una serie de simulaciones para estimar el coste presupuestario que generarían las políticas para lograr emisiones netas cero para mediados de siglo. En concreto, el paquete proyectado combina medidas de ingresos y gastos, incluyendo la fijación de precios al carbono para reducir las emisiones eficientemente y generar ingresos fiscales, inversión pública verde, subsidios verdes para fomentar la innovación y la implementación de energía limpia, y transferencias para mitigar los impactos adversos en los hogares durante la transición. Además, se supone que el sector privado financia la mayoría de la inversión para la descarbonización.

La simulación muestra que, para una economía avanzada representativa, el paquete requiere un aumento ambicioso en el precio del carbono, alcanzando 130 dólares por tonelada para 2030 y 235 dólares por tonelada para 2050. A pesar de este aumento significativo de precios, los ingresos fiscales correspondientes alcanzarían su punto máximo alrededor de 2030, ya que la descarbonización reduce gradualmente la base imponible del impuesto al carbono, lo que provocaría que los ingresos fiscales por carbono como porcentaje del PIB disminuirían durante 2030-2050. En cuanto a los efectos en la deuda pública, la ratio aumentaría en promedio entre 10 y 15 puntos en 2050, en comparación con el escenario sin cambios, con un déficit primario que crece en 0,4 puntos del PIB anualmente.

En resumen, en un horizonte inferior a una década, en el año 2032, los efectos acumulados del cambio climático y de la estrategia de mitigación sobre la ratio de deuda pública sobre el PIB de España podrían situarse por encima de los cinco puntos, a la luz de las simulaciones consideradas en este apartado.

7. LA DEUDA TÁCITA II: EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

El envejecimiento poblacional ejercerá una presión considerable sobre las finanzas públicas de los países de la UE-27 en las próximas décadas, especialmente en lo que respecta al gasto en pensiones, sanidad y servicios sociales. No obstante, en contraste con lo que ocurrirá con el cambio climático, España se encuentra entre los países que enfrentarán menos dificultades en este ámbito según las proyecciones de la Comisión Europea para el año 2070 (European Commission, 2021); precisamente porque hoy ya se encuentra entre los más envejecidos y, por tanto, existe menos margen de aumento, salvo que la esperanza de vida cambie muy sustancialmente de la mano de tratamientos y terapias de prolongación de la vida humana que hoy están en fase de ensayo. Con vistas a 2070, se estima que el país experimentaría una caída del 2 % del PIB en el gasto en pensiones, lo cual compensaría el aumento del gasto en sanidad y atención social. Esto resultaría en una disminución de la relación entre el gasto público y el PIB en comparación con los niveles de 2019. España es uno de los ocho países de la UE-27 en los que se produciría esta reducción (gráfico 12).

Sin embargo, es crucial tener en cuenta algunas consideraciones importantes. En primer lugar, las proyecciones varían significativamente en el horizonte temporal más cercano de 2050. En este año, y por el efecto del baby boom de la década de los años 60 y 70 del siglo pasado, España se encontraría muy cerca de la media de la Unión Europea de 27 países (UE-27) con un aumento esperado del 2,1 % del PIB (gráfico 13). Si se extrapolan estas cifras utilizando las previsiones de gasto para cada quinquenio, entre 2020 y 2050 se proyectaría un gasto acumulado equivalente a unos 20 puntos porcentuales del PIB, que serían los que presionarían al alza el déficit y, en última instancia, la deuda.

En segundo lugar, la reciente reforma del sistema de pensiones ha generado cierto debate sobre los horizontes financieros trazados por el Ministerio de Seguridad Social. Las estimaciones independientes y habitualmente ponderadas de AIReF (2023) pueden ser una buena referencia del impacto derivado de las reformas aprobadas desde 2021 y, por tanto, fuera del foco del informe de la Comisión Europea que es la fuente del gráfico 13. En esencia, la AIReF estima que, con vistas a 2050, la reforma hará que el gasto aumente hasta el 2,4 % del PIB, fundamentalmente por la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC, y los ingresos aumentarían 1,3 %. Consecuentemente, el déficit del sistema aumentará un 1,3 % respecto a un escenario sin reformas.

Adicionalmente, el envejecimiento de la población también tendrá un impacto significativo en los ingresos públicos, como se advierte en el último libro blanco de la reforma tributaria (Ruiz-Huerta et al., 2022). Aunque esta dimensión ha sido menos estudiada hasta el momento, es evidente que los flujos de consumo y renta varían según las edades de la población. Por lo tanto, una población envejecida influirá en la dinámica de las bases imponibles de impuestos como el IVA, el IRPF, los impuestos especiales o los impuestos sobre la riqueza. Estos cambios en los patrones de consumo y renta podrían tener implicaciones importantes para la recaudación fiscal y, por ende, para la capacidad de financiar el gasto público necesario para satisfacer las demandas de una población envejecida.

8. DEUDA PÚBLICA Y CONSOLIDACIÓN FISCAL: ENTRE LAS REGLAS FISCALES Y LOS COSTES ELECTORALES

España afronta un marco de consolidación presupuestaria muy exigente en lo que queda de década. Las reglas fiscales recientemente aprobadas conducen a ritmos menos draconianos que las que implicaría la aplicación de las reglas anteriores (Feás y Steinberg, 2024). Pero los parámetros fiscales de España nos sitúan entre los países más alejados de los objetivos cuantitativos que permanecen. El déficit público total debe bajar del 3 % del PIB para evitar el procedimiento de déficit excesivo (PDE) y, a partir de ahí, seguir ajustándose rápidamente hasta llegar a un déficit estructural de 1,5 %, con reducciones anuales de, al menos, 0,4 %. La deuda debe situarse por debajo del 60 %, con ajustes anuales del 1 % del PIB.

El problema es que llevamos mucho tiempo con un déficit estructural más allá del 3 %. Las propias estimaciones del Gobierno central lo cifran en el 4,2 % en el año 2023 y en el 3,4 % en el ejercicio 2024, para un déficit total del 3 % (Gobierno de España, 2023). En estos momentos existiría ya un ligero superávit cíclico, que permite que el déficit observado sea inferior al estructural. Si finalmente el déficit acaba en el nivel del consenso de Funcas de marzo de 2024, cifrado en el 3,6 %, el desequilibrio fiscal estructural seguirá en el entorno del 4 %. Incluso en el escenario de que el plan de ajuste cumpla con los requisitos para ser extendido a siete años y que el crecimiento del PIB nominal ayude a reducir la ratio de deuda, desde 2025 y en lo que queda de década habrá que recortar el déficit estructural cerca de cuatro décimas del PIB al año, en promedio. En euros corrientes, una cifra anual alrededor de 6.000 millones de euros. En el mismo sentido, las simulaciones que ofrecen Lorenzo et al. (2023) son muy interesantes e ilustrativas. En concreto, estiman el recorte en el saldo público estructural que sería necesario para reducir la deuda pública en 20 puntos porcentuales del PIB en un decenio, algo que nos permitiría alcanzar el umbral del 90 %. En un escenario central, en el que el multiplicador fiscal se situase en el rango mediano de los estimados por la literatura, habría que pasar de un déficit estructural actual en el entorno del 4 % a prácticamente el equilibrio presupuestario en términos estructurales; de nuevo, un promedio de cuatro décimas anuales. Finalmente, la AIReF (2024) utiliza la metodología de la Comisión Europea vigente para la monitorización de la sostenibilidad de la deuda y los requisitos que impondrán las nuevas reglas para estimar el tamaño del ajuste precio. La combinación de las proyecciones deterministas y estocásticas de la deuda elevaría a 0,64 puntos del PIB el ajuste lineal anual durante el período 2025-2028. Una cifra que podría reducirse al 0,36 % si el Gobierno tratase de aprovechar la posibilidad de ampliar el período de ajuste a los siete años, hasta 2031.

A la luz de las proyecciones de la dinámica de la deuda y de los compromisos tácitos que hemos visto en las secciones anteriores, es evidente que no llega con presupuestaciones inerciales, que mantendrían la deuda por encima no ya del límite del 60 %, sino también del 90 %. La combinación de medidas por el lado del gasto y del ingreso es una decisión intrínsecamente política. Una reforma fiscal integral y un giro radical en la cultura de evaluación del gasto público y en la toma de decisiones a la luz de dichas evaluaciones son herramientas que gobiernos de uno u otro color deberán manejar. También, será imprescindible, sin duda, desplegar pedagogía para explicar a los ciudadanos lo que nos va en unas finanzas públicas saneadas. En particular: reducción en la carga por intereses, colchón financiero para hacer frente a choques negativos futuros, reputación para evitar crisis de deuda soberana y cumplimiento de compromisos con nuestros socios europeos. Hay que tener muy presente la fatiga que puede generar un proceso que durará muchos años.

Para vislumbrar cómo puede concretarse ese nuevo escenario, resulta de interés revisar lo que sabemos sobre los costes políticos de los ajustes fiscales, la información del ciudadano mediano y cuáles son sus preferencias. Una revisión sintética de la literatura permite concluir lo siguiente (Lago Peñas, 2022b).

Algunos estudios minimizan las consecuencias electorales de la austeridad y sugieren la posibilidad de efectos expansivos de los ajustes, especialmente aquellos centrados en la reducción del gasto. Por ejemplo, Arias y Stasavage (2019) analizan 32 países, incluida España, entre 1870 y 2011, y no encuentran pruebas de un impacto significativo de los recortes en el gasto público en los resultados electorales del Gobierno. No obstante, las investigaciones más recientes cuestionan estos resultados, sugiriendo un sesgo de selección: los gobiernos aplican medidas de ajuste cuando creen que pueden hacerlo. Además, existen otras explicaciones para la falta de causalidad. Por un lado, el voto es una decisión multidimensional donde la austeridad fiscal es solo un factor (Fraile y Hernández, 2020). Por otro lado, existe una estrategia de buscar excusas y justificaciones para evitar la atribución de responsabilidades políticas (Maravall, 2013), ya sea culpando al Gobierno anterior o a organismos supranacionales. Por lo tanto, aunque se necesite una medición más precisa y el control de otros factores, la austeridad fiscal sí tiene costes electorales, tanto en períodos de estrés presupuestario elevado, como durante la Gran Recesión en muchos países, como en tiempos normales. Un análisis experimental realizado por Hübscher et al. (2020) en cinco países europeos, de nuevo incluida España, muestra claramente que existe un coste electoral; que sería mayor en el caso de ajustes centrados en la reducción del gasto.

Por otro lado, el trabajo de Barnes y Hicks (2018) para el Reino Unido durante el periodo 2010-2015 revela que las actitudes hacia la austeridad fiscal son notablemente influenciadas por los medios de comunicación. Incluso al controlar las diferencias ideológicas, la fuente de las noticias (el periódico preferido por el ciudadano) afecta la actitud hacia el déficit. Además, mediante un experimento, demuestran que la presentación de una misma noticia influye en las preferencias respecto al déficit. Si los votantes subestiman los beneficios de la estabilidad fiscal, pero rechazan las medidas necesarias para lograrla, los políticos afrontan un incentivo para evitar o postergar el ajuste fiscal. Por su parte, Ciobanu (2024) en su análisis para el caso de Rumanía en 2010 muestra que los recortes no generaron un impacto inmediato sobre el apoyo al gobierno, la intención de voto o la abstención futura; pero estos efectos sí se verifican de forma gradual en los meses siguientes entre quienes habían apoyado al gobierno en las elecciones. Un resultado que el autor vincula a la atención creciente de los medios de comunicación al anuncio e implementación de las medidas de austeridad presupuestaria.

Para comprender mejor la opinión de los ciudadanos sobre la estabilidad fiscal, en Lago Peñas (2022a) se desarrolla un ejercicio demoscópico para España. Sus resultados principales son los siguientes. En general, los ciudadanos muestran un grado aceptable de conocimiento sobre reglas fiscales y niveles de deuda pública. La mayoría de los ciudadanos es consciente de la gravedad del déficit público crónico y cree que se debería hablar más sobre cómo abordarlo, incluso en los programas electorales. Respecto a cómo resolver el problema, una amplia mayoría de los ciudadanos encuestados se decanta por que el ajuste recaiga, sobre todo, en el lado del gasto y no en alzas tributarias. Solo uno de cada diez preferiría un ajuste basado exclusivamente en aumentos de impuestos.

Sin embargo, esta clara preferencia no encaja bien con lo declarado sobre el efecto que tendría la composición concreta del ajuste sobre la probabilidad de voto a los partidos de izquierdas. Una explicación plausible es que una cosa es hablar de recortar el gasto en general y otra de recortes concretos, con usuarios y beneficiarios bien identificados. Una vez que se controla por la ideología y las preferencias de voto, los medios de comunicación no resultan una variable relevante a la hora de explicar las diferencias en la información que manejan los individuos o su preocupación por el déficit, pero sí para moldear las preferencias por la composición del ajuste. Quienes se informan a través de los medios de comunicación con una línea editorial situada en la derecha ideológica, muestran una mayor preferencia por el recorte de gasto frente a las subidas impositivas y, de forma coherente, menos sensibilidad en el voto ante ajustes por esta vía. Los efectos negativos sobre el voto de una hipotética subida del IRPF se concentran en personas que muestran su preferencia por partidos con una ideología que tiende a situarse a la derecha del centro. Finalmente, se confirma que la vía del recorte de gasto en servicios y programas de renta como sanidad, educación y pensiones disgusta en mayor medida a los votantes de partidos de izquierda.

En síntesis, la economía política de la consolidación fiscal se divisa como un reto mayor. En una coyuntura política con mayorías parlamentarias difíciles de garantizar y una polarización que impide acuerdos transversales puede ser particularmente complejo lograr acuerdos sobre decisiones impopulares. En todo caso, sí cabe aguardar menús diferentes en los esfuerzos que salgan adelante, en función del color político del gobierno; al tiempo que no se pueden regatear esfuerzos en la pedagogía sobre los beneficios de la estabilidad fiscal.

9. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las principales ideas desarrolladas en este documento son las siguientes. En primer lugar, es crucial reconocer las diferencias sustanciales entre la deuda pública y los pasivos financieros de empresas y hogares. La vida ilimitada del sector público y su capacidad para exigir impuestos exigen partir de un marco teórico diferente a la hora de evaluar la sostenibilidad de su deuda. Además, la causalidad bidireccional entre la deuda y el PIB conlleva la importancia de las decisiones fiscales en la dinámica económica. Cuando se adopta una perspectiva de muy largo plazo, la ratio de deuda pública española no está en sus máximos. Sin embargo, el contexto ha cambiado notablemente. Hoy no existe la posibilidad de repudio y estamos sujetos a un Pacto de Estabilidad y Crecimiento supranacional. Han desaparecido los atajos.

En la última década se producen una extensión significativa de la vida media y una reducción muy sustancial del coste de la deuda española. Estos logros son el resultado de estrategias eficaces de refinanciación y un aprovechamiento de las condiciones favorables del mercado. Hoy la deuda no es todavía un desafío mayor ni en coste ni en vencimientos. Pero esto está cambiando. La normalización de los tipos de interés con una ratio de deuda por encima del 100 % va a elevar muy sustancialmente el capítulo de intereses de la deuda en los próximos años, hasta alcanzar el máximo en décadas. El impacto del cambio climático sobre el déficit y la deuda añade una capa adicional de complejidad a la gestión fiscal futura. Se espera que eventos extremos y la transición hacia una economía baja en carbono generen presiones fiscales adicionales, lo que subraya la necesidad de integrar consideraciones ambientales en la planificación fiscal a largo plazo. En el mismo sentido, el envejecimiento poblacional va a tensionar sobremanera el gasto en pensiones y en sanidad.

No sería prudente ni factible, dado el marco de reglas fiscales europeas que nos constriñe, apostar por la inercia. Como se ha visto varias veces en las últimas cuatro décadas, Europa es un valioso acicate a la hora de afrontar reformas y asumir los costes a corto plazo de actuaciones que brindan beneficios futuros de mayor dimensión. Las nuevas reglas se han adaptado a parámetros fiscales como los españoles, lo que evita consolidaciones fiscales severas y poco razonables desde un punto de vista económico. Pero todo apunta a que se reforzará la vigilancia y el control de su cumplimiento.

Bienvenidos sean los choques positivos, como los efectos que pueda provocar la revolución de la inteligencia artificial en los próximos años7. Pero tenemos que actuar sin esperar por ellos, a sabiendas que la economía política de la consolidación fiscal presenta desafíos significativos, especialmente en un contexto político caracterizado por la polarización y la fragmentación parlamentaria. A la luz de las proyecciones de la dinámica de la deuda, es evidente la necesidad de una estrategia de reducción acumulativa del déficit estructural en lo que resta de década, teniendo muy presente la fatiga que puede generar un proceso largo.

La combinación de medidas por el lado del gasto y del ingreso es una decisión intrínsecamente política; si bien es verdad que una reforma fiscal integral y un giro radical en la cultura de evaluación del gasto público y en la toma de decisiones a la luz de dichas evaluaciones son herramientas que gobiernos de uno u otro color deberán manejar. De forma complementaria, la comunicación efectiva y la pedagogía sobre los beneficios de la estabilidad fiscal son fundamentales para generar apoyo público y político para las medidas necesarias.

Referencias

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NOTAS

* Catedrático de Economía Aplicada (Universidade de Vigo). Investigador sénior de Funcas.
Agradezco los comentarios y sugerencias de Xoaquín Fernández Leiceaga, Roberto Fernández Llera, Diego Martínez López y Carlos Ocaña; así como la asistencia de Alejandro Domínguez. La responsabilidad de cualquier error u omisión y del contenido es exclusiva del autor.

1 Las importantes contribuciones de Hamilton y Flavin (1986) y Wilcox (1989) son hoy ya lugar común en los libros de texto de macroeconomía, por lo que en lo que sigue optamos por prescindir de los desarrollos matemáticos. Hay que aclarar que en la ecuación se descartan dos vías alternativas para la financiación del déficit: la monetización directa mediante emisión de moneda por parte del banco central y la venta de activos financieros por parte del sector público. La primera opción está hoy descartada en la eurozona y la segunda es marginal en términos cuantitativos. Finalmente, la ecuación deja al margen los ajustes para conciliar necesidad de financiación y endeudamiento neto.

2 La velocidad a la que la subida en el tipo de interés de las nuevas emisiones se traslada al coste medio de la deuda depende de la estructura de sus vencimientos. A mayor edad media, más se tardará en trasladar ese encarecimiento.

3 Para el período 1850-2000 se ha recurrido a la serie 2895 de la base de datos compilada por Carreras y Tafunell (2006) y corresponde a la deuda pública en circulación a principios de cada año fiscal en millones de euros corrientes. El PIB a precios de mercado corresponde a la serie 4774, correspondiente al PIB. En ambos casos se utiliza el deflactor implícito del PIB para expresarlo en millones de euros de 1995. Para el período 2000 a 2023 se recurre a la serie de deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) y a la serie del PIB a precios de mercado que ofrece el Banco de España en su Boletín Estadístico (Banco de España, 2023). De nuevo, las cifras absolutas aparecen en millones de euros constantes de 1995 y la ratio en porcentaje. En sus notas metodológicas, el Banco de España aclara que el concepto de “Deuda elaborada según el PDE” se diferencia principalmente del concepto de “Pasivos en circulación” en que no incluye los pasivos de las AA. PP. en poder de otras AA. PP. ni los créditos comerciales y otras cuentas pendientes de pago. Además, en cuanto a los métodos de valoración, los valores representativos de deuda se computan por su valor nominal en la deuda elaborada según el PDE. Vid. https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/compartido/datos/pdf/aa302.pdf

4 El concepto de arreglo de la deuda se refiere a los acuerdos o negociaciones que se llevan a cabo entre el deudor, el Estado en este caso, y sus acreedores con el objetivo de reestructurar o reorganizar los términos y condiciones de un préstamo o deuda existente. Estos arreglos se realizaban cuando el Estado enfrentaba dificultades para cumplir con los pagos acordados. Los arreglos incluían la extensión del plazo de pago, la reducción de la tasa de interés, el aplazamiento de los pagos o la condonación parcial de la deuda.

5 Aunque los gráficos 4 y 5 hacen referencia a la deuda emitida por el Estado, su protagonismo casi monopolístico en las emisiones hace que las conclusiones que siguen sean extensibles al conjunto de la deuda pública española.

6 Díaz et al. (2022) ofrecen una estimación para cada comunidad autónoma del porcentaje de gasto autonómico (fundamentalmente sanitario y educativo) debido al COVID-19 en los ejercicios 2020 y 2021 que muy probablemente acabe siendo estructural. Para el conjunto de ellas, el gasto que cristalizará será el 53 % (10.045 millones de euros).

7 “Los debates sobre la sostenibilidad de la deuda están extrañamente desconectados del discurso sobre la IA generativa. De hecho, estoy bastante seguro de que hay personas que advierten tanto sobre una crisis de deuda como sobre el desempleo masivo causado por la IA, aunque no he hecho el esfuerzo de localizarlos. Pero si las estimaciones optimistas sobre el impulso de la tecnología son correctas, el crecimiento será mucho mayor que el 1,8 por ciento durante la próxima década, y la deuda no será una gran preocupación después de todo, especialmente porque un crecimiento más rápido aumentará los ingresos y reducirá el déficit” (Paul Krugman, NYT, 3-10-2023. https://www.nytimes.com/2023/10/03/opinion/ai-jobs-economy-budget.html).

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Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Fecha: abril 2024

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

En los últimos años, la profusa oferta de películas, documentales y series en streaming que tienen como protagonistas a adolescentes o jóvenes afectados por diversos trastornos del espectro autista (TEA) ha contribuido a aproximar esta realidad a la sociedad. Con la doble pretensión de entretenimiento y educación social, estos contenidos audiovisuales —no libres de controversia— narran historias que se desarrollan en contextos, como el hogar o el lugar de trabajo, demarcados por las relaciones con familiares, parejas, amigos o compañeros. Menos frecuentes son las representaciones del autismo en las instituciones educativas. Y, sin embargo, en ellas se desarrolla una parte muy considerable de la vida de las personas afectadas por TEA.

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Día Mundial de la Radio

Fecha: febrero 2024

Día Mundial de la Radio

La celebración del Día Mundial de la Radio tiene sello español. En efecto, la iniciativa partió de la Academia de Radio Española, obteniendo en 2011 el apoyo del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y, un año más tarde, el de la Asamblea General de la ONU, que eligió el 13 de febrero porque ese fue el día en el que, en 1946, se creó Radio Naciones Unidas. Con una historia como medio de comunicación de masas varias décadas más corta que la radio, la televisión había alcanzado esa distinción de Día Mundial quince años antes, en 1997. El empeño y el éxito de la iniciativa española pusieron fin a esta anomalía.

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Día Europeo de la Protección de Datos

Fecha: enero 2024

Día Europeo de la Protección de Datos

Millones de personas transmiten diariamente datos personales, laborales y financieros a través de Internet. Gestionarlos de forma adecuada es esencial para salvaguardar la privacidad personal, prevenir el acceso y uso no autorizado de información sensible y proteger contra el robo de identidad y los fraudes. Reconociendo el derecho fundamental de las personas a la protección en relación con el tratamiento de sus datos personales, las instituciones europeas y nacionales han elaborado en los últimos años una densa estructura normativa para hacerlo efectivo. Por su parte, numerosas organizaciones y empresas promueven la participación en programas y cursos de ciberseguridad para concienciar a los usuarios de Internet sobre la importancia de la autoprotección. Sin embargo, las estadísticas disponibles indican que, en general, navegamos por Internet con la guardia baja.

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2023

La organización de la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en España: propuestas de reforma

Fecha: diciembre 2023

Juan Oliva, Félix Lobo y José Vida

Resumen BREVE

El presente documento contiene propuestas para la reforma de la organización encargada de la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en España. Empieza con un repaso de las soluciones organizativas adoptadas en países de nuestro entorno, al que sigue un análisis de las alternativas organizativas administrativas que ofrece nuestra legislación y un examen de la experiencia de casos concretos que se han desarrollado en nuestro país. Seguidamente, se entra en el detalle de los aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta para cada solución organizativa, Finalmente se presentan dos propuestas que se pueden adoptar de forma sucesiva. La primera para el corto plazo y susceptible de inmediata adopción, la creación de una Oficina de Evaluación de la Eficiencia de los Medicamentos (OEEM), como órgano funcionalmente independiente adscrito a la AEMPS y circunscrito a la evaluación de la eficiencia de los medicamentos. La segunda, con implementación en el medio/largo plazo, concretada en una Comisión Nacional de Evaluación en el ámbito de la Salud (CNEAS), como autoridad administrativa independiente que evaluaría las tecnologías sanitarias y políticas públicas sanitarias.

ABSTRACT

This document contains proposals for the reform of the organisation responsible for health technology assessment in Spain. It begins with a review of the organisational solutions adopted in advanced countries, followed by an analysis of the administrative organisational alternatives offered by Spanish legislation and an examination of the experience of specific cases that have been developed in Spain. It then goes into detail on the relevant aspects that must be taken into account for each organisational solution. Finally, two proposals are presented that can be adopted successively. The first, for the short term and susceptible to immediate adoption, is the creation of an Office for the Evaluation of Medicines Efficiency (OEEM), as a functionally independent body attached to the AEMPS and limited to the evaluation of the efficiency of medicines. The second, to be implemented in the medium/long term, would take the form of a National Health Evaluation Commission (CNEAS), as an independent administrative authority that would evaluate health technologies and public health policies.

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Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Fecha: diciembre 2023

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad afrontan diariamente limitaciones tan variadas como difíciles de imaginar para quienes no las sufren. La vivencia de estas dificultades resulta todavía más onerosa cuando viene acompañada por sentimientos de discriminación del entorno. Sobre la extensión de estos sentimientos entre las personas con discapacidad en España disponemos de una fuente de información estadística relativamente reciente: la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, realizada entre 2020 y 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada en 2022 (conocida como EDAD 2020). Entre las muchas cuestiones por las que pregunta esta encuesta a las personas con discapacidad, algunas se refieren a si se han sentido discriminadas “alguna vez por motivo de su discapacidad” en ámbitos de su vida cotidiana, entendiendo por discriminación que no se les haya permitido hacer algo, se les haya hecho sentirse inferiores o ignoradas, se les haya molestado o no se les haya ofrecido la información adaptada a sus necesidades particulares.

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Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer

Fecha: noviembre 2023

Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer

La violencia contra las mujeres puede ejercerse de múltiples formas. Así lo ponen de manifiesto los datos de la Encuesta Funcas sobre percepción y experiencias de violencia contra las mujeres, realizada online entre el 7 y el 16 de noviembre de 2023 a una muestra, representativa de la población usuaria de Internet, formada por 704 mujeres de edades comprendidas entre 20 y 39 años.

Ante una batería de preguntas para delimitar empíricamente la percepción social de la violencia de género, las entrevistadas establecen diferencias ostensibles entre las conductas de los hombres dirigidas hacia ellas, sin introducirlas indistintamente en un “cajón de sastre conceptual” donde todo cabe (gráfico 1). Por ejemplo, ser objeto de “tocamientos sin consentimiento” es, según el 91 % de las entrevistadas, “siempre” violencia de género. El consenso es asimismo muy amplio cuando se pregunta por el acto de burlarse de una mujer que rechaza “avances sexuales” o el de proferir comentarios en voz alta sobre el aspecto físico de una mujer cuando va por la calle: alrededor de siete de cada diez entrevistadas consideran que tanto uno como otro acto “siempre” constituyen violencia de género (70 % y 68 %, respectivamente). Mayorías muy amplias entienden asimismo que “siempre” se ejerce violencia de género contra una mujer cuando su pareja le controla “los gastos o el acceso al dinero” (69 %) o le coge “el teléfono móvil sin su permiso” (65 %).

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LA GUÍA PARA LAS FUSIONES DE EMPRESAS EN ESTADOS UNIDOS: EL RETO DE CÓMO MEDIR LA COMPETENCIA

Fecha: octubre 2023

Emilio Huerta Arribas* y Vicente Salas Fumás**

La guía para las fusiones de empresas en Estados Unidos: el reto de cómo medir la competencia

Defensa de la competencia, Fusiones empresariales, Estados Unidos

El pasado mes de julio, el Departamento de Justicia, DJ, y la Comisión Federal para el Comercio, CFC, de Estados Unidos publicaron para consulta pública, el texto revisado de la Guía para las Fusiones Corporativas (Mergers Guidelines, MG-2023)1. Las primeras MG se publicaron en 1968. Los objetivos del documento original, y de las sucesivas actualizaciones, han sido, proporcionar seguridad jurídica a las empresas, e informar a los tribunales de justicia sobre los criterios con los que las autoridades federales de defensa de la competencia analizarán la estructura y el funcionamiento de los mercados y, en su caso, oponerse a fusiones corporativas que “puedan reducir la competencia de forma sustancial”.

Las MG-2023 tienen como antecedente próximo la orden presidencial “Promoting Competition in the American Economy”2 en la que la administración Biden declara su determinación por recuperar la competencia en la economía americana, en claro retroceso a lo largo de los últimos cuarenta años. La orden menciona como síntomas de la falta de competencia, la alta concentración empresarial en muchos mercados de alcance nacional –desde la información y las comunicaciones a los servicios sanitarios y los servicios fúnebres–, los altos precios y márgenes empresariales, los bajos salarios y la creciente desigualdad. Y hace responsables del deterioro competitivo a los tribunales de justicia por la aplicación laxa y permisiva de las leyes “antitrust”, particularmente a la hora de permitir fusiones y adquisiciones empresariales que habían sido inicialmente rechazadas por las agencias federales.

Las MG-2023 tratan de recuperar el significado de “competencia” tal como la interpretó el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX –defensa frente la concentración de poder económico y político por parte de las corporaciones empresariales–, en contraposición con los criterios de eficiencia económica que han prevalecido en las decisiones de los tribunales de justicia de menor rango en los últimos cincuenta años. Se aprovecha también para incorporar cambios en los criterios de valoración de las fusiones verticales, de adquisiciones exprés de nuevos entrantes en los mercados por parte de empresas establecidas dominantes en los mismos, y en el análisis de las conductas de las plataformas tecnológicas.

La publicación de las MG-2023 está generando un debate público valioso y de alto nivel entre economistas y juristas, profesores y consultores en Estados Unidos3 en el que subyace la pregunta de qué significa, cómo se caracteriza y cómo se mide la “competencia” en pleno siglo XXI, y, en este contexto, los autores encontramos una oportunidad para realizar unas breves reflexiones personales.

Los economistas de nuestra generación aprendimos sobre el funcionamiento de los mercados y la formación de precios y márgenes con el estudio del llamado paradigma “estructura, conducta y resultados” (ERC), formulado por economistas de Harvard en el primer tercio del siglo pasado. Cada palabra lleva implícita una forma de definir la competencia, estructural, conductual y consecuencial. En la primera, la competencia se valora a partir de características relativamente permanentes (estructurales) del mercado, y se describe con medidas de concentración (número de empresas y diferencias de tamaños), diferenciación de producto, barreras a la entrada, relaciones verticales… La conducta competitiva se asocia con acciones dirigidas a reducir costes y precios, a innovar con mejores bienes y servicios, en beneficio de los consumidores, y excluye comportamientos colusorios que monopolicen el funcionamiento de los mercados. Finalmente, la visión consecuencial de la competencia considera un mercado más o menos competitivo en función de si los resultados para los consumidores y otros interesados, se acercan más o menos a los que se le atribuye a la competencia perfecta (por ejemplo, la igualdad entre precio y coste marginal).

El paradigma establece, además, una relación de causa efecto desde la estructura a los resultados del mercado, de manera que en última instancia reduce las tres visiones de la competencia a una sola, la estructura de los mercados y, dentro de ella, a la concentración empresarial del mercado. Así, mercados poco concentrados y sin barreras a la entrada generarán conductas y resultados competitivos, mientras que la concentración y las altas barreras a la entrada favorecen conductas colusorias y resultados de monopolio. Hasta los años setenta del siglo pasado, la defensa de la competencia, particularmente en lo referente a la aprobación o no de fusiones entre empresas, se concreta, sobre todo, en evitar una alta concentración de los mercados. Se trata de conseguir un objetivo económico, alineado con el objetivo político de evitar concentraciones de poder que deriven en influencias políticas no deseadas por parte de las grandes empresas.

El abandono del paradigma ERC, y la aparición en los ochenta de un nuevo enfoque de defensa de la competencia tiene una doble explicación, política y técnica. La política, atribuye el cambio a la influencia de la presidencia de Ronald Reagan, defensora del neoliberalismo y de políticas más favorables al interés de las corporaciones. En este sentido la administración Regan se habría dejado influir por la visión sobre competencia y las fusiones empresariales promovida por economistas y juristas de la Universidad de Chicago, defensores de utilizar criterios de eficiencia económica (impacto sobre el bienestar para los consumidores), frente a los criterios de estructura de mercado del paradigma ECR, en las actuaciones de las agencias federales de defensa de la competencia y en las decisiones judiciales. La explicación técnica relaciona el final del paradigma ECR con la aparición de la llamada Nueva Economía Industrial, NEI, que estudia el funcionamiento de los mercados a través de la teoría de juegos. El foco de estudio se desplaza a la conducta; la estructura de los mercados y los resultados (en términos de beneficios privados y de bienestar social) son endógenos, y se evalúan en condiciones de equilibrio estático (costes-precios) y dinámico (innovación y mejora de la productividad). La relación causal entre estructura y resultados se rompe y el foco se desplaza hacia la conducta y los resultados, diferenciando entre eficiencia estática (relaciones entre precios y costes) y dinámica (innovación).

A posteriori, muchos analistas consideran que el argumento de la eficiencia fue una excusa para que los tribunales de justicia se mostraran tolerantes con la concentración empresarial alineándose, expresa o implícitamente, con los intereses de las grandes empresas. Son los mismos que aplauden que las MG-2023 reduzcan la importancia de la eficiencia económica como criterio de aprobación de las fusiones, y prescindan de la opinión “tecnocrática” de los economistas. Otros en nuestra profesión, en cambio, consideran un retroceso que las MG-2023 sustituyan criterios técnicos por la jurisprudencia judicial anterior a los años ochenta en las decisiones de aprobación o no de las fusiones corporativas, y las critican por introducir criterios de estructura y de poder sin tener en cuenta las consecuencias para el bienestar de los consumidores.

En nuestra opinión, un mercado solo puede calificarse de competitivo cuando ofrece posibilidades reales de elegir a las personas que se relacionan con las empresas, en los mercados de productos y en los mercados de factores de producción. La estructura del mercado tiene que ver con las posibilidades de elegir, pero priorizar la estructura sin tener en cuenta la conducta y los resultados puede llevar a sacrificar la eficiencia, penalizando comportamientos procompetitivos de empresas que ganan cuota de mercado porque ofrecen una mejor relación de calidad-precio que sus competidores. Se impone, por tanto, una visión multidimensional de la competencia como la que propone el paradigma ECR, aunque sustituyendo la causalidad unidireccional por una relación sistémica entre las tres versiones del mismo concepto, adaptada a las realidades del entorno del siglo XXI: la globalización económica (mercados que saltan las fronteras nacionales y competencia entre empresas sujetas a diferentes normas legales en países con gobiernos más o menos intervencionistas), el desarrollo de tecnologías y plataformas digitales (con economías de red que favorecen la concentración), y las exigencias de sostenibilidad medioambiental (en cuyo nombre se aplican políticas industriales de tintes proteccionistas con volúmenes enormes de deducciones fiscales y subvenciones). Por eso, el análisis económico y el rigor técnico serán, si cabe, más necesarios que nunca para entender el alcance y complejidad de las transformaciones que se están produciendo en las estrategias empresariales, regulación, políticas públicas y tecnología que condicionan y están alterando la competencia en los mercados nacionales e internacionales.

Aunque es de esperar que el texto final de las MG-2023 tenga una influencia notable sobre la dinámica económica en Estados Unidos y por extensión al resto del mundo por la importancia de la economía y las empresas de ese país, para nuestra sorpresa, el debate sobre las MG apenas tiene eco en Europa, y menos aún en España. Algunos acontecimientos recientes, sin embargo, deberían alertarnos de la relevancia de prestar atención a los debates que tienen lugar en aquel país. Uno, aparentemente más mediático que técnico, tiene que ver con los artículos periodísticos que utilizan la compra del paquete de acciones de Telefónica por el fondo soberano saudí para justificar fusiones entre compañías europeas (fusiones transfronterizas), en telecomunicaciones y otros sectores de actividad. Las operaciones corporativas transfronterizas permitirían ganar dimensión, lo cual actuaría de factor disuasorio para las operaciones de toma de participaciones significativas no deseadas, por el elevado desembolso económico que sería necesario realizar. Que las fusiones y adquisiciones aporten ganancias de eficiencia o no queda, erróneamente a nuestro juicio, en un segundo plano. El otro acontecimiento es más sustantivo. Unos días antes de que se publicara el borrador sobre las MG-2023, el 13 de julio de 2023, el Tribunal Europeo de Justicia, TEJ, hace pública por primera vez una interpretación sobre el test que se aplica para el control de fusiones en la UE (“que resulten en un impedimento para la competencia efectiva”) en oligopolios, sin que se presuman conductas colusorias por parte de las empresas. El pronunciamiento surge con motivo del Caso C-376/20 P que se inicia en 2016 cuando la Comisión Europea bloquea la adquisición de Telefónica Europe Plc (O2) por CK Telecoms que, de producirse, habría reducido el número de operadores en teléfonos móviles en el Reino Unido de cuatro a tres. La decisión fue recurrida por las empresas y el Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión de prohibición de la Comisión. La Comisión, por su parte, apeló la anulación ante el tribunal superior. En su pronunciamiento de julio pasado, el TEJ da la razón a la Comisión, enmienda los argumentos “erróneos” del tribunal inferior, y ratifica la interpretación restrictiva sobre condiciones para una “competencia efectiva” que se aplicaron en un primer momento. Será interesante estar atentos a cómo reacciona la UE ante los cambios en las actuaciones en materia de defensa de la competencia en Estados Unidos, en un momento en el que, además, se va a producir el relevo del liderazgo en la Comisaría de Competencia de la Comisión.

Bienvenidas en cualquier caso las MG-2023, y bienvenido el debate que se suscita en torno a ellas sobre cómo hacer compatible la desconcentración del poder económico (descentralización del poder y más democracia) con el mantenimiento de los incentivos al buen hacer empresarial del que dependen las mejoras en la eficiencia, tanto en el corto (más productividad y menores costes) como en el medio y largo (innovación). En su plenitud, la competencia refuerza la influencia de las decisiones descentralizadas de los actores económicos en los resultados colectivos, y sustituye y hace innecesarias decisiones administrativas arbitrarias y centralizadoras.

Notas

* Universidad Pública de Navarra y Funcas.

** Universidad de Zaragoza y Funcas.

Agradecemos los comentarios de Juan José Ganuza. Una versión resumida de esta nota técnica se publicó en The Conversation España, https://theconversation.com/estados-unidos-quiere-actualizar-sus-normas-sobre-competencia-empresarial-210689?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%203%20septiembre%202023%20en%20The%20Conversation%20

1 https://www.justice.gov/atr/d9/2023-draft-merger-guidelines

2 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/

3 Véase por ejemplo https://www.promarket.org/

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Día Mundial de los Docentes

Fecha: octubre 2023

Día Mundial de los Docentes

El profesorado de enseñanzas no universitarias de régimen general en España, constituido en el curso 2022-2023 por 770.000 hombres y mujeres (según el avance de datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional), es tan numeroso y variado que desaconseja cualquier generalización. Y, sin embargo, parece que en la opinión pública se ha instalado la imagen de un colectivo que, a lo largo de las últimas décadas, ha asistido a un progresivo deterioro de su entorno de trabajo. Se escucha a menudo que a los profesores les cuesta mantener la autoridad en el aula; que sus actuaciones docentes y disciplinarias las cuestionan multitud de madres y padres, alineados con sus hijos incondicionalmente; que les resulta cada vez más difícil poner orden en las clases y completar la docencia programada; que se hallan desbordados por las exigencias burocráticas y las repetidas adaptaciones impuestas por la cambiante legislación educativa. Y por si todo ello fuera poco, los informes internacionales sobre rendimiento educativo, como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) y PIRLS (Estudio Internacional del Progreso en Competencia Lectora), desdoran su trabajo docente al colocar a los estudiantes españoles en posiciones desaventajadas respecto a otros países. Los testimonios personales de profesores que sufren esos problemas van conformando la imagen de una profesión sacrificada y poco agradecida, disuasoria para muchos jóvenes que, por sus buenos rendimientos académicos, tienen otras opciones de formación y desarrollo profesional. Desde luego, esa imagen no es el mejor reclamo para atraerlos a la profesión que tradicionalmente ha ostentado una capacidad extraordinaria de marcar la visión del mundo y de la vida de niños y jóvenes.

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Día Mundial del Turismo

Fecha: septiembre 2023

Día Mundial del Turismo

La pandemia y las medidas de contención y restricción a la movilidad que se adoptaron en todo el mundo para combatirla han favorecido la toma de conciencia pública sobre algunas realidades que, dándolas por supuestas, apenas apreciábamos. Una de esas realidades es la significativa contribución del turismo a la economía mundial y, en particular, a las economías en las que este sector representa un elevado porcentaje del PIB y del empleo.

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Protegido: Cryptocurrency ownership and biases in perceived financial literacy

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Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

Fecha: julio 2023

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

La inserción laboral de los jóvenes en España sigue siendo un reto social importante. En 2022, menos de una cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 24 años (23,2 %) se hallaban empleados, mientras que uno de cada diez (9,7 %) declaraba encontrarse en situación de desempleo. Ambos datos se situaban lejos de las correspondientes medias europeas (UE-27): 34,7 % y 5,9 %, respectivamente1. Por tanto, en el contexto de la Unión Europea, los jóvenes menores de 25 años que en España tienen empleo son menos, y los desempleados, más. Estas diferencias se deben, en buena medida, a factores institucionales que afectan al funcionamiento de la economía, así como del sistema educativo y de formación profesional. Para abordar esta problemática, es fundamental que los sistemas educativos doten a los jóvenes de habilidades para el empleo y el emprendimiento. La ONU estableció en 2014 el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, celebrado el 15 de julio, reconociendo la importancia de este tema a nivel global.

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Cost and price inflation with firm level data: An empirical analysis

Fecha: Primera versión, julio 2023

Pilar Rivera Torres* and Vicente Salas Fumás**

Cost and price inflation with firm level data: An empirical analysis

Cost inflation, Pass-through, Market power, Competition

This paper presents estimates of the elasticity of price increases to cost increases in a sample of Spanish firms, during the cost-driven inflationary episode of years 2022 and 2023 (forecasts). We find that the sample average elasticity of price to cost changes is less than one, and higher among firms that perceive more intense competition than among firms that perceive an environment of less competition. We also find that the pass-through of cost increases to price increases takes place with time lags that are shorter among firms in more competitive environments. Finally, when controlling for cost increases, changes in profit margins are independent of price increases, which would rule out that recent inflation has been driven by market power. These results are consistent with predictions from the theory of price formation in imperfectly competitive product markets, and they should be relevant for the assessment of how competition policy can contribute to fighting inflation.

1. INTRODUCCIÓN

After years of stable and low rates of increase in the level of prices, inflation across OECD countries has risen to levels substantially above policy target levels (2% for central bankers). The causes and consequences of inflation have been a topic of worrying concern for macroeconomic research and policy. In the macro view on inflation, short term variations in the general level of prices are explained by mismatches between aggregate supply and aggregate demand that central bankers try to minimize adjusting the official interest rates. There are, however, other voices that view the inflationary episode as a direct consequence of the historically high levels of firms’ market power and profits (Koltay, Lorincz and Valletti, 2022; Vernengo and Perez Caldentey, 2023).1 Inflation has also become a topic of microeconomic concern, with voices asking for competition policy becoming part of the fight against it.2

This paper sets the hypothesis that the recent price inflation has been mainly determined by the cost inflation produced as a result of the negative shock in the energy and in the agriculture products’ markets that followed the Russian invasion of Ukraine, when the world had not yet fully recovered from the damages caused by the COVID-19 pandemic. The hypothesis is tested with estimates of the average pass-through of relative cost increases to relative price increases, using survey data provided by firms located in the region of Aragón (Spain) in November 2022. Firms were asked about their estimated changes in production costs for the year 2022 and for their estimated forecast for cost changes during the year 2023. Similarly, they were asked to report the respective rate of price increase in 2022 and forecasted for 2023. The estimation allows for differences in the price-cost elasticity in the subsample of firms that perceive higher competitive pressure, and in the subsample of firms that perceive medium or low competition pressure. A third specification of the empirical model considers the possibility of time dynamics in the pass-through of cost increases into price increases, with differences in the speed of transmission across firms that have different perception about the intensity competition in their product markets.

The paper formulates two research questions that will be responded theoretically and empirically: i) is the elasticity of price to cost changes greater (cost amplifying) or lower (cost absorbing) than one?, and ii) how market competition intensity affects the elasticity of price to cost? The elasticity of price to cost changes is a measure of the relative pass-through, i.e., the rate of change in unit cost that is passed to a rate of change in selling price. When costs increases are generalized across firms and markets, then we refer to the situation as cost inflation; for generalized positive relative pass-through the cost inflation will turn into a cost driven price inflation. The relative pass-through is determined as an equilibrium outcome of firms making profit maximizing decision in competition within a market of given competition conditions. The paper extends the results of Weyl and Fabinger (2013) on the determinants of the absolute pass-through, to predictions on the determinants of the relative pass-through, the main variable of interest in this paper.

It turns out that the relative pass-through is equal to the absolute pass-through divided by the market power of firms in the market equilibrium, calculated as the ratio between price and marginal cost. The relative pass-through will determine the rate of price inflation (rate of increase in prices) for a given level of cost inflation. The market power determines the level of price as a function of the level of cost. For a given absolute pass-through, the relative one will be lower in markets with higher market power. Therefore, for a given cost inflation, the resulting price inflation will be inversely related to market power and therefore, directly related to market competition. Market competition is effective in keeping the price level close to the cost level and, dynamically, to push the price and the cost level down if competition acts as a stimulus for innovation. But if the reason of cost inflation is an external shock, then the resulting price inflation can be higher in more competitive markets than in less competitive ones.

According to the survey data practically all firms in the sample respond positively to the question of whether their costs increased during 2022, and all of them also coincide in that the main reasons behind the cost raises have been higher prices of energy, raw materials and intermediate inputs. The estimated elasticity of price to the cost increases is, on average for the whole sample, above 0.5 but less than one, i.e., the pass-through is cost absorbing in the sample data. This means that, on average, the firms in the sample will experience decreases in profit margins during the two-year period; the prediction is confirmed by the response of the surveyed firms to the direct question about the rate of change of their respective profit margins in 2022 and 2023. The estimated relative pass-through is higher in the subsample of firms that perceive a more competitive environment than in the subsample that perceives a less competitive environment. In addition, the pass-through is not instantaneous but costs increases appear to be gradually translated into price increases along several periods of time, faster in the subsample of firms that perceive a more competitive environment (faster) than in the subsample of those that perceive a less competitive environment. Finally, the hypothesis that price inflation has been driven by market power effects is rejected by the data.

The results from previous empirical research on similar topics are mixed, both in the magnitude of the pass-through, and in the sensitivity of this magnitude to the competitive environment. Miller, Osborne and Sheu (2017), with data from regional cement markets in the US, estimate an absolute pass-through higher than one and find that the absolute pass-through is lower in more competitive market structures. Brauning, Fillat and Joaquim (2022), across different industries and products, estimate a pass-through lower than one and find that the translation of cost increases to price increases is higher in more concentrated product markets than in less concentrated ones. Fabra and Reguant (2014) find that the costs charged for CO2 emissions in EU firms are almost fully passed to electricity prices for final consumers. On the other hand, Cabral, Geruso and Mahoney (2015) and Genakos and Pagliero (2022) find evidence of cost absorbing pass-through, with the magnitude of the pass-through increasing with market competition. For example, Genakos and Pagliero estimate a pass-through of 44% of gasoline taxes to gasoline prices in local markets with one competitor, and a 100% pass-through in local markets with four or more competitors.

The paper contributes to the literature on pass-through with new evidence on estimates of relative pass-through with data on yearly cost and price changes directly collected from a sample of firms. The paper also contributes to a better understanding of the relationship between market power and inflation. From the relation between relative pass-through and market power, in periods of cost inflation, market power will increase or decrease depending on whether the relative pass-through is cost amplifying or cost absorbing, respectively, which depends on the properties of the product demand function as shown in the theory section. Therefore, market power could increase in periods of cost-driven inflation if the dominant demand function across final products was log convex, but the increase in market power would not be the cause of price inflation. Moreover, since the structural market conditions that determine a relatively low pass-through are the same that contribute to higher market power of firms, given a rate of cost increase the translation to price inflation will be lower in markets with high market power than in markets with low market power.

The results of the paper should then be relevant in the assessment of the effectiveness of competition policy to fight inflation. In a recent publication, the OECD (2022; p. 32) concludes that: Competition is vital for a low inflationary environment and competition enforcement should be prioritized, but not at the expense of fiscal or monetary policy. To hold competition authorities accountable for general inflation is likely to be both unrealistic and unproductive. The results of this paper would indicate that monetary and fiscal policies do not provide the first line of protection against episodes of cost and price inflation in situations as the present ones, when cost inflation is caused by shocks external to the national economies (increase in prices of imported energy, for example). The results do not question, however, the effectiveness of monetary and fiscal policies against second-round effects. The results would also support the view that competition authorities can do more to determine the levels of costs and prices than to affect their relative changes over time.

The rest of the paper is organized as follows. Section one outlines the theoretical framework on price formation. Section two explains the data collection processes and describes the contents of the survey more closely related to the topic of this research. Section three presents descriptive information on yearly changes in cost, price and margin and on other variables relevant for the analysis. Section four shows the results of the estimation of the empirical model, including extension and robustness. Section five discusses the empirical results within the context of the main questions posed by the research. The paper ends with a conclusion that summarizes the findings and their implications for the potential of competition policy in fighting inflation.

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK

The conceptual framework to study the link between cost and price inflation in this paper is the theory of price formation in markets that differ in structural competitive conditions, such as the number of firms and/or product differentiation.

One key element in price formation that has been related to price inflation and that serves as justification for those who support the use of competition policy to fight inflation is the power of firms to set selling prices. The measure of market power, k commonly used in the literature is the ratio or distance between selling price and marginal cost (De Loecker, Eeckhout Unger, 2020), as follows: 

The price to marginal cost ratio has a one-to-one correspondence with the Lerner index or relative profit margin, the more traditional measure of market power,

In perfectly competitive markets, the market power parameter k will be equal to one: firms are price takers and set output levels at profit maximizing values for which marginal production cost is equal to market price; with free entry, the marginal cost and the market price will also be equal to the minimum average cost in the equilibrium, and all firms in the market will earn zero economic profits. Therefore, k=1 (Lerner index equal to zero) is taken as the benchmark for the output levels in perfectly competitive markets where firms are price takers. Similarly, values of k higher than one will be indicative of firms with power to influence the market prices with their respective production decision; higher values of k will directly indicate higher market power of firms.

Equation [1] can be written as Price = k * Marginal Cost. If market power was independent of the marginal cost, relative changes in price over time would be equal to the sum of relative changes in market power plus relative changes in marginal costs:

 

The implication from [2] is that if market power stays constant over time, the relative change in price (price inflation) from period t to t+1 would be equal to the relative change in marginal cost during the same time interval (cost inflation). However, a necessary condition for this result to hold is that market power being independent of the marginal cost. Alternatively, firms may use their market power somehow arbitrarily and, particularly in periods of high cost inflation as the present one, contribute to price inflation beyond the caused by cost inflation by increasing the mark up, which is the same that increasing profit margins (profit-driven inflation). For many analyst, the increase in the share of profits in the gross value added of developed economies in 2022, coinciding with a fall in labour share, is explained as direct consequence of the exercise of market power of firms that are able to increase profit margins and final prices independently of the increase in production costs. There are, however, other explanations of the evolution of the share of non-labour income in national accounts, different from firms exercising their market power, among them the different evolution of the marginal and of the average unit labour costs in many economies during the pandemic period 2020-2022 (Salas-Fumás, 2023). And, more importantly, equation [2] is derived from the definition of market power, and not as a market equilibrium result from firms competing with each other.

Price formation in markets with profit maximizing firms

Consider a market with n firms, each producing a quantity of output qi. Define the aggregate output measure by Q = Q(qi,q-i), where q-i is a vector of productions for firms different from i. Let, pi = pi (Q (qi,q-i)) be the selling price of firm i, and Ci (qi) the total variable production cost of the same firm. The profit maximizing conditions for the n firms imply,

 

The pass-through that captures the adjustment of price to exogenous changes in the production cost would have to be calculated from the total simultaneous total differentiation of both sides of equation [3] for the n firms in the market. For the general formulation of the problem, a closed calculation of the pass-through is not possible. The condition of symmetry across firms makes the problem tractable. The symmetry condition would hold in an oligopoly market where equally productive efficient firms (same production cost) produce and sell a homogeneous product. In this situation, Q = nq and p = p (Q).

Relative pass-through

In the study of the relationship between cost and price inflation, the relevant pass-through is formulated in relative terms: relative change in cost that is passed-through to relative change in price: . Since  is the measure of market power,

The relative pass-through increases with n and decreases with t, while market power decreases with n and increases with t. This implies that market power will decrease with market structure variables that get closer to those of perfect competition (higher number of firms and lower horizontal differentiation), just the opposite to what happens with the relative pass-through: increases with n and decreases with t. The relative pass-through will be higher in markets with structural conditions closer to those of perfect competition, i.e., higher in markets where lower market power of firms. Moreover, in general, market power will not be independent of the relative pass-through. In fact,

3. DESCRIPTION OF THE DATA SAMPLE AND MAIN VARIABLES OF THE SURVEY

The sample

The data used in the empirical study were collected by the Instituto Aragones de Fomento, IAF, as part of the Business Barometer that regularly surveys firms located at the Autonomous Community of Aragón (Spain). The purpose of the Barometer is to follow up the business activity and provide timely input information for better tuning of the regional government programs aimed at supporting the firms in the region. Complementarily, each wave of the Barometer includes questions on the firms’ perceptions about impacts, threats, opportunities, responses… of external shocks at the time of the survey: COVID-19 (April 2020), economic recovery (February 2021), and the last one, in November 2022, inflation.

The target population of the Barometer includes 6,622 firms of all sizes and from all economic sectors that have maintained and still maintain relationships with the IAF as suppliers and as customers of the agency’s regional and business development programs. All firms received a mail from the IAF explaining the content and motivation of the survey, and inviting them to voluntarily and anonymously (if they wish so) respond to the questions of a survey, accessible through a link included in the message. The online survey was open for firms to respond during three weeks, from November 8th to November 28th, 2022. The estimated response time was approximately 30 minutes. The rate of response has varied across barometers. This time, of the total number of firms invited to participate, 753 clicked the link to access the survey while 499 of them completed the survey with usable information. There are approximately 90,000 firms in Aragón (including the self-employed), so with a confidence level of 95%, the sample of 499 firms is representative of the population with a range of error of +/- 4.73%.4 There are indicators that show that the economic specialization of Aragón is representative of that of the whole country (Laborda et al., 2021).

Table 1 shows the distribution of the firms in the final sample across economic sectors. The first column corresponds to the sector distribution of the 499 firms; the second column to the sector distribution of the 466 firms that have complete data on prices and costs that are the main variables of interest in this study; the third column shows the distribution across economic sectors of total persons occupied in Aragón. Overall, the distribution of firms in the sample across economic sectors is reasonably close to the relative weight of the respective economic sector in the regional economy. Note also that the missing 33 firms, from the 499 usable responses to the 466 with complete information on prices and costs, are randomly distributed across sectors.

Table 2 shows the distribution of firms across size classes, micro (0 to 9 employees), small (10 to 49 employees), medium size (50 to 249 employees) and large (250 or more employees) firms. For each size class, the table shows the distribution across size classes of all firms in Aragón and the distribution of all occupied employees across size classes in Spain. Clearly, micro firms are underrepresented in the sample, mainly because of the large number of solo self-employed in this size class. If the proportions are recalculated only for the other three size classes, the size distribution of firms in the sample is more similar to the size distribution of the population of firms. The 33 firms with missing data on costs or prices tend to concentrate in the size class of micro firms.

Content of the survey

One block of questions asked firms about the evolution of their costs, prices and profit margins in 2022 with respect to 2021, and prospects for 2023 with respect to 2022. The survey asked respondents to choose one of the three possible time evolutions of cost and price: decrease, maintain or increase. Next, firms with changes in costs and prices were asked to report the percentage year change in the respective variable on a predetermined binned scale. Additionally, all firms were asked for the percentage change of profit margins in the respective time period. Firms were also asked for the importance, on a scale from 0 (not important) to 10 (very important), of a list of possible reasons for the cost increases and of possible reasons for their price decisions.

A second block of questions asked firms to score on a scale from 1 (highly negative) to 7 (highly positive) the estimated impact on their activity of variables from the general environment of the business, such as inflation and economic growth. For the empirical analysis, the variables were codded into two categories: negative (scores 1, 2, 3, 4) and neutral or positive (scores 4, 6, 7).

One variable of the market environment of the firm particularly relevant for this study was market competition. Firms were asked about their perception of whether the competitive conditions in their market were more or less favourable for them on a scale from 1 (very unfavourable) to 7 (very favourable). Again, the variable was codded into two categories, considering that unfavourable conditions meant high competition (responses 1, 2, 3) and more favourable conditions meant low competition (responses 4, 5, 6, 7).

The survey contained additional information on variables that capture the heterogeneity among the firms in the sample. One subset of firm-level variables refers to their individual characteristics, such as internationalization (yes or no of being exporters or importers), growth prospects (capital investment), and vulnerability to external shocks (percentage decrease in sales that would be critical for their survival, with lower absolute value percentage implying higher vulnerability). Another dimension of the heterogeneity had to do with the policy decisions that firms made in response to the external shock. Firms select one value on a scale from 0 (not important) to 10 (very important) for each of the following business policy decisions: development of new products and new markets, reduction of production, improvements in productivity, and renegotiation of debt.

4. DESCRIPTIVE INFORMATION ON THE VARIABLES

Changes in costs and the decision to maintain or to increase price

Table 3 shows the distribution of the 466 firms according to the evolution of their respective costs and prices in the two periods. In 2022, compared with 2021, 93% of the firms in the sample respond that their costs have increased; 6.7% respond that their costs have been the same; and only 2 firms (0.2% of the sample) respond that their costs have decreased. For the following year, the cost prospects are somehow better, as 72.3% of the firms expect cost increases, 24.2% expect that costs will not change, and 3.4% expect that cost will decrease. Considering that practically all firms acknowledge cost increases in 2022, the conclusion is that firms went through an episode of cost inflation during that year. Almost three-fourths of the firms expect that cost inflation will continue in 2023.

Firms could respond to the changes in costs by decreasing, maintaining or increasing their respective prices. From Table 3, in 2022 with respect to 2021, 62.9% of the firms in the sample answer that they have increased prices; 34.5% that they have maintained prices; and 2.6% respond that their prices decreased. Regarding the expectations for 2023 with respect to 2022, the proportion of firms that expect to rise prices decreases to 52.6%, while the proportion of firms that expect to maintain prices increases to 42.5%; 4.9% of the firms in the sample expect to decrease prices in 2023 with respect to 2022. Although the proportions of firms that increase prices or expect to do so in the two-year period are lower than the proportions of firms that experience cost increases, there are more than 60% of firms in the sample that will increase their prices in 2022, and more than 50% that expect to do so in 2023. Consequently, the evidence suggests be that price inflation goes together with cost inflation.

The data allow us to examine the time persistence in the evolution of costs and prices over time. Among those firms whose costs increase in 2022, three-fourths anticipate cost increases in 2023, while 21.7% expect that their cost will be maintained in 2023 with respect to 2022. From what is expected to happen in 2023, 96.1% of the firms that expect that their cost will increase in 2023 also experienced cost increases in 2022. With respect to price persistence, 62% of the firms that increase prices in 2022 expect that they will increase prices again in 2023; 34% of the firms that increase prices in 2022 expect to maintain them in 2023. Among those firms that expect to increase prices in 2023, 74.3% also increased their prices in 2022. The question of whether the cost increases are passed through to prices in the one-time period or whether the pass-through takes place over several periods of time will be investigated later.

Table 4 provides information disaggregated by firm size classes about the causes behind the increase in costs and the reasons behind the decision to maintain or increase prices in 2022. The proportion of firms that experience an increase in cost during 2022 is close to 100% in all size classes; in all size classes firms coincide in the higher prices of energy, raw materials and intermediate inputs as the main reasons behind the cost increases. Labour costs contributed moderately to the increase in total costs, and financial costs contributed even less, according to the respondents of the survey (the increase in interest rates took place in 2022). The importance attached to the factors behind the cost increases is similar across size classes, although it is worth observing that the effect of financial costs decreases as the size of the firm increases, while that of labour costs increases with the size of the firms.

For the decision to maintain or to increase prices, the proportion of firms that did so varies across firm sizes. Micro- and large firms have a higher (lower) propensity to maintain (increase) prices than small- and medium-sized firms. The main reason behind the decision to maintain prices is to protect the market share, with similar weight across all size classes. The second reason in importance was contractual restrictions, although this reason increased in importance from smaller to larger size classes of firms. Among the large firms, the reason for maintaining prices because prices did not change was significantly more important than among the rest of firms. Finally, the main reason to increase prices across firms of all size classes was, by far, that costs increased, which confirmed that cost and price inflation were closely linked in 2022.

Rates of change of costs, prices and margins

The distribution of firms (proportions) across bins of rates of change for cost, price and margin for the years 2022 and 2023, as well as averages of rates of change in costs and prices across size classes, are reported in Table 5.

The average rates of cost increases were 18.9% in 2022 and 10.5% (estimated) in 2023. The average rate of change for the subset of firms that experience an increase in costs was 20.4% in 2002 and 15% in 2023. The averages are more similar between the two groups of firms in 2022 than in 2023, The reason was that in 2023, there are fewer firms that expect cost increases than in 2022. The expectation of lower cost inflation in 2023 than in 2022 is also evident when comparing the proportion of firms that experience or expect an increase in costs of 30% or higher: 17.3% in 2022 and 6.4% in 2023.

The average rate of change in price in 2022 was 7.9%, similar to the median of the distribution, between 5% and 10%. In 2023, the average price increase (expected) is 5%, higher than the median, <5%. In the upper tail of the distribution of price changes, in 2022 (2023) only 4.5% (1.5%) of the firms increase prices 30% or more. The differences between the average increase in cost and the average increase in price continue when the comparison is restricted to the subsamples of firms that increase costs and that increase prices. The average rates of price changes are lower than the average rates of cost changes. Consistently, the profit margins of firms in the sample decrease in 2022 and 2023, respectively, -7.3% and -3.4%, on average. The firms in the sample, contemporarily, translate cost increases to price increases only partially; in the short term, they estimate that cost and price inflation will result in lower profit margins in 2022 with respect to 2022, and in 2023 with respect to 2022.

Summary information on the rest of the variables

Table 6 provides descriptive information on the rest of the variables selected to capture the heterogeneity among the firms in the sample. Approximately one-third of the firms consider that the competition conditions are unfavourable, a situation that will be interpreted as an indication of operating in a market environment of higher competition. The proportion of firms that value inflation and economic growth expectations as unfavourable clearly dominates over those that value them as favourable. More than one-fourth of the firms in the sample export and more than one-third import. Firms give more importance to market and product development, and to increases in productivity than to reducing production and renegotiating debt, as policy decisions in response to the external shocks. On average, approximately a 30% decline in sales would be sufficient to cause serious viability problems for the firms in the sample. Around one-third of firms expect to increase gross capital formation in the period, with an average annual rate of increase of 2.9%.

5. THE PASS-THROUGH OF COST CHANGES INTO PRICE CHANGES

Empirical models from price formation under imperfect competition

The theory on price formation in section two above establishes a relationship between cost and price inflation that can be estimated with the data available on changes in costs, in prices and in margins. The empirical model includes a regression and a selection equation (Heckman, 1979):

Regression equation:

Selection equation:

The error terms are distributed as follows: ϵit~N(0,σ), εit~N(0,1), corr(ϵitεit) = ρ

The regression equation explains the rate of change in price by firm i in period t as a function of the rate of change in costs for that firm also in period t, plus a vector of observable variables, Xit that control for the heterogeneity of firms in the sample: sector of activity, size class, perception about the environment, prospects for economic growth, vulnerability, business decisions; ϵit is the random error-term. The parameter β to be estimated will give a measure of the elasticity of price changes to cost changes. According to the theory, the estimated parameter must be positive, but can be greater or lower than one. The vector of parameters γ will provide estimates of differences in relative price changes attributed to differences in the values of the control variables across firms in the sample.

The selection equation takes into consideration that the relative change in price is preceded by the explicit decision by each firm to increase the price (value of Increase priceit = 1) or not (Increase priceit = 0). This decision is modelled as a function of the Cost increase variable (which takes the value of 1 if the firm reports an increase in cost in the period and zero otherwise) and of other variables Zit that also capture the heterogeneity among firms, many of them common to vector Xitεit is the random error term. The paramter α should be expected to be positive (a higher likelihood of increasing prices when costs increase); the parameters in the vector φ measure the effect of the rest of the explanatory variables on the decision to increase prices or not. The selection and the regression equations together imply that the latter is restricted to positive values of the dependent variable, i.e., restricted to observations from firms that increase prices in the respective time period. The number of observations with price decreases in the sample is too small to formulate and estimate a separate model to explain price decreases as well.

The empirical model will be first estimated pooling the two-year data, and second with data only for 2023 and including price changes in 2022 (lagged price changes) as an additional explanatory variable. The formulation of the dynamic model is based on the assumption that the transmission of cost increases to price increases is done gradually over time, perhaps because of adjustment costs. Then, the observed difference in the change in prices between two periods will be just a proportion λ of the distance between the target and the current price change:

where * is the target value of the price change in period t. The equation can be rewritten as

 

The static and dynamic formulations of the empirical model will be estimated with two specifications. One will estimate an average elasticity of price to cost changes, common to all firms in the sample; the other will allow for differences in the elasticity of relative price to relative cost changes for firms that perceive high competition in their product market, than for firms that perceive low competition (competition variable). In the dynamic formulation, differences will also be allowed in the speed of price adjustment between firms in high and firms in low-competition environments.

Results of the estimation average pass-through of cost changes

The results of the estimations of the empirical model (8), with Heckman’s two-step estimation method and the pooled data for the years, 2022 and 2023, are presented in Table 7. The statistical significance of the coefficient of the Mills ratio lambda (p<1%) justifies the joint estimation of the selection and regression models.

The estimated coefficient of the cost increase variable in the selection equation, 0.548, margin effect, indicates that the probability of an increase in prices is 0.548 higher for firms that experience a cost increase than for those which do not experience it. The next result in Table 7 is that firms that perceive high market competition are less likely (probability 0.092 points lower) to increase prices than firms that perceive low competition, controlling for the cost increase and for the other explanatory variables in the selection equation.

For the rest of the explanatory variables, firms with the worst inflation prospects are more likely to increase prices than firms with more positive prospects. Firms with better prospects for the growth of the economy are also more likely to increase prices than firms with the worst prospects (the estimated coefficient has a negative sign because the 1 value of the dummy variable is assigned to firms with the worst prospects for economic growth). The positive and statistically significant estimates of the small and medium-sized firms confirm the descriptive information in the sense that they have a higher propensity to increase prices than micro and large firms. Finally, the variable reduce production lowers the likelihood of price increasing, while the vulnerability of the firm is positively associated with the decision to increase prices.

The results of the regression equation show an estimated elasticity of price to cost changes equal to 0.497, significantly positive but less than one. This means that, on average, the firms in the sample will translate into a relative increase in prices approximately half of the relative increase in costs. Controlling for the rest of the explanatory variables, the average rate of increase in prices will be 4.115 percentage points higher among firms in agriculture than among firms in the industry and service sectors. Similarly, Construction firms increase their prices, on average, 3.584 percentage points higher than firms in Industry and Service. The average rate of increase in prices is 3.386 percentage points higher among firms that have high expectations of economic growth than among firms that have low expectations of economic growth. Small- and medium-sized firms show higher average rates of increase in prices than micro and large firms, respectively, by 1.665 and 2.475 percentage points. Firms that import, on average, show a rate of increase in prices 2.257 percentage points higher than firms that do not import. Finally, the higher the importance of reduction in production as the response of firms to current perturbations, the lower the rate of increase in prices (estimated coefficient -0.254).

The last two columns of the table show the results of the estimation when differences are permitted in the estimated elasticity of price to cost changes in the subsample of firms that perceive a more intense level of competition in their product markets, and in the subsample of firms that perceive a less intense level of competition. The estimated elasticity of price to cost changes is 0.454, again greater than zero but lower than one, for firms that perceive low competition and 0.454+0.156=0.610 for forms that perceive high competition, still different from one. The difference of 0.156 is significantly different from zero and economically meaningful. The results of the estimation for the rest of the explanatory variables are maintained.

Results of the estimation: Dynamics in the pass-through of cost changes

The results of the estimation of equation [9] are presented in Table 8. The estimated coefficient of the variable price increase in 2022 (t-1) in the selection equation is positive and statistically significant: firms that increase their price in 2022 have a probability of increasing price in 2023, 0.291 points higher than firms that did not increase price in 2022. The estimated coefficient of the variable cost increase in 2023 is 0.516, which is significantly different from zero. Its long-term value is 0.516/(1-0.291) = 0.728. Therefore, in the long term almost three out of four firms that increase cost will also increase prices.

Two other explanatory variables have a significantly different from zero estimated coefficient, economic growth (negative) and vulnerability (positive). From the way the variable is defined, firms more optimistic about the growth of the economy (maybe because they anticipate good growth prospects for themselves) are more likely to increase prices, controlling for having experienced an increase in cost or not; increases in the vulnerability of firms result in a higher probability of increasing prices, also in the long run. However, the differences in the propensity to increase prices among firms in high- and low-competition environments and the differences among firms belonging to different size classes are now not statistically significant.

The time dynamics in the pass-through of cost to price increases are also observed in the results from the estimation of the regression equation. The estimated coefficient of the explanatory variable lagged relative change of price (year 2022) is 0.357, positive and significantly different from zero. The contemporary elasticity of price to cost changes is 0.395, again positive and significantly different from zero. These two values imply a long-term elasticity of price to cost changes of 0.395/(1-0.357) =0.614; in other words, when the transmission is completed, 61.4% of the rate of increment in cost will be passed through in terms of the rate of increase in prices. As was the case in the static model of Table 7, firms in the agriculture sector and firms with higher expectations of economic growth experience a higher rate of increase in prices, controlling for cost increases, than firms otherwise.

Among the firms that respond that perceive low market competition, the short-term elasticity of price to cost increase is 0.334, and the long-term elasticity is equal to 0.334/(1-0.541)=0.727. Among firms that perceive high competition, the short-term elasticity is 0.334+0.274=0.608. Firms that perceive high market competition pass through the cost increases to price increases faster than firms that perceive low competition, as indicated by the lower estimated coefficient for the lagged price change variable in the former group of firms than in the latter, 0.541-0.425 = 0.112, significantly different from zero. Then, the estimated long-term elasticity of price to cost changes for firms that perceive high competition is 0.608/(1-0.112)= 0.69.

Direct estimate of the contribution of market power to price inflation

Therefore, under the theory of price formation outlined in section two above, cost inflation will result in generalized increases in profit margins when market conditions that favour relative cost amplifying pass-through dominate over the market conditions that favour relative cost absorbing pass-through.

On the other hand, when firms can somehow arbitrarily rise profit margins in addition to cost increases in the formation of prices, the relative change in prices can be written as: 

Equation [11] implicitly assumes that firms experience an increase in cost and, independently, they choose the increase in profit margin so that the two together will determine the increase in price (profit-margins driven inflation).

The two formulations of price formation proposed to explain the relationship between cost and price inflation, the cost-driven inflation where the pass-through depends on market competition conditions, and the profit-margin driven price inflation) imply different empirical predictions on the determinants of changes in profit margins. If the relative change in price is determined as a function of the relative change in costs, as prescribed from the theory of price formation in the Nash equilibrium of imperfect competition then, when controlling for cost increases, the change in profit margin should be independent of the relative change in price. However, if there is something other than what is predicted by the theory of pass-through in the formation of prices, the change in the relative profit margin will depend on the relative change in price, even when controlling for the cost increases.

Table 9 shows the result of the estimation of the change in the relative profit margin of firms as a function of cost and price changes, with the pooled two years of data. The selection equation in the two step estimation explains the decision of firms to increase prices or not. The results show, first, that the coefficient of the Mills lambda is not statistically significant, which means that the decision to increase price or not appears to be independent of the evolution of the profit margin, controlling for the rest of the explanatory variables, including cost changes. Second, in the regression equation, the elasticity of profit margin to changes in costs is negative and statistically significant, consistent with equation [10]. Third, controlling for cost changes, the estimated coefficient of price changes in the regression equation is not significantly different from zero, which would reject the hypothesis of firms exercising market power beyond what is allowed by market competitive conditions.

6. DISCUSSION OF THE RESULTS

The evidence extracted from survey data collected from a sample of Spanish firms during the inflationary episode in 2022-2023, presented in the previous sections, draws to the conclusion that price inflation has been the consequence of cost inflation from rises in energy and other imported intermediate input prices. The average elasticity of price to cost increases estimated from the data is less than one, i.e., the relative pass-through is cost absorbing. This result would be consistent with predictions form the theory of price formation in markets with profit maximizing firms competing a la Nash, and where the dominant forms of demand functions are log-concave, for example quantity demanded linear and decreasing function of the market price. The pass-through is cost absorbing, i.e., firms reduce their profit margins in the market equilibrium. This happens because, if the relative cost increase was totally passed through to price increases, the resulting decrease in revenues from lower demand would be more important, in absolute terms, than the gain from increasing per unit profit margins. Consistent with differences in the penalties from price increases in the form of lower demand –higher in markets where the competition is weaker–, the estimated relative pass-through estimated from the data is lower among firms in less competitive markets than among firms that perceive their markets as more competitive.

The results from our analysis would be consistent with those of Genakos and Pagliero (2022), who estimated an absolute pass-through of cost changes to price changes in the range between 0.44, when the firm is a monopolist in its market, to 1, when the number of competitors in the market is four or more. However, the estimated pass-through values are not directly comparable between the two papers because, first, we estimate relative pass-through, not an absolute one; and second, in this paper we do not have hard data on market structure and competition variables –such as the number of competitors in the market– and must rely on subjective perceptions of firms in the sample about the competition conditions of their product markets.

Another finding of this paper is that, controlling for cost changes, the changes in profit margins were not correlated with changes in selling prices. This means that that prices did not contain information about the changes in the profit margins, additional to that already contained in the cost changes. Conlon et al. (2023) also reject the hypothesis that price changes have had an effect on mark-up changes, when controlling for cost changes, with US firms’ level data in the period 2018: Q1 to 2022: Q3. Therefore, the results of the analysis do not support the hypothesis of profit-margin driven inflation, according to which firms exercise their market power to increase prices separately from cost increases and as if demand would not be affected by the price rises.

The results from the estimation of the dynamic formulation of the model to estimate relative pass-through, although limited because the data available cover only two years, support the hypothesis that firms spread the transmission of cost increases to price increases over several periods of time (relative price increases in period t depend on relative price increases in period t-1, in addition to the dependence on contemporary cost increases). The speed in the transmission is shorter in the sample of firms that perceive an environment of high market competition than among those that perceive an environment of low competition. The evidence is consistent with the findings of Gopinath and Itskhoki (2010) and Genakos and Pagliero (2022). Table 10 summarizes the estimated elasticities of price to cost changes from the sample data, with the different specifications of the empirical model. The estimated elasticity values in Table 10 are not directly comparable with the pass-through values estimated in other papers for at least three reasons: the elasticity estimated here corresponds to a relative pass-through, while most of the papers estimate absolute pass-through; the two steps estimation method used here is not the common one in the literature; the data used in the estimation is collected through a survey that respond firms from many different economic sectors, while other papers use data restricted to homogeneous products in particular markets (gasoline in the case of Genakos and Pagliero (2022); cement in the case of Miller, Osborne and Sheu (2017)).

Other results from the estimation

Although the main interest of this study is to estimate the elasticity of price to cost changes and test which hypothesis, cost inflation or profit-margin inflation was more consistent with the evidence, there are findings from the research that are worth to recall. In the estimation of the selection equation with the pooled data, Table 7, the estimated negative and statistically significant coefficient of the competition variable, -0.092, indicates that controlling for the situation of experiencing a cost increase or not, as well as for the rest of the explanatory variables, firms that perceive a highly competitive environment have a probability of rising prices 0.092 points lower than firms with low perception of competition. Therefore, the perception of high competition leads firms to delay the decision to pass through cost increases, compared with firms with other perceptions but once the decision is made to increase prices the relative pass-through is higher and the transmission of cost increases is done in a shorter period of time.

Firms that anticipate higher inflation (have more negative prospects on the evolution of the variable) have higher propensity to increase prices than firms more optimistic about the evolution of general inflation. Perhaps the expectation of an environment of high inflation motivates firms to raise prices above what would be expected from the rise in costs, with the expectation that the decision will be disguised and undetected by buyers and by competition authorities (OCDE, 2022). Similarly, firms more optimistic about the evolution of general economic growth show a higher propensity to increase prices than firms otherwise; the reason could be that the positive expectation on the evolution of aggregate demand will counterbalance the negative effect of higher prices in the own demand.

We have no a priori explanation for why small- and medium-sized firms have a higher propensity to increase prices, ceteris paribus, tan micro- and large firms. The negative effect of the intensity of production reductions in the propensity to increase prices may be an indication that firms that reduce production wait more before they increase prices to soften the fall in demand that motivated the reduction of production, already underway. Finally, the positive association between vulnerability and propensity to increase prices could be explained by the fact that more vulnerable firms feel more pressured to rise prices as a way to protect from such vulnerability.

In the estimation of the regression equation with pooled data, the coefficients of the variables competition, inflation and vulnerability are not significantly different from zero. Therefore, these three variables affect the propensity to increase prices but not the amount of price increase beyond what it would recommend an increase in costs. In the regression equation, firms in the agriculture and construction sectors increase prices on average at higher rates than firms in other sectors, controlling for cot increases and for other explanatory variables. Again, we cannot think of economic reasons that can justify these sectorial differences in price increases.

The estimation of the model on determinants of changes in profit margins also shows some results worth mentioning. In particular, changes in profit margins are significantly higher on average in 2023 than in 2022, probably consistent with the continuation of the pass-through of cost increases in 2022 to price increases in 2023. Additionally, the changes in profit margins correlate positively with the intensity with which firms respond to external shocks with more intense product or market development and with the rate of growth in capital investment. Better prospects in profitability correlate positively with growth in product/market development and with growth in production capacity. All these results are consistent with what would be expected from rational behaviour and can be taken as evidence of the consistency and coherence of the sample data.

7. CONCLUSION

Cost inflation, rather profit margin inflation in a more accurate explanation of the price inflation episode in Spain during 2022-2023, according to the results of the analysis presented here. The adjustment of prices to changes in costs observed in the data can be explained by the theory of price formation in imperfectly competitive markets where profit maximizing firms follow a Nash competitive behavior (firms decide as if their decisions were not going to affect the decisions of the competitors). The competitive conditions of the market affect the magnitude and speed of the relative pass-through of cost increases to price increases. Market power is not an input in the price formation process but rather a market equilibrium outcome that also depends on the market competitive conditions. Not only there is no evidence of profit-margin driven inflation in the data, but the results indicate that during the recent inflation episode, profit margins and market power have decreased, according to the evidence of an average relative pass-through lower than one.

Strong market competition has many positive efficiency and income distribution effects. Competition will foster product and process innovation that, in turn, will increase the value of goods and services produced, relative to their respective production costs; furthermore, the gains will be passed through to final consumers in the form of lower prices. However, competition and competition policy will not be an effective remedy to contain price inflation in a situation of generalized cost inflation, as the one the world economy is going through. The reason is that competition assures that the distance between the level of prices and the level of costs stays constant or decreases over time. However, for a given rise in costs, the proportion of that increase passed through as increase in prices will generally be higher for more structurally competitive markets. This means that, for a given cost inflation, price inflation -the relative increase in prices following an increase in costs-, will be higher in more competitive markets than in less competitive ones. The theory on the pass-through from costs to prices also suggests that the translation of taxes and subsidies will be faster and stronger in more competitive markets. When the relationship between competition and inflation is analysed over longer periods of time, the conclusion can be different because the effects of competition on the price level interfere with the results on the effects of competition on pass-through (Przybyla and Roma, 2005).

The data used in our analysis have some limitations, from the way that they were collected (voluntary online survey to a subsample of firms that collaborate with a regional government agency for economic development), and because it is limited to only two years. Additionally, the competition variable that is used to test the hypothesis that the elasticity of price to cost increases will be sensitive to market competition conditions is measured as a subjective perception of the person who responded to the survey, not with hard data, such as the number of competitors in the market. However, the results from the different estimations are quite coherent and consistent across them and in line with the results found in other papers published on this topic.

The micro foundations of price formation in imperfectly competitive markets are relevant for the right diagnoses of price inflation caused by cost inflation, but it is not comprehensive about the explanation of all causes of inflation. Competition policy will not realistically supplant monetary and fiscal policies in fighting inflation, although there will be complementarities factors among them. Interest rates and domestic wages are also part of production costs and will be inputs in the cost and price formation processes. The transmission of official interest rates to the cost of business finance and the transmission of agreements in wage increases between labour and business organization into labour costs, will be determined by the competition conditions in banking and in local labour markets. The analysis of pass-through could then be extended to jointly account for upstream and downstream transmission of cost and price shocks.

A comprehensive view of pass-through along the whole value chain will also be important to properly evaluate the distributional effects of cost-induced inflation, in particular the distribution of gross value added between salaries and profits. There is evidence that market power in final product and service markets correlates negatively with the labour share (Autor et al., 2020; De Loecker, Eeckhout and Unger, 2020; Kehrig and Vincent, 2021). However, the value added depends on the prices and quantities of imported inputs. If the elasticity of substitution between imported inputs and labour services is different than one, then the evolution of prices of imported inputs will affect the distribution of the value added, independently of market power (Castro-Vincenzi and Kleinman, 2022). As regards the cost of finance, higher official interest rates may lower profits in the credit market while increasing them in the market for deposits; consequently, to explain the profits of banks it will be important to model downstream and upstream pass-through of official interest rates. Something similar occurs in the energy markets, with the brent oil market effectively separating the price formation in extraction and in refining and distribution markets. All this means that cost formation should ideally be integrated as part of price formation instead of taking it as exogenously given as we do in this paper.

References

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Notes

◆ Many thanks to Juan José Ganuza, Alfonso Novales, Jozsef Sakovics and Javier Vallés for their comments to first drafts of the paper. We acknowledge the financial support of MCIN/AEI/10.13039/501100011033 [PID2020-113338RB-I00]; and the Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón [S42_23R: CREVALOR]. Thanks also to the Instituto Aragones de Fomento, IAF, for the help in the collection of the data. The authors are the only responsible of the content of the paper.

* Professor University of Zaragoza.

** Emeritus professor University of Zaragoza and Funcas.

1 For more general evidence and explanations on the evolution of market power of firms over time see (De Loecker, Eeckhout and Unger, 2020; Diez et al., 2021; Koltay, Lorincz and Valletti, 2022; International Monetary Fund, 2019).

2 See for example the declaration of Canadian Competition Commission https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2022/05/building-a-more-competitive-canada.html, and of the person responsible for competition policy in the EU, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_6067, on this respect.

3 For a more detailed exposition of the theory of price formation in imperfectly competitive markets see Tirole (1988).

4 A complete description of the survey can be found in https://www.iaf.es/lab-gestion-empresarial/

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Día Internacional de las Viudas

Fecha: junio 2023

Día Internacional de las Viudas

De la viudedad, el estado definido por la muerte de la persona con la que, hasta su deceso, existía un vínculo matrimonial, se suele hablar poco incluso en las sociedades social y culturalmente más abiertas. Sin embargo, las personas que ostentan ese estado son muchas, y, entre ellas, abundan más las mujeres que los hombres, debido, sobre todo, a la mayor esperanza de vida de ellas. Con el fin de visibilizar a esas mujeres cuya condición de viudas, en algunas regiones del mundo, las aboca a situaciones de pobreza, inseguridad física y estigma social, la ONU celebra cada 23 de junio, desde 2011, el Día Internacional de las Viudas.

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Día de Europa

Fecha: mayo 2023

Día de Europa

Un 9 de mayo, hace 73 años, se firmó la Declaración Schuman, origen institucional de la Unión Europea, a la que España se incorporó en 1986 (cuando su denominación oficial era la de “Comunidades Europeas”). En estos casi 40 años tan llenos de todo tipo de vicisitudes que la han transformado profundamente, la sociedad española ha dado repetidas muestras de un considerable apego a Europa, ganándose el calificativo de “europeísta”. Así se volvió a resaltar el pasado 23 de marzo, en la presentación del informe del último Eurobarómetro, encuesta de opinión realizada en los 27 Estados miembros de la UE en el arranque del año 20231. De entre los resultados de esta encuesta, la Representación en España de la Comisión Europea destacó particularmente dos: nueve de cada diez españoles se sienten (“absolutamente” o “hasta cierto punto”) ciudadanos de la Unión Europea, y tres de cada cuatro suscriben (más o menos rotundamente) la afirmación según la cual la UE debería aumentar su margen para adoptar decisiones.

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¿Inflación de costes o inflación de márgenes empresariales?

Fecha: abril 2023

Vicente Salas Fumás*

¿Inflación de costes o inflación de márgenes empresariales?

El temor a una espiral de crecimiento en precios y salarios se está disipando. Los costes salariales crecen con moderación, mientras que los márgenes empresariales crecen a la par con el crecimiento de los precios. El diagnóstico inicial de que la inflación de precios tenía su origen en una inflación de costes está variando hacia una inflación de precios causada por una inflación de márgenes de beneficios. El texto muestra la evolución de los márgenes de beneficios en los sectores institucionales de la economía española (sociedades no financieras, sociedades financieras y familias) ente 2019 y 2022, y analiza los factores que pueden explicar el comportamiento de los mismos en el sector de las sociedades no financieras, SNF. Sin excluir cambios en el poder de mercado de las empresas, el texto explica la evolución de los márgenes empresariales de las SNF en España por diferencias en la composición de los costes laborales totales en fijos y variables, durante la pandemia y en la recuperación posterior.

1. INTRODUCCIÓN

Las tensiones inflacionistas de los últimos meses, con incrementos interanuales de dos dígitos en el nivel de precios, han activado cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales, con subidas rápidas y significativas de los tipos de interés oficiales, y el anuncio de la decisión firme de tipos aún más altos ante cualquier atisbo de espiral entre incremento de precios e incremento de salarios. En las últimas semanas, los bancos centrales están cambiando los mensajes. La amenaza más inmediata para el descontrol de la inflación de precios ya no percibe en el incremento de los costes laborales, sino en el incremento en los márgenes empresariales. En este sentido, Fabio Panetta, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), haciéndose eco de información sobre la evolución reciente de los márgenes empresariales en la zona del euro publicada en el Boletín Económico 2-2023 del BCE (https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202302.es.html, Chart 14), en unas declaraciones al New York Times el 31 de marzo pasado, afirma: “Se habla mucho sobre la subida de salarios, pero probablemente se está prestando insuficiente atención al otro componente de las rentas, los beneficios empresariales” https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2023/html/ecb.in230401~ec65174af7.en.html

El objetivo de esta nota es aportar información sobre la evolución reciente de precios, costes y márgenes empresariales en la economía española en los últimos cuatro años, 2019-2022, a partir de información extraída de la Contabilidad Nacional-cuentas trimestrales de los sectores institucionales. Se presenta información separada de márgenes brutos y netos para los sectores de sociedades no financieras, SNF, sociedades financieras, y familias e instituciones sin ánimo de lucro, este último, el sector donde se contabilizan los resultados del sector empresarial no societario (personas físicas y trabajo autónomo). Las diferencias en la evolución de los márgenes entre sectores institucionales, justifican el análisis separado para cada uno de ellos. El texto profundiza en el análisis de los márgenes del sector de las SNF, el más importante cuantitativamente de los tres, y el que permite calcular una medida más precisa de margen de beneficios (en el caso del trabajo autónomo las rentas mixtas engloban rentas del trabajo y del capital; el sector financiero tiene una dinámica particular durante el periodo influido por la política monetaria expansiva del BCE). El análisis y explicación del comportamiento de los márgenes de las SNF, en descenso hasta el primer trimestre de 2021 y en aumento a lo largo de los trimestres siguientes, se realiza a partir de hipótesis sobre formación de precios en las que intervienen el poder de mercado de las empresas y la composición de los costes laborales, fijos y variables.

En la entrevista del New York Times, Fabio Panetta alude al poder de mercado como el factor que “permitiría a las empresas subir precios por encima de las subidas de costes sin tener que soportar descensos en la demanda”. Sin excluir la posibilidad de que el poder de mercado de las empresas haya podido influir en la inflación de precios, el texto introduce dos puntualizaciones. La primera, fundamentada empíricamente, apunta al cambio en la estructura de los costes laborales de las empresas, con más peso de los costes fijos, debido a las políticas de ayudas públicas al mantenimiento del empleo durante la pandemia, como posible explicación del comportamiento de los márgenes. La segunda, conceptual, advierte sobre la relevancia, para el correcto diagnóstico de las causas de la inflación de precios, de distinguir entre, la relación entre poder de mercado y nivel de precios (positiva), y la relación entre poder de mercado y traslación de incrementos de costes a incrementos de precios, la medida de inflación (negativa).

2. EVOLUCIÓN DE LOS MÁRGENES EMPRESARIALES

La Contabilidad Nacional publica cuentas detalladas de los sectores institucionales de la economía, sociedades no financieras, sociedades financieras y familias (incluidas las personas físicas-trabajadores autónomos y las instituciones sin ánimo de lucro), administraciones públicas y sector exterior. A continuación, en el gráfico 1, se presentan las estimaciones de los márgenes de beneficio para las sociedades no financieras, SNF (57,7 % del VAB total de la economía española en 2022), sociedades financieras, SF (4,4 % del VAB total) y familias (22,5 % del VAB total), los tres sectores con presencia empresarial (el cuarto sector, las administraciones públicas, aporta el 15,4 % restante al VAB con márgenes iguales a cero). En cada caso, se distingue entre margen bruto y margen neto de explotación por euro de VAB, calculados como sigue:

Los márgenes se calculan a partir de los agregados de cada variable durante cuatro trimestres consecutivos, incluido el trimestre al que se le asigna el dato (valores anualizados), desde el TIV de 2019 hasta el TIV de 2022, último disponible.

La observación de los gráficos constata que la evolución de los márgenes en el periodo de estudio es distinta para cada uno de los tres sectores, razón por la cual se evita presentar resultados para el agregado de la economía. En el año 2019, el margen bruto de explotación de las SNF permanece estable algo por encima del 40 %, estabilidad que se observa también en la evolución del margen neto con un valor del 20 %. En los trimestres siguientes, en plena pandemia por la COVID-19, los márgenes de explotación disminuyen hasta valores mínimos en el TI de 2021: 35,8 %, margen bruto, y 10,5 %, margen neto. A partir del mínimo, los márgenes se recuperan y el margen bruto del 40,7 % en el TIV de 2022 prácticamente coincide con el margen bruto en 2019. El margen neto del año 2022, 18,6 %, está todavía 1,5 puntos porcentuales por debajo del margen neto en 2019, debido al aumento del consumo de capital contabilizado durante el periodo.

En el sector Familias –que incluye la actividad empresarial, lucrativa y no lucrativa, no societaria, es decir, del trabajo asalariado y/o autónomo que se realiza por medio de personas físicas y entidades no lucrativas–, el margen bruto permanece prácticamente estable alrededor del 83 % en todo el periodo. El margen neto, en cambio, retrocede durante la pandemia, desde el 70,2 % en 2019 hasta el mínimo del 67,9 % en el TI de 2021, y se mantiene a ese nivel más bajo durante el resto del periodo. Hay que tener en cuenta que, en el sector familias, la diferencia entre VAB y remuneración de asalariados incluye las rentas mixtas (es decir, las rentas del trabajo y del capital de los trabajadores por cuenta propia), así como el posible excedente (no distribuible como dividendo) de las entidades no lucrativas. De nuevo, el consumo de capital, creciente durante todo el periodo, lastra la recuperación del margen neto del sector familias a los niveles de prepandemia.

Los márgenes del sector de las sociedades financieras, SF, que incluye a las entidades de crédito, permanecen estables alrededor del 55 % y del 45 %, respectivamente, hasta el IIIT de 2021; lo que significa que la pandemia apenas afecta a su evolución temporal. Desde el TIV de 2021 en adelante los márgenes muestran una tendencia creciente hasta alcanzar los valores del 63 % (margen bruto) y del 54 % (margen neto) en 2022. La subida de márgenes en el sector de SF coincide en el tiempo con la subida de los tipos de interés oficiales por el BCE (el euríbor pasa del -0,5 % en septiembre de 2021 al 3 % en diciembre de 2022).

Analizar la evolución de las rentas del trabajo y del capital para el conjunto de la economía, lo que significa agregar rentas de los distintos sectores institucionales, esconde la heterogeneidad sectorial que pone de manifiesto el gráfico 1, y puede llegar a diagnósticos erróneos sobre los determinantes de la evolución. En los apartados siguientes se profundiza en el análisis de los determinantes de los márgenes empresariales del sector de SNF, por su mayor importancia cuantitativa, y por la nitidez con la que se separan las rentas del trabajo y del capital.

3. DETERMINANTES DEL MARGEN EMPRESARIAL

Para facilitar la exposición, el VAB, output, de las SNF se escribe como el producto de un precio unitario, p, por una cantidad de producción, Q, es decir, VAB = pQ. De igual modo, la remuneración a los asalariados se sustituye por una función creciente con el número de trabajadores L, Remuneración asalariados = R(L). Con esta notación, el margen bruto de explotación puede escribirse como,

Donde CLUM es el coste laboral unitario medio calculado como el cociente entre la retribución a los asalariados y la producción del periodo,

La notación se completa con el coste laboral unitario marginal, CLUm, no observable, y que representa el coste para la empresa de incorporar a la producción el último trabajador directo. El margen bruto se escribe ahora como,


El cociente entre el precio y el coste laboral marginal, es la medida habitual de poder de mercado de la empresa:

Por otra parte, la ratio entre coste laboral unitario medio y coste laboral unitario marginal es una medida inversa de elasticidad de los costes laborales totales a variaciones en el output del periodo; es decir,

El margen bruto de explotación aumenta con el poder de mercado (distancia entre precio de venta y coste marginal o coste variable unitario). Y también aumenta con la elasticidad de costes laborales totales (cociente entre coste laboral unitario marginal y medio). El crecimiento en los márgenes empresariales en 2022, como el que se observa en el gráfico 1 para las SNF en España, podría explicarse por un aumento en el poder de mercado, como sugiere el consejero Panetta, y/o por el aumento en la elasticidad de costes porque el coste laboral marginal, ese año, crece más que el coste laboral medio.

Para ilustrar mejor la influencia de la composición de los costes laborales en fijos y variables, sobre el margen bruto de las SNF, el coste laboral total se expresa como la suma de un componente fijo y de un componente de coste variable en función del número de trabajadores empleados en la producción, Remuneración asalariados= F + wL. F es el componente fijo del coste laboral, w es el coste variable por trabajador y L es el número de trabajadores activos. Si la demanda de empleo L es proporcional a la producción,

siendo a un parámetro a positivo que mide la productividad media del trabajo, la relación entre coste marginal y coste medio será igual a,

La elasticidad de costes, cociente entre el coste laboral marginal y el coste laboral medio, disminuye al aumentar la proporción de costes fijos sobre la parte variable de los costes laborales totales. En periodos expansivos, cuando la producción y el empleo crecen en el tiempo, el denominador de la expresión anterior disminuye y el cociente, elasticidad de costes, aumenta. En periodos contractivos, en cambio, ocurre lo contrario.

Evidencia para las SNF en España

Partiendo del supuesto, simplificador, de productividad marginal y media del trabajo, igual al parámetro a, el coste laboral marginal será igual a

El coste por trabajador, w se aproxima por el índice de coste laboral para la economía española, CL. Por otra parte, el coste laboral medio es igual a

La producción Q se calcula a partir del VAB deflactado por el deflactor del PIB. R(L) es la remuneración a los asalariados de las SNF a euros corrientes. Teniendo en cuenta estas estimaciones del coste laboral marginal y medio, la elasticidad de costes se aproxima por,

El gráfico 2 muestra la evolución temporal del margen bruto de explotación y la evolución temporal de las variables proxy de sus dos potenciales determinantes, la elasticidad de costes y el poder de mercado, bajo el supuesto de que la productividad marginal del trabajo a permanece invariable a lo largo del periodo.

Como puede comprobarse, la evolución del margen bruto de explotación en el periodo está muy deter- minada por la evolución de la variable proxy de la elasticidad de coste (relación entre la variable proxy de coste laboral marginal (índice de coste laboral), y coste laboral medio). A partir del TI de 2020, el coste laboral medio crece más que el coste marginal hasta el TI de 2021. Durante este año 2021 el coste laboral medio se estabiliza, mientras que durante el año 2022 el coste medio evoluciona por debajo del marginal. En consonancia, la elasticidad de costes implícita decrece hasta el TI de 2021 y desde ese trimestre inicia una ligera tendencia creciente que se acelera durante 2022.

En cuanto al poder de mercado, durante 2020 y 2021 el índice de precio de venta del output se ha mantenido ligeramente por encima del índice de coste laboral por trabajador, mientras que durante el año 2022 la variable proxy de poder de mercado experimenta un repunte con respecto a los valores de dos años anteriores. Ello ha contribuido a una aceleración en la recuperación del margen bruto de explotación de las SNF a partir del T II de 2022 que explica la recuperación del margen bruto de explotación en 2022 a los niveles de 2019. En todo caso, durante el periodo, la correlación entre la variable proxy de poder de mercado y el margen bruto de explotación es notablemente inferior a la correlación entre la proxy de elasticidad de coste y el margen bruto.

Como evidencia adicional sobre cuál ha sido el comportamiento de los costes laborales durante el periodo de estudio, el gráfico 3 muestra la evolución, en tasas de variación interanual, del coste laboral unitario (CLU) y sus determinantes: las tasas de variación interanual del coste laboral por trabajador (CL) y de la productividad laboral aparente (calculada como el cociente entre el VAB a euros constantes –deflactor del PIB– y la remuneración de los asalariados a euros constantes– índice de coste laboral).

La tasa de variación del coste laboral unitario está determinada prácticamente en su totalidad por la evolución del crecimiento en la productividad laboral aparente, con el signo opuesto; en cambio, el coste laboral por trabajador crece a una tasa alrededor del 2 % anual, estable en casi todo el periodo excepto un ligero repunte en los últimos trimestres. Las tasas negativas (positivas) de crecimiento de la productividad durante la fase contractiva (expansiva) son coherentes con la hipótesis de que las empresas mantienen empleo con baja actividad durante el año 2020; en los trimestres siguientes los empleados recuperan su actividad al ritmo que se recupera la producción. Cuantitativamente, la producción disminuye hasta un 19 %, en el TI de 2021 con respecto al TIV de 2019, mientras que en el mismo periodo la disminución del empleo no llega al 10 %; en la recuperación, el empleo en el TIV de 2022 está ya al nivel de 2019 mientras que la producción está casi cuatro puntos porcentuales por debajo. El empleo desciende menos que la producción en la fase contractiva, mientras que en la fase expansiva ocurre lo contrario. Esto explica la evolución de la tasa de variación de la productividad laboral, y refuerza la hipótesis sobre la evolución de la composición del coste laboral total.

Las ayudas públicas a las empresas durante la pandemia (ERTE), favorecieron el mantenimiento del empleo por encima de lo que se requería para la producción menguante en los años contractivos. Por ello, la retribución al trabajo se desvincula de la evolución de la producción, es decir el componente de coste fijo en el coste laboral total aumenta en detrimento del componente variable. A medida que se recupera la actividad productiva, los trabajadores en ERTE u otros en condiciones similares, pasan de inactivos a activos y el componente fijo del coste laboral vuelve progresivamente a los niveles prepandemia.

La mayor variabilidad en el tiempo del margen neto, en comparación con la del margen bruto, gráfico 1-SNF se explica también porque el coste por depreciación del capital productivo (consumo de capital) es un coste fijo. Esto significa que la variabilidad en el consumo de capital por unidad de producción estará determinada totalmente por la variación de la producción.

La estabilidad en la evolución del margen bruto del sector de familias en el gráfico 1, sugiere que la composición de los costes laborales del trabajo asalariado en este sector se ha mantenido más estable que la del sector de las SNF; la explicación puede ser el menor peso de la remuneración de los asalariados en el VAB del sector familias, en comparación con el peso en el sector de las SNF. La estabilidad, primero, y el repunte en trimestres posteriores, en el margen bruto del sector de las SF, puede atribuirse al bajo recurso a los ERTE en el sector, además del efecto positivo sobre los márgenes de la subida de tipos de interés por el BCE.

La explicación de la evolución del margen bruto y del margen neto de las SNF en España entre 2019 y 2022, a partir de las variaciones en la composición de los costes laborales en fijos y variables durante el mismo periodo, no excluye la posibilidad de que el poder de mercado también haya tenido una parte de influencia. Por ejemplo, si el poder de mercado tiene un componente cíclico por el cual disminuye en las fases contractivas del ciclo, y aumenta en las expansivas. Lo que trata de mostrar la exposición anterior es que la composición de los costes en fijos y variables, la elasticidad de costes al output por periodo, es un factor a tener en cuenta para explicar la evolución de los márgenes de explotación de las SNF en España.

4. RENTABILIDAD DEL CAPITAL E INVERSIÓN

El producto del margen neto de explotación por el VAB por euro de stock de capital utilizado en la producción determina el beneficio neto de explotación por euro de capital total invertido, o rentabilidad del activo de explotación, ROA. El gráfico 4 completa la exposición sobre los beneficios de las SNF en el periodo 2019-2022 con la representación gráfica del ROA antes y después de los impuestos sobre beneficios y sobre la propiedad de las SNF. En el mismo gráfico se muestra también la evolución de la tasa de inversión neta de las SNF, calculada como el cociente entre la formación bruta de capital neta del consumo de capital, y el stock de capital de explotación (retardada). El stock de capital de las SNF se calcula utilizando el método de inventario permanente y se valora a precios corrientes de reposición, utilizando el deflactor de la formación bruta de capital de la economía española1.

En el momento en que la pandemia por la COVID-19 interrumpe la actividad, las SNF en España obtienen una rentabilidad de explotación del 9,5 % antes de impuestos sobre los beneficios y el patrimonio, y del 8 % después de impuestos. En ese mismo momento, la tasa de inversión neta se acerca al 3 % y el stock de capital crecía a tasas interanuales superiores al 2 %. Con la pandemia, la rentabilidad se contrae hasta un mínimo del 4,1 % antes de impuestos en el TI de 2021. Durante todo el año 2021 la rentabilidad se mantiene estable, y en el TI de 2022 inicia su recuperación. En el TIV de 2022 la ROA de las SNF está todavía casi dos puntos porcentuales por debajo de los niveles pre pandemia. Como puede comprobarse con la observación de los gráficos 1 y 4, la evolución de la ROA está muy condicionada por la evolución del margen de explotación, particularmente el margen neto, después de descontar el coste por consumo de capital. El comportamiento del consumo de capital contabilizado durante el periodo, explica que el margen neto de explotación y la rentabilidad del activo de explotación en 2022 no hayan alcanzado todavía los valores previos a la pandemia y el margen bruto sí lo haya hecho.

La tasa de inversión neta se mueve en paralelo a la evolución de la rentabilidad con aproximadamente dos-tres trimestres de retraso. La inversión disminuye durante la pandemia y en el TIV de 2021 se sitúa en valores cercanos a cero. La inversión se recupera con la actividad, aunque a tasas muy bajas, presumiblemente por el retraso entre inversión y rentabilidad. Con la recuperación sostenida de la rentabilidad a lo largo de 2022 la previsión es que la inversión en capital se recupere y se acerque a tasas del 2 % anual durante el ejercicio de 2023. El crecimiento de la inversión dependerá también de la evolución de los tipos de interés, es decir del coste financiero, y de la evolución del precio de los activos (el aumento en los precios de los bienes de capital revaloriza los activos productivos ya instalados y reduce el coste financiero real). En este sentido, los costes financieros de las SNF en 2022 ascienden a 14.356 millones de euros, un sesenta por ciento mayor que los 8.862 millones de euros de costes financieros en 2021 (11.408 millones en 2019, el último año antes de la pandemia). En 2023, los tipos de interés medios anuales estarán por encima de los de 2022, lo que encarecerá más todavía el coste de la financiación empresarial.

El comportamiento de la rentabilidad y de la inversión durante el periodo, en ningún caso contradicen el diagnóstico anterior sobre la composición de los costes laborales y evolución de los márgenes de beneficios de explotación de las SNF en España. Los niveles de rentabilidad del conjunto de las SNF no son extraordinarios o atípicos en comparación con valores históricos, y el comportamiento de la inversión en capital productivo es el esperable teniendo en cuenta la evolución de los incentivos a invertir (relación entre rentabilidad y coste).

5.    CONCLUSIÓN

La respuesta más extendida a la pregunta sobre el porqué de la recuperación de los márgenes de beneficios empresariales en 2022 es que las empresas han aprovechado su poder de mercado para subir precios (por ejemplo, la explicación del miembro del consejo del BCE). Por lo tanto, la causa de la alta inflación de precios no es la inflación de costes sino la de márgenes empresariales. Para apoyar este diagnóstico, la tasa de variación de precios (deflactor del PIB) se descompone en la variación del coste laboral unitario más la variación del margen unitario, con el supuesto más o menos explícito de que las empresas eligen el margen unitario y con ello determinan el nivel de precios. La teoría económica, en cambio, explica el nivel de precios en el mercado como resultado de un proceso competitivo entre empresas rivales hasta llegar a un equilibrio. La estimación del margen, en sus diferentes expresiones –por euro de ingresos, por unidad de output, como cociente entre el precio y el coste marginal–, puede calcularse en distintos puntos de la senda de transición, y/o utilizando los precios y costes que predice la teoría en el equilibrio. En todo caso, la teoría explica el margen como diferencia absoluta o relativa entre precio y coste, con precios y costes que evolucionan de acuerdo con la forma de competir de las empresas y las características estructurales de los mercados.

Un resultado de la teoría sobre formación de precios –de gran relevancia para explicar la relación entre poder de mercado e inflación–, es que, en el equilibrio y para un nivel de coste de producción dado, el nivel de precios aumenta con el poder de mercado generalizado entre las empresas. Sin embargo, la traslación a incrementos de precios (inflación) de un mismo incremento en los costes de producción será mayor en las economías con menos poder de mercado generalizado. Más poder de mercado da lugar a niveles de precios más altos. En los mercados con competencia perfecta, las empresas trasladan los incrementos de costes íntegramente a incrementos de precios porque son precio-aceptantes, y porque el proceso competitivo implica que los precios convergen a los costes marginales de producción. Con competencia imperfecta, los incrementos de precios de una empresa reducen su demanda y eventualmente los beneficios, por lo que las empresas sólo trasladan a incrementos de precios una parte de los incrementos de costes, lo que significa que los márgenes disminuyen al aumentar costes, todo lo demás igual. La variación de costes que se traslada a variación de precios difiere según las características estructurales de los mercados (número de competidores, diferenciación de producto…), las mismas que determinan el poder de mercado en el equilibrio. En mercados “más competitivos”, con más competidores y menos diferenciación, la parte de incremento en los costes de producción de las empresas que se traslada a incremento en el precio es mayor que en mercados menos competitivos. Este resultado permite establecer una relación inversa entre inflación de costes y poder de mercado, para un mismo incremento de costes de producción generalizado entre las empresas que compiten en el mercado, como el que resulta del incremento en el precio de un input común para todas ellas como la energía.

Los márgenes de beneficio se calculan a partir de ingresos y costes totales o medios. El coste marginal que interviene en el cálculo del poder de mercado, en general, no es observable. Por tanto, la relación entre el margen de beneficio calculado a partir de las partidas contables, y el poder de mercado de las empresas, está mediada por la relación entre el coste marginal y el coste medio de producción (elasticidad de la función de costes a la producción). Coste marginal y coste medio sólo coinciden en el caso particular de elasticidad de costes igual a uno, que se cumple cuando la tecnología de producción presenta rendimientos constantes a escala. La existencia de costes fijos es una condición suficiente para que el coste marginal y el coste medio difieran y, por tanto, condición suficiente para que no exista una correspondencia biunívoca entre poder de mercado y márgenes de beneficios calculados a partir de los estados contables de las empresas.

Con estas consideraciones, que están más formalizadas y desarrolladas en un anexo técnico, el texto muestra la evolución de los márgenes de beneficios calculados a partir de partidas contables para el agregado de los sectores institucionales de la economía española entre 2019 y 2022. El primer resultado relevante es constatar la heterogeneidad en el comportamiento de los márgenes en el sector de sociedades no financieras, sociedades financieras y familias, lo que desaconseja estudiar los márgenes para el agregado de rentas del trabajo y otras rentas correspondientes al conjunto de la economía.

En segundo lugar, el trabajo analiza los determinantes de la evolución de los márgenes por euro de VAB para el agregado de las SNF en España, con las aportaciones de la teoría como telón de fondo del mismo. Los resultados del análisis no descartan la posibilidad de que, en el comportamiento de los márgenes, en particular el aumento de los mismos en 2022, hubiera influido un aumento en el poder de mercado de las empresas en ese año. Sin embargo, en la evidencia aportada existen suficientes indicios para concluir que en la explicación de la evolución de los márgenes empresariales entre 2019 y 2022 ha influido de forma importante la evolución en la composición de los costes laborales entre fijos y variables durante el periodo. Aunque en el ejercicio de 2022 los márgenes de beneficios de explotación de las SNF están al nivel de los valores del año 2019 –después de que se normalizara la relación entre empleo y actividad de los trabajadores empleados en estas empresas al finalizar la pandemia–, la rentabilidad del activo de explotación y la tasa de inversión neta se mantienen por debajo de los niveles prepandemia (en el caso de la inversión también por un retraso entre recuperación de la rentabilidad y recuperación de la inversión). La recuperación de la rentabilidad es importante para la recuperación de la inversión, máxime en un momento de costes de financiación más altos por la subida de los tipos de interés.

Sin duda habrá empresas que mejoran los márgenes por otras razones de las que acabamos de exponer, entre ellas los bancos con la subida de los tipos de interés oficiales y sus efectos positivos sobre el margen de pasivo. Pero, para el agregado de las SNF la hipótesis de partida debe ser, en nuestra opinión, que el poder de mercado, en general, no ha aumentado con respecto al que pudiera existir antes de la pandemia.

El análisis utiliza como medida de output de las empresas el VAB y no los ingresos por venta. Ello limita la posibilidad de utilizar otros componentes de los costes variables de producción, en particular los vinculados a productos importados como la energía, en la explicación de precios y márgenes empresariales. Otra limitación importante del análisis es que se realiza a partir de datos agregados para el conjunto de SNF, cuando lo más deseable sería utilizar datos individuales de las empresas y captar así la heterogeneidad del tejido empresarial.

Notas

* Profesor emérito de la Universidad de Zaragoza y Funcas.

1 La metodología de estimación y cálculo es similar a la utilizada en Salas Fumás, V. (2021). La empresa española: Del euro a la COVID-19. Prensas Universitarias. Universidad de Zaragoza.

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Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones

Fecha: abril 2023

Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones

El creciente desequilibrio en el tamaño de las generaciones de mayor y de menor edad plantea un desafío a la solidaridad intergeneracional, toda vez que los colectivos de los que se esperan comportamientos solidarios –es decir, de cooperación y generosidad mutuas– tienen, por su distinto volumen, recursos que los sitúan en posiciones diferentes en la estructura económica, social y política. Hoy día, gracias a los sistemas de protección social, las generaciones mayores son las que absorben más parte de la renta nacional canalizada por los Estados del bienestar. También suelen ser las que disponen de más patrimonio financiero e inmobiliario. Por añadidura, su peso demográfico las convierte en actores determinantes de los resultados electorales.

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Regulación y clima de negocio

Fecha: abril 2023

María José Moral*

Nadie discute que la regulación y el marco institucional influyen en la competencia de los mercados y el entorno económico provocando efectos en los resultados de las empresas. Por consiguiente, la Administración debe velar porque esta influencia sea lo más positiva posible.

Tomando como punto de partida el último módulo de opinión incluido en los Indicadores de Confianza Empresarial (INE) para el año 20191 se comenta la percepción de los gestores empresariales respecto a alguno de los elementos de la regulación económica y el marco institucional que más les preocupan. Esta encuesta define 12 variables claves para el entorno económico, a saber: Demanda de los productos, entorno macroeconómico, regulación económica, fiscalidad, eficiencia del mercado de trabajo, morosidad, adecuación del capital humano, disponibilidad de financiación, costes de los inputs, infraestructuras, insuficiencia de equipamiento y costes judiciales. Y sobre estos elementos se van formulando preguntas a los gestores con énfasis positivo y negativo para identificar correctamente sus percepciones.

El cuadro 1 muestra el porcentaje de gestores (sin ponderar por el tamaño relativo de la empresa, es decir, todos los gestores puntúan por igual) que consideraban que la variable de entorno: i) era importante para el desarrollo de la actividad empresarial (columna 2ª), y ii) estaba afectando negativamente a su actividad empresarial (columna 3ª).

Entre los elementos del entorno económico que pueden influir en el funcionamiento de los mercados (Andrés y Doménech, 2015) la regulación laboral y las políticas activas en el mercado de trabajo son cruciales porque influyen directamente en la organización interna de las empresas. Esto afecta a su competitividad a través de los costes laborales y, con ello, a su posición en los mercados internacionales y su capacidad para la atracción de inversiones extranjeras directas. El cuadro 1 muestra que para el 30 % de los gestores la eficiencia del mercado de trabajo es un tema relevante, si bien, en 2019 sólo un 17,4 % de los gestores afirmaban que les estaba afectando negativamente. También el capital humano disponible es otro factor del entorno económico a tener en cuenta porque influye en la productividad y, aunque es relevante en todos los niveles de cualificación de los trabajadores, es decisivo en los directivos y gestores empresariales que toman las decisiones estratégicas de expansión de la empresa. Este factor adquiere la misma atención para los gestores que la regulación laboral en cuanto a la relevancia para el funcionamiento de su empresa, si bien son menos los que opinan que les está afectando negativamente.

Otra cuestión fundamental que influye en la actividad privada es el acceso a la financiación. Aquí existen, al menos, dos vías a través de las cuales la regulación puede ser influir. Por una parte, la regulación bancaria2 es crucial para contribuir a que la prima de riesgo sea adecuada. Además, en la medida en que la financiación bancaria es una fuente de financiación determinante para las pequeñas y medianas empresas esto le confiere, si cabe, más prioridad. Según refleja la Central de Balances del Banco de España, en 2021, en las empresas grandes (con 250 o más trabajadores) solo el 22,2 % de su deuda con coste era deuda bancaria, mientras que en las empresas pequeñas y medianas este tipo de deuda alcanzaba el 63,6 % y 78,7 %, respectivamente, de su total de deuda con coste. Es cierto que cuando se observan los datos del cuadro 1, solamente uno de cada cuatro gestores piensa que la disponibilidad de financiación es importante para su actividad y menos aún que les afecte desfavorablemente (solo un 15,3 %). Sin embargo, este resultado es preciso tomarlo en perspectiva puesto que, en 2019, el tipo de interés aplicado a los préstamos de las empresas fue de media 1,6. Seguramente, en la actualidad, estas cifras aumentarían.

Por otra parte, la regulación puede contribuir a aumentar los canales de apoyo financiero de las nuevas empresas (sobre todo las startups) para lo cual la inversión de capital-riesgo es fundamental. Es este sentido, la Ley Crea y Crece aprobada en septiembre de 2022 aporta dinamismo en el mercado a través de dos vías. En primer lugar, potencia los instrumentos de financiación alternativa al crédito bancario para las empresas, como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo (baja la aportación mínima a capital-riesgo de 100.000 euros a 10.000 euros). En segundo lugar, la Ley Crea y Crece establece la posibilidad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) con un capital social de 1 euro (antes el mínimo legal era de 3.000 euros), lo que supone una ayuda a la creación de empresas permitiendo que los nuevos emprendedores utilicen esos 3.000 euros en usos alternativos. Sin embargo, algunos autores apuntan a que esta medida no va a incrementar el potencial emprendedor del país y, por el contrario, puede enviar una señal equivocada al mercado pues “sin un capital mínimo, la constitución de la sociedad per se, no aporta ninguna información sobre el patrimonio y las garantías, ni tampoco sobre lo que está dispuesto a arriesgar quien la constituye” (pág. 5 de Huerta et al., 2021).

Por último, es primordial evaluar el impacto que una buena regulación económica que simplifique y reduzca las trabas administrativas haciendo más efectiva la normativa tiene sobre la actividad empresarial. Incluso la RAE define el término de “buena regulación económica” como: “Conjunto de medidas legislativas y administrativas conducentes a facilitar el conocimiento de la normativa que tienen que tener en cuenta los operadores económicos, la claridad de la misma, previsibilidad de sus modificaciones, transparencia de los procesos de decisión y fácil cumplimiento de los requisitos administrativos para el ejercicio de cualquier actividad”.

Cuando se examinan las respuestas que dan los gestores empresariales se comprueba que la regulación económica es el tercer factor del entorno económico que más les preocupa, por detrás de la demanda de sus productos (es decir, el tamaño del mercado) y el entorno macroeconómico. Lo preocupante es que es el segundo factor de entorno en el ranking de factores que influyen desfavorablemente a la actividad empresarial, tan solo por detrás del entorno macroeconómico. Además, el porcentaje de gestores que opinan que la regulación económica les está afectando de forma desfavorable (27,5 %) es muy superior a los que señalan factores como la eficiencia en el mercado de trabajo (17,4 %), la adecuación del capital humano (12,2 %) o los costes judiciales (10,1 %).

La complejidad de la regulación puede surgir por la gran cantidad de regulación y el coste que supone su conocimiento, pero también por la existencia de distintos niveles de gobierno (tal y como ocurre en España). En este sentido, es crucial que no existan (o se reduzcan al máximo) los solapamientos y que, cuando prevalece la descentralización, las normas sean lo más homogéneas posibles. Un análisis más detallado de las respuestas de los gestores indica que la preocupación creciente por la regulación económica está relacionada con: el incremento de recursos que deben dedicar a la resolución de trámites con las administraciones, y con la dificultad de las relaciones entre la Administración local y autonómica, entre comunidades autónomas distintas e, incluso, entre diferentes localidades de la misma comunidad autónoma. Precisamente, en relación con estas dos debilidades, la Ley Crea y Crece aporta algunas mejoras:

  • Modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (Ley 20/2013, de 9 de diciembre, LGUM) para reforzar la cooperación entre las diferentes administraciones públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad. Este marco ayudará a seguir avanzando en la aplicación de la LGUM donde la actuación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) es crucial para velar porque se garantice la unidad de mercado.

En conclusión, la regulación y el marco institucional determinan las condiciones de competencia del mercado español y esto influye en la actividad privada. Por ello, avanzar en la eficacia y alcanzar una «buena regulación económica» es fundamental para mejorar el clima de negocio del país.

Notas

* UNED y Funcas.

1 La encuesta es representativa por tramos de tamaño y sectores económicos. En 2019, se tienen respuestas válidas para 5.533 establecimientos.

2 Véase el Manual de Regulación Bancaria en España, 3ª edición, recientemente publicado en Funcas.

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La nivelación interterritorial en España: ¿qué piensan los ciudadanos?

Fecha: abril 2023

Santiago Lago Peñas*

Resumen

En este documento se analizan los resultados de una encuesta elaborada ad hoc para evaluar el conocimiento y opiniones acerca de la nivelación interterritorial en España que se produce a través del sistema de financiación autonómica. Para ello, se combina un tratamiento descriptivo de las respuestas con una serie de estimaciones econométricas que abordan, sucesivamente, los factores determinantes de la calidad de la información que manejan los ciudadanos y sus preferencias sobre varios vectores de reforma a discusión. Los resultados muestran lo mucho que hay que avanzar en pedagogía del sistema y en objetivar cuantitativamente el debate; pero también que las opiniones mayoritarias sobre algunos de los aspectos a discusión no se distancian muy sustancialmente de las posiciones dominantes entre los expertos cuando nos referimos a decisiones con un alto contenido normativo.

1.  INTRODUCCIÓN**

En todos los países del mundo existen diferencias interterritoriales significativas en PIB per cápita y, de ahí, en bases imponibles; o en el coste per cápita de los servicios públicos. Por eso, la descentralización de competencias de gasto e impuestos conduce, inevitablemente, a la aparición de disparidades en la capacidad financiera de los gobiernos subcentrales para prestar servicios. España no es una excepción. Existen divergencias significativas en capacidades fiscales y necesidades; y hemos alcanzado un grado de descentralización de los más elevados en el panorama internacional. Consecuentemente, la nivelación interterritorial es un asunto relevante para la equidad en el acceso a los servicios públicos.

Hasta la fecha, el sistema ha apostado por una nivelación muy fuerte. La descentralización no ha hecho que los territorios con menor PIB per cápita cuenten con menos recursos por habitante. Basta comparar los presupuestos de Extremadura y la Comunidad de Madrid. Pero es verdad que la dimensión de la nivelación no está exenta de problemas y retos.

El primero, sin duda, la muy escasa aportación financiera de las comunidades autónomas (CC. AA.) forales al proceso nivelador. Una realidad que, como es sabido, abona sentimientos de agravio comparativo en otras autonomías con una capacidad y esfuerzo fiscal similar, pero que disponen de un volumen de ingresos por habitante muy inferior al que disfrutan las forales.

En segundo lugar, existen diferencias en los recursos per cápita entre las CC. AA. de régimen común que no se explican por diferencias en las necesidades de gasto que el propio sistema de financiación calcula y toma como referencia. En particular, son bien conocidas las situaciones enquistadas de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y Murcia. En el polo opuesto, otras que reciben del sistema sistemáticamente más recursos que las necesidades financieras reconocidas por el modelo. Se trata, por tanto, de una igualación con resultados finales erráticos.

Finalmente, porque el grado de nivelación del sistema es una variable sujeta a elección. En perspectiva internacional, observamos que los países federales de referencia han optado por esfuerzos niveladores muy distintos. En los extremos aparecen Estados Unidos, que renuncia a contar con un programa de transferencias de igualación explícito, y Australia, que calcula de forma meticulosa las necesidades de los estados y les garantiza una nivelación plena. En posiciones intermedias, Suiza y Canadá optan por fórmulas de alcance parcial y Alemania se acerca, pero no llega, a la nivelación plena.

En trabajos previos (Lago Peñas, 2008; Lago Peñas y Fernández Leiceaga, 2015) he discutido los factores explicativos de estas diferencias en el esfuerzo nivelador. El origen de la federación, los consensos de fondo plasmados en la Constitución y el grado de nacionalización del sistema de partidos se encuentran entre ellos. Baste ahora incidir aquí en que la decisión sobre el grado de nivelación es una cuestión profundamente política. Los argumentos técnicos a favor o en contra de una nivelación plena deben ser, sin duda, relevantes para informar la discusión; pero, en última instancia, la solución debe reflejar preferencias sociales básicas y retroalimentarse con los acuerdos existentes en el andamiaje constitucional. Esta es la conclusión a la que se llega en el Libro Blanco para la reforma de la financiación autonómica presentado en 2017 (VV. AA., 2018) y que se comparte plenamente en este documento.

El objetivo principal del trabajo es, precisamente, explorar el conocimiento y las preferencias dominantes de los ciudadanos en materia de nivelación interterritorial. La reforma de la financiación autonómica debe
tener en el libro blanco de 2017 y en otros informes técnicos discutidos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera un input fundamental. Pero su éxito y aceptación depende también de que encaje (o, al menos, no colisione) con las expectativas ciudadanas mayoritarias. Con ese objetivo, el trabajo se organiza en cuatro secciones, además de esta introducción y la sección de conclusiones. En la segunda sección se presentan los principales resultados agregados de la encuesta diseñada ad hoc y cuya ficha técnica y cuestionario aparecen en sendos anexos. En la tercera se analizan los determinantes individuales y de contexto de las respuestas a las preguntas enfocadas a determinar el grado de conocimiento del sistema mediante la estimación de varios modelos econométricos. La cuarta sección repite el enfoque metodológico para abordar, en ese caso, las diferencias en las respuestas a las preguntas normativas que podrían orientar la reforma del sistema. La sección quinta sintetiza los principales resultados de una encuesta a expertos hecha en diciembre de 2016 que pueden servir de contraste con la opinión de los ciudadanos. Finalmente, la sexta sección recoge las conclusiones.

2.  PRINCIPALES RESULTADOS AGREGADOS DE LA ENCUESTA

2.1. ¿Cuánto saben los ciudadanos?

Para testar la información que manejan los ciudadanos se han incluido cuatro preguntas en la encuesta. Las respuestas aparecen sintetizadas en los gráficos 1 a 4.

En el gráfico 1 se pregunta directamente a los encuestados sobre su grado de comprensión del diseño y los resultados que genera el sistema de financiación autonómica. Únicamente el 6 % de los encuestados responde que lo conoce en detalle, con un 42 % que manifiesta un entendimiento vago. La siguiente pregunta contrasta el conocimiento efectivo mediante una pregunta sobre la suficiencia relativa que proporciona el sistema foral. Aunque aparentemente es un lugar común el que el primero proporciona sustancialmente más recursos, tan sólo el 24,2 % de los encuestados responde acertadamente; con un 18,5 % que responde que la diferencia es ligeramente a favor del foral (gráfico 2). A los encuestados se les interrogó también sobre el criterio distributivo del sistema de financiación de régimen común (gráfico 3). El 37 % responden que no lo saben, el 11 % contestan erróneamente que el objetivo es igualar la presión fiscal y otro 15 % cree que es la igualación de la financiación per cápita. Solo uno de cada tres (37 %) responde correctamente.

Finalmente, se incorpora otra pregunta que permite precisar el grado efectivo de comprensión del sistema. En concreto, se interroga sobre las variables que se tienen en cuenta en la fórmula de cálculo de los habitantes ajustados. Como es bien sabido, la fórmula hoy incluye la superficie, la insularidad, la estructura etaria de la población y la dispersión poblacional. La encuesta pregunta sobre las tres primeras dimensiones y otras cuatro que el sistema no recoge: orografía, despoblación, nivel de precios y PIB per cápita. Las respuestas, que aparecen reflejadas en el gráfico 4, vuelven a demostrar que la mayoría de los ciudadanos no está familiarizada con el modelo. La respuesta “no sé” se sitúa entre el 36 % y el 50 % según la variable. Además, el porcentaje que acierta es muy bajo para las variables que sí están en el modelo: 23 % para superficie, 24 % para insularidad y 23 % para estructura etaria; y aumenta hasta el rango 32-41 % para las variables que no figuran en él.

2.2. Sobre la percepción de agravios comparativos

Cuando la atención se centra en las CC. AA. de régimen común, casi la mitad de los encuestados considera que los recursos por habitante que recibe su gobierno autonómico se sitúan algo por debajo de la media (30,5 %) o muy por debajo (16,8 %). Solamente el 11,6 % considera que su CC. AA. está por encima de la media (gráfico 5). Y cuando la pregunta se refiere expresamente a la existencia de un maltrato comparativo, el 53 % contesta afirmativamente (gráfico 6). Sólo el 19 % estima que no son maltratados por el sistema de financiación autonómica.

Se han cruzado los datos anteriores con la información sobre financiación por habitante ajustado y a competencias homogéneas que proporciona De la Fuente (2022). Los resultados aparecen en el cuadro 1, que incluye las cifras en base 100 para 2019 y 2020, así como el peso poblacional de cada comunidad autónoma sobre el total de población en territorio común. Aunque las cifras varían entre ejercicios, se mantiene el grupo de CC. AA. por debajo de la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Estas serían las CC. AA. objetivamente maltratadas por el sistema en términos comparativos. En conjunto, suponen el 38,5 % % de la población, una cifra claramente por debajo del 53 % de encuestados que consideran que su comunidad es maltratada por el sistema o del 47,3 % que piensan que su comunidad recibe recursos por debajo de la media. Pero el contraste es aún mayor cuando se observan los datos desagregados por autonomías. Extremadura y Baleares, que se sitúan en las primeras posiciones en financiación por habitante ajustado, concentran el mayor porcentaje de ciudadanos que considera que su comunidad es maltratada. En cambio, en Castilla-La Mancha el porcentaje de quienes se sienten maltratados es de los más bajos en el mapa autonómico; y Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía se sitúan cerca de la media en cuanto a percepciones de agravio comparativo.

En definitiva, existe una percepción doblemente distorsionada de la realidad: un porcentaje excesivamente alto de la población se siente comparativamente maltratada; y la concentración de ese sentimiento en el espacio o casa con la realidad objetiva que muestran los datos. En una sección posterior trataremos de arrojar luz sobre la existencia de perfiles individuales o pautas territoriales o económicas que explican esas respuestas.

2.3.¿Hacia dónde deberíamos transitar?

El tercer bloque de preguntas se sitúa en el terreno normativo, para explorar las opiniones de los ciudadanos sobre cambios y reformas. En el gráfico 7 se interroga sobre si los recursos del sistema deben abandonar las diferencias en las necesidades de gasto y centrarse en igualar recursos por habitante. El 42,2 % está bastante muy de acuerdo y el 18,1 % muy o bastante en desacuerdo, con un 39,7 % de personas que no se posicionan. En segundo lugar, se les pregunta a los encuestados si el sistema debe centrarse en nivelar los recursos sólo para los llamados servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). Las respuestas reflejadas en el gráfico 8 muestran ausencia de posicionamiento individual y colectivo. El 44,9 % no se decanta. Y el resto lo hace de forma simétrica entre las respuestas afirmativas y las negativas. Como pregunta de contraste de la anterior, se pregunta si la nivelación debería alcanzar a todos los servicios descentralizados (gráfico 9). En este caso, el porcentaje de quienes están bastante de acuerdo o muy de acuerdo (47,5 %) más que cuadriplica al de quienes están en desacuerdo (11,3 %), lo que no casa del todo bien con las respuestas a la pregunta anterior sobre limitar la nivelación a los servicios públicos fundamentales. Finalmente, son mayoría los que están poco a nada de acuerdo con el llamado “criterio de no reordenación”: el 60,1 % (gráfico 10).

En síntesis, los ciudadanos en su conjunto no permiten derivar preferencias colectivas claras que orienten las reformas. En todos los casos, la respuesta más frecuente es la indefinición. Y en los posicionamientos encontramos división de opiniones o incongruencias entre respuestas. En el asunto en el que las respuestas colectivas son más claras es en el criterio de no reordenación: seis de cada diez encuestados están en desacuerdo.

2.4. Las opiniones sobre el sistema foral

Finalmente, se ha preguntado a los ciudadanos sobre qué hacer con la diferencia de financiación que proporciona el régimen foral respecto al común (gráfico 11). El 45 % no se define y el 12 % considera que es justificable. El restante 43 % considera que debería eliminarse, existiendo una división casi simétrica entre los que consideran que debería hacerse de forma inmediata y los que se decantan por un período de transición.

3.  SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA INFORMACIÓN QUE MANEJAN LOS CIUDADANOS

En este primer bloque de estimaciones, la variable explicada es la respuesta a las preguntas representadas en los gráficos 1, 4 y 6 sobre el conocimiento del sistema de financiación autonómica; la existencia de un maltrato financiero de la comunidad en términos comparados; y las variables que incorpora hoy el modelo para el cómputo de los habitantes ajustados de cada autonomía. Recordemos que la segunda y tercera pregunta se ciñen a los habitantes en CC. AA. de régimen común.

En el primer caso, utilizamos un modelo probit multinomial ordenado1. Los valores de la endógena van de desconocimiento, que engloba las respuestas “no” y “no sé” (1) a conocimiento en detalle (3), con el valor 2 para quienes responden “vagamente”.

Las respuestas correctas sobre la existencia o no de maltrato son codificadas como 1 y las incorrectas o no declaradas se les atribuye valor 0. A estos efectos y como se expuso precisamente, las cuatro CC. AA. que son consideradas maltratadas por el sistema son Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. A partir de esa definición de la variable endógena, se estima un modelo probit binomial.

Finalmente, para la pregunta sobre variables de necesidad de gasto y coste, se define una variable cuantitativa que va de 0 a 7, en función del número de aciertos en la identificación de los factores que la fórmula de reparto actual tiene en cuenta. En este caso, se opta por una estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

Las variables explicativas, comunes para todas las estimaciones que siguen y habituales en los estudios con microdatos sobre opiniones de los individuos, son el género (mujer=1); la edad; la comunidad autónoma de residencia, con Galicia como categoría de referencia; el nivel de estudios (definido en ocho tramos, desde sin estudios hasta doctorado); la ocupación (con la categoría empresario/profesional como referencia); la renta del hogar; la ideología (que va de 1 a 10, de extrema izquierda a extrema derecha); la identificación de ciudadano con su comunidad autónoma respecto a su identificación con España (con la categoría de sentimiento únicamente español de referencia); el interés en política (de 1 a 10, de ningún interés al máximo); el interés en la actualidad económica (con la misma escala que la anterior); y, finalmente, las opiniones de los ciudadanos sobre el rol que desempeña el sector público en una sociedad (pregunta 12_1) y sobre la privatización en la gestión de los servicios públicos (pregunta 12_5), con la categoría “ni de acuerdo ni en desacuerdo” de referencia en ambos casos.

El cuadro 2 sintetiza los resultados. Para todas las variables, los signos positivos y significativos indican un conocimiento mejor o más preciso. La condición de mujer influye negativamente, resultado muy frecuente en este tipo de estudios2. En lo que se refiere a la edad, su efecto es positivo en las dos primeras columnas y no significativo en la tercera. Como era de esperar, el nivel de estudios del encuestado, su interés en la actualidad política y en la actualidad económica mejora muy significativamente su información sobre el sistema y su aplicación.

La situación laboral no es un factor relevante, salvo en el caso de los estudiantes, que sí demuestran una mejor información sobre el sistema. La ideología muestra efectos con significatividades sólo al 10 % o más y signos cambiantes entre columnas. Por su parte, una identificación autonómica más intensa que la española o exclusivamente autonómica conduce a responder de forma incorrecta a la cuestión sobre el maltrato financiero. En particular, se sesga la respuesta hacia responder maltrato cuando los datos de financiación por habitante ajustado no lo avalan. En concreto, la mayoría de quienes se identifica sólo (61 %) o principalmente (54 %) con su comunidad autónoma consideran que son maltratados por el sistema frente al 46 % de quienes se consideran más españoles que de su comunidad o el 51 % de quienes se consideran solo españoles. Por su parte, la percepción de los ciudadanos sobre la importancia del sector público o la privatización de servicios no influye de forma sistemática en el grado de comprensión del sistema de financiación.

Finalmente, en lo que atañe a los efectos regionales, una vez que se controla por todas las variables individuales incluidas del modelo, el grado de conocimiento puesto de relieve en las columnas 1 y 3 tiende a ser mayor en País Vasco, Castilla-La Mancha y Murcia; y lo contrario en La Rioja. En cuanto a las respuestas al maltrato, los errores tienden a ser mayores en Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y La Rioja, entre las que cuentan con una financiación por habitante ajustado superior a la media, y en Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha entre los que se sitúan por abajo. Por su parte, en Andalucía la probabilidad de acierto es más alta que la media.

4.  SOBRE LOS DERTERMINANTES DE LAS PREFERENCIAS DE LOS CIUDADANOS

En esta sección se analizan en detalle las respuestas a las preguntas que aparecen en los gráficos 9, 10 y Los resultados aparecen en el cuadro 3, donde las columnas corresponden, respectivamente, a las respuestas sobre si la nivelación debe alcanzar a todos los servicios públicos descentralizados (categoría de referencia “ni de acuerdo ni en desacuerdo”); sobre la aplicación del criterio de no reordenación (categoría de referencia “nada de acuerdo”); y la corrección de los efectos financieros del sistema foral respecto al común (categoría de referencia “es una diferencia justificable por razones constitucionales”). En todos los casos se recurre a un modelo probit multinomial ordenado y las variables explicativas son las mismas.

Para todas las columnas, los signos positivos y significativos indican un mayor grado de acuerdo. En este caso, la condición de mujer no tiene incidencia sobre las respuestas; y la edad impulsa la preferencia por una nivelación omnicompresiva y eleva la probabilidad de rechazo del criterio de no reordenación. A diferencia del cuadro 2, ahora el nivel de estudios, el interés en la actualidad política o la renta no son factores relevantes, salvo en el caso de la pregunta sobre el sistema foral. En este caso, un mayor nivel de estudios y, sobre todo, una posición ideológica escorada hacia la derecha ayuda a explicar posiciones más exigentes sobre la corrección de la sobrefinanciación que comparativamente proporciona el sistema foral. En sentido contrario, un mayor interés por la actualidad económica aparece correlacionado positivamente con una mayor preferencia por la nivelación plena y por el criterio de no reordenación. Por su parte, la situación laboral no es un factor relevante, salvo en el caso de los parados, que sí demuestran una mejor preferencia por la nivelación de todos los servicios.

Una identificación autonómica más intensa que la española o exclusiva conduce a apoyar más intensamente el criterio de no reordenación. Al contrario, cuando la identificación con la comunidad política española se hace más fuerte tiende a aumentar el apoyo a l nivelación de todos los servicios descentralizados, aunque sólo al 10 % de significatividad estadística. Por su parte, la percepción de los ciudadanos sobre la importancia del sector público explica una mayor defensa de la nivelación de todos los servicios pero reduce la probabilidad de manifestar la necesidad de revisar el impacto del sistema foral sobre la financiación comparada. En cambio, la posición sobre la privatización de servicios muestra un impacto errático sobre las respuestas.

Por lo que se refiere a los efectos regionales, una vez que se controla por todas las variables individuales incluidas del modelo, catalanes, vascos y navarros tienden a defender la aplicación actual del sistema foral y el criterio de no reordenación; el apoyo a este criterio se produce también en Aragón y Madrid, si bien con significatividad estadística al 10 %; y cambia de signo en el caso de asturianos, extremeños y castellanoleoneses. Finalmente, los catalanes son los más críticos con la nivelación de todos los servicios públicos.

5.  A MODO DE CONTRASTE LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

En diciembre de 2016 los investigadores integrantes en la red RIFDE (www.rifde.es) cubrieron un amplio cuestionario sobre nivelación y necesidades de gasto. Los resultados aparecen detallados en Fernández Llera y Lago Peñas (2017)3. En lo que sigue sintetizamos los que son pertinentes para enmarcar y contrastar el cuestionario manejado en este documento. Al ser una encuesta a expertos las preguntas sobre el conocimiento del sistema y la información manejada son soslayadas.

  • Una amplísima mayoría de los encuestados (89,6 %) considera arbitrarios o discutibles las diferencias actuales en la financiación per cápita que proporciona el sistema común.
  • En lo referente al grado de nivelación del sistema de financiación de régimen común, el 56 % de los encuestados cree que se deberían nivelar los llamados servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). Por el contrario, el 35 % aboga por la nivelación plena de todos los servicios descentralizados. Una minoría de los encuestados aboga por recortar la nivelación.
  • Al respecto del llamado criterio de “no reordenación” u “ordinalidad”, el 27 % es favorable y defiende que debería ser aplicado de una forma estricta, el 42 % de los encuestados opina que es un criterio razonable, pero que su cumplimiento es secundario frente al de los principios básicos del sistema de financiación; y un 31 % es contrario. En todo caso, cuando el criterio se aplica a la financiación total por habitante ajustado en vez de a la financiación total por habitante, el número de partidarios de una aplicación estricta sube hasta el 40 % y se reduce levemente el porcentaje de críticos, hasta el 27 %.
  • Sobre la “cláusula del statu quo” definida como que ninguna CC. AA. puede perder recursos de forma directa e inmediata como consecuencia de la reforma del sistema, el 69 % de los encuestados considera que esta cláusula no es razonable y debería ser eliminada; si bien, con un periodo de introducción progresiva de los efectos de la reforma y en un horizonte temporal amplio. Un 10 % adicional va más allá y opina que la corrección debería hacerse de forma plena en el nuevo año base del sistema.
  • Existe práctica unanimidad (97,9 %) sobre lo injustificable de la actual diferencia en la financiación por habitante que proporciona el sistema foral respecto al común, aunque son mayoría (68,8 %) los que abogan por el recurso a un período transitorio amplio en el recálculo del cupo vasco y la aportación navarra.
  • Finalmente, se computan una serie de tablas de contingencia y contrastes de asociación e independencia para relacionar las respuestas a las encuestas con las características específicas de la comunidad autónoma de referencia de los expertos. Los resultados confirman que los expertos que tienen como referencia una comunidad autónoma con renta y capacidad fiscal superior a la media tienden a defender la nivelación parcial (solamente servicios públicos fundamentales esenciales) o incluso una reducción de la nivelación. Al contrario, los expertos que tienen por referencia una comunidad con renta y capacidad fiscal por debajo de la media apoyan más intensamente la nivelación de todos los servicios descentralizados. Además, el criterio de no reordenación u ordinalidad es defendido en mayor medida por los expertos que tienen por referencia autonomías con renta per cápita superior a la media.
6.  CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo no son globalmente positivos, por varios motivos. En primer lugar, porque ponen en evidencia, una vez más, el deficiente conocimiento de los españoles sobre el sistema de financiación autonómica, sus fundamentos y resultados. En su conjunto, las respuestas a las preguntas sobre la familiaridad con el modelo apuntan a que entre un cuarto y un tercio de los ciudadanos superaría una prueba básica de conocimiento.

En segundo lugar, porque los sentimientos de agravio comparativo están muy extendidos, sin que exista un soporte estadístico objetivo que lo fundamente. Más aun, el sentimiento es particularmente intenso en algunas de las CC. AA. comparativamente bien tratadas por el sistema de financiación de régimen común y se sitúa en la media o por debajo en territorios que sí afrontan situaciones objetivas de infrafinanciación.

En tercer lugar, porque las preferencias de los ciudadanos sobre las cuestiones políticas clave a resolver en el frente de la nivelación son individualmente indefinidas en un porcentaje muy elevado. Y, colectivamente, no existen dominancias fuertes ni en si la nivelación debe abarcar todos los servicios o sólo los fundamentales; o si debe centrarse en nivelar capacidades fiscales o seguir centrado en nivelar necesidades de gasto. Incluso la corrección del diferencial en la financiación que proporciona el régimen foral alcanza sólo un 43 % de respuestas a favor, frente a un 45 % que no se pronuncian y un 12 % que estarían en contra. Únicamente en el caso del criterio de no reordenación, los críticos superan con cierta claridad a los defensores (60 % vs. 40 %). Además, se ponen de manifiesto las diferencias entre CC. AA. de acuerdo con su nivel de renta, pero sobre todo con el grado de descentralización preferido colectivamente. Catalanes, vascos y navarros tienden a defender la aplicación actual del sistema foral y el criterio de no reordenación; el apoyo a este criterio se produce también en Aragón y Madrid, si bien con significatividad estadística menor; y cambia de signo en el caso de asturianos, extremeños y castellanoleoneses. Finalmente, los catalanes son, en conjunto, los más críticos con la nivelación de todos los servicios públicos.

Es verdad que las encuestas a expertos también muestran diversidad en muchas respuestas y la dificultad
de asumir el llamado “velo ralwsiano” cuando se responde a la intensidad preferida en los esfuerzos niveladores. Además, el propio modelo refleja una lógica borrosa y maleable en materia de nivelación. La idea de la nivelación parcial (esto es, la nivelación de los servicios públicos fundamentales) aparece entre los fundamentos del modelo aprobado en 2009, pero luego los resultados se corrigen de forma que se acercan más a una nivelación plena de las necesidades de gasto que, no obstante, acaba siendo arbitraria, porque la aplicación de cláusulas de statu quo ha provocado desviaciones respecto a la financiación por habitante ajustado difíciles de explicar. De hecho, cuantitativamente, pesan más que las propias variables de necesidad y coste a la hora de explicar las diferencias en la financiación per cápita.

Con estos mimbres, es justificable ser pesimista sobre los avances posibles de una reforma de la financiación autonómica en el frente de la nivelación y se entienden las dificultades para acometerla. Pero el optimismo cabe también en la reflexión. El escenario mejoraría significativamente si conseguimos que un porcentaje creciente de ciudadanos entienda los fundamentos y resultados del modelo, si objetivamos los debates con cifras, si conseguimos que los principales partidos a escala nacional compartan y avalen el diagnóstico sobre la nivelación interterritorial del sistema, y si reforzamos el Consejo de Política Fiscal y Financiera para dotarle de una unidad técnica de análisis independiente que proporcione los materiales para lo anterior, pero también que concrete propuestas sobre variables de necesidad de gasto o estimaciones de recaudación normativa.

Referencias

De la Fuente, A. (2022). La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2020. Estudios sobre la Economía Española, 2022/22. Fedea.

Fernández Llera, R. y Lago Peñas, S. (Coord.). (2017). La nivelación interterritorial y la estimación de las necesidades de gasto. GEN Report 2/2017, https://api.infogen.uvigo.es/uploads/GRUPOGEN/originals/658fe2c8-d7cb-44b6-9d06-392296323c83.
pdf


Lago Peñas, S. (2008). Unbalanced Development and Regional Governments: How Much Equalize and How to Equalize? En J. Martínez-Vázquez y F. Vaillancourt (Eds.), Public Policy for Regional Development. Londres: Routledge.

Lago Peñas, S. y Fernández Leiceaga, X. (2015). ¿Es posible alcanzar y aplicar un acuerdo sobre el criterio de equidad en el sistema de financiación de las CC. AA.? Presupuesto y Gasto Público, 81.

Tormos, R. y Verge, T. (2022). Challenging the gender gap in political interest. Public Opinion, 86(1).

VV. AA. (2018). Informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.

Notas

* Catedrático de Economía Aplicada y director de GEN (Universidade de Vigo).
** Agradezco la asistencia de investigación de Alejandro Domínguez (GEN-UVigo).

1 Todas las estimaciones se ejecutan con el programa STATA 17.

2 Sobre la brecha de género en el interés sobre cuestiones de política véase el reciente trabajo de Tormos y Verge (2022).

3 En el documento, de acceso libre, se incluyen también el listado con los nombres de los 48 expertos que contestaron la encuesta y el cuestionario.

ANEXO 1
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
ANEXO 2
CUESTIONARIO

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Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

Fecha: marzo 2023

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

El trabajo doméstico ha recibido históricamente un escaso reconocimiento no solo social, sino también institucional. Considerado un trabajo poco productivo y subalterno, incluso los Estados que se precian de proteger particularmente los derechos sociales se han abstenido durante mucho tiempo de intervenir en las condiciones laborales de quienes lo desempeñan y de combatir su precariedad, reflejada, sobre todo, en largas jornadas, bajos salarios y relaciones informales de contratación.

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A vueltas con las crisis bancarias en el año del Nobel

Fecha: marzo 2023

Vicente Salas Fumás*

A vueltas con las crisis bancarias en el año del Nobel

Las crisis bancarias vuelven a perturbar la tranquilidad económica y social (Silicon Valley Bank, Credit Swiss). Y ocurre precisamente el año en que el Premio Nobel de Economía reconoce a los autores que más han contribuido a la investigación sobre los fundamentos económicos de la empresa bancaria moderna, Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig. Los trabajos premiados, publicados en los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, no fueron suficientes para evitar la crisis bancaria de 2008. Quince años más tarde contamos con la teoría y, además, con la experiencia de una grave crisis financiera, pero volvemos a tropezar en las mismas piedras.

Como era de esperar, los medios académicos y periodísticos se han apresurado a preguntar a los laureados por las causas y previsibles consecuencias de la crisis bancaria, especialmente por la del Silicon Valley Bank (SVB), el banco de los fondos de capital riesgo y las empresas tecnológicas (parece ser que la crisis del banco suizo no ha sido una sorpresa para los analistas). El 16 de marzo, el blog ProMarket (Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago), uno de los más seguidos entre los economistas, publicó el extracto de una entrevista de su socio podcast Capitalisn’t al profesor premiado, Douglas Diamond, también de la Universidad de Chicago, sobre las causas y consecuencias de la crisis del SVB. En esencia, Diamond atribuye la crisis del SVB a la política de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, y a errores de los supervisores bancarios por no haber anticipado los efectos secundarios de la misma https://www.promarket.org/2023/03/16/nobel-laureate-douglas-diamond-on-how-the-fed-could-have-prevented-svbs-collapse/.

En la entrevista, Diamond señala que el SVB invirtió masivamente en bonos del tesoro a largo plazo hace dos años, cuando los tipos de interés oficiales estaban cercanos a cero, el interés de los bonos a diez años rondaba el 2 %, y la preocupación de los bancos centrales eran las presiones deflacionistas. Todas las señales apuntaban a un horizonte de subidas de tipos de interés muy graduales y a medio plazo, incluso las que enviaban los propios supervisores bancarios: las pruebas de resistencia a los bancos en Estados Unidos en 2022 contemplaban como escenarios extremos subidas de tipos oficiales de interés a medio plazo hasta el 2 % (el SVB no participó en pruebas de resistencia por riesgo de tipo de interés, pero con el 2 % las hubiera pasado, según Diamond). Por distintas circunstancias, particularmente la guerra en Ucrania, el escenario cambia y del riesgo de deflación se pasó a una inflación acelerada. En cumplimiento de su mandato, los bancos centrales iniciaron una rápida escalada en los tipos de interés oficiales hasta acercarse al 5 % en Estados Unidos y al 4 % en Europa.

Para comprender lo que significa invertir en un activo de renta fija a medio y largo plazo emitido a un tipo de interés por debajo del tipo de mercado, veamos un ejemplo sencillo. El cambio en la política monetaria en respuesta a las tensiones inflacionistas lleva los tipos de interés de los bonos del tesoro a dos años al 5 %. Un inversor que compró bonos del tesoro a dos años cuando el tipo de interés era el 1 %, verá que el bono que tiene en su poder con un nominal de 100 dólares, por ejemplo, se paga en el mercado por debajo de 100 dólares. La razón es que el precio del bono se ajusta para que la rentabilidad sea la misma que la que proporcionan los nuevos bonos en el mercado con un interés del 5 %. Por tanto, la nueva equivalencia financiera es: 100*(1.01) * (1,01) = PB*(1.05) * (1.05), lo que da como resultado un precio del bono a dos años al 1 % de PB=92,5 dólares, aproximadamente (montante invertido en un bono al 5 % para que después de dos años principal e intereses tengan el mismo valor monetario que principal e intereses del bono al 1 %). Es decir, el valor de mercado del bono a dos años de vencimiento y 1 % de interés, disminuye un 7,5 % cuando el interés de los nuevos bonos con el mismo vencimiento sube al 5 %.

Si el inversor es un particular que invirtió su dinero comprando el bono a dos años al 1 % de interés, la pérdida de valor repercute directamente en su patrimonio. Podría ser que el inversor ni se diera cuenta de la pérdida porque, a los dos años, en el momento del vencimiento del bono recibirá los 100 dólares del nominal más el 1 % de intereses acumulados de los dos periodos. Pero si el inversor necesita liquidez y vende el bono comprobará que, aunque el nominal del bono diga 100 dólares, nadie paga por el mismo más de 92,50 dólares. Si el inversor es un banco que capta depósitos de sus clientes e invierte en bonos del tesoro el dinero ingresado en las cuentas, el banquero profesional se dará cuenta enseguida de la pérdida de valor de los bonos que tiene en el activo de su balance. Si el bono en el que ha invertido está en lo que se denomina carteras a vencimiento, el banco no tiene que reconocer las pérdidas de valor económico de los bonos y, por tanto, esa pérdida no aflorará en la cuenta de pérdidas y ganancias. El descenso en la cotización en bolsa de los bancos en los últimos días, aparte de reflejar la incertidumbre general creada por la quiebra y rescate de los bancos, refleja también la incertidumbre particular por las pérdidas latentes en el valor de los bonos en los balances bancarios. De hecho, con el elevado apalancamiento habitual de los bancos, si los 100 dólares del bono tienen como contrapartida 10 dólares de capital, los 7,5 euros de disminución en el valor del bono sobre los 10 dólares de capital del banco significa una rentabilidad negativa del -75 %.

El resto de la financiación, desde lo 10 dólares de capital hasta los 100 dólares que se invirtieron en el bono, procede de los depósitos de los clientes. Cuando compró los bonos al 1 % el banco pagaba 0 % por los depósitos y, previsiblemente, cobraba comisiones por mantener las cuentas. Aunque el bono solo daba una rentabilidad del 1 %, teniendo en cuenta que el capital invertido por los accionistas del banco era de 10 dólares por cada 100 dólares de bono, la rentabilidad sobre ese capital era del 10 %, sin riesgo aparente alguno para el banco y sus accionistas. El Tesoro feliz porque se financia a un tipo de interés muy bajo, los banqueros también porque conseguían una rentabilidad alta sin incurrir en los riesgos de crédito que significa financiar a las pymes, por ejemplo, y los depositantes igualmente felices pues, aunque los depósitos no pagan intereses, la inflación era muy baja y los saldos en el banco apenas perdían poder adquisitivo.

Cuando el tipo de interés de los bonos del tesoro sube al 5 %, por ejemplo, y la inflación llega a los dos dígitos, el depositante se dará cuenta de que invirtiendo en bonos del tesoro a dos años puede conseguir una rentabilidad del 5 %, cuando el banco le está pagando cero (las personas que hacían cola en la puerta del Banco de España para comprar deuda del tesoro no eran inversores sofisticados). Si los depositantes del banco mantienen saldos relativamente pequeños y ajustados para atender sus propias necesidades de liquidez (escenario en el que Diamond y Dybvig construyeron la teoría de la empresa bancaria), nada cambiará porque los tipos de interés de los bonos del tesoro suban. Es decir, el banco seguirá pagando cero por los depósitos y cobrando el 1 % de interés por los bonos. Que la cotización del banco en bolsa disminuya como reflejo de que los activos, a precios corrientes, valen menos que lo que aparece en el balance, tampoco le preocupa al pequeño depositante porque sabe que hasta una cifra muy por encima de su saldo (100.000 euros en España) los depósitos están garantizados por el Estado. Lo que es previsible que le preocupe es que, aunque el nominal de su cuenta de depósito en el banco esté seguro, lo que puede comprar con ese saldo disminuye con la inflación que está detrás de la subida de tipos (en este caso insuficiente incluso para mantener el poder adquisitivo cuando la inflación supera el 8 % anual).

En el SVB no se daban las condiciones para que un banco funcione con cierta normalidad. Los depositantes eran empresas tecnológicas financiadas a su vez por fondos de capital riesgo que conocen perfectamente las reglas financieras, con saldos de depósitos millonarios, preocupados por sacar rentabilidad al dinero y conscientes de que los saldos de depósitos en las cuentas no están cubiertos por el seguro de depósitos. Si el activo del balance está suficientemente diversificado para que las pérdidas latentes que puedan afectar a los bonos del tesoro sean una pequeña parte del todo, además de no estar positivamente correlacionadas con las pérdidas en otros activos (segunda condición del escenario contemplada por la teoría de la empresa bancaria), el depositante preocupado por la rentabilidad de su dinero previsiblemente negociará con el banco un aumento en el tipo de interés del saldo de depósito, con la amenaza de retirar los depósitos para invertirlos en bonos, por ejemplo. Si son pocos los depositantes poderosos el banco negociará con ellos una mejora en la retribución de los depósitos, pero si son muchos o la inmensa mayoría, como ocurre con el SVB, el banco que obtiene una rentabilidad del 1 % de sus activos no podrá pagar, digamos, un 2 % por los pasivos porque si lo hace pierde dinero y entra en quiebra.

El SVB era un banco que no cumplía ninguna de las condiciones que la teoría dice que debe cumplir un banco para merecer ese nombre. Tenía un activo altamente concentrado en bonos del tesoro a medio y largo plazo, y tenía un pasivo con depósitos de unos pocos depositantes que además se conocían entre sí, eran vecinos y, por tanto, era muy fácil correr la voz entre ellos sobre las impresiones que les merecía el banco y lo que cada uno iba a hacer en consecuencia (condiciones ideales para que todos corran a la vez y cuanto antes a retirar los depósitos). Algo que podía haber hecho el banco, y de lo que apenas se ha hablado (y que deduzco que no se hizo, aunque lo único que puedo decir es que no he visto ese tema tratado en los medios de comunicación) es acudir a la Reserva Federal a solicitar liquidez con los bonos del tesoro como colateral. De esta forma, SVB hubiera podido atender la demanda de depósitos sin necesidad de vender los bonos. El banco central habría aplicado un descuento sobre el valor nominal de los bonos al decidir cuanta liquidez le concede al banco, pero, inicialmente al menos, el descuento no se contabilizaba como pérdida. Tal vez la rentabilidad de los bonos en el activo del balance de SVB era tan baja, en comparación con el coste de la financiación, incluidos los depósitos, que la entidad no era viable económicamente.

La crisis del 2008 fue precedida de una subida de tipos de interés por los bancos centrales, con la Reserva Federal tomando la delantera. En aquel momento, la subida de tipos afectó negativamente al valor de los activos reales que los bancos habían financiado con préstamos y, por tanto, al valor del colateral de los préstamos y, en definitiva, también el valor del préstamo (aunque el valor de mercado de los préstamos es mucho más difícil de calcular que el de los bonos del tesoro pues estos son todos iguales y los préstamos ninguno es igual a los demás). Ahora, la subida imprevista y acelerada de tipos de interés, por la misma razón de luchar contra la inflación, no ha afectado tanto al riesgo de crédito (la crisis anterior enseñó a los bancos y a los supervisores a financiar sólo una parte, hasta el 80 % máximo del valor del activo), sino al riesgo de tipo de interés que es relevante para las inversiones en renta fija, a medio y largo plazo, como los bonos del tesoro, y también para las hipotecas a tipo fijo. No hace mucho, cuando se anunció que los tipos de interés oficiales iban a subir, la bolsa reaccionó con subidas de cotizaciones, el optimismo se extendió entre los banqueros en previsiones de beneficios, y el gobierno se adelantó con un impuesto extraordinario a esas ganancias previstas. ¿Cómo es posible pasar de la euforia a la depresión en tan poco espacio de tiempo? Los bancos en España y en Europa se acercan más a las condiciones ideales de diversificación de activo y pasivo que sostiene a la empresa bancaria, sin olvidar que una parte importante de la deuda pública de los Estados de la zona del euro está en los balances del BCE y, por tanto, son los bancos centrales los más expuestos a los riesgos de tipos de interés. Pero, en todo caso, es evidente que hay un efecto contagio, inevitable en un mundo tan interconectado y comunicado como el actual.

En la entrevista, Diamond recuerda lo que había adelantado en otra anterior, en octubre del año pasado, sobre los riesgos para la estabilidad financiera de una subida acelerada de tipos. También lamenta que el supervisor bancario americano, en el momento en que se dio cuenta de que la inflación hacía inevitables las subidas aceleradas de tipos, no realizara una evaluación exhaustiva de los riesgos de tipo de interés a la que estaban expuestos los bancos americanos, con test de resistencia que contemplaran escenarios de subidas de tipos hasta el 6 %, por ejemplo, para que estos actuaran en consecuencia. En todo caso, la experiencia reciente nos demuestra, una vez más, lo complicado que resulta para los bancos centrales diseñar y ejecutar políticas monetarias efectivas en la lucha contra la inflación y contra la deflación (amenaza de), que no generen inestabilidad financiera por sus efectos sobre los precios de los activos. Y, sobre todo, inestabilidad transmitida a través de los canales bancarios.

Parece claro que los depósitos bancarios incorporan elementos de inestabilidad financiera. Ello es así por los costes para el Estado, y en última instancia para los contribuyentes, de un seguro de depósitos que, en la práctica, cubre todos los depósitos, independientemente del volumen por cuenta, y por los incentivos perversos a asumir riesgos que conlleva el seguro. De ahí que cobra fuerza la propuesta de que los depósitos bancarios se retribuyan siempre al 0 % para que los depositantes tomen conciencia de que el depósito no es un producto de ahorro, sino solo una parte del engranaje de medios de pago (incluso se propone que esos depósitos a la vista al 0 % de interés ni siquiera estén en los pasivos de los bancos, sino en una cuenta digital abierta directamente en el banco central). El mensaje para el ahorrador será que si quiere rentabilidad tendrá que asumir riesgo. Y ello incluye el riesgo de tipo de interés que asume comprando deuda del tesoro, que le ofrece la seguridad de recuperar el principal igual que el depósito asegurado, pero que sólo tiene la seguridad de cobrar el interés pactado si mantiene el bono hasta el vencimiento (a precios del momento en que se emitió el bono, no del momento en que se liquida, por lo que siempre quedará el riesgo de inflación excepto si se cubre al coste correspondiente).

Lo que nadie explica con detalle, o por lo menos no me consta, es qué consecuencias tendrá la desaparición del depósito en las cuentas de los bancos que conocemos, para la otra parte de la ecuación bancaria, la concesión de préstamos. La estabilidad de la financiación a través de depósitos diversificados entre clientes anónimos y expuestos a necesidades de liquidez independientes, se ha descrito por la teoría como el complemento perfecto para que los bancos pudieran prestar a plazo y ganar dinero invirtiendo en información específica sobre los riesgos de los acreditados en su cartera altamente diversificada de préstamos, información a la que los mercados financieros anónimos tienen muchas más dificultades para acceder. ¿Se perderá capacidad de financiación a empresas y familias si los depósitos desaparecen de los pasivos bancarios y la financiación de los bancos (aunque ya no se podrán llamar así porque habrán perdido la exclusividad de emitir depósitos) procede íntegramente de los mercados de capitales?

Parece una paradoja que el año que la Academia Sueca concede el Premio Nobel de Economía a los teóricos de la empresa bancaria, pueda ser el principio del fin de los bancos cuya lógica económica y financiera en el engranaje de la economía de mercado los premiados contribuyeron tan brillantemente a resaltar.

Notas

* Profesor emérito de la Universidad de Zaragoza.1

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La (des)organización de la evaluación de la eficiencia de medicamentos y otras tecnologías sanitarias en España: diagnóstico

Fecha: febrero 2023

José Vida, Juan Oliva, Félix Lobo

Asistencia sanitaria, Tecnologías sanitarias, Medicamentos, Financiación, Evaluación económica, Eficiencia, Coste-efectividad

Este documento pretende analizar la actual organización administrativa encargada de la evaluación de la eficiencia de medicamentos y tecnologías sanitarias en España y hacer un diagnóstico de su situación. Para ello, subraya la importancia de contar con una Administración eficaz, coordinada y guiada por principios de buen gobierno. A continuación, revisa tres problemas organizativos transversales: el reparto de responsabilidades y competencias entre Administraciones según nuestro ordenamiento jurídico, la separación y relativa incomunicación de las regulaciones y organizaciones dedicadas por un lado a medicamentos y, por otro, a las demás tecnologías sanitarias, y las limitaciones de la organización y medios del Ministerio de Sanidad. El estudio analiza después, en detalle, los aspectos organizativos de las estructuras relacionadas con la evaluación de la eficiencia de los medicamentos y de otras tecnologías sanitarias. Concluye señalando que la importante labor que desarrollan las personas y las instancias implicadas se ve coartada por un marco organizativo prolijo, confuso y deficiente, que perjudica al Sistema Nacional de Salud (SNS), a los ciudadanos, y a las empresas productoras o comercializadoras. De ahí que la necesidad de impulsar en este ámbito reformas que permitan aprovechar todo el potencial disponible resulte imperiosa.

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Social innovation among Spanish inventors: An exploratory analysis

Fecha: febrero 2023

Mariano Mastrogiorgio & Martina Pasquini

ABSTRACT

Despite the growing interest in social innovation, the literature on this topic is limited both at the theoretical and empirical level. Accordingly, a controversial issue concerns the lack of a shared definition of social innovation and, consequently, the existence of a validated method to classify and measure it. In this paper, we focus on one type of intellectual property rights (IPRs), namely, patents, which well-reflect firms’ intangible assets. We propose an exploratory approach based on natural language processing to identify patents with a social-oriented content that can be assimilated to social innovation. We employ a random sample of about 3800 U.S. patents of Spanish inventors to test our methodology and provide novel evidence. Our main findings show that first, social innovation in patents is multi-faced but mostly concentrated in green technologies; and second, that patents with a high level of social content are the ones with a significantly higher number of forward citations—that is, more radical and likely with more value.

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Día Mundial de la Mujer Médica

Fecha: febrero 2023

Día Mundial de la Mujer Médica

El Día Mundial de la Mujer Médica se celebra en febrero porque este es el mes en el que, en 1821, nació Elizabeth Blackwell, mujer inglesa que consta como la primera que se graduó en Medicina y Cirugía. Consiguió el título en Estados Unidos cuando el siglo XIX se aproximaba a su ecuador (1847), aproximadamente 30 años antes de que Dolors Aleu lo obtuviera en España, convirtiéndose en la primera mujer con una acreditación académica para ejercer legalmente la medicina.

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Día mundial de la acción frente al calentamiento terrestre

Fecha: enero 2023

Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre

La protección del medio ambiente ha alcanzado en este siglo la consideración de ideal normativo de primer orden. Siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apelan de manera más o menos directa a la defensa de la naturaleza y sus recursos, y raro es el mes del año en el que no se celebra algún Día Internacional o Mundial dedicado a destacar valores o comportamientos relacionados con la protección medioambiental. Uno de esos días es el 29 de enero, declarado Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre (también conocido como Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2).

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2022

El valor económico de la inversión digital de las empresas europeas y sus determinantes

Fecha: diciembre 2022

Pilar Rivera Torres* y Vicente Salas Fumás**

Digitalización, Inversión digital y empresas

Resumen

El trabajo estudia la digitalización empresarial como un fenómeno multidimensional, donde los avances en cada dimensión dependen de la rentabilidad que las empresas esperan conseguir con la adopción/uso de innovaciones tecnológicas relacionadas con la información y las comunicaciones. Con datos de la ESC2019, los análisis realizados explican las diferencias entre empresas en la adopción y uso de las tecnologías digitales en función de, variables de país (la rentabilidad de la adopción/uso de robots y ordenadores aumenta con la productividad de los países, mientras que el uso de las tecnologías en el control de los trabajadores es mayor en los países con menor productividad); en función de variables de sector (la rentabilidad de los robots es mayor en la industria que en los servicios, mientras que la rentabilidad más alta en la utilización de ordenadores en el trabajo se alcanza en los sectores de servicios a las empresas); y en función de variables de empresa (tamaño, propensión a innovar, capital organizacional). En consecuencia, la digitalización no es un fenómeno homogéneo, ni en sus determinantes ni en sus efectos, y debe valorase y gestionarse conjuntamente con otros activos intangibles como la capacidad de innovación y el capital organizacional.

Abstract

The work studies business digitalization as a multidimensional phenomenon, where advances in each dimension depend on the profitability that companies expect to achieve with the adoption/use of technological innovations related to information and communications. With data from the ESC2019, the analyses carried out explain the differences between companies in the adoption and use of digital technologies according to: country variables (the profitability of the adoption/use of robots and computers increases with the productivity of countries, while the use of technologies in the control of workers is greater in countries with lower productivity); economic sector variables (the profitability of robots is higher in industry than in services, while the highest profitability in the use of computers at work is achieved in the business services sectors); and on firm level variables (size, propensity to innovate, organizational capital). Consequently, digitalization is not a homogeneous phenomenon, neither in its determinants nor in its effects, and must be valued and managed together with other intangible assets such as innovation capacity and organizational capital.

RESUMEN EJECUTIVO

El trabajo explica las diferencias en digitalización entre las empresas europeas, bajo el supuesto de que existen características del país donde están localizadas, del sector de actividad y del mercado donde venden sus productos o servicios, y de las propias empresas que influyen en el valor económico de la inversión en digitalización y, por tanto, en la decisión de que unas empresas se digitalicen y otras no. Con datos de la European Company Survey del año 2019, ESC2019, de Eurofound-Cedecop, elaborados a partir de encuestas a casi 22.000 empresas de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, los análisis realizados confirman la influencia de factores de país, de sector y de empresa en la explicación de las diferencias en digitalización entre las empresas de la muestra, aunque, con las variables explicativas para las que se dispone de información, queda todavía bastante variabilidad en la digitalización de las empresas europeas pendiente de explicación.

Entre los resultados concretos, destacar, primero, que la productividad media de los países influye positivamente en la rentabilidad de unas tecnologías digitales (ordenadores y robots), y negativamente en otras (analítica de datos aplicada al control de los trabajadores). En segundo lugar, la industria ofrece condiciones más favorables para la robotización (digitalización de las máquinas) que los servicios, mientras que los servicios profesionales ofrecen las mejores condiciones para el uso de ordenadores en el trabajo (digitalización de las personas). Finalmente, la rentabilidad de la inversión en tecnologías digitales es más alta entre las empresas que se apoyan en ventajas competitivas de diferenciación e innovación, que en las que se apoyan en ventajas competitivas en costes; además, la rentabilidad de la inversión en digitalización aumenta con la dotación de capital organizacional de las empresas.

Las empresas españolas muestran niveles altos de digitalización cuando esta se contempla como un constructo unidimensional, sin diferenciar según indicadores de medios y usos digitales. La alta digitalización relativa de las empresas españolas está muy condicionada por el hecho de que son las empresas de la muestra entre las que está más extendido el uso de la analítica de datos para el control de las personas, precisamente el indicador de digitalización cuya rentabilidad se asocia negativamente con la productividad media de los países. La contribución del capital organizacional (delegación de capacidad de decisión y capital humano específico) a la rentabilidad de la inversión en digitalización es menor entre las empresas españolas que entre las empresas de los países más productivos de la UE. Además, las empresas españolas muestran menores niveles de dotación de estos intangibles que las de los países más productivos.

Los resultados del estudio recomiendan, primero, tratar la digitalización como un concepto multidimensional (diferenciando entre digitalización de las personas y digitalización de las máquinas, uso de las tecnologías en funciones organizativas de coordinación o de control del trabajo). Y segundo, valorar las decisiones de inversión en digitalización en un contexto más amplio que incluye las inversiones en activos complementarios como el capital-innovación, y el capital organizacional.

1.  INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la productividad en las economías desarrolladas durante los últimos años no ha respondido a las expectativas generadas por las importantes innovaciones y desarrollos tecnológicos en los campos de la información y las comunicaciones (Brynjolfsson, Rock y Syverson, 2017). Entre las explicaciones de la que se ha denominado “la paradoja de la productividad” (la productividad se ha mostrado relativamente insensible a la innovación que representa invertir en ordenadores y en medios digitales afines), una de ellas pone el acento en las importantes diferencias entre unas empresas y otras en la adopción, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información: por un lado, un número relativamente reducido de empresas “avanzadas” que progresan aceleradamente en innovación y productividad; y por otro, el resto de empresas “retrasadas”, cuyas diferencias con las primeras en uso y retorno de los avances tecnológicos aumentan con el tiempo, en lugar de cerrarse, como se esperaría que sucediera como resultado del efecto imitación (Andrew, Nicoletti y Timiliotis, 2018; Autor, Midell y Reynols, 2020). Estas evidencias plantean la pregunta sobre qué factores explican las diferencias en la adopción, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre unas empresas y otras. La respuesta debería orientar el diseño e implantación de políticas públicas facilitadoras de la difusión y uso de las nuevas tecnologías y, eventualmente, aumentar la productividad del conjunto de la economía.

Este trabajo utiliza información de la European Company Survey 2019, ECS2019, (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, European Centre for the Development of Vocational Training, 2020) para evaluar y explicar las diferencias en la difusión y uso de las tecnologías digitales entre las empresas con sede en los países de la Unión Europea (UE) y en el Reino Unido (RU), en un momento del tiempo previo a la irrupción de la pandemia de la COVID-19. En el planteamiento y ejecución de la investigación, la decisión de las empresas de digitalizarse o no se asimila a una inversión en la que se decide si se adopta o no una nueva tecnología y/o sobre el uso de tecnologías ya disponibles. La empresa invierte/se digitaliza si el valor actual neto descontado de los flujos de caja atribuidos al proyecto es positivo, y no lo hace cuando es negativo. La heterogeneidad observada en la digitalización de unas empresas y otras en un momento en el tiempo se explica porque el valor económico de la inversión/digitalización es positivo para las que invierten y negativo para las que no. La investigación consiste en encontrar variables observables que describen la situación de cada empresa, que sirven de proxy de los beneficios y costes de digitalizarse, y que, en definitiva, explican la heterogeneidad en la digitalización de las empresas en la muestra.

Los indicadores de digitalización de las empresas se seleccionan atendiendo a los medios o tecnologías disponibles (ordenadores, robots, plataformas…), y atendiendo al uso de los medios en actividades productivas y/o en funciones organizativas de coordinación y control, siempre dentro de las restricciones que impone la información disponible en la base de datos. Por otra parte, las variables proxy de los beneficios y costes de la digitalización para cada empresa en un momento determinado, año 2019, se agrupan en tres categorías: las que explican diferencias en beneficios y costes atribuibles al país donde está localizada la empresa (comunes para todas las empresas localizadas en el mismo país); las que explican las diferencias que tienen que ver con el sector de actividad al que pertenece la empresa y/o a características del mercado donde vende sus productos o servicios (comunes para todas las empresas en el mismo sector-mercado); y características de las propias empresas que influyen en la relación coste beneficio en la decisión de invertir/digitalizar. Dentro de cada categoría, las variables concretas se seleccionan condicionados por la información que facilita la ECS2019. Cada indicador de digitalización se analiza por separado, excepto en un caso en el que los indicadores se agregan para clasificar a las empresas en dos clases, las de alta digitalización (puntúan alto en todos o la mayoría de los indicadores), y el resto. El análisis consiste en modelizar cada indicador de digitalización en función de las variables de país, sector y empresa, estimar el modelo con los datos disponibles, e interpretar los resultados.

El contenido del estudio está relacionado con Eurofound (2021), en cuanto a que los dos utilizan la misma base de datos para estudiar la digitalización de las empresas europeas. Las metodologías y los análisis son, sin embargo, diferentes. El trabajo de Eurofound estudia la digitalización con un enfoque más amplio, pero con una presentación de los resultados en forma descriptiva y con explicaciones de las diferencias de digitalización individualizadas para cada una variable explicativa seleccionada. Este trabajo tiene también una orientación empírica y analiza los determinantes de la digitalización con modelos estadísticos donde los efectos de las variables de país, sector-mercado y empresa sobre la propensión a digitalizar por parte de una empresa, se estiman controlando por el resto de factores explicativos. El trabajo está relacionado también con el de Rivera-Torres y Salas-Fumás (2022). La diferencia está en que el principal resultado del trabajo anterior fue la elaboración un “mapa” de digitalización de las empresas en la UE utilizando la metodología estadística de las clases latentes. En el presente trabajo, en cambio, se modelizan y explican empíricamente cada uno de los indicadores de digitalización por separado (entre ellos el pertenecer o no a la clase de alta digitalización, de acuerdo con la clasificación de las empresas de la muestra que se realiza en el trabajo anterior).

Los datos a nivel de empresa/establecimiento/centro de trabajo para cerca de 22.000 unidades operativas en los 27+1 países que proporciona la ECS2019, contrastan con los datos sobre digitalización de las empresas europeas agregados por países y por sectores de actividad que publica Eurostat dentro del apartado Digital Economy and Society. Los datos de Eurostat tienen la ventaja de que están elaborados expresamente para proporcionar una imagen fiel de la digitalización de las empresas en la UE, y, por tanto, son más completos que los que se utilizan en este estudio, sobre todo en lo que se refiere al número de tecnologías digitales de las que se dispone información. La ECS2019 no está específicamente diseñada para estudiar la digitalización empresarial; por esta razón las preguntas y respuestas sobre la variable de interés –digitalización–, no tienen toda la riqueza informativa que hubiera proporcionado una encesta específica sobre tecnología digital; y menos aún de la que tendría si la ECS2019 se hubiera realizado dos años más tarde de manera que se hubiera reflejado en ella el impacto de la COVID-19 en la digitalización empresarial europea. Sin embargo, tiene la ventaja sobre la base de datos de Eurostat de que permite incorporar características de las propias empresas, además de las variables de país y sector de actividad, entre los factores explicativos de las diferencias en digitalización. Los análisis y resultados del presente estudio deben considerarse, por tanto, complementarios de los trabajos sobre determinantes de la adopción de las tecnologías digitales en Europa con datos agregados de sector y país, por ejemplo, el trabajo de Andrew, Nicoletti y Timiliotis, 2018.

El programa Next Generation EU, NGEU, de la Unión Europea –la respuesta comunitaria para paliar los impactos negativos de la COVID-19– incorpora la digitalización de la economía –junto a la sostenibilidad medioambiental y a la inclusión social– como objetivos estratégicos de la UE para los próximos diez años. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el gobierno español para cumplir con su parte del programa NGEU, destina 16.000 millones de euros, de un total de 140.000 millones –incluyendo ayudas no retornables y deuda– a la digitalización y mejora de la conectividad de la sociedad española. Casi un tercio de las ayudas a la digitalización se destinan a los sectores productivos privados (empresas), dentro de las cuales se incluye el programa Kit Digital, con una dotación económica de 3.000 millones de euros de ayudas a pequeñas y medianas empresas, y autónomos. Los resultados de este estudio sobre la digitalización de las empresas españolas en el contexto general de la digitalización de las empresas europeas, deberían ser de utilidad para el diseño de políticas públicas de apoyo a las empresas españolas, al mejorar el conocimiento sobre las variables que están condicionando la rentabilidad privada de las decisiones de digitalización y, por tanto, la propia decisión de digitalizarse o no.

El resto de la exposición se organiza como sigue. El primer apartado presenta el marco conceptual bajo el que se analiza la digitalización empresarial en el trabajo. El apartado segundo está dedicado a la descripción del diseño del estudio empírico. El apartado tercero presenta los resultados del análisis sobre digitalización y sus determinantes. Las conclusiones resumen los principales resultados y algunas implicaciones.

2. MEDIOS Y USOS EN LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL

Digitalización es un término de uso común para hacer referencia, de forma sintética, a la tendencia global hacia una sociedad que avanza en el desarrollo y en el uso intensivo y extensivo de tecnologías que facilitan la comunicación, el almacenamiento, la relación e interpretación de información codificada. La digitalización empresarial se refiere a la penetración intensiva y extensiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en las actividades de producción, intercambio y organización que se desarrollan dentro y entre entidades con personalidad jurídica propia que llamamos empresas. El cuadro 1 muestra la ordenación y sistematización de la digitalización empresarial que sirve de guía para los análisis empíricos posteriores, elaborada en un trabajo anterior a partir de la información contenida en la encuesta ECS2019 referida a variables que podían servir para identificar medios digitales que las empresas adoptan, y para identificar usos de dichos medios para la toma de decisiones individuales y/o para la coordinación y el control de los trabajadores y de las tareas que realizan. El cuadro no pretende ofrecer una visión general y aplicable en cualquier contexto sobre la digitalización empresarial; se trata de un marco conceptual adaptado a la información (limitada) sobre digitalización disponible en la ECS2019.

En la ordenación y sistematización de los elementos incluidos en las distintas casillas del cuadro 1, se distingue entre, medios –recursos y tecnologías– para procesar la información digitalizada, y usos a los que puede ir destinada la información procesada con los distintos medios. En lo que se refiere a los medios se diferencia entre: digitalización de personas –cuando estas realizan su trabajo habitual en la organización con el apoyo de ordenadores–, digitalización de máquinas –cuando se les incorpora un robot más o menos inteligente– y digitalización mixta –como ocurre en las plataformas, que integran personas y máquinas en redes inteligentes–. En lo que respecta a los usos, y teniendo en cuenta que la dirección y la organización empresarial afectan a las personas u su trabajo dentro de las empresas, el cuadro 1 identifica tres posibles usos de la información procesada por cada uno de los medios: decisión, coordinación y motivación-control.

Tomar decisiones implica elegir entre distintas alternativas. Para valorar los beneficios y costes de cada una de ellas se necesita información procedente de dentro y/o de fuera de la organización. Cuando se decide de forma centralizada, primero, hay que comunicar la información relevante que se encuentra dispersa en distintos puntos de la organización al centro de decisión; con la información comunicada y la propia, el centro decisor elige entre las alternativas posibles, elección que se comunica al conjunto de personas dentro de la organización para que procedan a la ejecución correspondiente. Cuando se decide de forma descentralizada, hay que determinar qué información se comparte horizontal y verticalmente dentro de la organización entre los actores con poder de decisión, tanto antes de la decisión como después de la misma. En los dos escenarios, centralización y descentralización, la digitalización facilita la operativa de comunicación-decisión-comunicación, con el resultado final de decisiones más y mejor informadas y ejecutadas.

La coordinación entre personas y puestos de trabajo es necesaria cuando las decisiones individuales de todos y cada uno de los participan en una acción colectiva son mutuamente interdependientes. Esto significa que la decisión-acción de una persona o centro de trabajo contribuye más o menos a los resultados colectivos dependiendo de las decisiones-acciones de los demás. A través de variables de diseño organizativo (definición de puestos de trabajo, asignación de personas a los puestos y tareas, autonomía en las decisiones que afectan a las tareas que se realizan en el puesto) la dirección de la empresa influye en la coordinación, bien alterando las interdependencias entre personas y puestos de trabajo en la organización, es decir aumentando o disminuyendo las necesidades de coordinación. O bien, para unas interdependencias dadas, los sistemas de información mejoran la coordinación, compartiendo información en el proceso de toma de decisión (cuando una persona decide tiene mejor conocimiento de lo que van a decir otras cuyas decisiones son interdependientes con las propias), y también en la fase en la que las decisiones individuales pasan a la fase de ejecución. Los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones han alterado la organización del trabajo (por ejemplo, a través de la reingeniería de procesos), y han aumentado la capacidad y efectividad del intercambio de información para mejorar la coordinación (plataformas e intranets).

La motivación-control son funciones organizativas relevantes para el desempeño organizacional, particularmente en acciones colectivas donde existen conflictos entre los actores participantes, y estos conflictos no pueden resolverse contractualmente porque la información disponible es incompleta y/o no es verificable. En ausencia de conflictos de interés, es decir cuando los actores participantes en acciones colectivas comparten el objetivo que representa los intereses del grupo y actúan en consecuencia, el problema organizativo se limita a coordinar lo mejor posible las actuaciones individuales, atendiendo a las restricciones impuestas por las interdependencias. En presencia de conflictos de interés, es decir los actores actúan desde el interés particular que no coincide con el colectivo, el diseño organizativo debe atender también problemas de motivación, principalmente a través del control jerárquico (supervisión) y del diseño de incentivos individuales y/o colectivos (que actúan sobre la motivación extrínseca, por ejemplo compensación de los trabajadores en función de resultados, o sobre la intrínseca, por ejemplo el enriquecimiento de puestos de trabajo para un mejor desarrollo personal y profesional de los trabajadores).

La digitalización facilita que las personas accedan a información que, procesada, mejora la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas. En los procesos en los que intervengan máquinas y/o personas que realizan tareas interrelacionadas, los soportes digitales permiten intercambios de información selectiva en tiempo real con la que se mejora la coordinación sin retrasos importantes por el tiempo empleado en la comunicación-coordinación. En el cuadro 1, la coordinación se amplía para dar cabida a las transacciones B2B y B2C con la ayuda de las plataformas (comercio electrónico), y/o para la comunicación con proveedores y clientes potenciales a través de páginas web. En lo que se refiere al uso de medios digitales para resolver problemas de motivación, resulta ilustrativo para comprender mejor su significado el cambio organizativo que ha experimentado la industria del transporte por carretera en Estados Unidos, a partir del uso de medios digitales en funciones de control de las empresas de transporte sobre el trabajo de los conductores de los vehículos, tal como explican Baker y Hubbard (2004)1.

La “información” es un elemento fundamental para dar soluciones a los problemas de organizar la producción y el intercambio en economías con especialización y división del trabajo. La empresa-organización se explica como una solución alternativa al sistema de precios para dirigir la asignación de recursos en situaciones donde el sistema de precios falla, precisamente por los altos costes en que se incurre para conocer los precios y cerrar contratos completos. Por otra parte, el propio diseño interno de las organizaciones –la definición de puestos de trabajo, la autonomía de las personas que los ocupan, los criterios de movilidad de personas, los sistemas de motivación y control–, evolucionan y cambian en el tiempo en función de la disponibilidad y coste de la información. Digitalización y organización empresarial van de la mano y se complementan mutuamente (en el sentido de Brynjolfsson y Milgrom, 2013), tal como se ha demostrado en varias investigaciones académicas (Brynjolfsson, Hitt y Yang, 2002; Aral, Brynjolfsson y Wu, 2012; Brynjolfsson, Rock y Syverson, 2018; Stucki y Wochner, 2018). La complementariedad recomienda tomar decisiones de inversión en capital tecnológico, simultáneamente con las decisiones de acumulación de capital organizacional (en el sentido de Black y Lynch, 2005) para el mejor aprovechamiento de los retornos potenciales de cada inversión.

3. DISEÑO DEL ESTUDIO

El objetivo de este estudio es explicar las diferencias en digitalización entre empresas que pertenecen a distintos sectores de actividad económica, localizados en distintos países de la UE y en el RU, y que difieren en el valor añadido de las actividades que realizan, en dimensión, en edad, en estrategia competitiva y en su organización interna. Para la formulación y el contraste de las hipótesis del trabajo, las decisiones empresariales sobre digitalización se asimilan a decisiones de inversión basadas en los costes y los beneficios atribuibles a las mismas. El proyecto de inversión se acepta y la inversión se materializa si el valor esperado de los flujos de caja del proyecto, debidamente descontados, es no negativo. En caso contrario el proyecto se rechaza. Un mismo proyecto puede generar distintos valores presentes descontados en unas empresas y en otras. Por otra parte, para una misma empresa un proyecto puede no ser rentable en el momento presente, pero, por cambios en las condiciones internas y/o externas, pasar a ser rentable en el futuro. Así se explica por qué existe heterogeneidad entre las empresas en su grado y forma de digitalización, y porqué la heterogeneidad puede cambiar en el tiempo. Ante la imposibilidad de conocer los detalles de las decisiones de inversión de las empresas, la investigación académica intenta explicar la heterogeneidad en la digitalización empresarial a través de variables observables que aportan información sobre la probabilidad de que para una empresa el valor actual neto de una hipotética inversión en digitalización sea positivo, y la probabilidad de que sea negativo.

Las variables proxy de los factores que influyen en la decisión de inversión a través de condicionar el valor económico de los proyectos de digitalización, en este trabajo, son las siguientes: i) el entorno institucional-económico, en sentido amplio, entendido como el atractivo del país donde la empresa desarrolla su actividad y toma la decisión de invertir (tecnologías disponibles, financiación, ayudas públicas, capital humano, …); ii) los condicionantes tecnológicos por el lado de la oferta que impone el tipo de actividades que realiza la empresa (por ejemplo diferentes oportunidades y posibilidades tecnológicas entre manufactura, construcción, transporte, servicio…), juntamente con las condiciones por el lado de la demanda, por ejemplo crecimiento, intensidad de la competencia, y volatilidad de las ventas; iii) las características de la empresa, su modelo de negocio y gestión, resumidos en su estrategia competitiva y dotación de capital organizacional.

Las variables a explicar, variables de digitalización, y las variables explicativas, entorno-institucional-económico, sector-mercado y características de la empresa, que concretamente se utilizan en el estudio, están condicionadas por la información disponible que proporciona la ECS2019. La muestra incluye cerca de 22.000 empresas-establecimientos con diez o más trabajadores con sede en los diferentes países de la UE y en el RU (el momento en que se recoge la información, año 2019, es anterior al Brexit). Las características de la información disponible, referida a un momento del tiempo, impiden interpretar los resultados del análisis como relaciones de causa-efecto. El análisis se limita a establecer comparaciones entre valores medios de las variables de digitalización en submuestras de empresas que comparten determinadas características (ser del mismo entorno institucional-económico, o pertenecer al mismo sector de actividad, o tener un nivel de capital organizacional similar), controlando por el resto de factores explicativos.

3.1. Variables seleccionadas

La lista completa de variables utilizadas en el estudio, cada una con una breve descripción y forma de medirla, se muestra en el cuadro 2, agrupadas por categoría: indicadores de digitalización (variables dependientes), variables de entorno institucional-económico, variables de sector-mercado y variables de empresa (independientes).

El bloque de digitalización incluye cinco indicadores, cuatro de ellos tomadas directamente de la ECS2019 y el quinto elaborado por los autores. Concretamente: proporción de trabajadores que utilizan regularmente ordenadores en la realización de su trabajo (ordenadores); si la empresa tiene instalados o no robots (robots); si la empresa utiliza o no analítica de datos para el control de personas (control); si la empresa utiliza intranet para la comunicación interna entre trabajadores y/o entre estos y los superiores jerárquicos (coordinación); si la empresa pertenece o no a la clase latente de alta digitalización (alta-digitalización), de acuerdo con la tipología de clases latentes en Rivera-Torres y Salas-Fumás (2022).

La variable ordenadores y la variable robots forman parte de los medios y las tecnologías de digitalización, según el cuadro 1. La analítica de datos es una tecnología digital y la intranet de la empresa es una variante de plataforma. Sin embargo, en este trabajo, la variable control subraya el uso de la tecnología en la función de motivar-controlar a los trabajadores en la realización de las tareas que tienen asignadas, de acuerdo con la relación de empleo acordada con el empleador. De igual modo, la variable coordinación destaca el uso de la intranet para facilitar el intercambio de información que facilita la coordinación entre personas y puestos de trabajo, sobre la propia herramienta. Finalmente, la variable alta-digitalización separa las empresas de la muestra en dos grupos, el de las empresas más avanzadas en digitalización porque puntúan alto en todos los indicadores, y el resto de empresas.

El entorno institucional-económico se operacionaliza mediante tres escenarios. Primero, la variable país que incluye los 27+1 países (UE+RU), países donde están localizadas las empresas de la muestra, dando lugar a otras tantas variables dicotómicas que toman valor uno para todas empresas localizadas en un mismo país y cero en el resto de casos. De esta forma el modelo capta los factores propios del país, comunes para todas las empresas localizadas en el mismo, que pueden influir en las decisiones de digitalización empresarial. Segundo, los países se agrupan en bloques de acuerdo con la siguiente clasificación: Centro Europa, Sur de Europa, Este de Europa, Escandinavia y Anglosajones (cuadro 2), de manera que las 28 variables dicotómicas se reducen ahora a 5; la clasificación trata de averiguar la influencia en la digitalización empresarial de factores relacionados con la proximidad geográfica que al mismo tiempo coincide con heterogeneidad institucional y económica entre los bloques, además de simplificar algunos de los análisis comparativos entre países. Cuando interesan las comparaciones de España con el resto, España se segrega del sur de Europa y se considera un bloque con un único país. Finalmente, cada uno de los países representados en la muestra se sustituye por la variable productividad laboral, medida por la ratio entre el PIB del país en dólares con poder de paridad de compra, y el número de horas trabajadas. La hipótesis es que la eficiencia productiva del país condensa la información relevante sobre factores económicos y no económicos del mismo que influyen en la digitalización de las empresas.

Las variables de sector de actividad que resumen las condiciones de oferta, tecnología de producción principalmente, que influyen en la decisión de digitalización de las empresas se definen a partir de la clasificación sectorial CNAE, tal como aparece en la lista de sectores del cuadro 2. Se asegura que todos los sectores incluyen al menos 500 empresas (observaciones). Dentro de la variable de mercado, que resume las influencias por el lado de la demanda en la decisión de digitalización, se incluyen las variables competencia (percepción de la empresa que responde al cuestionario sobre la intensidad de la competencia en su mercado) y demanda (percepción de la empresa sobre la volatilidad de la demanda.

Las características de las empresas que potencialmente influyen en sus decisiones de digitalización se resumen en variables de carácter general (tamaño, edad, forma jurídica –sede de empresa, sede de subsidiaria o establecimientovalor añadido de las actividades que realiza la empresa –si se diseñan y desarrollan nuevos productos o es únicamente un centro productivo, exportación (dispersión geográfica del mercado) y crecimiento (si la empresa aumenta plantilla o no en los últimos años); en variables que responden a diferentes formas de competir (ventaja competitiva en costes y ventaja en innovación); y en variables que captan la heterogeneidad en la organización interna o capital organizacional (delegación de capacidad de decisión, formación específica de los trabajadores).

3.2. Modelo empírico

El modelo empírico más general se formula como:

La variable dependiente cambia atendiendo a cada una de las cinco variables de digitalización que se pretende explicar. Las variables explicativas son las mismas para todas las variables de digitalización, con la excepción de la variable entorno institucional-económico que variará entre las tres formulaciones indicadas anteriormente (cuadro 2). La variable ordenadores es cuantitativa y en ese caso la ecuación del modelo es una función lineal que se estima por mínimos cuadrados ordinarios. Las variables, robots, control, coordinación y alta-digitalización son todas variables dicotómicas (0/1) y la formulación y estimación del modelo empírico es tipo probit.

La ecuación [1] incluye entre las variables explicativas el producto de la variable entorno institucional-económico por las variables respectivas de sector-mercado y empresa. Con esta especificación del modelo se permite que, además de diferencias en la digitalización empresarial media entre unos entornos y otros, capturadas en las constantes, los entornos influyan también en los efectos marginales de las variables de sector de actividad-mercado y de las variables de empresa (diferentes betas para cada entorno institucional-económico para las variables de sector-mercado y empresa).

4.  RESULTADOS
4.1.  Descripción de variables

El cuadro 3 muestra los valores medios, en porcentajes, de las variables del cuadro 2, para la muestra total de empresas, para las empresas agrupadas en bloques de países atendiendo a su afinidad geográfica-institucional, y para las empresas ubicadas en España, estas últimas en un grupo aparte, separadas del resto de empresas del bloque Europa del Sur.

En el conjunto de la UE+RU, el 48,9 % de los trabajadores utiliza ordenadores para realizar su trabajo; el 10,8 % de las empresas han incorporado algún robot; el 31,4 % de las empresas responden que utilizan la analítica de datos para el control de los empleados; el 23,1 % de las empresas manifiestan utiliza la intranet para la coordinación entre trabajadores; y, finalmente, el 14,8 % del total de empresas pertenece a la clase de alta digitalización.

Según el cuadro 3, los países con mayores niveles de digitalización de sus empresas, en general, son los países del Norte de Europa (Escandinavia), mientras que los menores niveles de digitalización se concentran en las empresas de los países del Este y de los países del Sur, con la excepción de España. Las comparaciones difieren según la variable de digitalización que se considere. Por ejemplo, la proporción media de trabajadores que utilizan ordenador para realizan su trabajo es inferior en España que en los países del Centro y Norte de Europa y que en los países Anglosajones, pero España sobresale en la proporción de empresas que usan robots, y en la proporción de empresas que utilizan la analítica de datos para el control de las personas (en este último caso por delante de las empresas del resto de países del Sur y de las empresas de los países del Este, las segundas y terceras, respectivamente, en utilizar la analítica de datos en funciones de control). España es un país con un nivel de digitalización relativamente alto según el indicador sintético, con un 21,3 % de empresas en la clase alta, aunque inferior al observado en Escandinavia (24 %).

La distribución de empresas por sectores de CNAE es desigual, porque también lo es el peso de cada sector en el conjunto de la economía; dentro de un sector, las proporciones muestran diferencias importantes entre países. Al máximo nivel de agregación sectorial, el 25 % de las empresas de la muestra pertenecen a la Industria (manufactura y minería), el 10,4 % a Construcción y el resto, 64,6 %, al grupo más heterogéneo de Servicios. Dentro de Servicios destaca la representación del sector Comercio, con el 20 % de empresas de la muestra. Por países, la proporción de empresas españolas en la muestra pertenecientes al sector comercio, 5,1 %, aparece particularmente baja, mientras que la proporción de empresas que pertenecen al sector de Otros servicios está sobrerrepresentada en la muestra de empresas españolas (16,4 %). Comparado con la media de la muestra total, entre las empresas españolas están sobre representadas, además de Otros servicios, las de los sectores de Industria, Transporte, Información y comunicación, Actividades profesionales, científicas y técnicas y Otros servicios, e infra representadas, además del Comercio, las de los sectores de Construcción y Hostelería.

Algo más de un tercio de las empresas en la muestra, 35 %, responde que su mercado relevante es muy competitivo, mientras que el 31,5 % responde que la demanda de sus productos o servicios es poco o nada predecible. Las empresas españolas están ligeramente por debajo del promedio en cuanto a la competencia que perciben en sus mercados (28,8 %) y por encima respecto a volatilidad de la demanda (34,5 %).

Por tamaños, el 62,4 % son empresas pequeñas (con 10 trabajadores como mínimo), 28,6 % medianas y 9 % grandes. Por edad, más del 61 % de las empresas tiene 20 o más años de antigüedad y solo un 15 % 10 años o menos. Los porcentajes son relativamente homogéneos entre los bloques de países comparados, aunque destacan las empresas del centro y norte de Europa en la categoría de empresas de 20 o más años de antigüedad (70,9 %). La proporción más alta de empresas de la muestra, el 72,8 %, corresponde a aquellas con sede social en el establecimiento donde realizan su actividad. El 17 % de las empresas que responden lo hacen desde el establecimiento principal, y el resto, 10,2 %, son sede de empresas subsidiarias. En menos de la mitad, 44 %, de los establecimientos desde los que se responde a la ECS2019 además de producir, se realizan actividad de desarrollo de nuevos productos o servicios (más valor añadido); en el resto no se realizan desarrollos de ese tipo. En la muestra de empresas españolas están infra representadas las sedes de subsidiarias (3,7 %), mientras que entre las empresas escandinavas y anglo-sajonas este colectivo está sobre representado (24,8 % y 23,3 %). La proporción de empresas españolas donde se realizan actividades de más valor añadido es más alta que la proporción entre las empresas de los bloques de países con los que se compara (57,3 %).

Algo menos de la mitad de las empresas de la muestra son exportadoras (46,7 %) y el 40,3 % responde que ha aumentado la plantilla de trabajadores en los últimos años. La proporción de empresas españolas, al igual que la de las empresas de otros países del Sur, que exportan y que han aumentado plantillas es mayor que en el promedio de la muestra, y supera también a la proporción de empresas que exportan y crean empleo en el Centro y Norte de Europa.

El 35 % de las empresas responde que otorga bastante o mucha importancia al precio-coste como ventaja competitiva. Una proporción similar manifiesta una prioridad alta o muy alta en conseguir innovaciones radicales (34,5 %). Finalmente, aproximadamente menos de la mitad, 44,6 %, responde haber introducido al menos una innovación (en producto o proceso) en los últimos años. El patrón de respuestas de las empresas españolas a las preguntas sobre estrategia competitiva se acerca al promedio de la muestra (32,1 % y 35,7 %). Por otra parte, la proporción de empresas españolas que introduce alguna innovación es la más alta entre los países que se compara, excepto cuando la comparación se limita a las empresas del resto de países del Sur que innovan, en cuyo caso la proporción es similar (55,7 % y 56,2 %).

El 70 % de los encuestados responde que la dirección de la empresa otorga autonomía a los trabajadores para realizar su trabajo, y el 30 % que el trabajo se realiza con poca autonomía por parte de los trabajadores. En más de un tercio, 34,6 %, de las empresas de la muestra la proporción de trabajadores que realiza formación en su puesto de trabajo está por encima del 60 %. La proporción de empresas españolas que “delega” es similar a la del resto de países del Sur (68,9 % y 68,8 %) y es mayor que la proporción entre las empresas del este (57,4 %). Destaca la distancia con la proporción de empresas que delegan de los países escandinavos, el 89,5 %, más de 20 puntos porcentuales de la proporción que delega entre las españolas. La proporción de empresas españolas con un 60 % o más de trabajadores recibiendo formación en tiempo de trabajo es inferior a la proporción de empresas en esa situación en los países escandinavos y anglosajones, pero mayor que en el promedio del resto de bloques de países.

Las correlaciones entre las variables de digitalización, ordenadores, robots, control personas y coordinación son relativamente bajas; el valor más alto es 0.11 entre robots y control de personas. Se observa también una correlación negativa, desde -0.15 a –0.12, entre la variable estrategia de bajo coste y las variables de innovación, delegación y formación. La correlación más alta es positiva, 0.38, y afecta a dos variables, realizar actividades de más valor añadido e introducir innovaciones, para las que se espera una elevada correlación a priori.

4.2. Resultados del análisis multivariante

El cuadro 4 muestra los resultados de la estimación del modelo [1] para los cinco indicadores de digitalización, suponiendo que los coeficientes de las variables explicativas de sector-mercado y empresa son los mismos para todos los entornos considerados. Para cada variable dependiente se estiman tres modelos que responden a formas distintas de captar el efecto entorno institucional-económico en el que opera la empresa, sobre la propensión a la digitalización: 1) 28 variables dicotómicas que representan a los países (Modelo 1A); 2) 6 variables dicotómicas, una por cada bloque geográfico, más España (Modelo 1B); 3) la variable productividad laboral media de cada país (Modelo 1C). El cuadro muestra los coeficientes de todas las variables explicativas estimados en el Modelo 1A, excepto los de las variables de país (28) que se muestran en el Anexo 1. Para el resto de modelos estimados solo se presentan estimaciones de los coeficientes de las variables de entorno institucional-económico.

La bondad del ajuste es desigual entre las variables de digitalización. Los valores más altos de R2 y pseudo R2 se obtienen para las estimaciones de los determinantes de la proporción de personas que realizan su trabajo con ordenadores, 35,4 %, probabilidad de que una empresa utilice robots, 23,5 %, y probabilidad de que una empresa pertenezca a la clase de alta digitalización, 22 %. Los más bajos se encuentran en la probabilidad de que una empresa use la analítica de datos para el control de trabajadores, 9.8 %, y en la probabilidad de que una empresa utilice la intranet para la coordinación de los trabajadores, 7,8 %. Las hipótesis nulas de coeficientes iguales a cero de las variables de entorno institucional-económico, sector-mercado o empresa, una a una, se rechazan holgadamente en todas las estimaciones. También se rechaza estadísticamente la hipótesis nula de todos los coeficientes estimados de las variables explicativas iguales a cero. Finalmente, dentro del apartado de “capacidad explicativa” se muestra información sobre la pérdida de información (disminución del R2 y del pseudo R2) al eliminar, uno a uno, cada uno de los tres grupos de variables explicativas.

La contribución de la cada una de las clases de variables explicativas a la capacidad explicativa del modelo, evaluada a través de la pérdida de R2 (o pseudo R2) cuando la clase correspondiente se excluye como explicativa en el modelo general, es desigual. En este sentido, en la variable ordenadores, la mayor pérdida de capacidad explicativa se produce con las variables de sector-mercado, -51,6 %; al excluir las variables de país o de empresa, cada bloque por separado, la disminución de R2 es mucho menor (alrededor del -13 %). En la estimación de robots, los resultados en cuanto a pérdida de información al excluir bloques de variables son, empresa -31,2 %, sector-mercado, -25,9 % y, a mayor distancia, país, -7,6 %. En control, la variable cuya exclusión del modelo significa la mayor pérdida de información es con la variable país, -43 %, y la que significa una menor pérdida, Sector-mercado, -10,2 %. En coordinación, la mayor pérdida de información se produce al excluir las variables de empresa, -42,5 %, y en alta digitalización la variable explicativa cuya exclusión reduce más el pseudo R2 es la de Sector-mercado, -45,1 %. Cada uno de los bloques de variables contribuye de forma desigual a explicar la correspondiente variable dependiente de digitalización empresarial. Esto significa, según el marco conceptual propuesto, que la contribución de las variables de país, sector-mercado y empresa cuando se trata de explicar las diferencias en la rentabilidad de la inversión en digitalización entre las empresas, difiere entre unas variables de digitalización y otras, aunque en todas las variables dependientes la contribución de cada uno de los bloques de variables explicativas es significativamente distinta de cero.

4.2.1. Diferencias en digitalización atribuibles al entorno institucional-económico

Las diferencias en la rentabilidad de la inversión empresarial en digitalización atribuibles a las características del país donde está localizada la empresa, se miden a través de los coeficientes estimados para las variables dicotómicas de país (28) en el Modelo 1A. Los coeficientes, expresados como diferencias con respecto al valor del coeficiente de la variable omitida España (variable omitida en la estimación), se muestran en el Anexo 1, junto con el error estándar y la significación estadística. Para facilitar el análisis y la discusión de los resultados, el gráfico 1 muestra la representación gráfica de los valores estimados cuando estos son estadísticamente significativos, distintos de cero. La longitud de las barras en el gráfico 1 expresa diferencias en términos relativos, calculadas como el cociente estimado de la variable de país correspondiente (diferencia absoluta con España), dividido por el valor medio de la variable de digitalización para el conjunto de la muestra (cuadro 2).

Valores positivos (negativos) indican medias de la variable de digitalización más altas (más bajas) en las empresas del país respectivo, en comparación con la media en las empresas españolas, controlando por el resto de variables explicativas del modelo. En Portugal, Grecia, Finlandia, Lituania y Polonia, la proporción de personas que trabajan regularmente con ordenador (variable ordenadores) es menor que la proporción en España. En el resto de países la proporción es mayor que en España; por ejemplo, entre las empresas alemanas la proporción de trabajadores que usan ordenador en su trabajo es un 32 % mayor que la proporción entre las empresas españolas. Con la variable robots ocurre lo contrario: la proporción de empresas españolas que han instalado robots es mayor que la proporción de empresas que lo han hecho en la mayoría de países; las excepciones son solo Dinamarca y Finlandia, con una proporción de empresas con robots superior a la de España. Por otra parte, la proporción de empresas con robots en Italia es un 31,8 % menor que la proporción de empresas que usan robots en Italia; las diferencias medias entre empresas con robots entre Alemania y España es de -23 % (siempre normalizando por la proporción media de empresas con robots en la muestra). Finalmente, no se rechaza esta- dísticamente que la proporción de empresas con robots en Francia, Bélgica y Suecia es igual a la proporción de empresas con robots en España, controlando por el resto de variables explicativas.

En lo que respecta a las variables de digitalización según los usos que se realizada de los medios digitales, destaca, en primer lugar, el resultado según el cual la proporción de empresas que utilizan la analítica de datos para el control de los trabajadores es significativa y sustancialmente mayor en España que en la gran mayoría de países de la UE. Por ejemplo, controlando por el resto de variables explicativas y normalizando las diferencias absolutas por el valor medio de la variable en la muestra de empresas, la proporción de empresa en España que utilizan la analítica de datos para el control de los trabajadores supera en un 90 % a la proporción de empresas que hacen uso de la tecnología para el control de los trabajadores en Alemania y Suecia. En lo que se refiere al uso de las tecnologías digitales para la coordinación de los trabajadores y de las tareas que realizan, la proporción de empresas que utilizan la tecnología para la función de coordinación en España ocupa un lugar intermedio en el conjunto de los países de la UE y RU, aunque son más los países con mayor proporción de empresas que en España que los países con una proporción menor. Finalmente, la proporción de empresas españolas en la clase de alta digitalización es mayor o igual entre las empresas españolas que entre las empresas de la mayoría de los países de la UE y RU, solo por debajo de la proporción de empresas en la clase de alta digitalización en Dinamarca.

Como complemento a la estimación de las diferencias en la digitación media de las empresas por países, el gráfico 2 muestra las diferencias relativas en la digitalización media de las empresas españolas, con respecto a la digitalización media de empresas en bloques de países que responden a una cierta proximidad geográfica-institucional (Modelo 1B del cuadro 4).

Los valores no normalizados de los coeficientes estimados para las variables de bloque de países (diferencias absolutas con respecto al promedio de las empresas en España) se muestran en el Anexo 1. La agrupación de los países por bloques con el criterio de proximidad geográfica y afinidad institucional capta relativamente bien la heterogeneidad de los efectos país en las decisiones de digitalización de las empresas recogidos en el gráfico 1, aunque la pérdida de información al estimar agrupando los 28 países por bloques geográficos es mayor en las variables de digitalización según el uso de la tecnología, coordinación y control, es mayor que en las variables de medios digitales. La digitalización según la variable ordenadores Proporción de personas que usan ordenadores en su puesto de trabajo) es mayor en las empresas del Centro de Europa, Escandinavia y Anglosajones, y menor en las empresas del este y del sur, incluida España. La penetración de los robots es más alta entre las empresas escandinavas, seguidas de las españolas y las de los países del centro de Europa, y más baja en el resto. España y el resto de países del Sur, junto con los países del Este, muestran los mayores niveles de penetración en sus empresas del uso de la analítica de datos para el control de personas, con una notable diferencia con las empresas del resto de bloques. En la variable coordinación destacan los países escandinavos, por encima de España y de todos los demás bloques de países. Finalmente, las empresas con más representación en la clase de alta digitalización son las de los países escandinavos y las españolas.

El tercer análisis sobre los determinantes de país donde la empresa está localizada en la propensión a la digitalización entre las empresas de la UE y RU, resume el efecto país en la variable continua productividad laboral, medida por el cociente entre el PIB en paridad de poder de compra de cada país y el número de horas trabajadas. La variable productividad laboral sustituye a las variables dicotómicas de país en el modelo explicativo. El coeficiente estimado de la variable productividad, controlando por el resto de variables explicativas de sector-mercado y empresa aparecen en el Modelo 1C en la parte inferior del cuadro 4. El coeficiente estimado de la variable productividad es estadísticamente significativo en los modelos explicativos de las variables ordenadores (con signo positivo), robots (con signo positivo) y control de personas (con signo negativo); y es estadísticamente no significativo en las estimaciones correspondientes a las otras dos variables de digitalización, coordinación y alta digitalización. En ordenadores y en robots la disminución en la capacidad explicativa del modelo, disminución en el R2 y en el pseudo R2, al sustituir las variables de país por la productividad laboral media como variable explicativa es relativamente pequeña, 10 % y 6 % respectivamente. Cuando la variable de digitalización es el control sobre las personas, en cambio, la pérdida de poder explicativo del modelo es mayor, con un descenso en el pseudo R2 que supera al 30 %.

En las variables de digitalización de ordenadores y robots, la productividad laboral media de los países tiene un efecto positivo sobre la propensión de las empresas a digitalizarse. En el marco teórico propuesto esto significa que la rentabilidad de la inversión en medios digitales aumenta con la productividad laboral media de los países, y con todo lo que ello significa (más capital humano, más intensidad de capital y tecnología, mayor eficiencia institucional en general…). Además, la productividad laboral mantiene casi intacta la capacidad explicativa de las variables dicotómicas de país, lo que significa que en ella se condensa buena parte de la información sobre los factores relevantes del país que pueden influir en las decisiones de digitalización de las empresas localizadas en los mismos. En lo referente a la tercera variable, control sobre los trabajadores, para la cual el coeficiente de la variable productividad laboral es estadísticamente significativo, pero de signo negativo, la conclusión es que en los países más productivos las empresas recurren en menor medida a la analítica de datos para controlar a los trabajadores que las empresas en los países menos productivos. Por otra parte, la productividad laboral es ahora menos informativa que en las otras variables de medios digitales sobre las características de los países que pueden explicar las diferencias en el uso de la analítica de datos en el control sobre las personas entre las empresas según el país donde están localizadas (atendiendo a la notable pérdida de poder explicativo del modelo al sustituir la variable país (28) por la variable productividad laboral, según el Modelo 1C del cuadro 4).

Señalar, por último, la relevancia económica de la variable productividad laboral para explicar diferencias en la digitalización empresarial dentro de la UE, en función de las diferencias en rentabilidad de la inversión que pueden atribuirse a características de los países donde las empresas están localizadas. Una diferencia de productividad entre dos países igual a una desviación estándar de la variable en la muestra -aproximadamente la diferencia entre la productividad laboral de Suecia (71 euros de PIB por hora trabajada) y España (52.4 euros)-, significa una diferencia de 4.5 puntos porcentuales en el promedio de la proporción de personas que usan ordenador para realizar el trabajo en la empresa, a favor del país más productivo (9,5 % sobre el promedio de la variable proporción de personas con ordenador en toda la muestra). En el caso de los robots, la misma diferencia en productividad laboral (una desviación estándar) implica 1.8 puntos porcentuales de diferencia en la proporción de empresas que usan robots entre los dos países (17 % sobre la media de la proporción de empresas que usan robots en toda la muestra).

4.2.2. Diferencias en digitalización atribuibles al sector-mercado

En este apartado se analizan, primero, los efectos de Sector de actividad en la propensión de las empresas a adoptar medios digitales y a utilizarlos en funciones organizativas de control y coordinación. Para ello se siguen unas pautas similares a las que se han utilizado para el análisis de los efectos de país, es decir, comparar las diferencias relativas (absolutas normalizadas por el valor medio de la variable de digitalización en el conjunto de la muestra) entre empresas de cada uno de los sectores de CNAE con el valor medio de un sector tomado como punto de comparación, en este caso el sector de Industria. Los valores absolutos de los coeficientes estimados para cada uno de los sectores CNAE se muestran en el cuadro 4. Los valores de estos coeficientes normalizados por el valor medio de la variable de digitalización respectiva en el conjunto de la muestra se representan en el gráfico 3.

De la observación del gráfico 3 se desprende claramente que la digitalización de las máquinas, el uso de los robots, está notablemente más extendida entre las empresas industriales que entre las empresas del resto de sectores de actividad, Construcción y Servicios. Con los ordenadores sucede lo contrario, la penetración de ordenadores, medida por la proporción media de personas que usan ordenadores para realizar su trabajo, es mayor en los sectores de Servicios que en la Industria y en la Construcción, aunque dentro de los sectores de servicios existen notables diferencias. En este sentido, la variable ordenadores toma valores manifiestamente más altos en los sectores de Informática y comunicación, Actividades financieras e inmobiliarias y Actividades profesionales, científicas y técnicas, que en el sector industrial; en cambio, entre las empresas en los sectores de Hostelería y Transporte la proporción de trabajadores que usan ordenadores en su trabajo es similar a la proporción de trabajadores entre las empresas del sector Industrial.

Las menores diferencias relativas entre sectores se producen en la variable control; el sector con mayor proporción de empresas que usan la analítica de datos para controlar a los trabajadores es el del Transporte, un 23 % más que en la Industria, seguido del Comercio, un 16 % por encima; el sector con la proporción más baja es el de Artes y entretenimiento, -33 %. El uso de medios digitales en la coordinación está más extendido entre las empresas de los sectores de servicios que entre las empresas industriales, destacando el sector de Información y comunicaciones, Hostelería y Artes y entretenimiento. Finalmente, los sectores con una proporción más alta de empresas en la clase alta digitalización son Informática y comunicaciones, Actividades financieras e inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas y Actividades administrativas.

Los coeficientes estimados de las variables de competencia y demanda solo son estadísticamente significativos al 5 % para las variables de control, coordinación y alta digitalización; para ordenadores y robots no son significativos Esto significa que características sobre los mercados donde venden sus bienes o servicios, percibidas por las propias empresas, como la intensidad de la competencia y la variabilidad de la demanda no influyen en la rentabilidad de la inversión en medios digitales pero si influyen en la de los usos. El uso de medios digitales en el control de personas y en la coordinación del trabajo están más extendidos entre las empresas con mercados donde la competencia es intensa que entre las que perciben que en sus mercados hay poca competencia; la intensidad competitiva en el mercado presiona sobre las empresas para reforzar sus funciones organizativas de control y coordinación. Por otra parte, los usos de medios digitales en coordinación y control están más extendidas entre las empresas que perciben una demanda predecible para sus productos que entre las que perciben una demanda poco predecible. Aparentemente, poca predictibilidad de la demanda no justifica más inversión en funciones organizativas de coordinación y control; cuando la demanda es poco predecible es más efectivo disponer de capacidad de reacción y adaptación que capacidad de organización.

En la clase de alta digitalización están relativamente más representadas las empresas que perciben mucha competencia en sus mercados de producto o servicio que el resto (26,7 % de diferencia relativa con el mismo criterio de normalización que en los análisis anteriores), y menos representadas las empresas que perciben que su demanda es poco o nada predecible que el resto (-6,7 %).

4.2.3. Diferencias en digitalización atribuibles a las características de la empresa

Controlando por variables de país y sector-mercado, las variables que captan características diferenciales de las empresas dentro de un país o sector de actividad, aportan información adicional sobre la propensión de las mismas a la adopción y uso de tecnologías digitales, cuadro 4. Los coeficientes estimados de las variables explicativas de empresa del cuadro 4 para cada una de las variables dependientes de digitalización, normalizados por el valor medio de la variable de digitalización respectiva en el conjunto de la muestra, se resumen en la representación gráfica del gráfico 4 para facilitar el análisis y la discusión. En este sentido, la lista de variables empresariales que pueden afectar a la rentabilidad y a la decisión de digitalizar, se distingue entre variables que pueden considerarse más estructurales, como el tamaño, la forma jurídica-propiedad de la empresa-establecimiento, la edad, y variables más directamente relacionadas con el modelo de negocio, como la estrategia y la organización.

Atendiendo a la significatividad estadística de los coeficientes estimados para la variable, el tamaño de la empresa es un factor relevante para explicar diferencias de digitalización entre empresas, controlando por todas las demás variables explicativas. La proporción media de trabajadores que utilizan ordenadores para realizar su trabajo disminuye con el tamaño empresarial (18 % menor en empresas grandes que en pequeñas). Para el resto de variables, la digitalización aumenta con el tamaño de la empresa, siendo particularmente destacable la diferencia entre grandes y pequeñas empresas en la probabilidad de usar robots (142 % mayor en las grandes que en las pequeñas). La probabilidad de uso de medios digitales en el control y en la coordinación aumentan con el tamaño de la empresa, pero de forma más marcada en el uso para coordinación que en el uso para el control. Las empresas de 10 o menos años están menos o igual de digitalizadas que las de más edad en lo que se refiere a los medios (ordenadores y robots), pero más digitalizadas en lo que se refiere a los usos.

Ser sede (con personalidad jurídica propia) aumenta la propensión a la digitalización, comparado con ser únicamente centro de trabajo (sin personalidad jurídica). La forma de empresa con mayor nivel de digitalización, en todas las dimensiones excepto en la variable ordenadores, es la Sede de una Subsidiaria. Las empresas que responden al cuestionario que realizan actividades de más valor añadido (como diseñar nuevos productos) están más digitalizadas que las empresas que no realizan estas actividades. Pertenecer al grupo de empresas que exportan aumenta la probabilidad de estar más digitalizada frente a no pertenecer a ese grupo, excepto en coordinación donde no existen diferencias significativas entre las empresas que exportan y las que no. La diferencia más importante en digitalización entre exportadoras y no exportadoras se produce en la variable robots. Finalmente, aumentar la plantilla de trabajadores, frente no hacerlo, se asocia con niveles más altos de digitalización en todas las variables, excepto en la variable ordenadores para la que no se detectan diferencias significativas.

La estrategia empresarial se resume en dos variables, la importancia que las empresas atribuyen de los costes-precios como ventaja competitiva, y la implicación en actividades innovadoras en dos aspectos, realizar innovaciones radicales, o, simplemente, introducir alguna innovación o no hacerlo; gráfico 4. Por otra parte, las variables proxy de la dotación de capital organizacional incluyen a la delegación de poder de decisión, y a la formación específica de los trabajadores. Las empresas que priorizan los bajos costes como ventaja competitiva están menos o igual digitalizadas (en ordenadores y en pertenencia a clase alta) que las empresas que priorizan otra ventaja competitiva (previsiblemente calidad o diferenciación). Introducir alguna innovación o no hacerlo explica diferencias en la propensión de la empresa a estar digitalizada, con una mayor propensión a la digitalización entre las que innovan que en el resto; esto es así en todas las variables, pero especialmente en uso de robots y pertenencia a la clase alta digitalización.

Comparadas con las empresas que no delegan/no conceden autonomía a los trabajadores para realizar su trabajo, las que sí delegan tiene más personas utilizando ordenadores en su trabajo (16 %), son más propensas a utilizar la intranet para la coordinación (14 %) y están más representadas en la alta digitalización (33 %); gráfico 4. Sin embargo, no existen diferencias significativas entre las que delegan y las que no lo hacen en uso de robots, ni tampoco en uso de la analítica de datos para el control de personas. El haber optado por un modelo organizativo de delegación o por otro centralizado, no parece influir en la decisión de aprovechar medios digitales para controlar a las personas. Probablemente, optar por la delegación obedece a razones superiores (por ejemplo, confianza generalizada dentro de la organización) y no tanto de las facilidades que ofrece la tecnología para el control sobre los trabajadores. Finalmente, los resultados del gráfico 4 confirman que las empresas que proporcionan formación en horario de trabajo una proporción alta de sus trabajadores están más digitalizadas que las forman a menos trabajadores. Más trabajadores con formación específica se asocia positivamente con más digitalización en todas las variables, medios y usos, y ello explica por qué las empresas con más trabajadores en formación específica están más representadas, 38,6 %, en la clase de alta digitalización que las empresas con menos trabajadores en formación específica.

4.2.4. Diferencias por entornos institucionales-económicos en los efectos del sector-mercado y de las características de la empresa en la propensión a la digitalización empresarial

En este apartado se resumen los resultados más relevantes de la estimación del modelo [1] completo, es decir cuando la estimación del modelo permite diferencias en las pendientes de las variables de sector-mercado y empresa en diferentes entornos institucionales captados por las variables explicativas de país, bloques geo- gráficos y productividad laboral. Para facilitar los cálculos y su interpretación se muestran los resultados de dos estimaciones. En la primera los entornos institucionales-económicos comparados se limitan a los bloques de países España, Centro de Europa, Escandinavia y Resto de países. A efectos de la estimación del modelo, se definen variables dicotómicas que toman el valor 1 cuando una empresa pertenece a un bloque determinado y 0 cuando no pertenece. Con el producto de la variable de entorno y las variables de sector-mercado y empresa se permiten diferencias entre unos entornos y otros en los efectos marginales de las variables de sector-mercado y empresa sobre la propensión a la digitalización empresarial. En una segunda estimación las variables de bloque de países se sustituyen por la variable productividad laboral, de manera que además de las variables sin multiplicar, las variables explicativas del modelo se amplían para incluir variables explicativas definidas como el producto de la productividad laboral por cada una de las variables de sector-mercado y empresa. Los resultados completos de las estimaciones del modelo (1) completo se presentan en el Anexo 2 para las variables de digitalización ordena- dores, robots y alta digitalización, las tres variables para las cuales el modelo tiene mayor capacidad explicativa. El texto principal se limita al análisis y discusión de los resultados empíricos considerados más relevantes.

4.2.4.1. Ordenadores

De acuerdo con los resultados del Anexo 2, las diferencias sectoriales en la proporción de trabajadores que utilizan ordenadores en su trabajo, variable ordenadores, se mantienen relativamente parecidas a las que se desprenden de los resultados del cuadro 4, obtenidos con la estimación del modelo [1] sin las variables multiplicativas. En lo que se refiere a los resultados nuevos sobre diferencias de diferencias sectoriales en el uso de ordenadores por bloque de países, las diferencias en la proporción de trabajadores digitalizados entre los sectores de Industria y Servicios son menores en los países de Centro Europa, de Escandinavia y parcialmente también en España, que en el Resto de países. Por tanto, existe una dependencia de Entorno institucional en la relación entre intensidad de uso de ordenadores en el trabajo y sector de actividad, industria o servicios, al que pertenece la empresa.

Esa dependencia se aprecia también cuando se constata que el coeficiente estimado negativo es estadísticamente significativo para la variable multiplicativa productividad x sector CNAE, para prácticamente todos los sectores de actividad. Además, en general, el valor absoluto del coeficiente estimado para la variable multiplicativa es mayor en los sectores CNAE donde las diferencias iniciales con la Industria en digitalización de los trabaja- dores son más altas. Todo esto lleva a la conclusión de que, entre las empresas de los países con niveles más altos de productividad, las diferencias intersectoriales en la proporción de trabajadores con ordenador en su trabajo cotidiano son menores que entre las empresas de los países menos productivos. En este contexto, España ocupa un lugar intermedio en el conjunto de países, acorde con su nivel de productividad laboral cercano a la media de los 28 países.

En lo que se refiere a las variables de Mercado, intensidad de la competencia y variabilidad de la demanda (percibidas por las empresas) las comparaciones entre bloques geográficos de países o entre países con diferentes niveles de productividad laboral no muestran diferencias estadísticamente significativas. Es decir, los efectos que puedan tener estas variables de mercado en la decisión de las empresas de digitalizar a los trabajadores dotándoles de ordenadores para realizar su trabajo, no depende del Entorno institucional en los términos en que aquí se ha definido.

Entre las variables de empresa, las diferencias entre entorno en sus efectos sobre la propensión a digitalizar a los trabajadores con el uso de ordenadores en su trabajo son desiguales entre unas variables y otras. Por ejemplo, los resultados del Anexo 2 indican que las diferencias en la proporción de trabajadores que utilizan ordenadores en su trabajo entre empresas que exportan y las que no, aumenta con la productividad de los países. En cambio, las diferencias en uso de ordenadores entre las empresas que Aumentan empleo y el resto de empresas que no lo hacen disminuyen con la productividad media de los países. Dentro del marco conceptual propuesto para estudiar la digitalización empresarial, exportar frente a no exportar aumenta más la rentabilidad de la digitalización a través de la variable ordenadores en los países más productivos que en los más productivos. En cambio, entre las empresas que crecen aumentando el empleo, la inversión de digitalización de los trabajadores parece más rentable en países menos productivos que en países más productivos.

La evidencia del Anexo 2 indica también que la proporción de trabajadores que usan ordenadores entre las empresas con prioridad por la ventaja competitiva en costes disminuye con la productividad laboral de los países. Por tanto, en los países con mayor nivel de productividad del trabajo la ventaja que buscan las empresas con su estrategia competitiva (costes, calidad, diferenciación) importa menos a la hora de decidir la utilización de ordenadores en el trabajo que en los países con menos productividad. Otro resultado que se desprende del Anexo 2 es que las diferencias en proporción de trabajadores que usan ordenadores entre las empresas que delegan y las que no, aumenta con la productividad laboral de los países. La asociación entre delegación de poder de decisión y digitalización -uso de ordenadores en el trabajo- es más intensa entre las empresas de los países más productivos que entre las empresas de los países menos productivos. Las empresas en los países más productivos aprovechan mejor la complementariedad entre delegación y digitalización que las empresas en los países menos productivos, lo que puede contribuir a explicar las diferencias en productividad.

Completamos los resultados del Anexo 2 con algunas representaciones gráficas con las que se visualizan las diferencias de los efectos de las variables de empresa entre entornos institucionales-económicos. Tal como se muestra en el gráfico 5, entre las empresas españolas la proporción de personas con ordenadores es mayor entre las empresas que no crean empleo que entre las que Aumentan empleo; el signo es el opuesto al que se observa en el resto de bloques de países. Además, entre las empresas españolas, la diferencia entre trabajadores con ordenadores en el grupo de delegan y en el resto que no lo hacen, es menor que entre las empresas de los países más productivos del centro de Europa y, sobre todo, Escandinavia. Algo similar ocurre cuando se compara la proporción de trabajadores con ordenadores entre las empresas españolas con formación a más del 60 % de trabajadores en horario laboral, con la proporción en las empresas con más o menos trabajadores en formación en el resto de bloques de países. En conjunto, el gráfico 5 confirma que la asociación positiva entre capital organizacional (delegación y formación específica de los trabajadores) y digitalización-ordenadores es positiva en todos los bloques de países, pero más intensa en los países del centro y norte de Europa que en el resto de países de la UE y RU. Por ejemplo, las diferencias entre proporción de trabajadores que utilizan ordenador entre empresas que delegan y que no delegan en Escandinavia es un 25 % (normalizado por el promedio de ordenadores en la muestra), mientras que en España es solo de un 15 %.

El gráfico 6 completa la información del gráfico 5 pero esta vez sustituyendo la variable de bloque de países por la variable continua de productividad laboral en la construcción de las variables multiplicativas seleccionadas. La diferencia en la proporción de trabajadores con ordenador entre las empresas que delegan capacidad de decisión en sus trabajadores con la proporción de las que no delegan aumenta con la productividad laboral de los países. Este resultado refuerza la conclusión de que las empresas de los países más productivos (centro y norte de Europa) aprovechan mejor la complementariedad entre delegación y digitalización-ordenadores que las empresas en los países menos productivos (sur y este de Europa); o tal vez, los países donde las empresas obtiene más retorno de esa complementariedad son más productivos que el resto. El gráfico 6 indica también que la complementariedad entre formación específica de los trabajadores y digitalización-ordenadores es independiente de la productividad laboral media de los países. Finalmente, las diferencias en la proporción de trabajadores con ordenadores ente empresas con ventaja competitiva en costes, en comparación con la proporción entre empresas que se apoyan en otras ventajas competitivas, así como entre las empresas que Aumentan plantilla y las que no lo hacen. En este último caso las diferencias en la proporción de trabajadores que usan ordenadores se limitan a los países con niveles más bajos de productividad, y desaparecen a partir de niveles de productividad medios altos (de 67 en adelante cuando la productividad media de los países es de 54).

4.2.4.2. Robots

Se analizan ahora los resultados de la estimación del modelo [1] ampliado para la variable dependiente incorporación o no de robots en la empresa, de nuevo a partir de los cuadros del Anexo 2. El resultado a partir del cuadro 4 de que la proporción de empresas con robots es significativamente mayor en la Industria que en el resto de sectores de actividad, se mantiene en las nuevas estimaciones donde se permiten diferencias entre Entornos institucionales en los efectos de las variables de sector-mercado y empresa en la propensión de las empresas a utilizar robots. El resultado añadido es que las diferencias en robotización de las empresas entre Industria y el resto de sectores aumenta con la productividad laboral de los países. Es decir, la mayor robotización de las empresas industriales en comparación con la de las empresas de servicios es más marcada entre las empresas de los países más productivos que entre las de los países menos productivos.

En el caso de España, las diferencias en robotización de empresas industriales en comparación con el resto de empresas es similar a la que se observa en el bloque de Otros países, y son menores que las diferencias en robotización de las empresas industriales entre empresas del Centro de Europa y de Escandinavia. Entre el resto de variables explicativas de mercado y de empresa, la única variable para la cual existen diferencias en las “betas” entre países es la competencia en el mercado, con un coeficiente estimado positivo y significativo de la variable competencia × productividad laboral. Es decir, cuando la relación entre competencia percibida en el mercado y propensión a usar robots se analiza para la productividad media de los 28 países, la percepción sobre la competencia en el mercado no afecta la propensión a instalar robots. Sin embargo, cuando se permiten diferencias en la asociación entre competencia y digitalización (robots) según niveles de productividad de los países, entre las empresas de los países con productividad más alta la competencia tiene un efecto positivo sobre la propensión a robotizarse.

4.2.4.3. Alta digitalización

Finalmente, cuando la variable de digitalización es pertenecer o no a la clase alta, se mantiene el resultado general de una probabilidad de pertenecer a la clase alta mayor entre las empresas de Construcción y Servicios que entre las empresas del sector de Industria. Sin embargo, las diferencias en probabilidad disminuyen al aumentar la productividad media de los países. Es decir, en países con alta productividad la probabilidad de pertenecer a la clase alta de digitalización entre empresas industriales y entre empresas del resto de sectores es más parecida que en los países de productividad baja. Se repite así el resultado de la variable robots según el cual las diferencias entre sectores en la probabilidad de pertenecer a la clase alta en las empresas españolas son similares a las de las empresas en el resto de países, mientras que entre las empresas de los países del Centro de Europa y de Escandinavia las diferencias entre sectores de pertenecer a la clase alta son menores que entre las empresas del Resto de países y España.

La probabilidad de estar en la clase alta entre empresas que aumentan empleo, en comparación con la de las que no lo hacen, es menor entre las empresas de los países más productivos que entre las empresas de los países menos productivos. La asociación positiva entre tamaño empresarial y probabilidad de que la empresa pertenezca a la clase alta solo es más fuerte entre empresas en países de alta productividad que entre empresas en países de menor productividad. Y por tanto menor entre empresas españolas que entre empresas del Centro de Europa y de Escandinavia. Los coeficientes estimados de las variables multiplicativas de bloque de países y empresa no son estadísticamente significativos; por tanto, los efectos de las variables de empresa en la probabilidad de pertenecer a la clase alta no difieren significativamente entre bloques de países y no difieren entre países con diferentes niveles de productividad media.

El gráfico 7 muestra el coeficiente beta estimado en el modelo (1) en función de la productividad media de los países para variables explicativas seleccionadas cuando la variable de digitalización es la probabilidad de pertenecer a la clase alta digitalización. Valores por debajo (encima) de cero indican probabilidad de pertenecer a la clase alta menor (mayor) para las empresas en la categoría de variable explicativa que en la categoría omitida correspondiente. Por ejemplo, las empresas del sector de la construcción tienen mayor probabilidad de pertenecer a la clase alta que las empresas del sector Industria para niveles de productividad por debajo de 45 (valor medio de la variable 54), y menor para niveles por encima de 45.

5.  CONCLUSIÓN

El trabajo explica las diferencias en digitalización de las empresas europeas a partir de las siguientes premisas y restricciones operativas.

  • La digitalización empresarial es un fenómeno multidimensional. A efectos de este trabajo se distingue entre, adopción por parte de las empresas de medios digitales (ordenadores, robots, plataformas, software específico y especializado…), y usos empresariales de los medios digitales para actividades productivas y para funciones organizativas (decisión, coordinación y control). En principio cada dimensión puede desarrollarse por separado y ello justifica que se estudien por separado.

  • La decisión de digitalización empresarial es equiparable a una decisión de inversión. Una empresa sin restricciones financieras adopta un medio digital y/o decide su uso si el valor actual neto de los flujos de caja de la inversión es no negativo; en caso contrario rechaza la adopción.

  • Para explicar las diferencias de digitalización entre las empresas, hay que explicar por qué la rentabilidad de una misma inversión digital en un momento del tiempo es mayor en unas empresas (las que siguen adelante con la inversión y se digitalizan) que en otras (las que no invierten y posponen la digitalización).

  • Los diagnósticos sobre determinantes de la digitalización empresarial requerirían conocer los detalles de las oportunidades de inversión de las empresas en cada momento del tiempo, una información de la que no se dispone. En su lugar, se utilizan variables potencialmente explicativas de las diferencias en digitalización empresarial que son observables por el investigador y que, directa o indirectamente, se supone que influyen en el valor económico de la inversión y, por tanto, en la decisión de digitalización.
  • La información observable utilizada en el estudio está condicionada por las fuentes disponibles: ECS2019 con datos de cerca de 22.000 empresas en los países de la UE y RU (28). De la base de datos de la encuesta se han seleccionado cinco indicadores de digitalización empresarial, las variables a explicar: dos de medios (trabajadores que usan ordenador en su trabajo, si la empresa tiene instalados robots o no); dos de usos (control de los trabajadores y coordinación del trabajo); y un indicador global (medios y usos de la misma empresa). Por otra parte, las variables explicativas, es decir los factores que pueden condicionar la decisión de digitalización de las empresas, se agrupan en tres categorías, las dos primeras externas a la empresa, y la tercera interna a la misma: entorno institucional-económico donde está localizada la empresa (nivel de desarrollo tecnológico, funcionamiento de los mercados, calidad institucional, incentivos y ayudas públicas…); sector de actividad (como proxy de diferencias en condiciones de oferta de las empresas en sus mercados, sobre todo en las tecnologías y procesos productivos) y mercado (competencia, volatilidad de la demanda, proximidad geográfica, crecimiento…); y empresa (condicionantes internos de la rentabilidad de la inversión por disponibilidad de recursos y capacidades, economías de escala, tipo de ventaja competitiva, disponibilidad de recursos complementarios en forma de capital organizacional…).

Los análisis realizados refrendan la decisión de analizar las dimensiones de digitalización de forma separada cada una de las demás (baja correlación entre los valores de las variables de digitalización, y diferencias en los modelos explicativos estimados para cada una de ellas). Esto significa que las variables de entorno institucional-económico, sector-mercado y empresa que se utilizan como proxy de la rentabilidad de la inversión en digitalización, impactan de forma diferente –cuantitativa y cualitativamente (capacidad explicativa y signo de las correlaciones)–, en los beneficios y en los costes según se trate, por ejemplo, de digitalizar a las personas (ordenadores), o a las máquinas (robots), o según se trate de usar medios digitales para el control de los trabajadores, o para coordinar su trabajo.

Concretamente, la productividad laboral media de los países se asocia significativa y positivamente con el uso de ordenadores y robots, negativamente con el control sobre los trabajadores, y de forma no significativa con la coordinación del trabajo. Por tanto, en los países más productivos (centro y norte de Europa en este estudio), todo lo demás igual, se dan condiciones comunes a todas las empresas que favorecen relativamente la rentabilidad de las inversiones empresariales en ordenadores y robots, mientras que en los países menos productivos (sur y este de Europa, y sobre todo en España) se dan condiciones relativamente más favorables para la digitalización del control sobre los trabajadores. En la medida en que la intensificación del uso de ordenadores y robots contribuya al aumento de la productividad (Gal et al., 2019), la ventaja comparativa de las empresas en los países inicialmente más productivos para invertir en ordenadores y robots, aumentará todavía más la brecha de productividad entre los países del centro y norte de Europa frente al resto.

El estudio también pone de manifiesto que, controlando por el resto de variables explicativas, la industria muestra una ventaja comparativa en la digitalización en forma de robotización (digitalizar a las máquinas), mientras que los servicios, y particularmente los servicios a las empresas, muestran una ventaja comparativa en la intensificación en el uso de ordenadores por parte de los trabajadores (digitalizar a las personas). Aparentemente, la tecnología, la intensidad de capital en maquinaria y equipos, y el diseño de los procesos, en las actividades manufactureras, en comparación con la tecnología y procesos de la prestación de servicios, con estado actual de las tecnologías digitales, determinan las ventajas comparativas de cada sector de actividad, en cuanto a digitalizar a las máquinas o digitalizar a las personas. En principio, las dos formas de digitalización pueden con- tribuir a aumentar la productividad.

Por otra parte, se observa que las diferencias en ventaja comparativa en el uso de los ordenadores de los servicios frente a la industria disminuyen al aumentar la productividad laboral de los países, mientras que las ventajas comparativas de la industria frente a los servicios en la robotización son aparentemente mayores en los países más productivos que en los menos productivos. Tal vez, las empresas manufactureras realizan relativamente más actividades de servicios (I+D, diseño, marketing…) en los países más productivos que en los países menos productivos, y ello les da más oportunidades para aumentar la digitalización de las personas acercándose a los niveles de las empresas de servicios. En segundo lugar, la relativamente mayor intensidad de capital tangible en la producción de las empresas industriales en los países más productivos, en comparación con las de los países menos productivos, podría derivar en unas condiciones relativamente más favorables para la robotización entre las empresas de los países más productivos que entre las de los menos productivos (por ejemplo, con empresas más capital intensivas por mayores diferencias en costes del trabajo y del capital). En todo caso, los resultados empíricos ponen de manifiesto que, para explicar las diferencias en digitalización empresarial entre países, no basta con mirar el nivel de productividad y la especialización sectorial por separado; hay que tener en cuenta también el efecto cruzado entre el nivel de productividad de la economía y la composición sectorial de su actividad.

El resultado empírico de unas mayores diferencias en robotización que en uso de ordenadores entre empresas grandes y pequeñas (a favor de las grandes), controlando por el resto de variables, podría explicarse porque instalar robots obliga a un desembolso de inversión y a cubrir unos costes fijos, muy por encima de los desembolsos y costes fijos de invertir en ordenadores. Solo las empresas con un volumen de negocio relativamente alto están en condiciones de rentabilizar la elevada inversión y cubrir los altos costes fijos. Exportar es también una forma de acceder a mercados más grandes, y ello explicaría por qué las empresas que exportan están relativamente más digitalizadas que las que no exportan. Entre las empresas grandes, la rentabilidad del uso de medios digitales para funciones de control de personas y coordinación del trabajo es mayor que entre las más pequeñas, probablemente porque las necesidades de procedimientos formales de control y coordinación aumentan con el tamaño empresarial. Mercados más competitivos favorecen la digitalización en usos –control y coordinación–, pero la intensidad de la competencia percibida por las empresas no influye en la decisión de invertir en medios, controlando por el resto de variables. Por otra parte, percibir una alta volatilidad en la demanda de los productos o servicios, por sí sola, no aumenta la rentabilidad de la digitalización, comparada con la de las empresas que perciben una demanda predecible; por el contrario, la propensión a utilizar medios digitales en control y coordinación es menor entre las empresas que perciben que su demanda es poco o nada predecible que en el resto.

Controlando por el resto de variables explicativas, las empresas con actividades de más valor añadido y más innovadores están más digitalizadas, en medios y usos, que las empresas con actividades de menos valor añadido, y que sostienen sus ventajas competitivas en los bajos costes. Según los resultados del trabajo, las ganancias de la digitalización no están en reducir costes sino en aprovechar la digitalización para innovar más y en diferenciarse más de los competidores. Por otra parte, la digitalización empresarial muestra una clara asociación positiva con la dotación de capital organizacional de las empresas, medido por las variables delegación de poder de decisión y formación a los trabajadores en el puesto de trabajo. El resultado apoya la hipótesis extendida en la literatura sobre complementariedad entre capital digital y capital organizacional según la cual, el retorno de la inversión en digitalización aumenta con la dotación de capital organizacional y, por ello, es más probable encontrar empresas digitalizadas entre las empresas que delegan en los trabajadores y en empresas que más trabajadores forman en horas de trabajo (formación específica), que entre las que no delegan y en las que menos trabajadores forman.

Cuando se concentra el foco en las empresas españolas, en comparación con las del resto de países o con las de bloques de países seleccionados, el primer resultado que llama la atención es la posición comparativamente alta, en nivel general de digitalización, de las empresas en España; de hecho, se encuentra en las primeras posiciones entre los países de la UE. Esto se explica principalmente porque las empresas españolas son, con diferencia, las que más utilizan la analítica de datos en el control sobre los trabajadores, y porque utilizan robots en una proporción relativamente alta. La comparativamente alta digitalización en robots y en control de los trabajadores, compensa la comparativamente más baja intensidad en el uso de ordenadores y el menor uso de la coordinación. Al mismo tiempo, entre las empresas españolas la asociación entre capital organizacional (delegación y formación) y digitalización es más débil que entre las empresas de los países del centro y norte de Europa. Si se combina la menor penetración de la delegación entre las empresas españolas (tal vez porque no la rentabilizan tanto como las empresas de otros países) con el menor impacto del capital organizacional en la decisión de digitalizar, las empresas españolas estarían desaprovechando oportunidades que ofrecen las inversiones en digitalización para la mejora de la productividad. Es decir, la digitalización en ordenadores y robots podría ser “excesiva” para la baja dotación de recursos complementarios. Por el contrario, las empresas españolas encuentran particularmente ventajoso utilizar los medios digitales para control sobre las personas, frente a aprovechar los medios digitales (ordenadores especialmente) en entornos de más descentralización, donde su contribución a la productividad es más alta, tal como hacen las empresas de los países más productivos del centro y norte de Europa.

Políticas públicas

La UE ha convertido la digitalización, en general y de las empresas en particular, en un objetivo estratégico. Para que haya sido así las autoridades públicas entienden, primero, que la digitalización está positivamente asociada con el nivel de bienestar colectivo. Y segundo, que existen fallos del mercado que impiden que la digitalización que se alcanza con las decisiones descentralizadas de los agentes no es la socialmente deseable. La digitalización puede incidir en el bienestar a través de la productividad, el empleo y la inclusión social. Las decisiones descentralizadas, con el apoyo de los mercados laborales y financieros funcionando correctamente, podrían no llevar a resultados socialmente deseables si existen múltiples equilibrios en el conjunto de países de la UE, cada uno con diferentes niveles de bienestar y digitalización. Los resultados del estudio aportan algunas novedades en la relación entre digitalización y bienestar, así como algunas razones que justifican políticas de apoyo público, junto con directrices sobre cómo deben diseñarse estas políticas.

En primer lugar, las políticas públicas deben diferenciar entre decisiones de digitalización empresarial que mejoran la productividad, y decisiones que no afectan a la productividad. En este trabajo no es posible establecer inferencias causales de la digitalización sobre la productividad, pero si se observa que las variables de digitalización más extendidas entre las empresas de los países más productivos (ordenadores y robots) son distintas de las más extendidas entre los países menos productivos (analítica de datos para el control de personas). La relación entre digitalización y productividad debe analizarse por separado para medios y usos de digitalización, para la digitalización de personas y para la digitalización de las máquinas. Sobre la relación entre digitalización y empleo, el estudio tampoco permite inferencias causales, pero, para el conjunto de la muestra, los resultados indican que la digitalización está igual o más extendida entre empresas que aumentan plantillas que entre las que dicen que no las aumentan (aunque las diferencias en digitalización entre los dos colectivos disminuyen según aumenta la productividad media de los países). Los resultados del estudio no permiten establecer relaciones entre digitalización e inclusión o desigualdad.

La digitalización entre las empresas en la UE podría estar segmentada en un patrón extendido entre los países más productivos del centro y norte de Europa, y otro distinto extendido entre las empresas de este y del sur, sin que se estén aseguradas las condiciones de una posible convergencia hacia un patrón común. En las empresas de los países del centro y norte de Europa la digitalización en medios progresa en paralelo a la acumulación de capital organizacional, en forma de delegación de poder de decisión en los trabajadores y formación específica de esos trabajadores por la empresa. Capital digital y capital organizacional se complementan y refuerzan mutuamente en su contribución al crecimiento de la productividad desde niveles de partida comparativamente altos. En los países del sur, incluida España, y del este, la digitalización se inserta en empresas con bajo capital organizacional, que aprovechan la digitalización para reforzar el control jerárquico de la dirección sobre los trabajadores; en este contexto la digitalización no encuentra las condiciones más favorables para hacer crecer la productividad de las empresas con todo su potencial. Las políticas públicas de apoyo a la digitalización dentro de la UE deben diseñarse de manera que las empresas de los países del sur y del este tengan incentivos para cambiar el diseño organizativo, con más delegación y más formación específica de los trabajadores, como condición necesaria para avanzar en el cierre de la brecha de productividad a través de la digitalización.

El tamaño de las empresas no es una variable por la que esté justificado necesariamente segmentar las políticas públicas de apoyo a la digitalización, excepto cuando las empresas tengan restringido su crecimiento por algún factor exógeno (restricciones financieras, por ejemplo) y la digitalización obligue a inversiones importantes (como la instalación de robots). En todo caso las políticas públicas deberían priorizar la eliminación de las restricciones y dejar que las fuerzas de la competencia presionen para que las empresas crezcan y puedan absorber los costes fijos de las inversiones desde una mayor dimensión. La digitalización debe ayudar a reducir los costes organizativos del crecimiento empresarial, incluso en modelos de gestión centralizados, pero las políticas públicas deberían ser neutrales en su influencia sobre la distribución de tamaños empresariales en una economía más digitalizada, limitándose a mejorar el funcionamiento de los mercados.

Las políticas públicas de la UE deberían tomar en consideración la influencia de las empresas matrices en la digitalización de las subsidiarias. Los datos disponibles no permiten conocer la sede de las empresas matrices de las empresas subsidiarias que participan en el estudio. Pero los resultados indican que, entre las distintas formas de empresa representadas en la muestra, los niveles más altos de digitalización, en medios y en usos, se encuentran en las sedes de subsidiarias. La digitalización de las empresas europeas no es sólo una cuestión de fuerzas del mercado (precios, incentivos monetarios); es también una cuestión administrativa que surge de decisiones de propiedad, organización y control dentro de las empresas y, en particular, en las relaciones entre empresas matrices y filiales.

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Notas

* Universidad de Zaragoza.

** Universidad de Zaragoza y Funcas.

1 Antes del desarrollo de las tecnologías digitales, en estados Unidos los conductores-transportistas eran mayoritariamente propietarios de los vehículos, y minoritariamente asalariados de empresas de transporte propietarias de los vehículos. La razón es que con la propiedad del camión que conducían los conductores tenían más y mejores incentivos a cuidar de ellos como una forma de mantener su valor económico. La contrapartida a estos incentivos es que cada conductor asumía íntegramente el riesgo de la inversión en el camión. Con los avances tecnológicos que permiten a las empresas de transporte controlar la conducción de los camiones, los conductores pueden pasar a ser asalariados de las empresas que son las que financian y poseen los camiones en propiedad, mejorando la asignación de riesgos y manteniendo los incentivos a la buena conducción.

ANEXOS
Anexo 1
anexo 2

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Día Internacional del Migrante

Fecha: diciembre 2022

Día Internacional del Migrante

La celebración del Día Internacional del Migrante el próximo 18 de diciembre brinda una buena oportunidad para poner de manifiesto que un escenario demográfico como el de España exige planteamientos razonables y debates públicos sosegados sobre la inmigración. Es cada vez más urgente utilizar los conocimientos y las evidencias disponibles para diseñar una política de inmigración que concilie de la mejor forma posible las necesidades de la economía y del sistema de protección social con las preferencias de la población residente y con la integración de los inmigrantes.

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La subvención de 20 céntimos por litro de combustible a debate

La subvención de 20 céntimos por litro de combustible a debate

Fecha: diciembre 2022

María José Moral

Subvención, Combustible, Consumo, Precios, España

1. INTRODUCCIÓN

Parece algo ya asumido que la subvención general de 20 céntimos por litro de combustible a cualquier con­sumidor (ya sea un hogar o una empresa) se está cuestionando. Todo apunta a que no se prorrogará la bonifica­ción regulada sobre el precio de los combustibles que acaba el 31 de diciembre1. La previsión es que, en caso de mantenerse alguna bonificación, se focalizaría en colectivos concretos. De hecho, esta ayuda no está incluida en el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. Además, en la última reunión del Ecofin, de 6 de diciembre, se ha alcanzado el compromiso de dirigir más selectivamente las ayudas para el consumo energético a aquellos agentes más vulnerables con el objetivo de no mantener medidas indiscriminadas que presionan las cuentas públicas.

Desde que se puso en marcha el 1 de abril, varios han sido los foros en los que se ha señalado que una subvención sobre el precio de los combustibles, general a todos los consumidores, es ineficiente desde el punto de vista medioambiental y también poco equitativa.

En esta nota técnica se aportan elementos de debate sobre la falta de equidad que genera la subvención en la medida en que los hogares con mayores rentas son los más favorecidos (véase Airef, 2022). También se aporta evidencia sobre la falta de eficiencia medioambiental como consecuencia de que la bonificación sobre el precio reduce el incentivo al ahorro energético. Para ello se analizan las tendencias de la demanda de gasolina y diésel por grandes agentes consumidores desde 2015 hasta 2020. Entre otras cuestiones este análisis pone de mani­fiesto que el consumo de gasolina recae fundamentalmente en los hogares, mientras que el de gasóleo se reparte casi por igual entre hogares y actividades productivas. A partir de este primer diagnóstico se interpreta la evolu­ción mensual de los consumos en relación con los precios hasta los datos más recientes de 2022. La conclusión es que, efectivamente, no ha habido ahorro ni reducción de la demanda de combustibles en España a pesar del nivel de precios tan elevado que se ha registrado. Más al contrario, en agosto se produjo un inusual crecimiento de la demanda de gasolina a lo que contribuyó la bonificación del precio.

Por último, se realiza un examen más profundo de los patrones de consumo de gasóleo para automoción que presentan las ramas productivas. Este examen permite construir indicadores que muestran qué actividades económicas son más dependientes del precio del diésel. En consecuencia, se ofrece una guía para el diseño de una política selectiva de ayuda al coste por automoción al que hacen frente las empresas (bien sea con una subvención sobre litro comprado o bien profundizando en las exenciones que ya existen en el impuesto especial sobre hidrocarburos).

2. EFECTOS DISTRIBUTIVOS DE LA SUBVENCIÓN AL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

La teoría economía indica que una subvención fija sobre los precios no genera efectos redistributivos y la subvención de 20 céntimos por litro de combustible no es una excepción. A continuación, se analizan los argu­mentos que ponen de manifiesto esto desde el punto de vista de los hogares, pero que serían totalmente trasla-dables si se analizara desde el punto de vista de las actividades económicas.

En cuanto a la renta personal es claro que es regresivo puesto que la subvención no depende de la renta sino de la cantidad consumida del producto. Pero, además, cuanto mayor es la renta del hogar mayor es la pro­babilidad de tener un coche, que este sea más grande y potente, de poseer más de un coche y de realizar un uso más intensivo del vehículo privado2. De hecho, el informe de la Airef (2022) indica que los hogares con mayores rentas han acaparado una mayor cuantía del gasto público que ha supuesto la subvención.

Respecto al primer punto, es evidente que para acceder a la ayuda es preciso tener un vehículo y utilizarlo. Dado que la presencia de vehículos con energías alternativas al gasóleo y la gasolina es muy marginal todavía, el análisis de la posesión de un vehículo (sin identificar la energía que utiliza) es válido para tener información relevante sobre qué hogares pueden beneficiarse de la subvención de los 20 céntimos.

Según Laborda y Moral (2017) solo el 76,1 % de los hogares españoles tenían un vehículo, en 2015. Teniendo en cuenta que ese año, el 99,94 % de los turismos utilizaban gasolina o diésel (según la DGT), la conclusión es clara: se está dejando fuera de la ayuda a uno de cada cuatro hogares3. Incluso aunque el hogar declare que podría mantener un coche, lo cierto es que cuanto menor es la renta menor es la probabilidad de poseer un vehículo. En 2015, el 43,3 % de los hogares con menos de 1.000 euros mensuales de renta no tenían coche; mien­tras que si la renta oscilaba entre los 3.000 euros y 5.000 euros esta cifra se reducía a tan solo el 4,86 % de los hogares. Por otra parte, la edad del sustentador principal es crucial, ya que cuando supera los 65 años solo uno de cada dos hogares posee un vehículo. Por tanto, en los hogares con poca renta y con personas mayores como sustentadores principales es menos probable que accedan a esta bonificación.

Además, existe otro motivo que puede llevar al hogar a no tener un vehículo y es la “conciencia medioam­biental”. En este sentido, existe una leve tendencia a no tener un vehículo en propiedad y utilizar el transporte público convencional o bien los nuevos servicios de movilidad que no implican el consumo de gasoil o gasolina (puesto que todos los servicios de movilidad compartida son eléctricos4). Luego sea cual sea la razón por la que el hogar ha decidido no tener un vehículo de combustión se les está penalizando al no poder acceder a una sub­vención que, a priori, es generalista.

Existe una cuestión adicional no trivial que también se debería tener presente a la hora de diseñar una nueva bonificación sobre el precio. Se trata de que cualquier consumidor que reposte en el Estado español accede a la subvención, sea cual sea su residencia. Recordemos que España es el segundo país del mundo por lle­gadas de turistas. De hecho, entre abril y septiembre han entrado 46,2 millones de turistas internacionales (cifra muy cercana a la población española que, en 2021, fue de 47,3 millones). De ellos, el 15,5 % lo ha hecho con su propio coche, pero además muchos de los turistas que llegan a nuestro país utilizan coches de alquiler durante su estancia5. En relación con este punto, habría que añadir un “efecto frontera” que ha surgido debido a que con la subvención los precios en España eran más bajos que en Portugal y Francia6, por tanto, esto ha atraído a numerosos residentes fronterizos a repostar en España. Cabe señalar que tanto Portugal como Francia han implementado también bonificaciones similares sobre el precio del combustible. En el caso de Portugal es preciso estar inscrito en una plataforma de la agencia tributaria, por tanto, se restringía a los contribuyentes; por el contrario, en Francia, se implementaba la ayuda de forma similar a España.

Por último, es preciso apuntar un efecto que es independiente de la renta pero que se debería tener en cuenta. Se trata del lugar de residencia de los hogares, ya que en las zonas rurales existen pocas (o nulas) posibili­dades de realizar los trayectos con transporte público por lo que se debe utilizar el vehículo privado. Luego se cual sea el nivel de renta los hogares están obligados a consumir combustible para sus desplazamientos.

En consecuencia, el diseño de la aplicación de una subvención no es fácil puesto que se deberían compaginar estas pautas para evitar la regresividad en la renta, focalizar en el contribuyente residente y no perjudicar a los habitantes de las zonas rurales con menos servicios de transporte público. En Francia, por ejemplo, se acaba de anunciar que a partir del 1 de enero de 2023 se dará una ayuda de 100 euros a los contribuyentes que necesiten el vehículo para ir a trabajar y su salario esté por debajo de un determinado umbral. Luego se estarían combinando los tres aspectos comentados.

3. SUBVENCIÓN AL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL

La transición energética aboga por una disminución en el consumo de los combustibles fósiles, pero la reducción en su precio (debida a la subvención) no ayuda a que el consumidor perciba la necesidad del ahorro energético con la misma intensidad. Sin embargo, se pensaba que el elevado nivel de precios que motivó la sub­vención sería suficiente para contener el consumo. En este apartado se aporta evidencia para evaluar si el ahorro energético se ha visto afectado en los meses que ha estado vigente la subvención.

El consumo de gasolina y diésel en los hogares y los sectores productivos se estudia a partir de la Cuenta de Flujos Físicos de la Energía7 que elabora el INE y que ofrece información anual de 2015 a 2020. El gráfico 1 presenta el consumo de ambos combustibles de estos dos grandes agentes. En primer lugar, es patente el fuerte shock que supuso la pandemia para la movilidad, especialmente en el caso de los hogares que redujeron el con sumo de gasolina y diésel en un 21 %. Por ello, en esta nota técnica el año 2020 no se toma como referencia y se utiliza el año 2019.

Otro rasgo relevante a tener en cuenta es que los hogares dominan el consumo de gasolina, mientras que en el diésel el reparto es más equilibrado. Esto indica que la mayoría del parque de vehículos de gasolina perte­nece a los hogares lo que puede ser relevante a la hora de definir políticas de medio plazo de estímulo y apoyo a la renovación del parque automovilístico.

Hasta 2020, el consumo de gasolina presentaba una tendencia creciente (5,5 % anual) frente a un avance del diésel más modesto (0,74 % anual). De hecho, los hogares prácticamente no aumentan el uso de diésel como consecuencia del avance de la presencia de coches de gasolina en el parque automovilístico, en detrimento de los que utilizan gasoil (véase la tabla A.1 del Apéndice). Si bien este cambio es muy lento, reflejándose primero en el consumo de gasolina, en 2019 también se observó una discreta reducción en el uso de diésel. Por otra parte, los ahorros detectados en 2020 no se deben entender como tales, sino como la consecuencia natural de la limitación de la movilidad por la pandemia.

Para captar el impacto de la subvención de 20 céntimos por litro de combustible es preciso analizar los datos mensuales posteriores a abril de 2022. En concreto, se emplean los datos mensuales de consumo de gasoil y gasolina que ofrece la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque no es posible distinguir el agente que realiza el consumo. Como ya se ha comentado, debido a lo excepcional de 2020 y 2021, la situación de 2022 se compara con el año 2019.

El consumo de gasoil en 2022 todavía no ha alcanzado los niveles de 2019; tan solo en junio se ha superado el nivel registrado en 2019 (véase el gráfico 2). En los primeros meses de aplicación de la subvención, los precios del gasóleo crecieron y en junio eran un 15,2 % más altos que en marzo (véase el gráfico 3); mientras que su con­sumo creció a una tasa mensual del 11,6 %. Por el contrario, en el mismo período de 2019, los precios del diésel cayeron un 1,7 % y el consumo solo subió un 6,6 %. Aunque es cierto que parte del mayor consumo de 2022 se justifica por un mayor crecimiento de la actividad económica (un 1,5 % frente a un 0,3 % en 2019-T2), todavía habría que tener en cuenta la sustitución de vehículos diésel hacia gasolina y otras energías limpias. Por tanto, se puede afirmar que la presencia de precios elevados no ha garantizado el ahorro energético, más bien todo lo contrario.

Por otra parte, desde la puesta en marcha de la subvención y hasta junio, el consumo de gasolina creció un 15,5 % al tiempo que su precio subía un 17,7 % (véanse los gráficos 4 y 5). Luego, se sigue observando un creci­miento más intenso en el consumo de gasolina que podría atribuirse al aumento de los turismos de gasolina en el parque automovilístico. Lo que no se puede atribuir a esta tendencia es el fuerte crecimiento observado en agosto de un 5,8 % respecto a julio cuando lo habitual es que el consumo de gasolina en ambos meses sea muy similar. La explicación es simple: aumentó el consumo de los hogares alentado porque en agosto los precios habían tocado techo y la subvención hizo que el precio efectivo fuera inferior al pagado en marzo.

En conclusión, los elevados precios de los combustibles no han llevado a caídas en la demanda. La subven­ción de los 20 céntimos por litro parece incluso haber alentado un mayor consumo en los meses estivales y en el segmento residencial que es el responsable de la mayor parte del consumo de gasolina. Por tanto, las críticas dirigidas a la ineficacia desde el punto de vista medioambiental están fundadas y no se puede esperar que sim­plemente un precio alto del combustible lleve a los consumidores a reducir su demanda.

4. GRANDES CONSUMIDORES DE COMBUSTIBLES

En este apartado se analiza el consumo de combustibles desagregando las actividades productivas en gran­des sectores productivos distinguiendo entre el sector primario, la industria (incluye energía, industrias extrac­tivas, manufacturas y construcción), servicios y, por último, se representa de forma independiente el sector de “Transporte Terrestre y por Tubería” (categoría 49 de la clasificación CNAE2009). Nótese en esta última categoría no se incluye todo el sector de transporte, ya que el “Transporte marítimo y por vías navegables interiores” y el “Transporte aéreo” utilizan para su actividad principal fuelóleo y queroseno, por lo que estas dos categorías de transporte se agregan en la categoría “Servicios”. Con ello se pretende identificar mejor el impacto del transporte por carretera que utiliza mayoritariamente el gasóleo como parte fundamental de su actividad.

El gráfico 6 muestra que el sector económico que más diésel consume, detrás de los hogares, es el sector de transporte terrestre (un 30 % del total). De hecho, el resto de las actividades de servicios (incluidos los servicios de transporte marítimo y aeronáutico) solo representan el 8 % del consumido de gasóleo en España. Le sigue la industria y cierra el ranking el sector primario con un 3,6 %.

Otro indicador que muestra la dependencia de cada agente respecto del consumo de combustibles de auto-moción es el peso relativo que representa este consumo respecto de la energía total que necesita, es decir, en su mix energético. En el gráfico 7 se presenta esta dependencia para los hogares y el sector de transporte terrestre.

El primer resultado que se destaca es que también este indicador muestra que las restricciones de movilidad durante la pandemia cambiaron la demanda de hogares (tanto para gasolina como para diésel), pero no así del transporte terrestre, debido a que la reducción de la movilidad fue más intensa y duradera para el sector residencial.

Los hogares, que son los mayores consumidores de gasolina del país, presentan también una mayor depen­dencia respecto de este combustible en su mix energético, ya que el 14,00 % del total de energía que utilizan es gasolina. Por su parte, la dependencia respecto del diésel es más del doble llegando al 36,25 % de la energía consumida. Luego, en conjunto, los hogares dedican la mitad de la energía que utilizan a automoción dedicando el resto fundamentalmente a calefacción, agua caliente y electrodomésticos (IDEA, 2022).

La relación de consumo diésel-gasolina en los hogares es importante ponerla en valor puesto que tal y como se muestra en la tabla A.1 del Apéndice la distribución del parque automovilístico no está tan sesgada hacia los coches diésel. Los datos de la Dirección General de Tráfico indican que, entre 2015 y 2020, los vehículos diésel pasaron de representar el 56,65 % al 54,42 % de los turismos; mientras que los coches de gasolina avanzaron de un 43,29 % al 45,02 %. Por tanto, los vehículos diésel no duplican a los de gasolina y, además, existe una ten­dencia (lenta) a disminuir su presencia. A esto habría que añadir que el consumo medio de un vehículo diésel es menor que con un motor gasolina. En consecuencia, estos resultados indican claramente que los hogares reco­rren muchos más kilómetros con coches diésel que con coches de gasolina. Este hecho es primordial si se quisiera diseñar una subvención diferente por tipo de combustible o primar a aquellos conductores que más kilómetros realizan.

En cuanto a las empresas de transporte terrestre se confirma que el consumo de gasolina es muy residual respecto del resto de energías que necesitan (tan solo el 0,45 % entre 2015 y 2020), siendo el diésel la energía fundamental para su actividad con el 79,6 % de la energía consumida. Esta intensidad en el uso del diésel es muy superior no solo a las familias, sino también a lo que se observa en el resto de las ramas productivas. En efecto, incluso con la fuerte heterogeneidad existente entre las diferentes ramas productivas (en el gráfico 8 se repre­senta la mediana de este indicador, así como el percentil 75 y 25) la dependencia del diésel en su mix energético es muy inferior.

Un aspecto relevante que se aprecia en todas las ramas productivas es que, desde 2016, existe una paulatina, aunque muy lenta, disminución del peso del diésel en el total de energía consumida. Evidentemente esta tendencia es ajena a la subvención de los 20 céntimos, pero es importante identificarla desde el punto de vista medioambiental. Conocer su procedencia puede contribuir al diseño de políticas de medio y largo plazo cuyo objetivo sea reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Examinando si ha cambiado la distribución del parque de vehículos industriales y autobuses (véase la tabla A.2 del Apéndice), llama la atención que la sustitución de vehículos industriales diésel no se está produciendo. Así, en los camiones de menos de 3.500 kg en diciembre de 2016 el 96,4 % del parque era diésel, pero en octubre de 2022 sigue en el 96,0 %. De igual manera se está manteniendo la presencia de camiones diésel en los más pesados (más de 3.500 kg), pues en 2016 representaban el 98,6% y en 2022 el 98%. En el caso de las furgonetas la tendencia es incluso más llamativa pues está aumentando ligeramente la presencia de furgonetas diésel. Luego las medidas aplicadas en estos últimos años para incentivar la compra de vehículos ligeros N1 (es decir, las furgo­netas) con energías alternativas no están consiguiendo resultados relevantes8.

Únicamente los autobuses muestran una tendencia decreciente del parque de vehículos diésel pues en 2016 representaban el 96,9 % y en 2022 el 92,1 %. En este caso la sustitución se está haciendo hacia los autobuses de gas natural comprimido. En este proceso de sustitución la Comunidad de Madrid mantiene un claro liderazgo pues, actualmente, el 19,2 % de su parque de autobuses utiliza gas natural comprimido. Le sigue Baleares con el 10,6 % y, a mucha distancia, Cataluña y Andalucía con el 5,7 % y el 4,3 %, respectivamente.

Para cerrar este apartado, se resumen las conclusiones más relevantes:

  • El sector residencial es un consumidor muy significativo en el consumo de combustibles y la subvención de los 20 céntimos por litro ha disminuido el incentivo al ahorro energético, en especial en la gasolina.
  • El sector de transporte terrestre es la actividad productiva que más depende del diésel por lo que sería un claro candidato para continuar con la subvención en caso de mantenerse. No hay que olvidar que la primera vez que oímos hablar de esta ayuda fue el 25 de marzo de 2022 con el Acuerdo entre el Minis­terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con los departamentos de Mercancías y viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)9. Tres días más tarde se confirmó que la ayuda de los 20 céntimos también iría a los hogares.
  • El parque de camiones y furgonetas diésel no está disminuyendo. En consecuencia, se deberían revisar las políticas de incentivo a la compra de este tipo de vehículos con bajas emisiones. Especialmente en el caso de las furgonetas donde la oferta de modelos eléctricos es algo más amplia.
5. DEPENDENCIA DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS RESPECTO DEL DIÉSEL

Una vez verificada la relevancia del sector de transporte terrestre en el consumo de diésel, en este apartado la atención se concentra en el consumo de gasóleo en el resto de las ramas productivas. Para ello se emplea la Cuenta de Flujos Físicos de la Energía del INE que distingue ramas de actividad a dos dígitos de la clasificación CNAE2009. En la tabla A.3 del Apéndice se enumera la clasificación detallada de las ramas productivas analizadas.

Para mostrar más claramente las diferencias entre actividades no se incluye al sector de transporte terrestre que ha quedada patente su dependencia por lo que se realiza un cambio de escala que consiste en tomar como total del consumo el realizado por las 60 ramas productivas. De manera que la suma de los pesos relativos del consumo de cada rama es igual a 100. Nótese que este cambio de escala no afecta, en ningún caso, a la ordena­ción obtenida en base al volumen de consumo.

En el gráfico 9 se representa la curva de consumo acumulado (en porcentaje) ordenando las ramas produc­tivas de mayor a menor consumo y en el cuadro 1 se muestra este indicador solo para las 14 ramas productivas con mayor consumo, así como el consumo acumulado. Si la selección de sectores para mantener la subvención se realiza en función de su volumen de consumo, los sectores económicos seleccionados deberían estar en ese listado. Esta evidencia pone de manifiesto que, incluso dejando al margen al sector de transporte terrestre, el consumo de gasoil para automoción está muy concentrado entre unos pocos sectores. Solo seis sectores consu­men más de la mitad del diésel utilizado en las 60 ramas productivas.

Algunas ramas productivas que están en las primeras posiciones del ranking ya se benefician de exenciones o devoluciones del impuesto especial sobre hidrocarburos como la agricultura, la ganadería o el avituallamiento de buques (que incluye a la pesca)10. En las otras actividades existe la posibilidad de acogerse a la devolución de parte de dicho impuesto cuando se justifica adecuadamente que el gasóleo se emplea para actividades profe­sionales. Recientemente, en octubre de 2022, se ha modificado la norma que regula estas devoluciones para hacerlas más ágiles y que se realicen en el mes natural siguiente a la compra del gasóleo11. En la actualidad, la devolución al gasóleo profesional está en 4,9 céntimos por litro con un tope de 50.000 litros por vehículo y año (excepto en los taxis donde este máximo es de 5.000 litros). En el caso del gasóleo empleado en la agricultura, incluida la horticultura, la ganadería y la silvicultura la devolución es de 6,37 céntimos por litro de gasóleo.

Un problema que presenta el indicador del consumo de cada rama productiva sobre el consumo total es la correlación con el “tamaño” de dicha actividad. Por ello, se emplea otro indicador que complemente la selección de sectores productivos. A partir de la Cuenta de Flujos Físicos de la Energía se calcula la intensidad energé­tica como el cociente entre el combustible utilizado (en unidades físicas, terajulios) por el valor añadido bruto corriente (en unidades monetarias, millones de euros) de la actividad.

En el gráfico 10 se representan las intensidades energéticas de diésel de las ramas productivas ordenadas de mayor a menor, para el año 2019. Es fácil comprobar que solo unas pocas ramas productivas son muy inten­sivas en el uso del diésel para automoción en relación con el valor añadido bruto que generan. En concreto, solo 7 actividades superan el nivel de 0,75. En el cuadro 2 se enumeran las ramas productivas con mayor intensidad energética del gasóleo para automoción.

Comparando la ordenación que se obtiene con ambos indicadores (es decir, el cuadro 1 y el cuadro 2) se comprueba que 9 de las 14 ramas líderes están seleccionadas con los dos criterios. De manera que, aunque existe una correlación alta entre ambos criterios, es cierto que su complementariedad ayuda a afinar la identificación de aquellos sectores más dependientes del diésel para automoción.

Dependiendo de qué criterio se quiera primar más, así como de la restricción presupuestaria que fije los recursos públicos destinados a una política de bonificación de parte del precio del gasóleo se tendrá una selec­ción de ramas productivas sobre las que actuar. Una vez que se seleccionen los sectores la implementación de la ayuda podría utilizar los cauces ya existentes de la devolución de parte del impuesto especial sobre hidrocarburos que ya está en funcionamiento para el gasóleo profesional.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

En esta nota técnica se discuten algunos efectos de la subvención de 20 céntimos por litro de combustible consumido que, desde el 1 de abril, está vigente para todos los consumidores (hogares y empresas).

Se han analizado los argumentos que indican la ineficiencia de la bonificación en cuanto a conseguir obje­tivos de reducción del consumo de combustibles fósiles nocivos por sus emisiones al medio ambiente, y se ha aportado evidencia sobre el avance en el consumo de gasolina registrado en el mes de agosto y que no es habi­tual. También se explican los argumentos que evidencian lo poco equitativa que es la ayuda en tanto en cuanto están siendo los hogares de mayores rentas los más beneficiados. De manera que la primera conclusión es se extrae es que la subvención debe ser temporal y muy selectiva hacia colectivos (hogares o empresas) que real­mente se vean muy afectados por los precios elevados de los combustibles.

En la segunda parte se profundiza en el patrón de consumo de gasolina y gasóleo de automoción en España por grandes sectores dejando patente el liderazgo de los hogares y del transporte terrestre. Por último, se focaliza el estudio en las ramas productivas de la economía española, ya que algunas podrían ser susceptibles de poder continuar con la subvención. Los resultados ponen de manifiesto la fuerte concentración en unos pocos sectores de la dependencia respecto del consumo de gasóleo para automoción. En este sentido, se ofrecen dos criterios de ordenación de dicha dependencia que permiten identificar qué sectores podrían ser candidatos para conti­nuar recibiendo la subvención a partir del 1 de enero de 2023.

Bibliografía

AIREF. (2022). Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones Públicas 2023: Comunidades autónomas y corporaciones locales, Informe 52/22, 25 de octubre de 2022.

IDEA. (2022). Informe anual de consumos por usos del sector residencial, abril 2022. Disponible en: https://informesweb.idae.  es/consumo-usos-residencial/informe.php

INE. (2008). Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. Disponible en: www.ine.es

Laborda, J. y Moral, M. J. (2017). Condicionantes del uso de la postventa de automóviles. En el Libro Blanco de la Posventa en la Automoción editado por After Market Club.

Laborda, J. y Moral, M. J. (2019). Scrappage by age: Cash for Clunkers matters! Transportation Research Part A: Policy and Practice, 124, pp. 488-504.

González, X. y Moral, M. J. (2023). Competition and Competitors: Evidence from the Retail Fuel Market. The Energy Journal, 44 (6).

Matas, A. y Raymond, J. L. (2007). Changes in the structure of car ownership in Spain. Transportation Research Part A 42, pp. 187–202.

MITMA. (2022). Acuerdo con los departamentos de mercancías y viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Disponible en: https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-25032022-0753

VV. AA. (2022). Las Infraestructuras Terrestres, Transportes y Movilidad de personas. Papeles de Economía Española, 171. Disponible en: https://www.funcas.es/revista/infraestructuras-terrestres-transporte-y-movilidad-de-personas/

Notas
  1. Inicialmente se reguló en el capítulo VI del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. El período inicial de la bonificación comprendía desde el 1 de abril al 30 de junio. En el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 manteniendo todas las demás condiciones de aplicabilidad a todos los consumidores y sobre todos los productos petrolíferos (gasolinas, gasóleos, GNC, GNL, …).
  2. Véase el artículo de Matas y Raymond (2007) o la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente (INE, 2008).
  3. Por supuesto, es posible que los hogares utilicen un vehículo de carsharing pero para este análisis no es relevante puesto que todos los vehículos de carsharing son eléctricos.
  4. Véase el número 177 de Papeles de Economía Española (2022).
  5. No en vano, en González y Moral (2023) se estima que las estaciones de servicio situadas a menos de 5 kilómetros de los grandes aeropuertos tienen una demanda cautiva que les permite ejercer poder de mercado y subir un céntimo por litro de combustible independientemente de la marca de la gasolinera.
  6. Aunque de septiembre a mediados de noviembre la bonificación en Francia ha sido de 30 céntimos.
  7. Existe información sobre la cantidad de gasolina y diésel (en terajulios) que usan las empresas y los hogares exclusivamente para automoción (motos, turismos, furgonetas, autobuses o camiones).
  8. Véase en la web de IDAE (https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos) los vehículos N1 que han sido bonificados con los planes MOVES I a III.
  9. Véase el acuerdo en MITMA (2022), disponible en: https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-25032022-0753
  10. Véase art. 52 sobre exenciones al impuesto especial sobre hidrocarburos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre.
  11. La Orden HFP/941/2022, de 3 de octubre, establece el procedimiento para la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional y modifica la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos.
APÉNDICE

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Día Internacional del Niño

Fecha: noviembre 2022

Día Internacional del Niño

El 20 de noviembre de 1989 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Escogió para ello la fecha en la que, 30 años antes, alumbró la Declaración Internacional del Niño, marcando así este día de noviembre como el de celebración de los derechos de la infancia.

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Día Internacional de las Mujeres Rurales

Fecha: octubre 2022

Día Internacional de las Mujeres Rurales

El campo también es de las mujeres

Celebrar anualmente el Día Internacional de las Mujeres Rurales implica, a la vez, un reconocimiento y un estímulo; un reconocimiento de las labores que llevan a cabo las mujeres que viven y trabajan en el ámbito rural, y un estímulo a incrementar su participación en la economía del sector primario, asumiendo puestos de más nivel y mayor responsabilidad.

Lo cierto es que el predominio de los hombres en las actividades agrícolas y ganaderas es muy notorio. De las aproximadamente 770.000 personas que actualmente trabajan en España en el sector agrario [1], solo 181.000 son mujeres: es decir, por cada 100 hombres, 31 mujeres. Las diferencias entre comunidades autónomas son, sin embargo, significativas (Gráfico 1).

En Asturias y Cantabria —comunidades con una ocupación agraria total por debajo de la media nacional— la relación entre mujeres y hombres ocupados en el sector agrario es aproximadamente de 70/100. En cambio, en Murcia y Extremadura —las dos comunidades con mayor ocupación agraria— el número de mujeres empleadas por cada 100 varones empleados es mucho más bajo (34 y 10, respectivamente). Por tanto, las mujeres que trabajan en la agricultura y la ganadería no están más presentes en aquellas comunidades con más empleo en el sector primario; más bien al contrario, la participación laboral femenina se aproxima más a la masculina en los territorios en los que la agricultura y la ganadería generan menos puestos de trabajo.

Si la aproximación entre las tasas de empleo masculinas y femeninas se considera una condición necesaria para avanzar hacia la a menudo reivindicada “igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural [2]”, la tendencia es poco halagüeña. Tomando como referencia temporal el inicio de la Gran Recesión, se observa una reciente masculinización del empleo agrario. En 2008, el sector empleaba a 40 mujeres por cada 100 varones; en 2016 este indicador alcanzó a su valor más bajo (30), recuperándose ligeramente hasta 2019 para volver a caer en 2020. Desde entonces, la relación entre mujeres y hombres empleados en el sector agrario apenas ha variado (Gráfico 2).

Al examinar con más detalle la evolución del empleo femenino en este sector, se observa que la caída más intensa se produce entre las trabajadoras autónomas (sin empleados) [3], cuyo número ha descendido de 95.000 en 2008 a apenas 64.000 en 2022. También las asalariadas —la modalidad de empleo más frecuente— han sufrido un descenso importante durante el mismo periodo (desde 124.000 a 107.000). En cambio, las empleadoras (trabajadoras autónomas con empleados) muestran desde el final del periodo de crisis económica (2014) una tendencia ascendente, aunque con oscilaciones. Cabe destacar que el aumento de las mujeres empleadoras en este sector ha sido más intenso que el de los varones empleadores, si bien el número de ellas (9.600) es aproximadamente cuatro veces menor que el de ellos (37.700) (Gráfico 3).

Sin duda, numerosas mujeres trabajan en la agricultura y la ganadería sin que figuren en alguna de estas categorías de actividad formal. No constan como trabajadoras autónomas (con o sin empleados) ni como asalariadas, pero realizan labores indistinguibles de las de unas y otras.

Son, en muchos casos, mujeres que contribuyen informalmente a la explotación agraria familiar, bien de manera habitual, dedicando unas horas cada día, bien contingentemente, según lo requieran las muchas vicisitudes a las que está sometida la actividad en el campo. Intercalan esas actividades laborales bajo sol y lluvia, que escapan a la contabilidad nacional y las estadísticas del empleo, con su trabajo principal: el cuidado de la casa y de las personas dependientes en el hogar (niños y/o personas mayores). En el recientemente publicado “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021” se puede leer que las mujeres rurales dedican al trabajo doméstico cinco veces más tiempo al día que los hombres (ellas, casi 10 horas; ellos, menos de dos horas). Los hombres se vuelcan en el trabajo en el campo, muy exigente por las condiciones en las que se lleva a cabo; las mujeres se consagran al cuidado del hogar, pero el medio de vida de la familia (el negocio familiar) también forma parte de su día a día. ¿Cabe esperar que las niñas y jóvenes que crecen en esos contextos cojan el testigo asumiendo este modelo de producción económica y familiar?

En un entorno estructuralmente tan desigual como el que reflejan los datos hasta aquí expuestos, conseguir “la igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural” es uno de esos objetivos normativos inespecíficos que, como tales, suelen ser inalcanzables. Más eficaz parece reivindicar la capacidad demostrada de las mujeres para desempeñar trabajos tradicionalmente considerados masculinos con tanta productividad y tanto valor añadido como los hombres. La mejor manera de reconocer y alentar el trabajo de estas mujeres es seguramente procurándoles condiciones laborales equiparables a las de quienes, con cualificaciones y jornadas semejantes, trabajan en las ciudades, y poniendo a su alcance servicios que les permitan descargarse de tareas que comprometen su tiempo de ocio y su bienestar personal


Notas

1. Definido aquí como aquel que comprende las dos primeras categorías de la clasificación Nacional de Actividades Económicas: (1) Agricultura, ganadería, caza y sus servicios; (2) Silvicultura y explotación forestal.

2. Véase, por ejemplo, la nota de prensa publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 15 de julio de 2022, a propósito de la presentación del informe “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021

3. En esta categoría incluimos, además, a cooperativistas y ayudas familiares

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Comentarios al texto preliminar del «Código de buenas prácticas para Inversores Institucionales, Gestores de Activos y Asesores de Voto en relación con sus deberes respecto de los activos asignados o los servicios prestados (“Código de Buenas Prácticas de Inversores o el "Código”)»

Fecha: septiembre 2022

Vicente Salas Fumás*

Código de buenas prácticas, inversores institucionales, gobierno corporativo, Activismo

Resumen

La CNMV ha publicado para consulta pública el “Código de buenas prácticas de inversores”. Los destinatarios del Código son los inversores institucionales tenedores de acciones de sociedades cotizadas en España, agentes y asesores de voto. La adhesión al Código es voluntaria, pero los signatarios se comprometen a “aplicar y explicar” (con un plazo transitorio con la opción de cumplir o explicar). El Código –inspirado en los Stewardship Codes que se extienden por el mundo después de la iniciativa pionera del Reino Unido en 2010– se propone aumentar la implicación (activismo) de los inversores institucionales (accionistas) en el gobierno de las compañías, con la expectativa de que la mayor implicación tendrá efectos positivos para los beneficiarios de los fondos de inversión, las compañías participadas y el conjunto de la sociedad. Los comentarios y sugerencias sobre el texto actual del Código contenidos en este documento se concretan, principalmente, en: los fallos del mercado que el Código trata de corregir; las singularidades del marco corporativo español; la conexión entre las actividades en que se concreta la implicación, y los resultados privados y sociales que se esperan del mayor activismo de los inversores institucionales; y, finalmente, en algunos aspectos formales de la redacción.

1. INTRODUCCIÓN

En fecha 24 de junio de 2022 la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, hace público y somete a consulta el texto preliminar del Código de Buenas Prácticas para Inversores Institucionales, Gestores de Activos y Asesores de Voto hasta el próximo 16 de septiembre.

El objetivo del Código, en línea con otros que ya están vigentes en varios países por todo el mundo, incluidos países de la Unión Europea, UE, es: “promover una mayor implicación de los inversores institucionales y gestores de activos con las sociedades cotizadas, para que estas cuenten con inversores mejor informados, más activos y más involucrados en su estrategia y sus decisiones”. Los destinatarios del Código son, por tanto, los inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto, a la espera de que con su adhesión al mismo ejercerán un mayor activismo accionarial, más allá del que se ejerce a través de la compraventa de acciones y con el derecho de voto. Se espera que la mayor implicación de los inversores, cumpliendo con las prescripciones del Código (horizonte de largo plazo, buen gobierno interno, conocimiento de las sociedades participadas, transparencia, ejercicio del derecho de voto) “beneficiará a su vez la apertura y atención de los emisores a los intereses de los accionistas, en un proceso de mejora continua de su gobierno corporativo y gestión”. El Código aspira a corregir las ineficiencias en la asignación de recursos por parte de las empresas –las sociedades cotizadas especialmente–que atribuye al cortoplacismo de los accionistas y a la desconsideración de las externalidades en las decisiones de inversión. La corrección de las ineficiencias tendrá consecuencias positivas para los beneficiarios y clientes de los fondos de inversión, para las propias compañías cotizadas y para la sociedad en general.

La adhesión al Código será voluntaria, pero los inversores institucionales, gestores y asesores que lo suscriban adquieren la obligación de cumplir el Código de acuerdo con el principio de “aplicar y explicar” (aunque se con- templa un periodo transitorio de aplicación del principio de “cumplir o explicar” para las entidades que voluntariamente opten por ello). En este sentido, el Código se diferencia del Código de Buen Gobierno, CBG, en que este último obliga a todas las sociedades cotizadas, si bien las sociedades pueden elegir las recomendaciones que cumplen y las que no, con la obligación de informar sobre las razones del incumplimiento.

El objetivo de esta nota es exponer un conjunto de reflexiones, comentarios y sugerencias personales al texto del Código en fase de consulta pública, para su posible consideración en la redacción del texto definitivo. El contenido de la nota se fundamenta, en parte, en la experiencia del Stewardship Code (SC), en el Reino Unido (RU). Este país fue pionero en disponer de un Código de buenas prácticas para inversores institucionales ya en 2010, una iniciativa pionera que ha servido de inspiración para buena parte de códigos similares posteriores en otros países, 20 hasta la fecha, siete de ellos europeos1. En el anexo al texto principal se incluye un cuadro comparativo de los textos de los principios, doce, del Código vigente en el Reino Unido desde 2020, revisión del anterior de 2012, y los textos de los principios, siete, del texto español. La referencia al cuadro debe ayudar a comprender algunas de las afirmaciones que aparecen en los comentarios y sugerencias al texto español.

El Código del Reino Unido lleva por título “The UK Stewardship Code 2020”2, y el primer párrafo de la introducción define stewardship en los siguientes términos: Stewardship is the responsible allocation, management and oversight of capital to create long-term value for clients and beneficiaries leading to sustainable benefits for the economy, the environment and society. Más adelante, en la introducción al apartado dedicado a los principios, página 7, el SC precisa las actividades en las que se concreta el ejercicio de la stewardship: Stewardship activities include investment decision-making, monitoring assets and service providers, engaging with issuers and holding them to account on material issues, collaborating with others, and exercising rights and responsibilities.

El Código español lleva por título “Código de buenas prácticas para inversores institucionales, gestores de activos, y asesores de voto en relación con sus deberes respecto de los activos asignados o los servicios prestados (Código de buenas prácticas de inversores o el “Código”). En el apartado introductorio se hace una referencia expresa a la conexión entre el Código y los Stewardship Codes, pero el texto del Código elude proporcionar una definición precisa y aclaratoria del término stewardship, traducido al español. La traducción más común de la palabra stewardship es “administración”; también, “la función de supervisar o cuidar de algo”. Sin embargo, la traducción de steward es “mayordomo”, no administrador. El texto del Código parece haber querido evitar palabras como administración y supervisión entre las funciones de los destinatarios del Código, y opta por la referencia a buenas prácticas en el cumplimiento de la función, sin precisar la función o funciones concretas que se deben cumplir.

Tampoco se encuentra en el Código una frase con la enumeración de las actividades a realizar dentro del ejercicio de la stewardship, que sí aparece en el SC del RU. Lo más parecido que encontramos en el Código es el párrafo en la página 2 donde las buenas prácticas se concretan en “la mayor implicación de los accionistas en las sociedades en las que invierten”. La palabra clave es implicación, utilizada probablemente como sinónima de la palabra repetida varias veces en el SC, engagement. El objetivo final del SC, y también del Código es conseguir más activismo de los inversores institucionales en su condición de accionistas de las sociedades cotizadas. El SC dice claramente que el propósito del engagement –el resultado que se espera del mismo–, es to create long-term value for clients and beneficiaries leading to sustainable benefits for the economy, the environment and society. El Código no es tan directo a la hora de vincular implicación con resultados esperados. En la página 2 el Código señala que los signatarios deben integrar en sus procedimientos de inversión “factores y riesgos de sostenibilidad como los derivados del cambio climático y la degradación medioambiental”, y más abajo, en la misma página, vincula la implicación con conseguir que los factores y riesgos impacten en la sociedad y las empresas.

El hecho de que el Código manifieste expresamente su estrecha relación con los SC, sin proporcionar una definición precisa del término stewardship, y que no incluya en el texto una lista concreta de las actividades que debe realizar el signatario del Código (el steward), ha motivado que en la redacción del texto de comentarios y sugerencias se utilice regularmente la palabra stewardship, sin traducción. Esto presupone que, mientras no se diga lo contrario, la definición de stewardship, junto con la lista de actividades en que se concreta, en el SC 2020 del RU, son plenamente trasplantables al Código español.

La exposición posterior incluye tres apartados principales, las conclusiones finales y un anexo. En el primer apartado se presentan de forma resumida algunos aspectos destacados de la motivación, desarrollo, revisión y resultados de la aplicación del SC del RU, que ha servido de inspiración a los que han venido después. El segundo apartado incluye una breve reseña de tres artículos académicos, seleccionados de la amplia literatura existente, dedicados al análisis y la valoración de los SC, cuyos contenidos particulares nos parecen útiles para completar la perspectiva de análisis y valoración del Código. El tercer apartado incluye los comentarios y las sugerencias que suscita la lectura del Código, a partir de los antecedentes y de los contenidos de los estudios académicos. Las conclusiones resumen las sugerencias de cambios y/o extensiones sobre el texto actual que entendemos como más sustantivas. El anexo contiene una enumeración de los principios del Código del RU de 2020, con otra paralela de los principios del Código español.

2. ANTECEDENTES

El Reino Unido introdujo su Stewardship Code (SC) después de la crisis financiera de 2007-2009 como reacción a una recomendación del Informe Walker, elaborado como resultado final de una iniciativa gubernamental puesta en marcha para evaluar la responsabilidad del sistema de gobierno corporativo dominante en el RU, en las causas y las consecuencias de la crisis financiera de 2008. El Informe concluye que la gobernanza corporativa tuvo una gran responsabilidad en la gestación de la crisis y en sus negativas consecuencias, y recomienda su reforma con cambios de calado. El SC es el resultado de una de las recomendaciones del Informe sobre la necesidad de implicar más y mejor a los inversores institucionales en la gobernanza corporativa. La elaboración del Código corrió a cargo de la agencia cuasi gubernamental, el Financial Reporting Council (FRC), que inicialmente se inspiró en una “declaración de principios”, elaborada y sucesivamente revisada en los últimos veinte años, por el órgano representativo de los accionistas institucionales en el RU. El primer SC se publicó en 2010; posteriormente se revisó en 2012, aunque se mantuvieron las líneas maestras del Código inicial

Cuando estalla la crisis financiera en 2008, el modelo de gobernanza corporativa dominante en el RU sigue las recomendaciones de los códigos de buen gobierno corporativo (soft law), que habían sido elaborados atendiendo a la problemática sobre el gobierno corporativo tal como se había diagnosticado a principios de los años noventa (Código Cadbury). El buen gobierno se concreta en conseguir una composición y funcionamiento de los consejos de administración que asegure un control efectivo sobre los directivos de las compañías, y aumentar la transparencia de las compañías frente a inversores y grupos de interesados en general. La figura clave para conseguir esos objetivos fue la del consejero independiente, es decir sin conflictos de interés con el equipo directivo, y sin representar accionistas de control que, por otra parte, apenas existen entre las sociedades cotizadas en el RU.

El Informe Warren concluye que el modelo de consejeros independientes fue inoperante frente a la crisis financiera, y recomienda cambiarlo por otro que implique mayor activismo (engagement) de los accionistas en la gobernanza corporativa y, por tanto, más influencia de estos accionistas en las decisiones de los equipos directivos de las compañías. En el RU, los fondos de inversión y similares concentran conjuntamente una mayoría holgada de las acciones emitidas por las sociedades cotizadas, de manera que la recomendación de una gobernanza con mayor activismo accionarial apuntaba directamente a una mayor implicación de los fondos y similares en la gobernanza corporativa. Hasta ese momento se daba por sentado que los fondos de inversión influían en las decisiones empresariales a través de la compra y venta de acciones (entrada y salida del capital de las sociedades), y de modo más efectivo con la venta por la señal que pudiera transmitir de pérdida de confianza en el proyecto empresarial. Lo que el Informe recomienda es que, además de la salida, los fondos inversores institucionales influyan a través de la “voz” que les permite su condición de accionistas, y con una mayor transparencia en la explicación del ejercicio de derecho de voto en la junta general. El SC del FRC de 2010-2021 trata de establecer un conjunto de buenas prácticas sobre la actuación comprometida de los fondos de inversión con el gobierno de las sociedades cotizadas en el RU. La necesidad de un SC estaría justificada, entre otras razones, porque los fondos de inversión gestionan capitales que les confían a ellos sus clientes y beneficiarios, lo que podría dar lugar a conflictos de interés entre las aspiraciones de estos beneficiarios y la defensa de los intereses de las sociedades participadas.

Después de varios años de vigencia del SC, en 2018 el gobierno del RU nombra una comisión con el mandato de evaluar el impacto real del SC. El informe de la comisión es contundente: el SC de 2012 apenas habría tenido impacto alguno. La recomendación fue eliminar el SC o reformarlo profundamente. El FRC decide revisar el SC en una doble dirección: tratar de mejorar el compromiso de los fondos con la gobernanza corporativa, y ampliar el concepto de stewardship, incluyendo entre los resultados a los que debe espirar el stewardship aquellos relacionados con el medio ambiente, concretamente el cambio climático, con la acción social y con la gobernanza; la llamada ESG. En suma, por un lado, el SC de 2020 reformula las buenas prácticas para tratar de mejorar la forma de cómo se desarrolla la interacción del fondo/accionista con la sociedad de capitales participada y con los clientes y beneficiarios del fondo (como si el fondo, agente, tuviera dos principales, los beneficiarios y las sociedades de capitales en las que participa). Por el otro, cambia el fondo del compromiso del fondo/accionista como activista en la gobernanza empresarial, con la recomendación de que se considere una buena práctica atender a objetivos de relevancia social, además de los de interés estrictamente privado.

Entre los objetivos de interés social se incluyen a los factores ESG, y la contribución de los inversores institucionales al buen funcionamiento de los mercados financieros. En la parte expositiva, el SC 2020 dice: The Code also recognises that asset owners and asset managers play an important role as guardians of market integrity and in working to minimise systemic risks as well as being stewards of the investments in their portfolios. Y el Principio 4 convierte esta valoración en una imposición imperativa: Signatories identify and respond to market-wide syste- matic risk to promote a well-functioning financial system.

Una de las novedades importantes del SC 2020 fue, por tanto, la ampliación de los resultados empresariales, a los que los inversores deben prestar atención cuando se implican y se comprometen con su voz en las decisiones empresariales, para incluir entre ellos resultados de interés social, además de los de interés privado. La tarea no fue fácil, como pone de manifiesto el cambio en el texto del SC después de la fase de consulta pública. El texto del SC 2020 publicado para consulta pública define stewardship como: Stewardship is the responsible allocation and management of capital across the institutional investment community to create sustainable value for beneficiaries, the economy and society. En la redacción final, el texto, en la parte de resultados esperados de la implicación de los accionistas, dice lo siguiente: … to create long-term value for clients and beneficiaries leading to sustainable benefits for the economy, the environment and society. En la primera redacción, los beneficiarios, la economía y la sociedad están en un mismo plano. Es decir, en el ejercicio del stewardship se contempla la posibilidad de que se tomen acciones que puedan perjudicar parcialmente a los beneficiarios privados, si con ello se consiguen beneficios mayores para la economía y/o la sociedad. En el texto definitivo, en cambio, se deja claro que los beneficios para la economía y para la sociedad se limitan a los que puedan derivarse de mejorar los resultados privados, definidos en términos de valor a largo plazo para los clientes y beneficiarios. La posibilidad de compensar pérdidas privadas con beneficios públicos, en cumplimiento del Código, no existe en la redacción definitiva. Debería entenderse también que, con la redacción final, la incorporación de factores ESG por parte de los inversores, en sus relaciones con las sociedades participadas, queda supeditada a que con ello se contribuya a crear valor (privado) a largo plazo.

Entendemos que lo que la versión final del Código dice es que el valor creado para los inversores privados depende de que se reconozcan y se gestionen adecuadamente los riesgos por el cambio climático, el posible deterioro social y la mala gobernanza; es decir, los factores ESG afectan directa e indirectamente al valor creado privado y esa es una razón suficiente para que los accionistas-inversores los tengan en cuenta en sus relaciones con las compañías participadas. Por extensión, se trata de un razonamiento similar al que puede aplicarse para justificar por qué el sistema financiero, que financia las inversiones y comparte riesgos, debe preocuparse por el cambio climático.

3. LA VALORACIÓN DE LOS SC EN LA ACADEMIA

Entre los antecedentes al Código que merece la pena tener en cuenta a la hora de su valoración, se incluyen también las numerosas publicaciones académicas sobre el origen, sustancia, impacto de los SC, en los últimos años. A modo ilustrativo nos referiremos brevemente a tres.

La primera publicación seleccionada es el trabajo del profesor Davies (2020) sobre las razones por las qué fracasa el SC 2010 en el RU, y lo que puede esperarse del SC 2020, con el sugerente título, From Saving the Company to Saving the Planet. Davies reconoce como gran novedad del SC 2020 el ampliar los objetivos sobre los que las actividades de los stewards deben incidir, con respecto a los que se contemplan en la versión anterior del SC: desde los que conciernen únicamente a los beneficios privados para las compañías y sus accionistas, a los que conciernen a la sociedad en general y, entre estos últimos, el reconocimiento del impacto de las decisiones empresariales sobre el cambio climático, el más amenazante para el planeta. La lectura del artículo de Davies merece la pena como un diagnóstico preciso sobre las razones por las que el SC de 2010 no dio los resultados esperados, tanto desde la perspectiva de los resultados privados como de los colectivos.

La ambición normativa del SC 2020, al incluir referencias expresas a los factores ESG, y al impacto de las decisiones empresariales en el bienestar social en general, obliga al SC a ser mucho más preciso sobre la relación entre las actividades de los stewards y los resultados privados y sociales que se esperan conseguir con dichas actividades, incluida la atención a los incentivos de las partes implicadas. Davies reconoce las limitaciones del SC 2020 en este sentido, y lleva la discusión sobre los incentivos de los inversores a implicarse en la consecución de objetivos sociales a unos planos distintos. En primer lugar, los inversores institucionales pueden demostrar cierta predisposición a asumir objetivos sociales en sus actividades como stewards de las sociedades participadas, no tanto por convicción, sino como una forma de evitar o retrasar regulaciones más exigentes y vinculantes por parte de las autoridades públicas. El gobierno del RU es uno de los signatarios de los acuerdos internaciones para la lucha por el cambio climático y es de esperar que aumenten las presiones a favor de más regulación pública y menos espacio para la soft law. En segundo lugar, los inversores se implicarán más o menos en los objetivos sociales en función de que esté en juego o no su reputación frente a la opinión pública, dañada por la crisis de 2008. En estos años crecen las personas y los colectivos cada vez más amplios de la población, incluidos beneficiarios de los fondos, comprometidos personalmente con la mejora del medio ambiente y la inclusión social, a los que los inversores institucionales no podrán ignorar.

El segundo trabajo, Puchniak (2021) valora las iniciativas internacionales alrededor de los SC desde una perspec tiva comparada, lo que le permite contrastar las grandes diferencias entre los mercados de capitales del RU y de EE. UU., de un lado, y los del resto de países que han introducido un SC similar al del RU, del otro. El autor se refiere a la “falsa esperanza” de los países por conseguir algún resultado positivo al dotarse de un SC, teniendo en cuenta que entre sus sociedades cotizadas no se dan las condiciones para que eso ocurra. El RU se dota de un SC porque los inversores institucionales son los titulares de la mayoría de las acciones emitidas por las sociedades cotizadas (la situación en similar en EE. UU., aunque este país no tiene SC3) y, hasta ese momento se entiende que esos inversores no han tenido suficiente implicación en la gobernanza y gestión de las sociedades cotizadas. Sin embargo, en todos los países que han imitado el SC del RU la situación dominante entre las sociedades cotizadas es la presencia de accionistas de control implicados en la gobernanza. Según los datos aportados por el propio Puchniak, a finales de 2017 la proporción de acciones en manos de inversores institucionales en distintos países y continentes es: total mundial, 20 %; Asia, 11 %; Europa sin RU, 21 %; España, 21 %; Estados Unidos, 80 %; RU, 68 %.

Los SC encajan bien con la distribución de la titularidad de las acciones de las sociedades cotizadas en el RU porque su objetivo es activar la implicación de los inversores institucionales en la gobernanza de las compañías, los únicos que pueden hacerlo. En el resto de países, la pasividad o activismo de los fondos de inversión es irrelevante porque ya existen accionistas de control (mayoritariamente familias y personas, gobierno, otras corporaciones) con votos e incentivos suficientes para actuar como accionistas activos. Por otra parte, en países donde dominan los accionistas de control, los fondos de inversión no tendrán incentivos a activarse como accionistas porque, aunque lo hagan, su capacidad de influencia será mínima o nula porque estarán en minoría. Siendo así, ¿por qué hasta 22 países adoptan un SC que no encaja con su sistema corporativo? La respuesta del autor: ...this Article demonstrates that the global shareholder stewardship movement has been co-opted by governments and institutional investors to serve their own purposes. This has resulted in stewardship serving diverse functions globally– such as mechanisms that governments can use to engage in halo signaling, a tool for government to advance their political agendas, or as a mechanism for institutional investors to stave off being regulated by government (página 42). Y alerta de que las luces brillantes del stewardshid puedan ser utilizadas como señal de cambio hacia una sociedad más sostenible e inclusiva, y servir de escusas para retrasar cambios normativos y reformas más profundas en la gobernanza de las sociedades cotizadas, precisamente en aquellos países donde los accionistas de control tratan de retrasar al máximo una (necesaria) regulación más estricta en materia social y medioambiental.

La publicación de Gordon (2022) con el título Systematic Stewardship, adopta un punto de vista diferente sobre la relación entre los inversores institucionales, en particular los fondos de inversión, y las compañías participadas. El trabajo comienza con el reconocimiento de la diversidad dentro del colectivo de inversores institucionales, y la diferente forma de enfocar la función de steward entre, por ejemplo, un hedge-fund y un fondo de inversión diversificado. Los hedge funds tienen su ventaja comparativa en detectar empresas cuyos resultados económicos y financieros pueden mejorarse a través de operaciones selectivas que tiene como objetivo cambiar la estrategia y/o modelo de negocio, con cambio en el equipo directivo o no. Se trata de actuaciones que responden a características idiosincráticas de las empresas sobre las que los inversores tratan de intervenir. Gordon argumenta que los gestores de fondos diversificados no tienen ninguna ventaja comparativa en actuar atendiendo a características idiosincráticas de las empresas porque el objetivo de la diversificación es precisamente eliminar los riesgos idiosincráticos de cada empresa del riesgo total de la cartera. Los fondos gestionan las carteras con el criterio de maximizar la rentabilidad media ajustada por el riesgo, de manera que el objetivo de la gestión es aumentar la rentabilidad esperada de la cartera para un riesgo dado, y/o reducir el riesgo de la misma para una rentabilidad dada.

Los fondos diversificados establecen criterios generales de buen gobierno que las sociedades potencialmente participadas deben cumplir, tratando de influir en la rentabilidad media de la cartera. Pero las oportunidades para mejorar la relación rentabilidad-riesgo de la cartera de inversión están en la capacidad para reducir el riesgo sistemático, el que no puede eliminarse con la diversificación. Gordon incluye, el cambio climático, la estabilidad financiera y la estabilidad social entre las fuentes de riesgo sistemático, no diversificable, y a los que los gestores de las carteras deben prestar atención. Se trata de tres factores muy relacionados con la ESG y, al mismo tiempo, muy relevantes para el bienestar social: Systematic stewardship provides an approach to ESG matters that serves both, investors welfare and social welfare, and fits the business model of large investment funds especially index funds (página 1). En este sentido, los intereses privados de mejorar los resultados de la cartera reduciendo riesgo sistemático, estarían alineados y serían compatibles con objetivos prioritarios de la sociedad en su conjunto.

El systematic stewarship significa una aproximación al activismo de los inversores institucionales, muy distinta a la que adoptan los SC. Gordon ilustra la diferencia con lo que, a su juicio, fue un error de la Comisión Warren, precursora del SC en el Reino Unido. En su opinión, el fallo de los fondos por no haber sabido detectar y evitar la excesiva exposición a los riesgos de los grandes bancos que desencadena la gran crisis financiera de 2008, no fue tanto por su falta de engagement en la gobernanza de un banco concreto, como diagnosticó el Informe Warren. El fallo estuvo en no haber entendido que la crisis de un banco era un suceso de efecto sistemático, es decir no eliminable a través de la diversificación, como después se demostró con la crisis financiera global. La perspectiva correcta en la preocupación de los fondos de inversión ampliamente diversificados sobre cómo actuar, debió ser la que corresponde a un gestor de riesgo sistemático –no la que corresponde a los riesgos idiosincráticos como parece concluir el Informe Warren– porque es la perspectiva compatible con la misión y los objetivos asignados a los gestores de esos fondos.

Gordon critica la referencia a los factores ESG que se incluye en el SC 2020, porque entiende que se justifica únicamente desde el punto de vista de los factores que influyen en el valor a largo plazo de una empresa participada y, a través de la participación del fondo en esa empresa, en el valor de la cartera del fondo. Para un gran fondo diversificado, la justificación de prestar atención al cambio climático, a la estabilidad financiera y la estabilidad social se basa en que actuando en esos ámbitos el fondo consigue reducir el riesgo sistemático de la cartera, lo cual también redunda en más bienestar para los beneficiarios del fondo4.

4. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE EL TEXTO DEL CÓDIGO

El Código a consulta pública consta de tres partes, la introducción, un apartado sobre características del Código y un apartado final con los principios y sus respectivas explicaciones. Los comentarios se presentan separados para cada una de las partes, cada uno seguido de algunas sugerencias sobre posibles modificaciones.

4.1. Introducción
  • La introducción comienza con un largo párrafo dedicado a los motivos por los que se introduce en España un Código sobre buenas prácticas dirigido a los inversores institucionales. El texto del párrafo en cuestión es el siguiente:

    Los inversores institucionales, en su condición de propietarios de los activos, y los gestores de activos, tienen una obligación fiduciaria de gestión y administración en relación con los activos conferidos por sus clientes y beneficiarios1, debiendo actuar en su mejor interés y siendo recomendable que adopten una orientación al largo plazo. Ello implica, a su vez, promover que las sociedades cotizadas u otras entidades en las que invierten, y sus órganos de administración, tengan entre sus objetivos la obtención de un rendimiento y creación de valor a largo plazo (rendimiento o rentabilidad a largo plazo, en adelante), que cuenten con un régimen de gobierno corporativo adecuado y que gestionen e integren adecuadamente en sus políticas y estrategias los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos sociales y medioambientales, así como los posibles impactos que puedan implicar, ya se trate de un impacto financiero sobre la entidad, o causar una externalidad, más allá de los aspectos estrictamente financieros, todo ello en consideración a su potencial para generar dicha rentabilidad a largo plazo. Lo anterior, puede generar las que invierten, evitando que adopten un enfoque predominantemente cortoplacista. Lo anterior contribuirá, a su vez, a la sostenibilidad de las ntidades en las que invierten y la sociedad y economía en general.
Comentario

En la motivación del Código aparecen implícitos dos fallos del mercado que se espera que ayude a resolver: el fallo por cortoplacismo, y el fallo por la presencia de externalidades. La referencia al “círculo virtuoso” sugiere complementariedades entre, las soluciones del Código al fallo del cortoplacismo, y las soluciones al fallo atribuido a las externalidades.

En nuestra opinión, el cortoplacismo, si existe, responde a un fallo del mercado por costes de transacción en la contratación entre actores privados en sociedades mercantiles con derechos de decisión compartidos, y/o en la contratación con la dirección de la sociedad cuando no coincide con la propiedad. Las externalidades, en cambio, dan lugar a fallos del mercado porque las decisiones de los actores económicos impactan en el bienestar de personas que no intervienen en la decisión, ni tampoco poseen la capacidad de intervenir para que el impacto sobre su bienestar se tome en consideración. El cortoplacismo resulta en pérdidas de riqueza potencial para actores privados, que harán lo que esté en sus manos para evitarlas. Evitar externalidades implica, para los decisores que las provocan, incurrir en pérdidas de riqueza privada y, por tanto, desde la racionalidad individual no existen incentivos para internalizarlas. Por esa razón, y si la intervención del estado no lo remedia, las externalidades terminan en pérdidas de riqueza y bienestar para colectivos que no están vinculados contractualmente con la compañía.

El cortoplacismo en las decisiones societarias puede producirse en situaciones donde, quien tiene que aprobar/ ratificar una decisión (consejo de administración, asamblea general de accionistas), está menos informado de quien hace las propuestas sobre las decisiones a tomar (dirección general). Por ejemplo, el equipo directivo de la sociedad no consigue convencer al consejo de administración de que, con la información que posee, invertir en formación de los trabajadores aumentará el valor de mercado de las acciones, además de, tal vez, mejorar el bienestar de los propios trabajadores. El consejo, con la misma información, habría tomado la decisión que propone el equipo directivo. Las dificultades del equipo directivo para comunicar al consejo de forma creíble la información que posee aumentarán razonablemente con el alargamiento del horizonte temporal en el que van a producirse los beneficios para la compañía. El equipo directivo tendrá más facilidad en convencer al consejo y a los accionistas para que aprueben sus proyectos cuando los flujos de caja son predecibles y se concentran en un corto e inmediato plazo de tiempo. Esta circunstancia explicaría el uso del término “cortoplacismo” para describir situaciones donde los conflictos de interés y las asimetrías de información entre actores con capacidad para influir en las decisiones de inversión (acreedores, accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios, directivos), termina con pérdidas de riqueza potencial porque no se toman decisiones que se habrían tomado sin ese conflicto y/o con información completa y simétrica.

El cortoplacismo no podría darse en situaciones donde el empresario propietario financia la sociedad y toma las decisiones importantes de inversión, lo cual no quiere decir que no exista riesgo en las decisiones de inversión del empresario. El empresario toma las decisiones, generalmente en condiciones de incertidumbre, y la racionalidad, coherencia con sus preferencias de maximizar la riqueza creada (personal) prescribe que tendrá en cuenta los beneficios y costes de cada una de las alternativas a lo largo de toda la vida útil de los activos implicados, tangibles e intangibles.

El cortoplacismo, en distintas manifestaciones, formaría parte de los conflictos entre acreedores y accionistas, entre accionistas mayoritarios y minoritarios y entre accionistas y directivos que afectan a la sociedad de capitales complejas, prácticamente desde sus orígenes. La teoría de la agencia estudia estos conflictos de interés, que terminan en pérdidas de riqueza potencial debido a los altos costes de transacción cuando se contrata con información asimétrica y/o incompleta. El derecho mercantil y societario (hard law) y los códigos de buen gobierno (soft law) ofrecen soluciones contractuales entre actores privados para llevar a la práctica las recomendaciones de la teoría. La voluntad de los actores privados es evitar las pérdidas por los conflictos de interés a los que hemos aludido, pero no es posible del todo porque obligaría a incurrir en costes de contratación por encima de los posibles beneficios derivados de ellos (los altos costes de transacción, directos e indirectos, condicionan las decisiones individuales y colectivas).

Las externalidades remiten al impacto de las decisiones de asignación de recursos en la empresa sobre el bien- estar de actores ajenos a la relación empresarial, y/o a actores que no están en condiciones de reaccionar para influir y evitar que se produzcan. En condiciones normales, las externalidades directas sobre trabajadores, clientes o proveedores se deberían resolver contractualmente en el dominio privado. Cuando las decisiones privadas eligen entre alternativas ignorando las externalidades, el criterio de elección entre alternativas maximizar la riqueza privada (maximizar el valor económico de los activos con el horizonte temporal acorde con ese máximo), da un resultado que, en general, no coincide con la maximización del bienestar social, es decir la maximización de la riqueza creada total, incluidos los efectos externos. Por ejemplo, la contaminación medioambiental es una externalidad que impacta en el bienestar de generaciones futuras, impotentes en la defensa de sus intereses. Si reducir la contaminación significa un coste privado para la empresa y si las decisiones que toma la dirección de la empresa responden al interés particular de quienes soportan ese coste, los accionistas, la externalidad no entrará en los cálculos del valor económico de las inversiones y no se hará nada para evitarlas. Por otra parte, si la empresa considera que reconocer e internalizar la externalidad permite mejorar los resultados privados, entonces ya no podemos hablar de externalidad porque los efectos están internalizados e incluidos como un componente más de los costes y beneficios privados. La externalidad es un factor relevante desde la perspectiva del interés social cuando no es incentivo-compatible, es decir cuando no internalizarla es una decisión óptima desde el interés privado, pero no lo es desde el interés social.

A modo ilustrativo, considérese una situación de decisión donde una empresa decide si cierra una planta de producción. Con el cierre se reducen las pérdidas de los accionistas y, al mismo tiempo, los trabajadores empleados en la planta pierden también rentas salariales por el capital humano específico invertido en la actividad que termina. Los trabajadores tratarán de negociar con la empresa y alertarán sobre su pérdida de riqueza, que la empresa entiende perfectamente (no existe información asimétrica). Sin embargo, desde la racionalidad individual, la empresa decide cerrar la planta; es decir, la maximización del valor económico de los activos de la empresa lleva a la decisión de cerrar la planta con pérdidas para los trabajadores. Supóngase ahora una situación distinta donde la empresa reconoce que la pérdida de empleo por el cierre de una planta de producción alterará los incentivos de los trabajadores de otras plantas para realizar inversiones en capital humano específico. Es decir, la decisión de cierre de una planta genera externalidades para la propia empresa que, ahora, desde la racionalidad individual, la empresa tiene incentivos a internalizar. La decisión de cierre podría ser ahora distinta, no por- que a la empresa le interese el bienestar de los trabajadores, sino porque le interesa internalizar la externalidad por el cierre que afecta a sus beneficios futuros.

Supóngase, en tercer lugar, que la dirección de la empresa identifica las externalidades sobre el valor de su capital humano de la decisión de cierre, pero no consigue convencer al consejo de administración y/o los accionistas (información asimétrica), de que tal externalidad realmente se va a producir como consecuencia del cierre de una de las plantas. Si el consejo y los accionistas ratifican el cierre y se pierden rentas de los trabajadores y beneficios para los accionistas que estos no han sabido o podido valorar, la pérdida de riqueza total se incluye como parte de los costes de agencia. Pero, con igual información, la decisión de internalizar la externalidad sobre el bienestar de los trabajadores en la decisión de cierre depende si con ello los accionistas ganan (cuando la externalidad afecta también a sus beneficios) o pierden (cuando afecta solo al bienestar de los trabajadores). Lo relevante en este último caso no son los costes de agencia (accionistas y dirección coinciden en la decisión de cierre), sino la pérdida de riqueza que soportan los trabajadores y que no entra en el cálculo de los cash-flows en base a los cuales se toma la decisión de cierre de la planta.

Las externalidades no interiorizadas pueden ocurrir en empresas familiares, en empresa con un accionista director, en empresas cotizadas, en empresas con y sin separación entre propiedad y dirección, en cooperativas de trabajadores… El llamado cortoplacismo o, más genéricamente, los problemas de agencia debido a las asimetrías de información y los costes de contratar, son exclusivos de empresas en las que existe especialización en la financiación (fondos propios y ajenos), diversidad de accionistas (mayoritarios y minoritarios) y dirección separada de la propiedad.

La implicación de los inversores institucionales que busca el Código, podría contribuir a reducir la asimetría de información con los interesados internos de la sociedad mercantil y reducir así las pérdidas por costes de agencia. Sin embargo, en general, los inversores institucionales no tendrán incentivos para internalizar externalidades con resultados positivos para el conjunto de la sociedad, si con ello se reduce el valor privado a largo plazo de los beneficiarios y clientes.

Sugerencia

Que se revise el párrafo introductorio del actual texto y se aproveche la revisión para clarificar los fallos de mercado que el Código espera ayudar a resolver. Que se explique porqué el Código (soft law) es más efectivo que la regulación normativa (hard law) para resolverlos. Que se clarifique la diferencia entre los fallos del mercado por costes de agencia (cortoplacismo) y fallos por la presencia de externalidades. Que se indiquen las soluciones por la vía de la soft law para cada uno de los fallos por separado.

La revisión debería tomar en consideración el trabajo de Roe, Spamann, Fried y Wang (2020). Y más reciente- mente, sobre el mismo tema, el de Roe (2022). Las aportaciones de estos textos a la clarificación de los conceptos cortoplacismo y externalidad, deberían de contrastarse con el de los informes que se citan en la nota 3 del Código, indicando en qué medida las dos visiones sobre el cortoplacismo concuerdan o no en las apreciaciones sobre sus causas y consecuencias.

  • En la Introducción aparecen también referencias al stewardship y a las relaciones entre este concepto y el Código de buenas prácticas. Se han seleccionado para comentario posterior los párrafos siguientes de la página 2:

    La reciente modificación de varios actos delegados, en relación con las obligaciones fiduciarias de las gestoras de activos, entidades de seguros y reaseguros y entidades de servicios de inversión, tiene entre sus objetivos aclarar que en su asesoramiento y procedimientos de inversión deben integrar factores y riesgos de sostenibilidad, como los derivados del cambio climático y la degradación ambiental.
  • Una forma eficaz de contribuir a conseguir este impacto en la sociedad y en las empresas es a través de una mayor implicación de los accionistas en la vida de las sociedades en las que invierten. Al ser los inverso- res institucionales y los gestores de activos (gestores, en adelante) accionistas o actores importantes en un gran número de sociedades, su implicación es fundamental para conseguir un modelo eficiente de gestión y gobernanza empresarial.

    Cabe destacar que numerosos fondos de pensiones y compañías de seguros internacionales incluyen, entre las variables para seleccionar a sus gestores, las prácticas de stewardship y, específicamente, las relacionadas con sus políticas de implicación y voto, así como los resultados que se deriven de las mismas.
Comentario

Ni en los párrafos seleccionados ni en el resto de la introducción o en las secciones generales del texto, se ha encontrado una aclaración o definición más o menos fiel del concepto de stewardship, general y/o adaptada al caso español. El texto del Código se refiere a aspectos formales de los SC como, por ejemplo, su formulación en forma de principios, su aplicación bajo las reglas de cumplir o explicar y/o aplicar y explicar, su carácter voluntario... Es decir, se deja claro que los SC pertenecen al ámbito de la soft law, pero, en nuestra opinión, se profundiza poco en aspectos sustantivos. Del título del Código y del contexto expositivo podría inferirse que aquel establece una equivalencia entre stewardship y “buenas prácticas”. Pero falta precisión, tanto en lo que se refiere a cuáles son esas prácticas, como en lo que se refiere a los criterios por los que se consideran buenas o malas.

El Código se refiere indirectamente a las buenas prácticas en la frase (segundo párrafo reproducido) “mayor implicación de los accionistas en la vida de las sociedades en que se invierte”. En este sentido el Código enlaza con el engagement de los inversores institucionales que es objetivo prioritario del SC del RU, pero, a diferencia de este último, apenas se extiende en explicar en qué consiste la implicación/engagement. Por otra parte, en los párrafos reproducidos más arriba aparecen referencias dispersas e inconexas a los resultados esperados de esa implicación. Por un lado se dice que las sociedades de inversión deben “integrar factores y riesgos de sostenibilidad, como los derivados del cambio climático y la degradación ambiental” en sus actuaciones, y por otro que el resultado de la implicación es “conseguir un modelo eficiente de gestión y gobernanza empresarial”. Es decir se mezclan resultados sociales y resultados privados, sin precisar cuál es la relación/compatibilidad entre ellos.

Sugerencia

Revisar el texto del Código para incluir una definición aclaratoria sobre el término stewardship y/o la palabra o frase que se utilice en la traducción de este término al español. En la definición deben hacerse explícitos los criterops que permiten distinguir entre prácticas buenas y malas. Junto a la definición stewardship, el nuevo texto debería incluir también una frase con la enumeración de las actividades que forman parte del stewardship. La definición de stewardship y la enumeración de las actividades en el SC 2020 del RU podrían servir de guía para la redacción de estos textos.

En la explicación de los criterios con los que se juzgan o valoran los resultados de la aplicación del Código, debería clarificarse si los factores de ESG, junto con el cambio climático y los riesgos que se derivan del mismo, son fines o medios. En definición de stewardship que contiene el SC 2020 del RU, se deja claro que lo que importa en el resultado final es la utilidad de los beneficiarios de los fondos (crear valor a largo plazo para los clientes y beneficiarios). Los beneficios para la sociedad en general, si ocurren, quedan como un efecto colateral de los beneficios privados. El SC 2020 no contempla la posibilidad de que el stewardship pondere la suma de bienestar privado y de bienestar social como resultado del engagement (recuérdese lo dicho en un apartado previo sobre el cambio de redacción durante la fase de consulta para dejar clara la primacía de los intereses de clientes y beneficiarios). Por otra parte, el Principio 4 del SC 2020 establece de forma normativa que los signatarios del Código actuarán en pro de la estabilidad financiera, sin concretar si debe ser así incluso cuando se perjudica a los beneficiarios.

El Código no tiene por qué seguir al SC en lo que se refiere a la prioridad de los resultados privados o sociales de la implicación de los inversores institucionales. Pero, sea cual sea la respuesta a la pregunta sobre la prioridad de unos resultados u otros, lo importante es que se haga explícita en el texto. En algunas partes del Código, da la impresión que los factores ESG se incluyen entre los resultados de interés social. Esto no debe darse por sentado ni por sobreentendido. Por el contrario, el Código debe precisar explícitamente si la atención a los factores de ESG responde a que, al tenerlos en cuenta, se está cumpliendo mejor con el objetivo privado de crear valor a largo plazo para los beneficiarios, o si las externalidades medioambientales, sociales y de inestabilidad financiera deben formar parte del output final. Es decir, si los impactos sobre el bienestar social de las decisiones corporativas se consideran efectos colaterales, como en el SC 2020, o si las externalidades deben forman parte de los indicadores de resultados, en las mismas condiciones que los beneficios privados.

Las palabras “en el grado en que (los signatarios del Código) consideren oportuno” que aparecen en el Principio 1 sugieren que se deja libertad a los signatarios para que decidan si los factores ESG se consideran medios para mejorar los resultados privados (crear valor a largo plazo), o si, por el contrario, se consideran fines, es decir, si entran en los objetivos de la implicación al mismo nivel, al menos, que los resultados privados. La redacción de este texto parece haberse inspirado en la expresión “procure conciliar” que aparece en la Recomendación 12 del CGB, en un contexto similar de posible incidencia de intereses privados e intereses colectivos en las actuaciones del consejo de administración. En todo caso, se trata de términos suficientemente ambiguos como para merecer una explicación más precisa de su significado en la práctica, tal vez con la ilustración de cómo actuar en alguna situación donde el interés particular y el interés general entre en conflicto. Por otra parte, si el Código mantiene la libertad de los signatarios para decidir si los factores ESG son medios o son fines, debería pedir expresamente que los signatarios informen públicamente con suficiente detalle sobre su decisión.

4.2. Características del Código

Seleccionamos para comentarios y sugerencias dos párrafos de la página 5 referida a los potenciales signatarios del Código.

A efectos de este Código, por inversores institucionales se entienden las compañías de seguros y reaseguro de vida y los fondos de pensiones de empleo. Sin embargo, y dado su carácter voluntario, se contempla la posibilidad de que otras entidades, como serían las compañías de seguro y reaseguros de no vida, sociedades holding o de cartera, u otras entidades similares, puedan asimismo adherirse al Código si así lo consideran. En el caso de los fondos de pensiones de empleo, tanto la adhesión como la aplicación de los principios se realizará por medio de sus entidades gestoras.

En este sentido, y teniendo en cuenta la relevancia de la inversión de grupos familiares o inversores privados en la estructura de propiedad de las sociedades españolas, cotizadas o no, parece conveniente que éstos tengan la oportunidad de adherirse, con las especialidades necesarias, a los principios de este Código. Por ejemplo, entre otros, aquellos que ostenten una influencia significativa sobre las sociedades.

Comentario

El segundo de estos dos párrafos es el único en el que el Código reconoce la presencia habitual de accionistas de control en la estructura accionarial de las sociedades cotizadas en España, aunque el hecho no se valora como una “falsa esperanza” (Puchniak, 2021) de los beneficios que puede aportar un Código pensado para un país, el RU, con empresas cotizadas sin accionistas de control. Por el contrario, el Código considera que los principios sobre buenas prácticas en la implicación de los inversores institucionales en la gobernanza empresarial, sirven por igual para los accionistas de control. Teniendo en cuenta las discrepancias de que realmente pueda ser así (Puchinak y Gordon), el Código debería ser más explícito en las razones que llevan a creer que no es una “falsa esperanza”.

En un momento de fuerte impulso innovador, la llegada de novedades terapéuticas (medicamentos, dispositivos, innovaciones organizativas…) al sistema que cubran necesidades no atendidas y con promesas de mejor salud y bienestar para los ciudadanos no puede ser visto como un problema. No obstante, la literatura especializada apunta a las innovaciones sanitarias como uno de los grandes motores del gasto sanitario, si no el principal, en las últimas décadas6. Nada indica que no seguirá siéndolo en el futuro (European Comission-Ageing Report, varios años). Por tanto, en un contexto de tratamientos cada vez más personalizados y de una demanda de precios muy elevados para los mismos, el desafío, incluso para países de rentas altas, es cómo financiarlos.

Sugerencia

Revisar el texto para incorporar una justificación precisa del porqué los beneficios esperados del stewardship por parte de los inversores institucionales que se adhieren al Código, en su relación con las sociedades participadas, no se van a ver afectados de forma significativa por la presencia generalizada de accionistas de control en las sociedades cotizadas en España. Si la justificación tiene que ver con la presunción de que los accionistas de control tal vez terminen suscribiendo ellos también los principios del Código, tal presunción debería de fundamentarse tanto teórica como empíricamente.

En todo caso, si realmente existe el convencimiento de que es posible elaborar un SC sobre la implicación de los accionistas en la gobernanza empresarial que sea de aplicación indistinta para cualquier tipo de accionista- inversor, la recomendación sería sustituir el actual Código destinado a los inversores institucionales por otro destinado desde un principio a todos los accionistas. El actual CBG vigente en España ya incluye algunas recomendaciones dirigidas expresamente a la junta de accionistas, que pueden interpretarse como recomendaciones y buenas prácticas para inversores-propietarios. Sin embargo, las recomendaciones quedan diluidas en una lista cuyo principal destinatario es el consejo de administración. El código del buen inversor se dirigiría a los titulares de las acciones de las sociedades cotizadas, no a los miembros de consejo (o además de cuando los accionistas son también miembros del consejo) y sería un buen punto de partida para clarificar la discrecionalidad de los accionistas propietarios en la elección del propósito corporativo y, más concretamente, en cómo tener en cuenta las externalidades (los intereses generales) en las decisiones sobre asignación de los recursos corporativos.

Principios

El Código contiene siete principios, cada uno con las respectivas aclaraciones para facilitar su aplicación, además de una breve motivación en la sección de Características del Código. En el anexo se recogen los textos de los siete principios en un cuadro donde, a efectos comparativos, se han incluido también los doce principios del SC 2020 del RU.

El primer principio en su redacción actual dice lo siguiente:

Principio 1: Los inversores y gestores orientarán su actuación a la rentabilidad a largo plazo de sus inversiones en beneficio de sus clientes y beneficiarios, e integrarán, en el grado que consideren oportuno, como parte de sus obligaciones fiduciarias, los factores medioambientales, sociales y de gobernanza, así como los riesgos asociados, en sus estrategias, políticas y decisiones de inversión.

Comentario

El principio hace referencia a la “rentabilidad a largo de las inversiones”. En el primer párrafo de la introducción aparece por primera vez esta terminología, cuando se dice que la rentabilidad a largo plazo es un concepto sinónimo de “la obtención de un rendimiento y creación de valor a largo plazo”. En la motivación del Principio 1, página 7, se dice:

Para estas entidades, el Principio 1 asume que la creación de valor a largo plazo para sus clientes y beneficiarios está estrechamente vinculada con el incremento de valor de sus inversiones, el cual a su vez está directamente vinculado con la creación de valor por las sociedades en las que invierten.

En este párrafo, la rentabilidad a largo plazo no se menciona; los indicadores de desempeño incluyen la creación de valor, el incremento de valor y la creación de valor a largo plazo.

El concepto rentabilidad a largo plazo no es un concepto definido y de uso común en economía y finanzas. La rentabilidad remite ordinariamente a una ratio entre un flujo de rentas y/ o diferencia de valores entre dos momentos del tiempo, con respecto al valor del activo o los activos que van a percibir esas rentas en el momento inicial. Generalmente, la rentabilidad se define para un periodo de tiempo, relativamente corto, un año como máximo. Para periodos de tiempo plurianuales la rentabilidad se define en términos anuales acumulativos. Por otra parte, el “plazo”, largo o corto, no tiene por qué ser el mismo para cada decisión ni para cada decisor. En el párrafo tampoco se distingue entre si el inversor institucional toma decisiones independientes y separadas para cada una de las sociedades participadas, o toma decisiones de gestión con el criterio de maximizar la relación rentabilidad-riesgo del conjunto de la cartera.

El valor económico de un activo es igual al valor presente, descontado al coste de oportunidad intertemporal corregido por riesgo, de los flujos libres de caja que va a generar la posesión del activo para sus titulares-propietarios. El valor económico permite hacer comparaciones en la valoración de activos que tienen distinta vida productiva y, por tanto, generan flujos de caja en distintos periodos de tiempo; además, tiene en cuenta que el coste de oportunidad intertemporal de un euro puede ser distinto de unos activos a otros, por ejemplo, porque los riesgos detrás de los flujos previstos son también distintos. Utilizar el presente como punto temporal de referencia en la “agregación” de los flujos que se reciben a lo largo de un horizonte temporal multiperiodo es una convención para facilitar las comparaciones de valor entre activos o para un mismo activo ante distintas alternativas de uso. Lo relevante no es descontar al momento cero; lo relevante es que, al comparar la valoración económica de distintos activos, el momento del tiempo de referencia sea el mismo para todos ellos. La inversión en un activo crea valor privado para el propietario del activo cuando el valor presente descontado de los flujos es no negativo; es decir cual el VAN de la inversión, en cuyo cálculo interviene el coste inicial de producir o comprar el activo, es no negativo. El concepto de valor económico ajusta el horizonte temporal de la decisión a la vida útil del activo, o conjunto de activos, que se valora.

Una sociedad de capitales es una persona jurídica que posee activos en propiedad, contabilizados total o parcialmente en el balance de situación, y valorados en el balance de acuerdo con los criterios contables establecidos. La sociedad de capitales tiene el derecho a apropiarse privadamente de los flujos de caja libres resultantes de las relaciones contractuales en las que participa en cumplimiento de su objeto social, y en particular del beneficio neto que aparece en el último renglón de la cuenta de resultados de la sociedad. El valor económico de los activos de la sociedad de capitales es igual al valor presente descontado de los flujos de caja (beneficios modificados para distinguir entre costes y gastos antes de descontar los intereses de la deuda), utilizando como factor de descuento su correspondiente coste del capital. La sociedad de capitales crea valor cuando el valor económico de los activos es mayor o igual al coste de reposición de los activos que han contribuido a generar los flujos de caja descontados (incluidos en el balance o no). Cuando la empresa cotiza en bolsa, el valor de mercado de las acciones es igual a la diferencia entre el valor económico de los activos y el valor económico de deuda de la sociedad. La responsabilidad limitada, privilegio de las sociedades de capitales, permite a los accionistas aumentar el valor de las acciones asumiendo “riesgos excesivos”, que consiste en destruir valor económico de los activos de la sociedad, al mismo tiempo que se transfieren rentas desde los titulares de la deuda hacia los accionistas con una ganancia neta para estos. Los acreedores anticipan esta posibilidad y surge un conflicto de intereses que puede impedir tomar decisiones que maximizan el valor de los activos (costes de agencia).

Por definición, y por la forma como se calcula, el valor económico de los activos de una sociedad de capitales es un valor que tiene en cuenta los flujos de caja generados en un horizonte temporal a priori infinito, incluso cuando está prevista la venta de la sociedad (lo que se ingrese por la venta variará en función de los flujos de caja que el comprador vaya a generar con los activos una vez en su propiedad). Por tanto, por definición es un valor a largo plazo, o dicho de otro modo, añadir la coletilla “a largo plazo” detrás de valor económico es redundante.

La rentabilidad económica de los activos de la sociedad de capitales se puede calcular de distintas maneras, pero siempre poniendo en relación las variaciones de riqueza entre dos periodos de tiempo. Una fórmula de cálculo habitual consiste en dividir los beneficios contables antes de intereses e impuestos de la cuenta de resultados correspondiente al año/ejercicio económico t, por el valor de los activos en el balance al final de t-1 o promedio entre valor en t-1 y en t. Para convertir esta medida de rentabilidad con un indicador de valor económico creado, deberá demostrase que es mayor o igual al coste de oportunidad del capital de la sociedad antes de impuestos. La rentabilidad también podría calcularse por variaciones relativas en el valor económico entre dos momentos en el tiempo, principio o final de año, o entre el año cero y el año 10, digamos, aunque las comparaciones entre rentabilidades solo tienen un significado económico si los periodos de referencia son los mismos. Con estas consideraciones, a la pregunta qué es o cómo se calcula la “rentabilidad a largo plazo”, a la que se refiere el Código, no sabríamos qué responder.

Además de aparecer en el texto del Principio 1, la rentabilidad a largo plazo aparece en la parte aclaratoria del principio (página 9), entremezclada con otros indicadores de resultados privados:

Se considera recomendable que los inversores y gestores diseñen sus políticas procedimientos y estrategias de manera que se dirijan a crear valor a largo plazo en sus inversiones, promoviendo recíprocamente la creación de valor y un negocio rentable a largo plazo en las sociedades cotizadas, u otras entidades en las que invierten, evitando así la presión indebida de una visión cortoplacista de la empresa.

Los redactores del Código vinculan la rentabilidad a largo de los beneficiarios del fondo con la rentabilidad a largo plazo de las sociedades en las que participan como accionistas, y repiten la referencia al cortoplacismo como algo a evitar, aunque no queda claro si los perjudicados son la sociedad cotizada participada, los beneficiarios del fondo o todos a la vez. En ningún momento se explica por qué la rentabilidad a largo plazo y crear valor a largo plazo son equivalentes, y no se aclara de qué valor se trata (valor en bolsa, valor económico de los activos de la sociedad, valor social…). El texto aclaratorio del Principio 1 tampoco dice nada sobre si los factores de ESG deben considerarse medios o fines en sí mismos. En la introducción se hace referencia a las externalidades como una de las preocupaciones del Código, pero después no hay ninguna mención a ellas que tenga trascendencia para la aplicación del mismo.

Se remite al lector a lo dicho anteriormente sobre las diferencias entre cortoplacismo, si existe, y externalidades, y a lo dicho también sobre la necesidad de que el Código se posicione desde un principio en los resultados que se quieren conseguir a partir de la mayor implicación de los accionistas, todo ello relacionado con la subordinación o no del bienestar privado al bienestar social.

Sugerencia

Como norma general, cuando el Código se refiera a los indicadores de resultados con una terminología que no es habitual o estándar en la economía y las finanzas, debería inmediatamente proporcionar una definición precisa del indicador o los indicadores propuestos, así como de la forma de calcularlos. En el texto actual, la sugerencia aplica al menos a la rentabilidad a largo plazo, y al valor creado a largo plazo. Se recomienda también justificar por qué las métricas de resultados que se utilizan para el cálculo de los resultados de la gestión para los beneficiarios de los fondos, son las mismas o equivalentes económicamente a las que se utilizan en el cálculo de los resultados de la sociedad de capitales. El riesgo sistemático, que es el tema central del artículo de Gordon aplica a las carteras de los fondos diversificados, no a sociedades de capitales concretas.

En lo posible, debería unificarse la terminología del Código con la que se utiliza en el CBG. En este sentido, la Recomendación 12 del CBG dice: Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa. “Un negocio rentable y sostenible a largo plazo” no necesariamente significa lo mismo que “rentabilidad a largo plazo”, mientras que no debe darse por sobreentendido que “maximización del valor económico” de la empresa” y “crear valor a largo plazo” son equivalente (en cuanto que llevan a las mismas decisiones de inversión, por ejemplo)5.

Comentarios al resto de principios del Código

El resto de principios del Código, textos literales de los Principios y las respectivas explicaciones, se refieren sobre todo a la implicación de los inversores institucionales como accionistas activos de las sociedades participadas, y a la rendición de cuentas de esa implicación, aunque con más claridad y énfasis en la publicidad sobre cómo se ha desarrollado la implicación, que en los resultados conseguidos. Comparando las redacciones de los principios del Código español con los del SC 2020 del RU, anexo, se encuentran similitudes, aunque también diferencias que no responden necesariamente a diferencias en el marco corporativo entre los dos países, sino a diferencias de criterios.

En el texto de los principios del SC 2020 aparecen referencias a resultados de interés general, mezclados con resultados de interés privado. El Principio 1 vincula los beneficios para la economía, el medioambiente y la sociedad de la implicación de los inversores, con el propósito, la cultura y las creencias de los signatarios del SC. Por tanto, la recomendación implícita es que los inversores signatarios actúen sobre el propósito, la cultura y las creencias para mejorar los resultados de la implicación. El principio 4 impone directamente a los signatarios del SC 2020 el mandato de promover el buen funcionamiento de los mercados financieros. Los resultados privados del stewardship se concretan en crear valor a largo plazo para beneficiarios y clientes. En el Código, los resultados de interés social se limitan a los factores ESG y, como hemos repetido reiteradamente en nuestros comentarios, sin precisar cómo deben incorporarse a la función de steward de los inversores institucionales.

Sugerencias

Teniendo en cuenta la importante influencia de los SC del RU en el movimiento stewardship en todo el mundo y que el propio Código reconoce, se recomienda que el Código incluya alguna valoración comparativa, al menos en términos generales, de los principios con los del SC 2020 del RU, y, tal vez también con los de los códigos de otros países de referencia.

En el cuadro comparativo del anexo se han respetado los titulares de las agrupaciones de los principios que se contemplan en el SC 2020, y se han encajado –subjetivamente– en ellas los correspondientes del Código. Consi deramos que los titulares que utiliza el SC son más informativos, y merecería la pena valorar si el encabezamiento de los principios del Código debería modificarse para darles un contenido más sustantivo.

El Principio 6 hace referencia a los conflictos de interés de una manera escueta y sin precisar qué tipo de conflictos de interés son más previsibles que se presenten, entre quienes y cómo deberían resolverse atendiendo a los principios del Código. Es previsible que los conflictos de interés según distintos según las características del inversor; es decir, según se trate de un fondo diversificado, un fondo-índice o un hedge fund. El Principio sugiere que los conflictos de interés del signatario del Código ocurren en el ámbito privado, y recomienda que se resuelvan dando prioridad siempre a los intereses de clientes y beneficiarios del fondo. Es de esperar que en las decisiones de inversión y desinversión. Así como en el ejercicio de su influencia como accionista activo, los signatarios del Código se enfrentarán también a conflictos de interés entre lo privado y lo público. Por ejemplo, para un fondo de inversión participar en el capital social de varias empresas que compiten entre si en un mismo mercado puede estar justificado desde la rentabilidad privada, pero puede llevar a conflictos con el interés general si la implicación del fondo en el gobierno corporativo de las participadas se traduce en más colusión y menos competencia entre las participadas. Los signatarios del Código deberían asumir la obligación de informar públicamente sobre los conflictos de interés de cierta relevancia a los que se ha enfrentado como inversores y como stewards, tanto los restringidos al ámbito privado, como los que han trascendido al ámbito público (externalidades), y explicar cómo se han resuelto.

5. CONCLUSIÓN

A modo de conclusión se resumen algunos de los puntos destacados en el texto-comentario.

  1. Identificar los “fallos del mercado” que el Código aspira contribuir a superar; diferenciar entre los que implican pérdida de riqueza creada en el ámbito privado (costes de agencia en la sociedad de capitales compleja, por ejemplo), de los que significan pérdidas de bienestar social, y que no dependen de la propiedad y/o forma jurídica de las compañías (externalidades).
  2. Realizar una valoración expresa del encaje del Código en un sistema corporativo como el español, donde los inversores institucionales son, en general, accionistas minoritarios, y donde la concentración accionarial asegura la presencia de accionistas de control. Considerar la posibilidad de elaborar un Código de buenas prácticas para los accionistas influyentes, donde los inversores institucionales son un caso particular y no el destinatario principal.
  3. . Revisar el texto del Código para asegurar que en el mismo quedan claros los resultados finales que afectan a actores privados (beneficiarios de los fondos, accionistas de las sociedades participadas), y aquellos que impactan en el bienestar colectivo (reducen las externalidades negativas, como aumentar la calidad medioambiental, reducir la desigualdad, o aumentan las positivas, como contribuir a la estabilidad financiera y/o a la creación de conocimiento nuevo). En las referencias a los factores ESG o similares, que pueden interpretarse ambiguamente como medios para mejorar los resultados privados, o como fines en sí mismos, asegurar que los signatarios del Código informan cada uno de cuál es su posición particular en este punto.
  4. Utilizar medidas de resultados económicos y financieros de las empresas que sean de uso habitual entre economistas y financieros (por ejemplo, valor económico de los activos de la empresa, rentabilidad económica). Cuando se utilicen indicadores de resultados distintos a los habituales (por ejemplo, rentabilidad a largo plazo, valor creado –para quién, de qué–), deben definirse con precisión y explicar expresamente cómo se calcularían con la información disponible. Procurar que exista homogeneidad entre indicadores de resultados utilizados en los distintos códigos, por ejemplo, con los del CBG.
  5. Completar el texto añadiendo una definición sobre qué se entiende por stewardship (o el término o términos equivalentes en español), y añadiendo también una referencia precisa a las actividades que debe realizar el/ la steward. En la motivación de los principios, incluir alguna valoración de los incentivos de los signatarios a cumplirlas.
  6. Completar la elaboración del Código con un análisis en profundidad de las múltiples, y a veces inconexas, iniciativas para redefinir las relaciones de las empresas con la sociedad de la que forman parte. Se incluyen aquí, las iniciativas soft law; las directivas comunitarias, por ejemplo la reciente sobre diligencia debida de las sociedades en materia sostenibilidad y trabajo digno; los acuerdos entre países para hacer frente a externalidades globales, como el cambio climático; las autocríticas de inversores y directivos sobre la incompatibilidad entre maximizar el beneficio por parte de las empresas, y el bienestar social; las críticas de los movimientos sociales al propio sistema de economía de mercado y capitalismo; iniciativas legislativas nacionales… Parece el momento oportuno para hacer balance de lo hecho en el pasado (hace cuatro años España traspuso la directiva de información no financiera que aplica a empresas influyentes, y no nos consta que se haya producido una valoración oficial de su aplicación e impacto en los resultados previstos), y al mismo tiempo mirar hacia adelante para comprender mejor las demandas presentes y futuras sobre reformas en la propiedad, el gobierno y la dirección empresarial con el objetivo final de dar respuesta a las importantes externalidades globales a las que habrá que dar respuesta en el siglo XXI.
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Notas

* Profesor enérito de la Universidad de Zaragoza.

1 Como demostración de esa influencia véase Katelouzou y Siems (2020).

2  Disponible en: https://www.frc.org.uk/getattachment/5aae591d-d9d3-4cf4-814a-d14e156a1d87/Stewardship-Code_Final2.pdf

3 Sobre la visión desde Estados Unidos de los inversores institucionales como accionistas activos véase Bebchuk, Cohen y Hirst (2017).

4 Sobre este tema véase Gilson y Gordon (2013).

5 El significado más habitual del valor económico de la empresa es el de valor de mercado de las acciones, lo que abre la puerta a que el consejo de administración apruebe decisiones que destruyen el valor económico de los activos, pero benefician a los accionistas porque extraen rentas de los tenedores de deuda. La maximización del valor económico de los activos de la sociedad de capitales es una terminología que ayudaría a resolver el conflicto potencial entre accionistas y acreedores que tiene su origen en la responsabilidad limitada de la sociedad de capitales, y contribuiría a la reducción de riesgos financieros por sobreendeudamiento.

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La evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en España: origen, evolución y estado actual

Fecha: septiembre 2022

Félix Lobo*, Juan Oliva**, José Vida***

Asistencia sanitaria, Tecnologías sanitarias, Medicamentos, Financiación, Evaluación económica, Eficiencia, Coste-efectividad

Resumen breve

El propósito de este documento es ofrecer un análisis crítico de la evolución y situación actual de la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en España. Para ello se lleva a cabo un recorrido por la incorporación del criterio de eficiencia en la decisión de financiación y establecimiento del precio de los nuevos avances en la asistencia sanitaria, tanto por lo que respecta a los medicamentos como para el resto de tecnologías sanitarias. De esta manera se puede identificar cuál es el fundamento de la inclusión de la dimensión de la eficiencia en los procesos de evaluación y toma de decisiones, y cuáles han sido las barreras que han obstaculizado la configuración de un verdadero sistema de evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en nuestro país, al tiempo que se lleva a cabo un recorrido por la actividad desempeñada en este campo y se ofrece una visión panorámica del estado actual de la cuestión.

Resumen

El propósito de este documento es ofrecer un análisis crítico de la evolución y situación actual de la evaluación económica o de la eficiencia de las tecnologías sanitarias (EETS) en España. Después de resumir la naturaleza de la EETS, se expone las barreras que han impedido su desarrollo sistemático en España que sí se ha producido en otros países avanzados. La sección tres describe y valora la evolución de su régimen jurídico, dispar para medicamentos y otras tecnologías sanitarias y que calificamos de fragmentado, asistemático, discontinuo, parcial e insuficiente. La sección cuatro repasa cómo ha evolucionado la práctica de la EETS en España y la cinco recoge los últimos avances y la situación actual. Termina con unas conclusiones y reflexiones finales. A las dificultades organizativas de la EETS en nuestro país los mismos autores dedicamos otro documento de próxima publicación por Funcas.

La EETS –muchas veces llamada “análisis coste efectividad”– compara los beneficios terapéuticos y sociales y los costes sanitarios y sociales de tratamientos y programas alternativos. Se añade, pues, a los criterios clásicos de seguridad, eficacia y calidad. Forma parte de la familia del análisis coste-beneficio y es un eslabón clave en la cadena de la evaluación de las tecnologías sanitarias. La EETS es relevante dada la limitación de nuestros recursos que tienen un coste de oportunidad. Es necesaria porque las TS operan en marcos extraordinariamente complejos; pueden estar en la frontera más avanzada del conocimiento; continuamente se producen innovaciones; es muy difícil disponer de la información necesaria para valorarlas de manera individual e informal y, además, esta información no solamente es imperfecta, sino también asimétrica. La EETS también es útil a todos los niveles como ayuda a la toma de decisiones sobre adopción de nuevas TS –uno de los grandes motores del gasto sanitario–garantizando la asignación eficiente de los recursos, la solvencia de los sistemas sanitarios y podría defenderse que también contribuye a la equidad. Las decisiones deben apoyarse en criterios técnicos claros y objetivos, y en una sólida metodología científico-técnica, pero los argumentos técnicos no pueden sustituir a las decisiones políticas y profesionales. En suma, la EETS es una herramienta fundamental para conseguir que los recursos se empleen en las intervenciones que generan mejores resultados en salud. No puede extrañar que sea un área científica y profesional muy activa y en plena expansión internacional. Puede ser también una expresión del buen gobierno del sistema sanitario, que muchos consideran que todavía es deficitario en nuestro país.

Hacia 1990, Australia y Canadá comenzaron a aplicar criterios de eficiencia como fundamento de las decisiones de precio y financiación pública de medicamentos. En 1999, se sumaría el británico National Institute for Health and Care Excellence (NICE), referente internacional en este ámbito. Posteriormente se unirían otros países como Suecia, Países Bajos, Portugal o Francia, en Europa, o Corea del Sur y Japón, en el Lejano Oriente.

Por el contrario, la EETS no está implantada de manera sólida y sistemática en España. ¿Por qué? ¿Cómo es que no ha despegado la EETS en España a pesar de contar con investigadores reconocidos en el campo, haber abordado propuestas de estandarización metodológicas y contar con varias agencias especializadas ya a fines del Siglo XX?

Los propios decisores del sector han identificado barreras administrativas, metodológicas y de aplicación práctica que han condicionado el desarrollo de la EETS en nuestro país. Por nuestra parte insistiríamos en la importancia de las barreras políticas (como el carácter polémico de las decisiones sobre asignación de recursos escasos y el rechazo de las instancias políticas a perder su control); la ausencia de modelos aplicables procedentes de otros sectores, así como factores históricos y culturales. Ante estas barreras ha faltado determinación política para implantar un verdadero sistema de incorporación de los avances tecnológicos en nuestro sistema sanitario que tuviera en cuenta el criterio de la eficiencia. Debemos señalar, sin embargo, que España no ha sido el único país en afrontar barreras a la inclusión de dicho criterio.

En cuanto a la evolución del régimen jurídico de la EETS, detallada en la sección tres, se recuerda que el marco constitucional y legal general exige el cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación de los recursos. Las normas específicas del sector con rango de ley más importantes –aunque insuficientes– han sido la Ley 25/1990 del Medicamento, la Ley de Cohesión y Garantías del Sistema Nacional de Salud, de 2003 y el Real Decreto Ley 9/2011. Regulan separadamente, por un lado, la EETS de los medicamentos y, por otro, las demás tecnologías sanitarias. Sin embargo, la falta de concreción y de desarrollo reglamentario y metodológico ha sido un límite infranqueable a su desarrollo –por lo menos en el caso de los medicamentos– que además deja un amplio margen de discrecionalidad que genera mucha incertidumbre a pacientes, profesionales sanitarios y empresas. Tampoco parece óptimo que las Administraciones Públicas lleven a cabo de forma separada la evaluación de los medicamentos y del resto de tecnologías sanitarias.

La regulación de la evaluación de las tecnologías sanitarias, exceptuados los medicamentos, es relativamente satisfactoria. El Real Decreto Ley 16/2012 creó la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS) en función de la organización territorial del Estado en comunidades autónomas. Por el contrario, la regulación de la EETS de los medicamentos es calificable de fragmentada, asistemática, discontinua, parcial e insuficiente, situación que requiere una iniciativa ambiciosa para mejorarla y completarla a todos los niveles normativos. Esta indefinición ha hecho que, en la práctica, las decisiones en materia de eficiencia se sigan adoptando al nivel de la meso e incluso de la microgestión.

En España, la práctica de la EETS –analizada en la sección cuatro– no es marginal y la tendencia del número de trabajos realizados es creciente, aunque su cantidad, sin embargo, ha sido modesta. En particular, el desarrollo de estudios concretos de evaluación económica de los medicamentos para apoyar las decisiones específicas de la Administración sobre su posicionamiento terapéutico y de financiación pública y precios a lo largo del tiempo ha sido muy limitado. La calidad de los estudios concretos aún presenta margen de mejora, con debates similares a los que se reproducen a nivel internacional sobre aspectos controvertidos. Los actores públicos más activos son la RedETS, el Comité Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos formado por seis CC. AA., la Comissió d’Avaluació Econòmica i d’Impacte Pressupostari (CAEIP) del Servei Català de la Salut (CatSalut), hasta su ­desaparición en 2019 y el Servicio Canario de la Salud. En el ámbito privado, sociedades profesionales y científicas (GENESIS, SEFH, AES), la industria farmacéutica y de productos sanitarios, y consultoras especializadas, además de los investigadores que desarrollan su labor en la universidad, han mantenido una actividad creciente.

La sección cinco recoge los últimos avances y la situación actual. Se aprecia una voluntad política positiva para hacer avanzar la EETS. Se ha concretado ya en iniciativas concretas de planificación (Plan para los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT), organización (REvalMED…), sistemas de información (Valtermed), dotación presupuestaria y formación. El trascendental Reglamento (UE) 2021/2282 del Parlamento Europeo y del ­Consejo de 15 de diciembre de 2021 sobre evaluación de las tecnologías sanitarias, establece un marco común que se constituirá como punto de referencia imprescindible.

Las conclusiones del informe son claras (sección seis). La EETS no ha terminado de implantarse sólida y sistemáticamente en España, especialmente en el caso de los medicamentos. El marco legal y la práctica de las Administraciones sanitarias deberían haberla normalizado hace tiempo como herramienta de ayuda para la toma de decisiones. El desarrollo pleno de normas, estructuras organizativas y procedimientos que fundamenten las decisiones incorporando la dimensión de eficiencia, bajo las premisas de la calidad técnico-científica, transparencia en los procesos, rendición de cuentas y participación es una de las asignaturas pendientes de nuestro Sistema Nacional de Salud para garantizar de forma plena el derecho a la protección de la salud.

Reformas recientes en la evaluación de la eficiencia de los medicamentos apuntan a un cambio esperanzador. Sin embargo, el camino por recorrer es largo y exige acciones de amplio alcance, incluso desarrollos legislativos al máximo nivel. Se requiere determinación política para terminar de superar las barreras que se oponen a ello, así como incentivos, coordinación y liderazgo adecuados.

La EETS es una exigencia ineludible en la actualidad para cualquier sistema sanitario desarrollado. No evaluar incorporando toda la información disponible supone un coste social de oportunidad difícilmente justificable. La alternativa a introducir elementos claros y objetivos en el diseño y evaluación de las políticas sanitarias es actuar desde la opacidad, sin responsabilidad ni rendición de cuentas a la ciudadanía y supone dejar campo libre a grupos de presión y elementos mediáticos al fijar el orden del día de las políticas de salud. Otros países han incorporado hace tiempo estas herramientas en sus procesos de toma de decisiones y también tenemos en España ejemplos de buenas prácticas.

La evaluación, no ya la económica, sino la evaluación, en sentido amplio, no es meramente una opción o un conjunto de herramientas relativamente útil. Es parte del gran cambio que precisamos para garantizar una cultura de buen gobierno y la solvencia de nuestro sistema de salud y para que éste continúe mejorando el bienestar de nuestra sociedad, tal y como lo ha hecho en las últimas décadas.

1. UNA APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Las tecnologías sanitarias, entendidas en un sentido amplio, son “cualquier intervención desarrollada con el objetivo de prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o afecciones médicas, promover la salud, rehabilitar u organizar la prestación de servicios sanitarios. Estas intervenciones pueden ser pruebas diagnósticas, dispositivos médicos, fármacos, vacunas, procedimientos clínicos, programas o sistemas de provisión de servicios médicos” (O’Rourke, Oortwijl y Schuller, 2020). Desde un punto de vista jurídico, las tecnologías sanitarias se definen como “un medicamento, producto sanitario, o procedimientos médicos o quirúrgicos, así como las medidas para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades utilizados en la asistencia sanitaria”1.

El Ministerio de Sanidad (2022) estima que en el año 2021 se destinaron 20.939 millones de euros a la financiación de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Asimismo, según la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (2022), en el mismo año, la facturación del mercado de tecnologías sanitarias (no medicamentosas) alcanzó la cifra de 9.500 millones de euros. Ambas cifras conjuntas suponen el 2,53 % del PIB del año 2021. En Europa las tecnologías sanitarias constituyen un sector innovador y generador de valor añadido a la economía, formando parte de un mercado global de asistencia sanitaria que representa el 10 % del producto interior bruto de la Unión2. Adicionalmente, el valor de las tecnologías sanitarias está más allá de su peso sobre el PIB ya que son pieza fundamental en las mejoras en esperanza y en calidad de vida experimentadas por la población española en las últimas décadas. Al tiempo, son uno de los principales factores impulsores del crecimiento del gasto sanitario público en la mayoría de países de nuestro entorno (Appleby, 2013).

La evaluación económica o de la eficiencia de tecnologías sanitarias (EETS) es una actividad cuya finalidad es examinar el valor de los recursos adicionales empleados en ellas y las ganancias en términos de salud que proporcionan, a corto y largo plazo, frente a sus mejores alternativas, en los individuos directamente afectados y en la sociedad. Muchas veces se designa como “análisis coste efectividad”, una traducción directa –y pobre– del inglés. La EETS forma parte de la familia del análisis coste-beneficio, aunque con especificidades notables, las cuales tienen que ver con el resultado evaluado (ganancia en salud). También está directamente emparentada con la evaluación general de las tecnologías sanitarias (ETS) que es un proceso científico basado en datos contrastados que permite determinar la eficacia relativa de tecnologías sanitarias existentes o nuevas, centrándose específicamente en el valor añadido de una tecnología sanitaria en comparación con otras tecnologías existentes o nuevas3. Así pues, la EETS es un eslabón más, pero importante, dentro de la familia de la ETS que consiste en un proceso multidisciplinar que resume información sobre los aspectos médicos, sociales y relativos a los pacientes, y las cuestiones económicas y éticas relacionadas con el uso de una tecnología sanitaria de manera sistemática, transparente, imparcial y rigurosa4. Es importante destacar que la ETS es una evolución del sistema de autorización y control de los medicamentos que surgió a partir de la catástrofe de la talidomida en los años sesenta del pasado siglo y que constituye un requisito legal imprescindible de la autorización para su comercialización. La ETS va más allá, pues no se limita al control de la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos o tecnologías sanitarias, sino que se fija en su seguridad y en su eficacia clínica relativas a través de una evaluación comparativa con las alternativas disponibles.

La justificación de la EETS parte del hecho de que no siempre es posible introducir una nueva tecnología ahorrando costes y mejorando resultados en salud. Lo habitual es que la introducción de innovaciones terapéuticas lleve aparejada un mayor coste. La cuestión, si se da tal situación, es si la ganancia en salud y bienestar inherente a la inclusión y uso de dicha innovación supera el coste de oportunidad de los recursos adicionales empleados. En terminología anglosajona diríamos que hay que asegurar un good value for money. En castellano no tenemos una expresión tan gráfica. “Buen retorno de la inversión” sería la expresión más aproximada. En todo caso, la cuestión relevante a señalar es que hay que buscar un buen equilibrio entre los costes asumidos y los resultados en salud alcanzados. Señalar qué es un buen equilibrio nos remite a la idea del valor social de las ganancias en salud y a la productividad del sector sanitario. Explicar con detalle estas ideas nos llevaría por otros caminos técnicos que no son objeto de este documento, pero podemos remitir al lector interesado a algunas lecturas al respecto5. En todo caso, vale la pena señalar que la investigación en el campo de las EETS puede ayudarnos en este empeño.

El punto de partida a considerar, por tanto, es que, además de los criterios clásicos de seguridad, eficacia y calidad de los programas y tecnologías utilizadas en el sistema sanitario, se debería contar con la dimensión de la eficiencia introduciendo la consideración de los costes, tanto en la toma de decisiones relacionadas con su uso más adecuado en la práctica habitual, como en las decisiones colectivas sobre el establecimiento del precio de una innovación y sobre su financiación pública, nada infrecuentes en este sector. El cuadro 1 describe estos criterios o garantías exigibles a una tecnología sanitaria para la entrada en el sistema sanitario.

La evaluación de la eficiencia es relevante desde el momento en el cual se cobra conciencia de la limitación de nuestros recursos: al decidir financiar una intervención, los recursos que exige no pueden ser empleados en otras alternativas (sanitarias o de otros ámbitos del bienestar como son las pensiones, la educación o la atención a la dependencia, entre otras). Por ello, cuando nos movemos en el terreno de las decisiones colectivas que implican el uso de recursos públicos, la exigencia es mayor que cuando aludimos a decisiones puramente privadas: no es suficiente tomar buenas decisiones, sino que se debe aspirar a que las decisiones sean las mejores posibles.

Junto a lo señalado, la EETS es necesaria porque la asistencia sanitaria y la salud pública operan en marcos extraordinariamente complejos. Las tecnologías pueden estar en la frontera más avanzada del conocimiento y continuamente se producen innovaciones. Resulta muy difícil disponer de la información necesaria para valorarlas de manera individual e informal. Por ello, se requiere aplicar métodos sistemáticos y con fundamento científico para informar las decisiones. Además, esta información no solamente es imperfecta, especialmente en el momento de entrada de la innovación al sistema sanitario, sino además asimétrica. Algunos agentes están mejor informados (por ejemplo, las empresas que las desarrollan y comercializan), mientras que otros (médicos, sistemas públicos de salud o aseguradoras sanitarias privadas que tienen que decidir incorporarlas y aplicarlas) pueden tener una información limitada. A ello se añade que estas decisiones de incorporación de tecnologías nuevas son cruciales para el bienestar de los ciudadanos por las mejoras en salud que pueden generar.