Technical notes

Fecha: mayo 2022

Dirección de Estudios Sociales

Hacia hogares más reducidos… ¿y familias más individualizadas?

Desde 1994, cada 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia, tal como acordó la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) un año antes. La celebración de este día ofrece la oportunidad de cobrar conciencia sobre una institución que la propia ONU define como “la unidad básica de la vida social”, pero que tendemos a dar por supuesta, como si su existencia y capacidad funcional estuvieran aseguradas en todas las sociedades en el pasado, en el presente y en el porvenir.

Esta confianza generalizada en la solidez institucional de la familia no debería llevar a pasar por alto o infravalorar los cambios que se suceden en ella. Una instancia en la que se pueden observar algunos de los cambios más fundamentales que experimentan las familias es el hogar. En la medida en que las familias se distribuyen y organizan en hogares, conocer la composición de estos últimos permite aproximarse a las estructuras del sistema familiar de un territorio determinado.

A propósito de la publicación de las estadísticas europeas sobre composición de los hogares (basadas en las Encuestas de Población Activa que se llevan a cabo en todos los Estados miembros), Eurostat ha destacado el aumento en la Unión Europea, durante la última década, de los hogares sin niños/jóvenes (económicamente dependientes), y en particular, de los hogares unipersonales. Como se aprecia en los Gráficos 1 y 2, España se encuentra en ese grupo mayoritario de países en los cuales se han verificado estos aumentos.

En concreto, los hogares sin niños/jóvenes¹ han aumentado de 69,9 % (2012) a 72,4 % (2021), un 8,1 %, de manera que actualmente en más de siete de cada diez hogares de España no hay niños/jóvenes. Incluso en aquellos países donde este tipo de hogar está menos extendido (por ejemplo, Irlanda y Eslovaquia), la proporción de hogares sin niños/jóvenes supera los dos tercios (Gráfico 1).

En cuanto a los hogares unipersonales, su crecimiento en España ha sido más acusado, pasando de 23,6 % a 26,6 % (+18 %) entre 2012 y 2021. Por tanto, en 2021, de todos los hogares contabilizados en España (aproximadamente 18,9 millones), algo más de uno de cada cuatro eran unipersonales; una proporción significativa, que, no obstante, en comparación con las que registran los países nórdicos y bálticos –y también los Países Bajos (43,4 %), Alemania (41,4 %) o Francia (40,9 %)– parece moderada (Gráfico 2).

En definitiva, los hogares que en los últimos años más han aumentado en toda Europa son aquellos que no encajan en la idea que históricamente evoca el concepto de familia: la formada por padres y madres de hijos con edades comprendidas en la infancia, adolescencia o primera juventud que conviven bajo un mismo techo. España no es una excepción: los unipersonales constituyen ya la categoría más extendida en el conjunto de hogares (Gráfico 3). De hecho, la proporción de hogares unipersonales (26,6%) queda solo ligeramente por debajo de la proporción resultante de la suma de todos los tipos de hogar en los que viven niños/jóvenes (27,5 %).

Centrando ahora la atención en los hogares en los que viven niños/jóvenes (dependientes), en toda la Unión Europea la mayoría de ellos responde al modelo de familia nuclear (una pareja con hijos), pero una parte no desdeñable está formada por hogares con un solo adulto o con varios adultos que no constituyen una única pareja. En España, si bien los hogares en los que conviven un solo adulto y uno o varios niños/jóvenes representan una proporción pequeña de todos los hogares (2,5 %), la importancia que este tipo de hogares ha adquirido en la demografía familiar salta a la vista cuando, tomando como unidad de análisis a los hijos/hijas, se calcula la parte de ellos que no conviven con alguno de sus progenitores.

El Gráfico 4 representa los porcentajes de niños de 0 a 16 años residentes en hogares familiares de España que se encuentran en esa situación, calculados a partir de las Encuestas de Población Activa de los cuatro trimestres de 2021. La proporción asciende al 18 % de todos los niños de esas edades. Es decir, en España casi uno de cada cinco niños no convive regularmente con alguno de sus progenitores. Las diferencias por comunidades autónomas son ostensibles, con Canarias a la cabeza (26 %), y Extremadura en la cola (14 %). También se aprecian diferencias significativas entre las comunidades cuando se tiene en cuenta la edad de los hijos, con algunas particularidades llamativas (por ejemplo, el elevado porcentaje de bebés que en Canarias y en la Comunidad de Andalucía no conviven de forma continuada con alguno de progenitores) (Gráfico 5).

Preguntas necesarias

Así pues, en España, como en la mayoría de los países europeos, los hogares sin hijos en la infancia, adolescencia o juventud ganan presencia, al tiempo que los hogares en los que sí están presentes diversifican su composición. Ciertamente, la mayoría de los hijos conviven con ambos progenitores, pero hay muchos que lo hacen solo con uno de ellos.

¿En qué medida afectan fenómenos como los aquí esbozados a la solidez institucional de las familias y su capacidad de mantener la condición de “unidad básica de la vida social”? ¿Debería preocuparnos como sociedad que los hogares unipersonales sean casi tantos como los hogares en los que viven niños y jóvenes (con uno o varios adultos)? ¿Deberíamos aceptar estas y otras evidencias indicativas del profundo cambio familiar que se ha producido en España (y en otros países de nuestro entorno) como un reflejo de la ineludible realidad, como un progreso hacia una mayor independencia y libertad individuales o como un síndrome perturbador de nuestro tejido social? Por difícil que resulte abordarlas, estas son preguntas que invitan a reflexionar en el Día Internacional de la Familia y que, en una sociedad que aspire a diseñar y desarrollar un proyecto de futuro orientado al bienestar de toda la población, es necesario plantear en el debate público.

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Notas

1. La categoría incluye a todas las personas de 0-17 años y a las de 18-24 años económicamente dependientes.

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Fecha: abril 2022

Dirección de Estudios Sociales

La discusión sobre los accidentes de trabajo (ATR) en España no se libra de la dificultad que lastra el debate público en torno a muchos asuntos de interés social general: la exposición y la interpretación de los datos sobre siniestralidad laboral adolecen a menudo de un sesgo de selección, de manera que los datos se escogen, presentan y explican utilizándolos más bien como elementos ilustrativos o confirmatorios de ideas previas (“pre-juicios”) que como piezas de evidencia fundamentales para describir y analizar una realidad compleja, que evoluciona por efecto de muchos factores y precisa ser entendida antes que reprobada o celebrada.

Este sesgo da lugar a noticias que pueden resultar contradictorias, o cuando menos entorpecer que los ciudadanos conozcan y cobren conciencia del problema de la siniestralidad laboral en nuestro país. Por ejemplo, coincidiendo con la reciente publicación del informe de la Confederación Sindical de CCOO titulado Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España en 2021, dos medios de comunicación publicaron sendas noticias, en un caso llamando la atención sobre el aumento de los ATR en una determinada Comunidad Autónoma, y en otro, subrayando la reducción de los ATR mortales en el mismo territorio¹. Aun siendo ambas informaciones ciertas, caben pocas dudas de que la lectura de sus titulares genera confusión sobre si, en cuestión de siniestralidad laboral, estamos mejorando o empeorando.

Lo primero que hay que dejar claro es que 2020 y 2021 son años atípicos por lo que se refiere a cualquier indicador relacionado con el empleo, también los que utilizamos para medir la incidencia de los ATR. Hacer afirmaciones fiables sobre la tendencia de los ATR en España requiere observar la evolución de estos indicadores durante el periodo previo a la pandemia, analizándolos en el contexto europeo.

De la Estadística Europea de Accidentes de Trabajo (EUROSTAT) se desprende que, en el año previo a la declaración de la pandemia, España encabezó la lista de países europeos ordenados por la incidencia de ATR no mortales con bajas de más de tres jornadas (Gráfico 1). En concreto, registró casi 3.700 accidentes por cada 100.000 trabajadores, superando a Francia (3.406) y Portugal (3.284). La posición de España no destaca tan negativamente cuando se comparan los índices de incidencia de ATR mortales entre los Estados miembros (Gráfico 1). Con 3,3 accidentes laborales mortales por cada 100.000 empleados, España registró en 2019 un índice más bajo que otros países, como Luxemburgo (5,2), Francia (4,8) o Austria (3,5). No obstante, también este índice de incidencia le situó claramente por encima de la media de la Unión Europea.

Lo cierto es que la evolución de los ATR en España durante la década previa al inicio de la pandemia justifica la preocupación. Mientras que entre 2010 y 2019 la media de la Unión Europea muestra una tendencia decreciente de los ATR mortales y no mortales, los datos correspondientes a España se desvían de ella (Gráfico 2). Por una parte, el índice de incidencia de ATR con resultado mortal empeoró desde 2010. En ese año coincidía prácticamente con la media de la Unión Europea (2,87 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores), mientras que en 2019 ambos índices aparecían ostensiblemente distanciados (España: 3,27; UE-27: 2,17). Por otra parte, la diferencia entre los índices de incidencia de ATR no mortales también se agrandó durante ese periodo en detrimento de España, que en 2019 año rozó los 3.700 ATR por cada 100.000 trabajadores, aproximadamente 2.000 por encima de la media de la Unión Europea (1.713).

La comparación de los datos españoles y europeos permite afirmar que España se encuentra en una peor posición que otros Estados miembros, mostrando, además, una incidencia de ATR más dependiente del ciclo económico (con tendencia a aumentar en fases expansivas, y a reducirse en fases recesivas).

¿Qué ha ocurrido durante los dos primeros años de pandemia? El Ministerio de Trabajo y Economía Social ofrece estadísticas de ATR en 2020 y 2021 que permiten responder a esta pregunta².

En el primer año de emergencia sanitaria (2020), el índice de incidencia del accidentes en jornada de trabajo cayó un 19% (de 3.020 a 2.455 por cada 100.000 trabajadores). Especialmente brusca fue la caída en el sector de la construcción (de 6.688 a 5.804 por cada 100.000 trabajadores). A pesar de la fuerte reducción de la incidencia de ATR, el índice de ATR mortales creció de 3,01 a 3,5 por cada 100.000 trabajadores.

En el segundo año de emergencia sanitaria (2021) se produjeron movimientos en la dirección contraria: los índices de incidencia de ATR aumentaron en todos los sectores (si bien manteniéndose por debajo de los registrados en 2019), mientras que, también en todos ellos, descendieron los índices de ATR mortales (aun cuando en algunos sectores, como la industria o los servicios, permanecieron por encima de los registrados en 2019).

Las series temporales de ATR por sectores productivos construidas a partir de los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social muestran, entre otras cosas, que aunque entre los asalariados de los sectores de la industria y los servicios los índices de incidencia de accidentes en jornada de trabajo correspondientes a 2020 registraron los valores más bajos desde 2010, en los sectores de la construcción y agrario no ocurrió lo mismo (en el de la construcción, los índices más bajos se registraron entre 2012 y 2016, y en el sector agrario entre 2010 y 2018) (Gráfico 3). Por otra parte, solo entre los asalariados del sector agrario el aumento de la incidencia de ATR mortales en 2020 se tradujo en índices superiores a los registrados desde 2010. En definitiva, la pandemia y el despliegue de medidas para combatirla provocaron cambios muy significativos en materia de siniestralidad laboral, pero no todos ellos “sin precedentes”.

Con la recuperación de la producción económica y del empleo, la incidencia de los ATR vuelve aproximarse a la observada antes de la pandemia. Los datos de enero y febrero de 2022, disponibles en avance, muestran un fuerte aumento del número de ATR en jornada (respecto a los mismos meses de 2021) (Gráfico 4). En concreto, en esos dos primeros meses de 2022 han aumentado un 14% (de 70.672 a 80.236), acercándose a la cifra absoluta registrada en enero y febrero de 2020, los dos meses anteriores a la declaración de la pandemia (81.534). Mayor todavía ha sido el aumento en los ATR mortales, cuyo número creció en enero y febrero de 2022 un 31% respecto a los mismos meses del año anterior (de 90 a 118), superando incluso la cifra observada en enero y febrero de 2020 (96). Si, en lugar de las cifras absolutas de ATR, se presta atención a los índices de incidencia, se aprecia de manera todavía más clara el crecimiento de la siniestralidad laboral en los primeros meses de 2022 (concentrado en los sectores de la construcción y agrario).

Ha transcurrido muy poco tiempo desde la aprobación de la nueva reforma laboral, de manera que cualquier valoración sobre sus efectos debería hacerse con mucha cautela. Pero, de momento, los datos de ATR de enero y febrero de 2022 no ofrecen respaldo al extendido argumento según el cual la disminución de la temporalidad del empleo (o precariedad) contribuiría a reducir, decisivamente, los accidentes laborales. Los datos que se irán conociendo a medida que avance 2022 permitirán averiguar si la nueva normativa ayuda a conseguir el objetivo, a buen seguro compartido por toda la sociedad española, de reducir la elevada siniestralidad laboral en nuestro país.

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Notas

1. Los titulares de las noticias son los siguientes: “CCOO denuncia que los accidentes laborales en Cataluña crecieron un 21% en 2021” (La anguardia, 21/04/2022) y “Los accidentes de trabajo mortales se redujeron un 14,8% en Catalunya en 2021, según CCOO” (Europa Press, 21/04/ 2022).

2. Las estadísticas de 2021 solo están disponibles en formato de “avance”. Téngase en cuenta que las series temporales que ofrece el Ministerio de Trabajo y Economía Social no coinciden exactamente con las que proporciona Eurostat para España. Por ello, en esta nota se utilizan por separado, indicando siempre la fuente de procedencia de los datos para evitar confusiones.

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Fecha: abril 2022

Victorio Valle Sánchez* y José M. Domínguez Martínez**

Resumen

Esta nota tiene como propósito llevar a cabo una revisión de la noción de bienes colectivos, además de ofrecer un marco clasificatorio para el análisis económico de tales bienes, así como ilustrar el establecimiento de las condiciones necesarias para lograr una asignación eficiente de recursos. La clasificación de los bienes y servicios según los criterios básicos relativos a la existencia o no de rivalidad en el consumo y la aplicación o no de la exclusión se considera que es insuficiente y debe ser complementada con la consideración de otros criterios que permitan analizar situaciones que no encajan en las categorías polares.

1. Introducción

La teoría de la Hacienda Pública trata de dar respuesta a la pregunta de cuál debe ser el ámbito de actuación del sector público en una economía de mercado. No se trata de una cuestión menor. Como ha expresado con rotundidad Tanzi (2018, pág. 1), “El papel económico que los estados o, en sentido más estricto, las administraCiones públicas o los sectores públicos, en todos sus aspectos, desempeñan o deben desempeñar en los países democráticos con economías de mercado es un tema de gran importancia… Podría ser considerado el tema más importante en Economía”. Ya anteriormente Musgrave (1985, pág. 2) había señalado que el núcleo de la teoría hacendística contempla la cuestión de qué servicios deben ser provistos por el sector público y en qué medida.

No es de extrañar, pues, que la consideración del papel que, desde un punto de vista normativo, debe desempeñar el sector público en el plano económico haya sido uno de los ejes en torno a los que se ha articulado el desarrollo del pensamiento económico a lo largo de la historia. Ni que, dentro del campo analítico de la Hacienda Pública y de la Economía del Sector Público, se haya ido configurando un corpus teórico en el que se identifican y fundamentan los supuestos de la referida intervención pública.

Si se adopta la ampliamente aceptada clasificación musgraviana (Musgrave, 1959), que diferencia las ramas de asignación, distribución y estabilización, nos encontramos con que en la primera hay una serie de supuestos en los que se hace precisa la intervención del sector público –con considerable margen interpretativo en la práctica– por razones técnicas. Mucho más controvertida ha sido la concerniente a la esfera de la estabilización, aun cuando los recientes episodios de crisis han evidenciado lo providencial de las actuaciones públicas en situaciones de colapso y emergencia. A su vez, el alcance de las medidas con fines redistributivos es altamente dependiente de los criterios sociales y políticos imperantes, si bien los grados de libertad no son ilimitados.

Esta nota se centra en la vertiente de la asignación y, más concretamente, en el estudio de aquellas situaciones de suministro de bienes y servicios en las que en mayor medida se basa la intervención económica del sector público, esto es, las relacionadas con bienes y servicios de naturaleza colectiva para los que el mercado no garantiza una oferta adecuada. El análisis en el ámbito de la teoría de la Hacienda Pública se ha centrado tradicionalmente en los servicios colectivos puros como categoría polar, resultante de la combinación de la conjunción de la oferta con la imposibilidad de aplicar el principio de exclusión. Estos dos criterios clasificatorios clásicos, aun manteniendo su vigencia, no son suficientes para abordar una serie de bienes y servicios, realmente la mayoría, que no encajan estrictamente en ninguna de las categorías polares. De ahí la necesidad de incorporar otros criterios a fin de proporcionar una visión más completa y realista. A esa finalidad responde el presente trabajo, que pretende esbozar nuevas perspectivas analíticas en el sentido apuntado.

La nota está organizada como se expone a continuación. Inicialmente se efectúa una delimitación del concepto de bien colectivo, en el marco de la clasificación de los bienes y servicios. Una vez expuestas las características básicas de los bienes y servicios en los que se ha sustentado tradicionalmente la intervención del sector público en la esfera asignativa, se presta atención al estudio de aquellas situaciones correspondientes a bienes y servicios que no encajan en las categorías polares tradicionales ya que tienen rasgos parciales de bienes colectivos e individuales a la vez. Posteriormente se aborda el análisis de las condiciones necesarias para asegurar el logro de una asignación eficiente de recursos en una economía en la que coexistan bienes individuales, bienes colectivos y bienes mixtos¹.

2. DELIMITACIÓN CONVENCIONAL DE CONCEPTOS: LA NOCIÓN DE BIEN COLECTIVO

Si pensamos en la inmensa cantidad y la diversidad de bienes y servicios que se producen en el ámbito de la actividad económica o que, en el caso de los primeros, se encuentran disponibles en la naturaleza, la tarea de elaborar una clasificación sistemática en la que puedan encajar todos ellos se antoja un tanto ardua.

Aunque siempre es posible recurrir a una taxonomía de estilo borgiano, si pretendemos ofrecer una clasificación ilustrativa a quienes se adentran en el estudio de la teoría de la Hacienda Pública, debemos, sin duda, tratar de ofrecerles alguna alternativa basada en criterios algo más objetivos y rigurosos.

Sin embargo, nos encontramos, de entrada, con que pueden utilizarse numerosos criterios clasificatorios de los bienes y servicios²: función dentro del proceso de producción y distribución (intermedios vs. finales), magnitud de la oferta (abundantes vs. escasos), tangibilidad (tangibles vs. intangibles), limitación de la oferta (libres vs. restringidos), sujeción a un precio (gratuitos vs. onerosos), función productiva (creativos vs. preventivos), función económica (de capital vs. de consumo), naturaleza del productor (privada vs. pública), financiación (privada vs. pública). El despliegue puede llegar a ser abrumador, con el riesgo de que la proliferación de categorías llegue a eclipsar aquellas fundamentales desde una perspectiva hacendística.

Una primera concreción del contenido de esta nota es que aquí solo nos referiremos a los bienes y servicios de consumo. Con esa orientación, quizás sea conveniente centrarse inicialmente en dos criterios basados en características técnicas de alcance universal. Podemos tipificar todos los bienes y servicios según éstas, que son aquéllas que precisamente condicionan de manera fundamental la posible intervención del sector público en su suministro. Una vez establecido ese marco general, cabrá la oportunidad de ir incorporando criterios más específicos.

Los dos criterios básicos son los siguientes: i) carácter del consumo; ii) aplicabilidad del principio de exclusión (Musgrave y Musgrave, 1984, pág. 50).

El primero atiende a la existencia o no de rivalidad en el consumo (conjunción o no de la oferta), es decir, si el hecho de que una persona disfrute de un bien o servicio impide que ese mismo bien o servicio pueda ser disfrutado simultáneamente por otras personas. Aunque esta diferenciación se suela establecer como una dicotomía, realmente se trata de una cuestión de grado. Un bien o servicio puede presentar estrictamente la característica de rivalidad en el consumo, en el sentido de que solo puede ser disfrutado por una sola persona; otros, en cambio, pueden ser disfrutados simultáneamente por todas las personas participantes en un determinado ámbito territorial, que incluso puede llegar a ser mundial. El primer tipo corresponde a los bienes y servicios individuales; el segundo, a los colectivos. Sin embargo, como se señalaba, no solo cabe limitarse a las categorías polares. Hay todo un espectro entre ambas posiciones extremas a lo largo del cual se alinean la mayoría de los bienes y servicios reales (Hyman, 1999). Además, hemos de considerar que, en el caso de algunos servicios, los avances tecnológicos pueden convertir servicios individuales o colectivos de alcance limitado en servicios colectivos de alcance ilimitado. Pensemos, por ejemplo, en la retransmisión de una clase o de un concierto a través de Internet.

El segundo criterio se centra en si resulta posible o no excluir del disfrute del bien o servicio a una persona, aunque no esté dispuesta a satisfacer un precio por el mismo. Se trata de bienes y servicios excluibles, y no excluibles, respectivamente. Aun cuando, con carácter general, podríamos introducir esta característica de forma dicotómica, en la práctica es también una cuestión de grado, según determinadas circunstancias. Por otro lado, aquí también debemos tener presente que la aplicación o no de la exclusión no es algo absoluto, sino que depende del desarrollo tecnológico. Las nuevas tecnologías permiten restringir el acceso a servicios que anteriormente se daban de forma abierta, como, por ejemplo, las emisiones televisivas. Igualmente, hemos de considerar que el hecho de que no se aplique la exclusión, ya sea por su inviabilidad económica o por su inconveniencia en términos de eficiencia o de bienestar (por ejemplo, el acceso a toda la red de carreteras de un país) no significa que no sea factible técnicamente.

Si combinamos los dos criterios, nos encontramos con cuatro categorías de bienes y servicios básicos o de referencia (cuadro 1):

• Individuales: presentan las características técnicas de rivalidad en el consumo y de ser excluibles (alimentos, prendas de vestir…).
  
  
• Comunales: son también rivales en el consumo, pero, a diferencia de los individuales, no resulta factible, por no existir unos derechos de propiedad que lo faculte, la exclusión del consumo a ninguna persona (pastos municipales, recursos naturales…).
  
  
• Colectivos no puros: se trata de bienes y servicios que pueden ser disfrutados simultáneamente por un grupo de personas, y se prestan a exclusión total o parcialmente (función de circo, conferencias…).
  
  
• Colectivos puros: se trata de bienes y servicios que afectan simultáneamente a un grupo de personas y no resulta factible excluir a nadie. No solo eso, sino que se trata de bienes y servicios que, una vez producidos, afectan necesariamente a todos los miembros del grupo, incluso aunque no los soliciten. Podríamos hablar, pues, de la existencia de un consumo forzado. Cuando el grupo es toda la colectividad nacional, los denominamos bienes o servicios nacionales³.

3. Algunas matizaciones importantes

Los tres comentarios siguientes permiten precisar algunos aspectos importantes para los objetivos que nos planteamos en esta nota:

• La amplia literatura sobre el tema de la caracterización de los bienes muestra que ésta puede tener otros módulos distintos de la rivalidad en el consumo y la aplicación del principio de exclusión. Aspectos tales como la generación o no de externalidades, la nulidad o no de los costes marginales de incorporar a un usuario adicional, el volumen de personas que componen el grupo beneficiario de estos bienes, y otros criterios obligan a ampliar la óptica tradicional en la consideración de estas vertientes clasificatorias.
  
  
• Incluso la propia diferencia entre la conjunción en la oferta y el principio de exclusión no está totalmente asentada desde el punto de vista económico. Así, por ejemplo, cuando un conjunto de personas presencia simultáneamente una obra de teatro (bien colectivo) se practica una exclusión cobrando un precio por asistir a la representación escénica. Es una exclusión técnica, pero, económicamente, la exclusión física no asegura que se estén asignando eficientemente los recursos, ya que de lo que se excluye al que no paga es del uso de un espacio físico limitado (sala de butacas del teatro). Dado que se parte de que hay un espacio limitado disponible, y, de ahí, un número concreto de butacas, éstas han de asignarse entre los demandantes. Sin embargo, la exclusión per se no garantiza la eficiencia sin atender a la utilidad potencial de los posibles usuarios.

En este contexto, hay que poner de manifiesto que, si un bien colectivo se define como un bien con oferta conjunta, lo que facilita el consumo no rival, la imposibilidad de exclusión no va implícita, sino que depende de las características del bien y de la tecnología aplicable para su distribución. Una sala de concierto posibilita la exclusión de quien no pague. No hay imposibilidad de exclusión. En cambio, un concierto al aire libre en una zona pública no admite la exclusión.

La exclusión en el sentido de la teoría económica consiste en la posibilidad de excluir físicamente a quien no esté dispuesto a pagar un precio por consumir o usar una unidad de un bien. La forma de llevarla a cabo vía precio va a depender de las características y condiciones del mercado, y, en particular, de si es o no competitivo. Aunque se trate de un bien colectivo, existirá una relación de cantidad-precio para cada consumidor que vendrá determinada por su utilidad marginal. En el caso de bienes sujetos a exclusión, donde por definición no se daría el fenómeno del free rider (polizón o usuario gratuito), los demandantes se ven abocados a revelar sus preferencias. Si éstas no se manifestasen, sería un claro indicio de que, en la práctica, por una razón o por otra, no se lleva a cabo la exclusión.

En el caso de los bienes individuales y en el de los colectivos sujetos a exclusión, los consumidores potenciales confrontan el precio de oferta con su disposición a pagar por una determinada cantidad del bien, en función de la utilidad que deriven de ella. Quedarán excluidos quienes no estén dispuestos a pagar el precio de mercado, que debe cubrir el coste marginal del bien.

El bien colectivo puro debe definirse como aquel que tiene oferta conjunta, lo que permite su consumo no rival, que adquiere un carácter forzoso una vez que el bien se ha producido. El ejemplo típico es la defensa nacional.

Cabría decir con generalidad que, en todo bien colectivo puro, es inaplicable el principio de exclusión, que, por el contrario, sí es aplicable en los bienes individuales⁴.

Pese a ello, seguiremos conservando los dos criterios de oferta conjunta y no aplicación del principio de exclusión, ya que su diferencia cobra sentido cuando nos referimos a las categorías intermedias de los bienes, como más adelante veremos.

Como hemos señalado anteriormente, el contenido de este trabajo se concreta en bienes de consumo. A veces, en terminología jurídica o institucional, e incluso el lenguaje popular, se denomina “público” a todo bien propiedad del sector público o aquellos bienes y servicios que el sector público produce o financia, con independencia de sus características económicas.

A este respecto, cabe señalar que la denominación de “privado” y “público” es, en numerosas ocasiones, una fuente de equívocos. Resulta más clarificador identificar los bienes y servicios según sus rasgos técnicos objetivos, lo que da lugar, básicamente, a la contraposición entre bienes individuales y bienes colectivos. Es usual equiparar los primeros con los bienes privados y los segundos con los públicos, pero esto, en la práctica, es una fuente potencial de interpretaciones confusas, en la medida en que se asocian ineludiblemente con la participación de los sectores privado y público, y con el origen de los fondos con los que se cubre la provisión de los bienes.

La catalogación de los bienes se efectúa inicialmente a partir del criterio de la existencia de rivalidad y no rivalidad en el consumo, y eso no tiene nada que ver con esos otros aspectos señalados. Es así preferible dejar las referencias privada y pública para cuando se incorporen otros criterios, concretamente los de financiación y producción.

La financiación de los bienes y servicios puede ser privada o pública. Así, bienes y servicios privados son aquellos financiados por el mercado, con recursos privados. Nos encontramos con bienes y servicios privados, que pueden ser individuales o colectivos. A su vez, bienes y servicios públicos son aquellos financiados por el sector público, muchos de los cuales son colectivos, pero otros son individuales⁵.

Otra perspectiva distinta concierne a la producción. Puede ser pública o privada. La procedencia de los fondos no es determinante de la naturaleza del productor de los bienes y servicios.

En definitiva, lo recomendable sería dejar la denominación de bienes privados para hacer referencia a los bienes financiados por el sector privado, con independencia de si son individuales o colectivos, y lo mismo respecto a la de bienes públicos, como aquellos financiados con recursos públicos, con independencia de si son individuales o colectivos. En suma, a efectos analíticos resulta conveniente tomar conciencia de la independencia de los diferentes criterios clasificatorios y, especialmente, de que la intervención de un sector u otro en la financiación y/o en la producción de los bienes y servicios no prejuzga necesariamente cuáles son sus características técnicas relativas a la naturaleza del consumo.

4. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Como ya hemos comentado, las características de oferta conjunta e inaplicabilidad del principio de exclusión no son los únicos módulos para caracterizar a los bienes. Sin ánimo de exhaustividad, hemos seleccionado cinco criterios adicionales a los dos iniciales, consumo no rival y posibilidad de exclusión. Son los siguientes:

• Existencia de externalidades en el consumo: cuando el consumo de un bien por parte de un sujeto implica, en mayor o menor medida, el consumo del mismo bien por parte de otros sujetos.
  
  
• Capacidad de incorporación de nuevos usuarios: si la incorporación de un usuario adicional al disfrute del servicio conlleva o no un coste marginal o un crecimiento de éste.
  
  
• Mantenimiento del nivel de calidad del servicio: si la calidad del servicio se deteriora o no conforme aumenta el número de usuarios y/o de prestaciones.
  
  
• Consumo forzoso o según demanda: hay bienes que, una vez producidos, se consumen necesariamente por los sujetos de un país o de una circunscripción menor (defensa, fumigación de plagas)⁶. Otros bienes se consumen cuando voluntariamente los sujetos acceden a su uso o consumo.
  
  
• Dimensión del grupo de personas que utilizan el servicio: puede ir desde todos los sujetos de un país, hasta grupos o clubes reducidos.

5.  CARACTERIZACIÓN DE BIENES Y CONDICIONES DE ASIGNACIÓN EFICIENTE

El debate científico sobre los bienes y servicios colectivos ha discurrido fundamentalmente en término de bienes polares. Sin embargo, la realidad está poblada por bienes y servicios mixtos que han recibido menos atención por la literatura económica.

El cuadro 2 recoge un conjunto de cinco tipos de bienes, además de los dos puros o polares (colectivos e individuales). Nuestro objetivo ahora es definir las características de esos bienes según los criterios reflejados en el punto anterior y mostrar las condiciones para una asignación eficiente de recursos. Este último aspecto, que aquí se referirá sintéticamente, será expuesto con mayor formalismo en el apéndice al final del trabajo.

Notación utilizada:

5.1.  Bienes colectivos puros o polares

Características técnicas:

• Consumo no rival.
  
  
• No aplicación del principio de exclusión.
  
  
• Son una pura externalidad. En cuanto se produce el bien o servicio, aunque fuera para un solo individuo, todos los sujetos lo consumen forzosamente en igual cantidad⁷.
  
  
• Coste marginal nulo de añadir usuarios adicionales, cuya incorporación no genera incremento de coste.
  
  
• Calidad constante.
  
  
• Consumo en grupo.

Condición de asignación óptima:

La condición de eficiencia es que la suma de las aportaciones de cada uno de los sujetos que consumen a la vez el bien o servicio, según su utilidad, cubra el coste marginal de producción.

Cuando un bien colectivo se utiliza por todos los individuos de una nación, región o provincia, estos bienes se suelen denominar nacionales, regionales o locales (puros), respectivamente. Sin embargo, conviene tener claro que los bienes no son colectivos puros porque los provea un ente público, sino que los provee un ente público porque tienen unas características que así lo exigen.

La defensa nacional y la limpieza del medio ambiente son ejemplos típicos de un bien colectivo puro y, además, de ámbito nacional.

En los bienes colectivos puros el mercado no funciona, por lo que es misión de la organización política interpretar la condición de eficiencia, supliendo al mercado.

La condición de asignación eficiente debe ser la referencia de lo que a través de la elección social debe determinarse respecto a las cantidades que deban producirse.

En términos de equilibrio general, la asignación eficiente se produce cuando,

que, en términos de equilibrio parcial, se expresaría como:

5.2.  Bienes individuales

Características técnicas:

• Consumo rival.
  
  
• Posibilidad de aplicar el principio de exclusión.
  
  
• No producen efectos externos. Todos los efectos se captan por el sistema de precios.
  
  
• Coste marginal de un usuario adicional no nulo.
  
  
• Calidad constante⁹.
  
  
• Cada sujeto consume lo que demanda según el precio del bien.
  
  
• El bien se consume de forma individual.

Condiciones de asignación óptima:

Equilibrio general:

Equilibrio parcial:

Donde Y es un bien individual y X también. Este último se toma como numerario.

Es decir, la producción se eleva hasta el punto en que el precio que cualquier individuo estaría dispuesto a pagar, según su cálculo utilitario, cubre el coste marginal de producción.

La mayoría de los artículos que se compran y venden en los mercados son individuales, tales como los bienes de alimentación, las prendas de vestir, o los bienes y servicios comprados por las empresas.

5.3. Bienes colectivos impuros

Entramos en el terreno de los bienes mixtos. Tienen alguna característica de colectivo, pero también algo de individual¹⁰. Por ejemplo, un parque público o una autopista. En tanto que no haya congestión, tienen un predominio de su aspecto colectivo. Sin embargo, cuando se acumulan los usuarios, el bien se va “individualizando”, de manera que va aumentando el coste de incorporar a usuarios adicionales o, lo que es lo mismo, se va acentuando el rasgo de rivalidad en el consumo. A partir de un determinado umbral de utilización, la aplicación del principio de exclusión puede permitir preservar una asignación eficiente de recursos.

Es decir, frente a la congestión que origina una pérdida de utilidad de los usuarios, se puede restablecer el equilibrio mediante la fijación de un sistema de precios que excluya a los sujetos con una menor utilidad derivada del consumo o utilización del bien. Alternativamente, también se puede aumentar la cantidad de producción del bien.

Características técnicas:

• Consumo no rival, que puede pasar a rival cuando aumenta el número de usuarios.
  
  
• Cabe aplicar el principio de exclusión.
  
  
• Fuente de externalidades.
  
  
• En fase colectiva, coste marginal nulo por la incorporación de usuarios adicionales. En fase de congestión, coste marginal no nulo y creciente.
  
  
• Calidad variable.
  
  
• El consumo es voluntario por parte de los sujetos.
  
  
• Definición de bien adaptado a un número de usuarios determinado. En cuanto se traspasa ese umbral, aparece la congestión y la pérdida del carácter colectivo.

Puesto que estos bienes se comportan como colectivos puros hasta que el exceso de usuarios o la insuficiencia de fondos deterioran la calidad, sus condiciones de óptimo son:

El equilibrio eficiente se puede expresar como:

donde Q simboliza el coste de la pérdida de calidad en términos utilitarios, que debe ser compensado fijando un precio de exclusión o elevando los fondos necesarios para prestar el servicio¹¹.

5.4. Bienes comunales

Características:

• Consumo rival, carácter que se va acentuando a medida que aumenta el número de usuarios¹².
  
  
• No es posible practicar la exclusión porque el derecho de propiedad no está definido.
  
  
• Hay externalidades de deterioro del bien a medida que se hace un mayor uso, pero no puede exigirse ningún precio.
  
  
• Coste marginal de un usuario adicional no nulo.
  
  
• La calidad va disminuyendo conforme aumenta el número de usuarios.
  
  
• Consumo voluntario.
  
  
• Característico de ámbitos locales. Por ejemplo, los pastos comunales que son frecuentes en los municipios rurales. No obstante, también se dan en otras situaciones, como las relaciones con los recursos naturales agotables.

Eficiencia: planteamiento análogo al caso anterior.

Este tipo de bien presenta alguna similitud con los colectivos impuros. La diferencia esencial es que en los comunales no se da el principio de exclusión porque no está definido a quién corresponde el derecho de propiedad¹³.

5.5. Bienes colectivos sujetos a exclusión

Características técnicas:

• Consumo no rival. Por ejemplo, una función de circo, una conferencia, un artículo de periódico que solo se edita en papel¹⁴. En estos casos, una pluralidad de sujetos consume al mismo tiempo un bien o servicio, pero cabe practicar la exclusión. El que no paga el precio establecido no disfruta del bien.
  
  
• Posibilidad de exclusión física¹⁵.
  
  
• Se trata de un consumo conjunto de dos bienes diferentes: uno colectivo y otro individual que permite practicar la exclusión. Por ejemplo, el local donde se dan las conferencias, la invitación del circo con localidades que permiten ver la representación, o el papel donde los artículos de un periódico están impresos, en relación con los casos señalados.
  
  
• Coste marginal creciente¹⁶.
  
  
• Calidad constante.
  
  
• Consumo no forzoso.
  
  
• Típico de grupos reducidos (bienes de club).

Condiciones de asignación eficiente:

Consideraremos ahora un modelo en el que existen cuatro bienes: un bien individual (X), que tomamos como numerario, y un bien compuesto (C), integrado por un bien colectivo (Z) y otro individual (Y). La idea central es que este tipo de bienes (función de circo, conferencia académica, artículo de prensa…), sin perder su carácter colectivo, pueden prestarse por el mercado gracias a que su consumo se hace conjuntamente con un bien individual (espacio acotado, papel de prensa…) que permite la exclusión.

Partiendo de lo comentado en los casos anteriores, la condición de asignación eficiente de estos bienes conjuntos en el consumo será una composición de una parte individual y otra colectiva. Es decir, cada bien se produce independientemente, pero ambos se consumen de forma conjunta:

β y γ representan el número de unidades de Y y Z que componen una unidad de C.

En el punto de máxima satisfacción de la sociedad:

Lo que, en términos de equilibrio parcial, se transforma así:

El precio de exclusión debe cubrir el coste marginal de ambos bienes.

5.6.  Bienes con efectos externos (de alcance general)

Características técnicas:

• Se trata de un caso de bien conjunto en el que ambos bienes, uno individual y otro colectivo, se produ- cen conjuntamente, pero se consumen por grupos distintos.
  
  
• Consumo en parte rival y en parte no rival.
  
  
• Exclusión posible en la parte individual.
  
  
• La parte colectiva genera efectos externos y, en el caso de que se extiendan a toda la población, serían efectos de alcance general.
  
  
• Calidad variable, ya que pueden verse afectados por congestión.
  
  
• Consumo parcial (de la parte individual) según demanda.

Ahora, se trata de un sistema con un bien individual (X) que actúa de numerario, y un bien conjunto (C) que integra dos bienes cuya producción es conjunta (Y, Z). Uno de ellos es individual (Y) y el otro (Z) es colectivo puro.

En estas circunstancias, el consumo no es conjunto. El bien Y es consumido mediante demanda por un sujeto y el bien Z es consumido por toda la sociedad:

En equilibrio parcial:

En este caso, bastante habitual en la vida real (educación, sanidad, u otros servicios a los que puede tener acceso cualquier ciudadano), cada vez que un sujeto demanda los servicios públicos y es atendido, él obtiene una utilidad, pero toda la sociedad se beneficia de la disponibilidad de un servicio. Por tanto, aunque existen posibilidades de cobrar un precio, la disponibilidad del servicio tiene un efecto externo que justifica reducir el precio de las prestaciones individuales, lo que origina una diferencia entre utilidad y costes que debe ser cubierta por impuestos. Si la prestación del servicio abarca a toda la sociedad o grupo público determinado, se dice que estos bienes tienen efectos de alcance nacional.

6.  REFLEXIONES FINALES

Esta nota está orientada a clarificar las características económicas de un conjunto de bienes y servicios que se sitúan en el amplio espectro que va desde los bienes individuales a los colectivos puros, y que, genéricamente, cabe denominar bienes mixtos, así como a abordar las condiciones de prestación eficiente (en el sentido de Pareto).

El trabajo parte de la taxonomía clásica que caracteriza a los bienes y servicios según los criterios relativos a la oferta conjunta y al principio de exclusión. Y trata de reorientar la visión tradicional en un doble sentido.

Primero, sugiriendo la conveniencia de ampliar la gama de características que deben considerarse para caracterizar un bien más allá de los dos principios clásicos antes mencionados. Y, en segundo lugar, analizando los bienes de cuya existencia hay constancia, más que centrarse en bienes polares, que, salvo casos muy contados, no existen en la realidad. Así, el artículo se detiene en cuatro tipos de bienes: colectivos impuros, comunales, colectivos de mercado y generadores de efectos externos de alcance limitado o general.

Por otra parte, como es bien sabido, salvo en los casos de los bienes individuales y los individualizables, el mercado tiende a colapsarse y, con carácter general, es incapaz de prestar en la cantidad eficiente los servicios con marcado carácter colectivo y dificultades para la exclusión vía precio, pero esto no debe impedir que se estudien los elementos que deben respetarse para una prestación que consiga la maximización condicionada de la función de bienestar social. Aunque el tema puede ser discutible y, de hecho, ha dado lugar a una amplia polémica, a nuestro parecer, conocer las condiciones de prestación eficiente de los diferentes bienes polares y mixtos es útil para orientar la misión de la organización política, que es la única que, para el conjunto de la sociedad, está legitimada para interpretar, mejor o peor, las preferencias sociales sobre el nivel conveniente de bienes y servicios colectivos no suministrados adecuadamente por el mercado.

El trabajo sugiere implícitamente la conveniencia de avanzar en la línea de estudio de los bienes mixtos cuya presencia, obvia en la vida real, a veces pasa desapercibida bajo el amparo de denominaciones demasiado simplificadoras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Buchholz, W., Cornes, R. y Rübbelke, D. (2017). Public goods and public bads. Cesifo Working Papers, nº 6437.

Cantarero Prieto, D. Teoría de bienes públicos y externalidades. Universidad de Cantabria. Microsoft PowerPoint – ECON SPCO. TEMA 2.2. BPCOS&EXTERNAL (unican.es).

Domínguez Martínez, J. M. (2004). La producción de servicios públicos: concepto, cuantificación y aproximación al caso español. En: N. Rueda (coord.), Evaluación de la eficiencia del sector público. Vías de aproximación. Fundación de las Cajas de Ahorros.

Domínguez Martínez, J. M. (2012). Falacias y paradojas del lenguaje económico. Diario Sur, 25 de noviembre.

Domínguez Martínez, J. M. (2020). Privado vs privado: la importancia de los conceptos. Diario Sur, 21 de abril. neotiempovivo.blogspot.com

Economides, G. y Philippopoulos, A. (2020). On the provision of excludable public goods: general tax or user prices. Cesifo Working Papers, nº 8724.

Hyman, D. N. (1999). Public finance. A contemporary application of theory to policy. The Dryden Press. Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance. McGraw-Hill.

Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance. McGraw-Hill.

Musgrave, R. A. (1985). A brief history of fiscal doctrine. En: A. J. Auerbach y M. Feldstein (eds.), Handbook of Public Economics, vol. 1. North-Holland.

Musgrave, R. A. y Musgrave, P. B. (1984). Public finance in theory and practice. McGraw-Hill.

Oakland, W. H. (1987). Theory of public goods. En: A. J. Auerbach y M. Feldstein (eds.), Handbook of Public Economics, vol. 2. North-Holland.

Tanzi, V. (2018). Termites of the state. Why complexity leads to inequality. Cambridge University Press.

Valle Sánchez, V. (1973). Una nota sobre la caracterización de los bienes públicos. Hacienda Pública Española, núm. 23.

NOTAS

*  UNED.

** Universidad de Málaga.

¹ Los autores agradecen a los profesores Germán Carrasco (Universidad de Málaga) y Reyes Navarro (UNED) los comentarios efectuados a una anterior versión de este trabajo.

² Vid. Domínguez Martínez (2004), y las referencias allí citadas.

³ Aun cuando se suele emplear la expresión “bienes públicos” para hacer referencia a los bienes cuyo alcance se extiende al conjunto de una jurisdicción, afectando a todos sus residentes, en razón de lo señalado posteriormente, optamos aquí por aludir a tales bienes atendiendo al ámbito territorial correspondiente (internacional, nacional, regional, local).

⁴ Una exposición ilustrativa del análisis de la provisión de los bienes colectivos se ofrece en Cantarero Prieto, donde también puede encontrarse una selección de referencias bibliográficas sobre dicho tema.

⁵ Así, por ejemplo, una exposición de arte organizada por una fundación privada es un servicio privado, pero de carácter colectivo. Una intervención quirúrgica, la expedición de un título o la prestación de un servicio a una persona concreta realizados por el Estado son servicios públicos, pero de carácter individual. Algunas consideraciones al respecto se realizan en Domínguez Martínez (2012; 2020).

⁶ Se trataría de servicios colectivos puros.

⁷ Buchholz, Cornes y Rübbelke (2017) analizan la posibilidad de que una misma actividad pueda ser considerada un bien colectivo por un grupo y un mal colectivo por otro.

⁸ Es la universalmente conocida como “condición de Samuelson”.

⁹ Por definición, dado que son bienes estrictamente individuales, no cabe compartir el consumo, con lo que la calidad sería la misma para cada unidad diferenciada del bien.

¹⁰ En Brumme, Buchholz y Rübbelke (2021) se expone un enfoque para convertir un modelo de bien colectivo impuro en un modelo de bien colectivo puro.

¹¹ En muchos casos, se parte de una capacidad física dada que no se pueda ampliar a corto plazo.

¹² Por definición, los bienes comunales son rivales en el consumo, con lo que el consumo de cualquier unidad va en detrimento del consumo potencial de otras personas.

¹³ En línea con lo antes señalado, hay una diferencia entre ambos tipos de bienes: se da rivalidad en el consumo en los comunales, y no rivalidad en los colectivos.

¹⁴ Respecto al caso de un artículo escrito, podemos pensar que se trata de un bien originariamente individual, que mantendría este carácter si no pudiera reproducirse. Gracias a la tecnología, el mismo contenido puede estar disponible para muchas personas, convertido en un bien individual y excluible. Alternativamente, como luego se señala, puede concebirse como la combinación de dos bienes, uno colectivo, el contenido del artículo, y otro individual, el soporte de papel.

¹⁵ Economides y Philippoulos (2020) realizan un análisis comparativo de las principales alternativas para la financiación de bienes colectivos sujetos a exclusión (imposición general vs. cargas a los usuarios).

¹⁶ En el caso de una función o de una conferencia, no hay costes de producción incrementales, ni para usuarios, hasta llegar a la dimensión de la capacidad existente. En el caso del periódico, sí hay costes de producción para unidades adicionales, pero no para los lectores ya existentes (mantenimiento de la calidad del producto, debido a la individualización).

APÉNDICE

Este apéndice recoge las condiciones de asignación eficiente de los diferentes tipos de bienes referidos en el texto de este trabajo.

El sistema seguido es el de determinar las cantidades de bienes que maximizan la función de bienestar social, bajo el supuesto de que esta existe, sujeto a las condiciones que se establecen en cada caso.

I.  BIENES INDIVIDUALES

Consideremos en primer lugar las condiciones de asignación eficiente de los bienes individuales.

Nos enfrentamos a un problema de maximización del bienestar social donde las restricciones son:

• La suma de las cantidades que cada sujeto consume es el total del bien.
  
• Existe una función agregada de transformación.

Construimos la función auxiliar de Lagrange en la que consideramos dos bienes individuales, X e Y. El bien X se toma como numerario.

La función auxiliar sería:

Ahora calculamos las derivadas parciales (condiciones de primer orden):

Igualando [1.6] y [1.7], quedaría como condición de asignación eficiente:

La producción del bien individual debe llevarse hasta aquel punto en que lo que el sujeto está dispuesto a renunciar del bien X para aumentar una unidad de bien Y sea suficiente para cubrir el coste de la producción de una unidad adicional de X.

Lo que, en términos de equilibrio parcial, se convierte en:

II. BIENES COLECTIVOS PUROS

El otro caso polar es el de los bienes colectivos puros. Ahora se consideran dos bienes (X y Z). X es un bien individual que tomamos como numerario y Z es un bien colectivo puro. Ahora las funciones de utilidad son de la forma U_i = U_i (X_i,Z).

Tenemos nuevamente un problema de maximización del bienestar social donde las restricciones son:

• La suma de las cantidades que cada sujeto consume es el total del bien.
  
• Existe una función agregada de producción.

Sin embargo, en los bienes colectivos puros, cada usuario consume todo el bien. Es decir, (Z_i – Z) = 0.

La función auxiliar de Lagrange, en este caso, sería:

Calculamos las derivadas parciales y las igualamos a cero:

La expresión [2.6] es válida para todos los sujetos. Por tanto:

De lo anterior:

Despejando ahora α₁ en [2.4] y [2.5] e igualando:

Es decir:

Y teniendo en cuenta [2.7]:

En definitiva, en los bienes colectivos polares, el nivel eficiente de producción se alcanza cuando la suma de los aumentos de utilidad que a todos los sujetos les produce el consumo de una unidad adicional cubre el coste adicional de producción. En términos de equilibrio parcial:

III. BIENES COLECTIVOS IMPUROS

Con frecuencia, los bienes colectivos son de tal naturaleza que su simple producción no implica un “consumo forzoso” por parte de todos los miembros del grupo. El consumo o utilización del bien se inicia por la demanda de los sujetos interesados. En estos bienes, lo común es que las instituciones que los proveen hagan un diseño del mismo para un colectivo determinado de personas. Mientras la utilización está dentro de los límites de usuarios para los que el bien y sus servicios fue diseñado, puede afirmarse que el bien es colectivo. Sin embargo, si el número de usuarios, sea por razones naturales, como el crecimiento de la población, o por otras razones, rebasa el volumen óptimo de usuarios, comienza a producirse una congestión que rompe el equilibrio dando lugar a una pérdida de calidad, y otorga a estos bienes una naturaleza individual al pasar a una situación de consumo rival.

El análisis de la congestión es complejo porque, dependiendo del tipo de bien o servicio, y de la cadencia de la utilización del bien, da lugar a una casuística elevada, sobre la que hay una amplia literatura en la que no entraremos.

En términos muy generales, cabe afirmar que en estos bienes las condiciones de asignación eficiente tienen una doble especificación:

En equilibrio parcial,

En equilibrio parcial: P_Z = CM_Z.

El ritmo de deterioro de la calidad del servicio es muy variable dependiendo de factores diversos. Una expresión general debería incluir una variable específica de la calidad:

En equilibrio parcial:

Conforme Q va disminuyendo, los pseudoprecios de Z deben aumentar para cubrir el coste marginal de Z.

IV. BIENES COLECTIVOS DE MERCADO (COLECTIVOS SUJETOS A EXCLUSIÓN)

Este tipo de bienes se caracteriza porque, pese a su carácter colectivo, pueden ser prestados por el mercado. La razón de esta posibilidad es que el bien colectivo se consume juntamente con un bien individual susceptible de exclusión.

Para analizar este caso utilizaremos un modelo caracterizado por la existencia de dos bienes individuales (X e Y). El bien X lo tomaremos como numerario. Introducimos el bien auxiliar C compuesto por el bien colectivo Z y por el bien individual Y que se utilizan o consumen conjuntamente.

Tenemos un problema de maximización del bienestar social:

La función auxiliar de Lagrange sería la siguiente:

Las funciones de utilidad dependen únicamente de X_i y C_i, ya que los bienes Y y Z están integrados en C puesto que se consumen de forma conjunta. Sin embargo, los tres bienes X, Y, Z aparecen en la función de producción toda vez que la producción no es conjunta.

β y γ son, respectivamente, las proporciones en que los bienes Y y Z integran una unidad del bien com puesto: C = βY + γZ.

Determinamos las derivadas parciales de [4.1] y las igualamos a cero:

Despejando ahora α₁ en [4.4], [4.5], y luego igualando, obtenemos:

Es decir:

Repitiendo lo anterior en [4.4], [4.6],

Sumando [4.9] y [4.10]:

Y teniendo en cuenta [4.7]:

Que, según [4.8], conduce a:

En términos de equilibrio parcial:

En definitiva, según [4.13] y [4.14], el mercado consigue en estos casos una asignación óptima cuando la relación marginal de sustitución del bien compuesto cubre los costes marginales de producir los bienes Y y Z.

Destaquemos que esta solución no nos permite afirmar que la asignación del bien colectivo Z considerando aisladamente sea eficiente.

En el clásico ejemplo de una función de teatro o de circo, el precio de la entrada ha de cubrir el coste marginal del local donde la función se representa y de la función en sí misma, pero eso no asegura que la cantidad de funciones de circo sea eficiente.

V. BIENES INDIVIDUALES CON EFECTOS EXTERNOS

Finalmente, consideramos el caso de estos bienes cuya característica es que en parte son individuales, y presentan rivalidad en el consumo, y, por otra parte, al mismo tiempo su prestación genera efectos externos a un colectivo distinto que puede ser más o menos amplio. En general, se dice que tienen efectos externos y, en el caso de que la extensión de estos efectos sea toda la sociedad, cabría denominarlos bienes con efectos nacionales o locales.

Muchos servicios colectivos (bomberos, policía, judicial, educación, etc.) tienen este carácter. Se prestan a quienes lo demandan y pagan un precio, pero generan unos efectos positivos a toda la sociedad que disfruta de la existencia de un sistema sanitario, educativo, etc. de calidad, aunque no lo use expresamente. Hay, así, una utilidad potencial.

Cabría también aplicar el sistema de considerar estos bienes como bienes compuestos por un bien privado (Y) y otro colectivo (Z) que se producen conjuntamente, pero que se consumen por personas o colectivos diferentes.

El problema de maximización sería, en este caso:

En este caso, la función de utilidad de cada sujeto depende de tres bienes: X (numerario), Y (individual), y Z (colectivo). Y y Z forman el bien compuesto C:

Al ser la producción conjunta, la función de producción agregada solo recoge los bienes X y C.

La función auxiliar de Lagrange sería la siguiente:

Determinamos las derivadas parciales y las igualamos a cero:

De [5.2] y [5.3]:

De [5.2] y [5.4]:

De donde:

De [5.8] y [5.5]:

Sumando [5.6] y [5.7]:

Sustituyendo en [5.10]:

Y, dado que:

Llegamos a:

En equilibrio parcial:

En definitiva, la producción eficiente de estos bienes exige que los usuarios estén dispuestos a renunciar a una cantidad de Y y de Z suficiente para cubrir el coste de producción conjunta de una unidad compuesta de Y y Z.

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Fecha: marzo 2022

Vicente Salas Fumás

1. Presentación

El día 23 de febrero, la Comisión Europea ha adoptado una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad¹, en la que se establece: “un marco de referencia horizontal para fomentar la contribución de los negocios que operan en el mercado único al respeto de los derechos humanos y al entorno en sus operaciones y a lo largo de sus cadenas de valor, a través de identificar, prevenir, mitigar y contabilizar sus impactos negativos en los derechos humanos y en el medio ambiente, y dotarse de un adecuado sistema de gobierno, sistema de gestión y de medida, con tal fin”. A partir de ahora, la prevención, mitigación y eliminación de los impactos negativos de la actividad empresarial en los ámbitos social y medioambiental pasan de la voluntariedad a la obligatoriedad. La Comisión Europea termina así por enterrar la iniciativa de responsabilidad empresarial, RSE, que puso en marcha en 2001 con la publicación de un libro verde en el cual define la RSE como “un concepto que designa la integración voluntaria, por las empresas, de preocupaciones sociales y medioambientales en sus actividades comerciales y con sus grupos de interés”².

Más aún, la Comisión parece desconfiar de las corrientes que, durante los últimos años y a través de declaraciones con amplio eco en todo el mundo, anuncian el fin de la supremacía de los accionistas y del objetivo de maximización del beneficio que se les atribuye, como guía de las decisiones en el gobierno y la gestión de las compañías, y su sustitución por la supremacía del bienestar conjunto de todos los grupos de interés. No se concibe una gestión empresarial orientada a mejorar el bienestar de todos los interesados, incluidos los accionistas –aunque en igualdad de condiciones con el resto de colectivos–, en la que pudieran acomodarse conductas y decisiones de gestión que vulneran los derechos humanos y/o atenten gravemente contra la sostenibilidad medioambiental. La Comisión, en suma, deja a un lado la vía de las presiones del mercado y la autorregulación por parte de los máximos decisores empresariales, para resolver los graves problemas colectivos que afectan a la humanidad, y opta, en cambio, por actuar por la vía de la regulación y de las políticas públicas³.

2. Antecedentes e iniciativas relacionadas

Durante los 20 años transcurridos desde que la RSE se extiende entre las compañías europeas, y de todo el mundo, a la espera de que, efectivamente, integren el impacto social y medioambiental de las mismas entre las consecuencias de sus decisiones, el propio concepto de RSE ha ido evolucionado, también para la Comisión Europea. En este sentido, en 2011 la Comisión emite un comunicado actualizando el libro verde publicado diez años antes, pero manteniendo la voluntad de que las empresas asuman “su responsabilidad frente a los efectos que ejercen en la sociedad”⁴. Con este fin, el comunicado incluye iniciativas administrativas que, sin renunciar a la voluntariedad, tienen como objetivo final que las empresas se vean arrastradas a responder de sus impactos sobre la sociedad, porque así se lo piden los ciudadanos que se relacionan con ellos como consumidores, trabajadores e inversores responsables. Tres años más tarde, en 2014, la Comisión publica la Directiva sobre información no financiera que obliga a las empresas a informar sobre impactos sociales, medidas correctoras y políticas de gestión de sus actividades comerciales, de una manera relativamente armonizada en todos los países^5. El objetivo último sigue siendo facilitar que el mercado premie a las empresas que actúan de forma responsable, es decir eviten impactos sociales y medioambientales negativos para el bienestar social, y castigue a las que actúan de forma irresponsable. En el momento de escribir este texto se anuncia la inminente publicación una actualización de la Directiva sobre información no financiera de 2014, con la denominación de Directiva información sobre sostenibilidad corporativa⁶. Además, el mismo día 23 de febrero la Comisión hace pública la Comunicación sobre el trabajo digno en todo el mundo⁷, reforzando la dimensión sociolaboral de la responsabilidad de la empresa, y expresando el compromiso de la Unión Europea (UE) con modular la agenda global sobre el trabajo decente, y con promocionar un trabajo futuro más humanizado y centrado en las personas.

En distintos puntos de la exposición de motivos y de los textos principales de los documentos publicados, incluidas las directivas, la Comisión reconoce las insuficiencias del mercado y la autorregulación como vías para conseguir que las empresas respeten los derechos humanos y contribuyan eficazmente a la sostenibilidad medioambiental. Pero, hasta ahora, las sucesivas intervenciones en forma de directivas, comunicados o regulaciones se habían dirigido principalmente a aumentar las exigencias de transparencia informativa de las empresas en el impacto social y medioambiental de sus actuaciones comerciales, como un medio para mejorar la efectividad de la disciplina del mercado. El que la Directiva que nos ocupa en este texto se abandone la disciplina del mercado como fórmula para conseguir empresas socialmente responsables se entiende mejor al leer en su preámbulo: “La acción voluntaria no parece haber mejorado los resultados a gran escala a través de distintos sectores y, en consecuencia, se observan externalidades negativas de la producción y el consumo en la Unión Europea, dentro y fuera de la Unión”. Entre estas externalidades negativas, se citan expresamente los impactos de actuaciones contrarias a los derechos humanos (trabajos forzados, trabajo infantil, inadecuada seguridad y salud laboral, explotación de los trabajadores) y otras que deterioran gravemente el medio ambiente (emisiones de gases de efecto invernadero, polución pérdida de biodiversidad y degradación del ecosistema).

Por otra parte, la Directiva objeto de este comentario no es una iniciativa aislada, sino que forma parte de un plan con varias actuaciones que la Comisión considera altamente complementarias entre si. Además de la Comunicación sobre trabajo decente en todo el mundo y la Directiva sobre Información corporativa en materia de sostenibilidad, a las que ya nos hemos referido, desde 2020 está vigente ya la Regulación Taxonómica8 (que
trata de proporcionar un lenguaje común en las actividades económicamente sostenibles a efectos de operaciones de inversión y financiación), y se anuncia como inminente la Regulación sobre transparencia en finanzas sostenibles⁹ (que exige a los participantes en los mercados financieros la publicación de políticas de diligencia debida en cuanto a impactos de sus decisiones de inversión en factores de sostenibilidad, en términos de cumplir o explicar).

3. Fundamentos legales y justificación

La Comisión encuentra las bases legales para la Directiva en el artículo 50 de la Unión Europea que le autoriza para actuar en la coordinación de medidas que conciernen a la protección de los intereses de los accionistas y de otros grupos de interesados, con la finalidad de que dicha protección sea equivalente en todos los Estados. Resulta prioritario evitar que disparidades en las legislaciones nacionales, terminen obstruyendo la libertad de establecimiento. Los antecedentes de la Directiva se encuentran, por tanto, en las directivas sobre los derechos de los accionistas. La Comisión toma nota de que algunos Estados de la Unión ya han legislado en la protección de los derechos de todos los interesados de las compañías, y de que otros están en camino de hacerlo, lo que hace perentoria alguna actuación armonizadora desde el más alto nivel con el fin de evitar la posible fragmentación del mercado interior. Aunque con ello no es suficiente porque las empresas con sede en países de la UE están integradas en cadenas de valor que cruzan a través de distintas nacionalidades, cada una con sus propias leyes de protección de los derechos humanos y de defensa del medio ambiente. La armonización plena obliga a que la Directiva extienda los mismos estándares de exigencia, en cuanto a cumplimiento normativo, a todas las fases de la cadena de valor de la industria, las que se desarrollan en países de la UE y las que tienen lugar en países externos. De la armonización quedan exentas en general las pymes –por el momento, la norma aplica solo a grandes compañías con más de 500 trabajadores y 150 millones de euros de negocio en todo el mundo–. Excepto cuando se trata de empresas en sectores llamados de “gran impacto” (entre ellos la manufactura y el comercio mayorista de productos textiles, la agricultura, los bosques, la extracción de recursos minerales…), en cuyo caso los umbrales de tamaño empresarial a partir de los cuales se aplica la norma se reducen considerablemente.

El objetivo de la armonización y la defensa del mercado único deberían ser motivos suficientes para justificar una Directiva que, por otra parte, da respuesta a las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de la UE, ocho de cada diez, para los que la sostenibilidad es importante (según las encuestas). Sin embargo, en documentos anexos, la Directiva va más allá con consideraciones sobre efectos positivos de la misma para las empresas que harían presagiar una muy buena acogida de la misma. Así, en un texto con preguntas y respuestas, además de insistirse en los beneficios de la Directiva en lo que se refiere a armonización y seguridad jurídica para las actividades empresariales dentro de la UE, se dice expresamente que responde a las expectativas de los consumidores y de los inversores, genera beneficios económicos, y aumenta la resiliencia. Y lo justifica con frases como: los “consumidores perciben mayores beneficios y valor de los productos puestos a la venta por empresas socialmente responsables”; los “inversores exigen requisitos de transparencia” para invertir en las compañías; las “empresas que incorporan factores de sostenibilidad en sus políticas generan mayores retornos económicos”; las “empresas que integran consideraciones sociales, medioambientales y sanitarias en sus estrategias experimentaron una caída más leve de las cotizaciones bursátiles durante la pandemia”. La Comisión eleva ese pronóstico sobre los efectos positivos de la Directiva al nivel del conjunto de las empresas de la UE y de su competitividad en los mercados, esencialmente por la armonización de las legislaciones nacionales y la mayor seguridad jurídica para todas las empresas de la Unión. Fuera de la Unión, se espera que la iniciativa europea, termine por “convertirse en un modelo mundial de cadenas de valor sostenible”.

Si los actores (consumidores, trabajadores, inversores…) que se relacionan con las empresas se hubieran comportado con el grado de responsabilidad que se les atribuye en el párrafo anterior, los resultados de la autorregulación y de la presión del mercado, que han sido las palancas para conseguir unas empresas más responsables en sus impactos sobre la sociedad durante los últimos veinte años, deberían haber sido más positivos, tanto en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos, como en sostenibilidad medioambiental. Si no ha sido así puede ser por un error de apreciación sobre el comportamiento socialmente responsable real de dichos actores, es decir, estos actores, en sus relaciones con las empresas, no entran en consideraciones sobre si respetan o no los derechos humanos o si son medioambientalmente sostenibles, contrariamente a lo que se sugiere en el párrafo anterior. O puede ser que lo que está fallando es la coordinación de las actuaciones individuales, en parte precisamente por la falta de armonización entre las políticas públicas de los Estados nacionales, que la Directiva trata precisamente de corregir. Ahora bien, si el diagnóstico certero fuera este último, la Comisión podía haber optado por una regulación de mínimos en lugar de haberse decantado por una regulación de máximos. Es decir, podía haberse inclinado por desmontar las legislaciones nacionales en materia de actuaciones responsables de las sociedades mercantiles que dificultan el buen funcionamiento del mercado único y, al mismo tiempo, reforzar la vía de la competencia entre empresas para captar clientes, trabajadores e inversores que, supuestamente, están individualmente, y en una gran mayoría, comprometidos con el interés general.

4. Comentario final

En nuestra opinión, el diagnóstico de que el problema de acción colectiva para conseguir que se respeten los derechos humanos y se asegure la sostenibilidad medioambiental al nivel de toda la sociedad y del planeta, es exclusivamente un problema de coordinación (todas las personas individualmente se mueven motivadas por el bien común y lo que se necesita es algún mecanismo de no mercado, regulatorio que coordine esas decisiones individuales), es un diagnóstico demasiado optimista. El diagnóstico debe incluir y reconocer también la existencia de problemas de motivación, en el sentido de que en los comportamientos individuales priman intereses particulares que no están perfectamente alineados con el interés general. Creemos que la Directiva debería de hacer una declaración contundente y sin ambigüedades en el sentido de reconocer que la consecución de los objetivos de respeto a los derechos humanos y de sostenibilidad medioambiental se complica por la presencia de externalidades de alcance global. Las externalidades dan lugar a fallos del mercado que requieren algún tipo de regulación estatal y de políticas públicas. Reconocer el alcance global de las externalidades significa aceptar las limitaciones de los Estados nacionales, actuando de forma descentralizada, para conseguir que se internalicen adecuadamente. La Directiva atribuye a los órganos políticos, Comisión y Parlamento, de la UE la función de coordinar las políticas y las actuaciones de los Estados miembros con el fin de preservar la unidad de mercado dentro de la Unión. Por otra parte, al tratar de armonizar el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia a lo largo de toda la cadena de valor se reconoce la necesidad de actuar más allá de las fronteras europeas. La UE espera efectos ejemplarizantes de sus políticas sobre las políticas de Estados no miembros en materia de derechos humanos y medio ambiente; pero pueden ser insuficientes si no se acompañan de esfuerzos coordinadores en los que se impliquen activamente todos los países del mundo.

La Directiva es prolija también en explicar cómo se garantiza el cumplimiento efectivo de las normas y qué les ocurrirá a las empresas en caso de que no lo hagan. En ella se indica que corresponderá a los Estados
miembros asegurar que las empresas cumplan la diligencia debida, para lo cual se ayudarán de una “autoridad” designada para esa función que, a su vez, se integrará en una red europea de autoridades de supervisión. También se menciona que los Estados deben dictar normas en materia de responsabilidad civil para que las víctimas de actuaciones irresponsables puedan demandar a los causantes de las mismas en las jurisdicciones nacionales competentes. No tengo suficientes conocimientos jurídicos para valorar el alcance y las consecuencias prácticas de la forma cómo la Directiva trata de conseguir los objetivos de cumplimiento objetivo, aunque la impresión es que pueden derivar en notable inseguridad jurídica, que la Comisión tanto empeño pone en evitar. En todo caso, el cumplimento efectivo de las normas que se incorporan en la Directiva será relativamente fácil si el problema de fondo es únicamente de coordinación de las decisiones de empresas y de interesados comprometidos con el interés general, y mucho más difícil si existen conflictos entre intereses particulares y colectivos que resultan en problemas de motivación. Una razón más de porqué es tan importante el correcto diagnóstico sobre el verdadero compromiso de todas y cada una de las personas con los objetivos de interés general, para el éxito final de la Directiva.

Notas

1 Descargable en https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf. Basado en el documento European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, Torres-Cortés, F., Salinier, C., Deringer, H., et al., Study on due diligence requirements through the supply chain : final report, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2838/39830

2 Descargable en https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/RespoSocEmpresas/documentos_
rse/Libro-Verde-COM2001-366.pdf

3 El trabajo reciente de Bebchuk, Lucian A., Kastiel, Kobi y Tallarita, Roberto, Stakeholder Capitalism in the Time of COVID (Febrero, 2022),
disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=4026803 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4026803, investiga la coherencia entre, la
declaración de las empresas (miembros de la Business Round Table, Foro de Davos), antes de la pandemia, sobre su compromiso con el
bienestar de todos los interesados en la gestión empresarial, y la conducta observada durante la pandemia, con unas conclusiones que
hacen dudar seriamente de la credibilidad de las promesas de cambio.

4 Descargable en https://eur-lex.europa.eu/legal-contentFR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN

5 Directiva 2014/95 EU. Descargable en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN

6 Descargable en https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)189&lang=en

7 Descargable en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1187

8 Descargable en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852

9 Descargable en http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj

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Fecha: marzo 2022

Dirección de Estudios Sociales

Más de 67.000 mujeres nacidas en Ucrania viven en España¹. Representan aproximadamente el 58 % de los ucranianos residentes en nuestro país, cuyo número total supera ligeramente los 115.000, según los últimos datos del Padrón. Los residentes ucranianos representan más del doble de los residentes nacidos en Polonia (48.197), pero solo aproximadamente una quinta parte de los nacidos en Rumanía (556.204).

La inmigración ucraniana en España es un producto de este siglo. En su primer año apenas llegaban a 2.000 los nacidos en Ucrania que residían en nuestro país. Hasta el inicio de la crisis (2008), las cifras de ucranianas y ucranianos fueron aumentando prácticamente a la par alcanzando 70.000 en conjunto; pero mientras el número de mujeres ucranianas sigo creciendo durante el sexenio de crisis, el de los hombres cayó. Uno y otro subieron a partir de 2014 coincidiendo con el inicio de la guerra ruso-ucraniana, alcanzando su máximo en 2020 (antes de la crisis del coronavirus), sin que las mujeres perdieran la ventaja numérica que ostentan desde 2008 (Gráfico 1). Hoy día, dos terceras partes de las ucranianas residen en seis provincias: Madrid (13.703), Barcelona (8.032), Málaga (7.185) y Alicante (6.422), Valencia (5.334) y Murcia (4.194).

La Encuesta de Población Activa (EPA) arroja un orden de magnitud de la población ucraniana en España similar al Padrón, pero recoge además información detallada que permite extraer información útil para perfilar mejor el colectivo de mujeres ucranianas en España. La composición por sexo y edades de la población nacida en Ucrania o de nacionalidad ucraniana muestra claramente el predominio de las mujeres de 25 a 54 años (Gráfico 2).

Centrando la atención en este grupo de edad, llama la atención el nivel educativo comparativamente alto de las ucranianas que viven en España. En efecto, más de la mitad cuenta con estudios universitarios (medios: 19 %; superiores: 23 %). Esta proporción de universitarias no es solo mayor que la de los hombres ucranianos residentes en España (estudios universitarios medios: 12 %; superiores: 20 %), sino también que la de las mujeres españolas (estudios universitarios medios: 16 %; superiores: 21 %)² y destaca particularmente cuando se compara con la del colectivo de residentes procedentes de Rumanía (Gráfico 3).

Sin embargo, la tasa de empleo de las mujeres ucranianas en España se encuentra considerablemente por debajo tanto de la de los hombres de su mismo origen y edad, como de la de las españolas (Gráfico 4). En 2021, la tasa de empleo media de las ucranianas de 25 a 54 residentes en España ascendió a 58 % (cayendo al nivel más bajo del siglo), situándose 25 puntos porcentuales (pp) por debajo de la de los ucranianos del mismo grupo de edad, y 15 pp por debajo de la de las españolas. En cuanto a los puestos de trabajo que ocupan, el 67 % de las de las ucranianas ocupadas (entre 25 y 54 años) estaban empleadas en el servicio doméstico o prestando servicios de limpieza, restauración y cuidados a las personas³.

De la evolución del porcentaje de ocupadas sobre la población en ese tramo de edad se deduce que las mujeres ucranianas residentes en España resistieron mejor la crisis de 2008-2013 que los hombres ucranianos, aunque han perdido más empleo que ellos en la crisis del coronavirus. No obstante, presentan un nivel de ocupación relativamente bajo. Y aun cuando el nivel formativo del colectivo de ucranianas en España es llamativamente elevado, las que están ocupadas desempeñan trabajos que requieren escasa cualificación.   

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Notas

1. Las categorías de ocupación que engloban al 65 % de las mujeres ucranianas residentes en España son: “empleadas domésticas”, “otro personal de limpieza”, “trabajadores asalariados de los servicios de restauración”, “dependientes en tiendas y almacenes”, “otros trabajadores de los cuidados a las personas”, “trabajadores de los servicios personales”.

2. Españolas nacidas en España.

3. Instituto Nacional de Estadística, Padrón continuo (datos provisionales a 1 de enero de 2021):

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Fecha: marzo 2022

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES

Las mujeres jóvenes salen de la crisis con más preocupación y menos optimismo que los hombres

Transcurridos dos años desde el inicio de la pandemia, más de cuatro de cada cinco mujeres españolas (de 18 o más años) todavía se declaran muy o bastante preocupadas por los efectos de la crisis del coronavirus.
Así, aun cuando durante el último año (febrero 2021-febrero 2022) esta preocupación ha caído en 13 puntos porcentuales entre las mujeres, en febrero de 2022, el 83% respondían “mucho” o “bastante” a la pregunta
sobre cuánto les preocupaban los efectos de la crisis del coronavirus (Gráfico 1). Si bien a este respecto se aprecian diferencias entre grupos de edad, incluso en aquel en el que la preocupación se halla menos
extendida (18-34 años), casi ocho de cada diez mujeres (78%) han reconocido en el último mes sentirse muy o bastante preocupadas por los efectos de la crisis (35-64 años: 83%; 65 o más años: 85%) (Gráfico 2a).

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Fecha: febrero 2022

DIRECCIÓN DE COYUNTURA

Resumen ejecutivo

Pese al deterioro de la renta de los hogares como consecuencia de la pandemia, el mercado de la vivienda ha mantenido su dinamismo, con un incremento de las transacciones en 2021 del 35 % y de los precios del 4,3 %. La acumulación de ahorro durante la crisis es la principal explicación de este comportamiento atípico, junto con el acceso a una financiación abundante y el crecimiento del empleo. El ciclo alcista debería mantenerse en 2022, impulsado por las favorables condiciones financieras de los hogares, y se prevé un incremento de precios en el entorno del 6 %, superior al de la renta disponible de los hogares. En el próximo ejercicio, sin embargo, el giro de política monetaria debería restringir la demanda, a la vez que la oferta se expande, provocando una ralentización de los precios. El principal factor de vulnerabilidad no proviene de la posición financiera de las familias ni de la formación de una burbuja (algo que sí se aprecia en otros países), sino de los efectos macroeconómicos de un hipotético incremento de los tipos de interés, en un contexto incierto de inflación.

Una de las principales sorpresas de la crisis provocada por la pandemia ha sido el comportamiento del mercado de la vivienda. Tras un leve retroceso durante los meses centrales de la crisis, el mercado no solo ha retomado la tendencia alcista que venía registrándose en la etapa de crecimiento precovid, sino que además se aprecian síntomas de aceleración en segmentos como el de vivienda nueva. El objetivo de esta nota es analizar la sostenibilidad de la actual expansión, y examinar los principales riesgos de cara a los próximos años.

Un dinamismo atípico…

El comportamiento del mercado de la vivienda ha sido atípico. Por una parte, la crisis pandémica ha reducido los ingresos de los hogares: en 2020 como consecuencia de la reducción del empleo, aún aminorada por los ERTE y otras transferencias de renta; y en 2021 por el efecto de la inflación en la renta en términos reales. Durante los dos años, la renta disponible bruta se ha reducido un 2,5 % en términos reales, un valor próximo a la caída media anual registrada tras el estallido de la burbuja (gráfico 1).

Sin embargo, el impacto en el mercado inmobiliario ha sido muy distinto. Tras la parálisis del periodo de confinamiento en 2020, el volumen de transacciones registró un fuerte rebote en 2021, lo que deja la compra- venta en niveles significativamente superiores a los registros prepandemia. Asimismo, los diferentes indicadores de precios muestran un ligero retroceso en 2020, más que compensado por el repunte del siguiente ejercicio. Los precios parecen incluso acelerarse, con crecimientos mensuales cercanos al 1 % entre octubre de 2021 y enero de 2022, el doble que durante la primera parte de 2021. En suma, tras generar transitoriamente un efecto contractivo, la pandemia parece haber dinamizado el mercado.

La principal explicación de este cambio de tendencia reside en el comportamiento del ahorro de las familias, que aumentó en 75.000 millones de euros en total en el periodo 2020-2021, en claro contraste con el sobrendeudamiento de la época de la burbuja (gráfico 2). Ese sobreahorro ha hecho repuntar la demanda de vivienda, al tiempo que ha ayudado a financiar la inversión en renovación que se había estancado durante el confinamiento.

Adicionalmente, la reaparición de la inflación en 2021 y la expectativa del aumento de los tipos de interés, podrían realimentar esta dinámica expansiva en el futuro, como se discute más abajo, si bien no parece que haya sido un factor significativo en 2021.

…apoyado en una financiación abundante y en la buena evolución del empleo…

El mercado laboral ha atenuado el golpe inicial de la crisis y ha impulsado la posterior recuperación: el recurso a los ERTE ha permitido a muchas familias conservar su relación laboral pese a la caída del PIB, limitando el incremento del paro. Éste es un determinante crucial de la confianza de los compradores y de la demanda de vivienda, según muchos estudios empíricos. La intensa recuperación del empleo registrada en el pasado ejercicio ha permitido reducir la tasa de paro por debajo de los niveles precovid, aportando un estímulo adicional.

También ha contribuido al crecimiento de la demanda de vivienda, el contexto de abundante liquidez y bajos tipos de interés que prevalece desde antes de la pandemia, y que contrasta con la escasez de financiación durante la anterior crisis. El impacto en la demanda es doble: los particulares que compran vivienda propia tienen acceso a créditos hipotecarios en condiciones excepcionalmente favorables, y los inversores que compran para alquilar consiguen una remuneración elevada en comparación con las alternativas disponibles (del orden del 3,7 %, según el Banco de España, sin contar las ganancias asociadas a la revalorización de los activos). La compra de vivienda por motivos de inversión es una tendencia compartida con la mayoría de los países vecinos: los criterios crediticios se han endurecido tras el estallido de la última crisis hipotecaria, incrementando la demanda de vivienda en alquiler para las personas con ingresos insuficientes para hacer frente a una hipoteca.

La oferta, por su parte, ha tendido a reducirse como consecuencia de la parálisis del sector de la construcción durante el periodo de confinamiento y, posteriormente, como consecuencia de la aparición de cuellos de botella en la cadena de suministros. Según datos del INE, en el último trimestre de 2021 la inversión en vivienda se situaba todavía un 8,5 % por debajo del nivel precrisis, y el PIB del sector un 14 %. Si bien la disrupción estadística provocada por la pandemia aconseja interpretar estos datos con cautela, no cabe duda de que la oferta se enfrenta todavía a limitaciones que pueden ser más o menos transitorias. La escalada de los costes de producción en el sector de la construcción también ha mermado la reactividad de la oferta ante una demanda boyante. El precio medio de los materiales de construcción es un 19 % más elevado que antes de la pandemia (con datos del INE para noviembre, en comparación con el mismo mes de 2019).

… dando lugar a una recuperación sostenible, al menos de momento

El dinamismo del mercado de vivienda es, por tanto, el resultado de tendencias de fondo en la oferta y la demanda, y no de un comportamiento exuberante de un mercado desconectado de la economía real o de las posibilidades financieras de los compradores. Como prueba de ello, tanto los precios como las transacciones se sitúan todavía muy por debajo de los niveles previos al estallido de la burbuja (gráfico 3), y la nueva oferta se aleja aún más de esos niveles.

Asimismo, los indicadores de esfuerzo en la compra de vivienda, si bien apuntan a una mayor tensión, se sitúan todavía en torno a la media preburbuja de los 2000. La carga financiera que entraña la compra de vivienda supera ligeramente el 30 % de la renta disponible de los hogares, en ligero retroceso en relación con 2019 y significativamente menos que en el periodo expansivo anterior a 2008. Por otra parte, el precio medio representa alrededor de siete años y medio de renta disponible de los hogares, un valor consistente con las recomendaciones de los reguladores.

Finalmente, no hay indicios de una relajación de los estándares crediticios. El valor medio de las hipotecas se sitúa en niveles próximos al periodo previo a la pandemia, y todavía un 36 % por debajo del máximo alcanzado en el cénit de la burbuja en 2007. Asimismo, la duración media de la hipoteca oscila en torno a 27 años desde 2013, frente a los más de 35 años en los tiempos de la burbuja (según un informe de Tecnocasa). El 3 % de hipotecas se conceden por una duración superior a 30 años, frente al 70 % en 2007. Otra señal del rigor crediticio: a diferencia de prácticas anteriores, una ínfima minoría de préstamos se conceden a personas con contratos laborales temporales. Y, dato importante, solo el 20 % de los nuevos créditos hipotecarios son a tipo variable.

La dinámica del mercado español es también menos inflacionaria que en otras economías avanzadas, donde los precios de la vivienda ya superan los niveles previos a la crisis financiera. Preocupa la espiral alcista en EE. UU., Reino Unido y Alemania, por ejemplo, motivo por el cual algunos bancos centrales han empezado a endurecer la normativa y las condiciones de financiación. La situación es especialmente tensa en Holanda, uno de los países donde los síntomas de burbuja son más evidentes (elevada incidencia de préstamos por un valor superior al 80 % al precio de tasación, hogares sobrendeudados e incrementos sostenidos de precios con doble dígito).

Las perspectivas dependen de los tipos de interés y de la inflación

En consonancia con la recuperación de la economía, las perspectivas apuntan a incrementos adicionales de precios a corto plazo, como consecuencia de la persistencia de los factores alcistas subyacentes tanto del lado de la demanda como de la oferta. La merma de renta disponible de los hogares generada por la inflación, se compensará recurriendo al sobreahorro y al crédito hipotecario en condiciones todavía favorables. La anticipación de tipos de interés más elevados en años venideros incluso podría provocar un repunte transitorio de las intenciones de compra.

Sin embargo, el mercado debería moderarse a medio plazo a medida que las condiciones de financiación se endurecen, como es de prever. Se estima que cada punto adicional de tipo hipotecario incrementa la ratio coste financiero sobre renta disponible, o indicador de esfuerzo, en cuatro puntos porcentuales (gráfico 4), si bien este efecto solo se produciría gradualmente, a medida que se renueve el saldo de hipotecas. Por otra parte, el volumen de depósitos bancarios no es necesariamente un predictor de la demanda de vivienda. Para sostener nuevas compras, el ahorro tendría que seguir incrementándose, algo improbable en un contexto de tasas de ahorro que tienden a descender al compás de la recuperación económica.

La oferta también debería empezar a reaccionar, propulsada por las carteras de pedidos y la reabsorción gradual de los cuellos de botella. La cotización internacional de algunos metales clave para el sector se ha estabilizado y podría emprender una senda decreciente, suavizando las limitaciones en la actividad constructora registradas en la segunda parte de 2021.

Con todo, los factores moderadores se expresarán con más fuerza a partir de 2023, cuando los tipos hipotecarios integren el giro en marcha de la política monetaria y la oferta supere las dificultades de aprovisionamiento. Entre tanto, para 2022, la situación de sobredemanda debería perdurar, generando un incremento de precios superior al de la renta disponible de los hogares, en el entorno del 6 % (un ritmo que llevaría el indicador de esfuerzo al nivel previo a la pandemia). Esta evolución todavía sería compatible con las ratios prudenciales en concepto de cargas financieras en relación con los ingresos. A partir de 2023, el endurecimiento de las condiciones financieras debería restar fuelle a la demanda. Ello, junto con el incremento de la oferta, provocará una desaceleración, con unos precios que podrían evolucionar en línea con la renta disponible de los hogares.

El principal factor de vulnerabilidad no viene, por tanto, de la posición financiera de las familias, sino de los efectos macroeconómicos de un hipotético incremento de los tipos de interés, en un contexto incierto de inflación. Al endeudarse a tipo fijo y gozar de perspectivas de empleo relativamente estables con respecto a épocas anteriores, los hogares están menos expuestos al encarecimiento de las hipotecas. Pero su demanda no tardará en delibitarse ante la perspectiva de un encarecimiento de las condiciones de financiación. En suma, no nos asomamos a un parón del mercado, pero sí a una moderación del ciclo alcista.

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Fecha: febrero 2022

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES

La posición de las mujeres en la ciencia  depende, en gran medida, de su participación en la educación superior (universitaria). A este respecto es importante subrayar que, salvo en Alemania, en todos los países de la Unión Europea-27 la proporción de mujeres que en 2019 (últimos datos disponibles) se graduaron en la universidad fue superiora la de los hombres (Gráfico 1).

Esa ventaja formativa de las mujeres se reduce, sin embargo, cuando se observan los datos correspondientes a la obtención del nivel educativo más alto, el que procura el acceso a la élite académica de una disciplina: el doctorado. En muchos países (entre ellos, los nórdicos, el Benelux, Francia, Austria y también Alemania), en 2019 se doctoraron más hombres que mujeres; sin embargo, en otros (por ejemplo, Portugal, Irlanda, Italia y España), el número de nuevas doctoras superó al de nuevos doctores (Gráfico 1).

Patrón de género supranacional

Ahora bien, estos datos esconden diferencias significativas entre disciplinas académicas. Mientras en algunas disci­plinas (sobre todo, educación y salud/bienestar) se doctoran muchas más mujeres que hombres, en otras (particu­larmente, tecnologías de la información y comunicación e ingenierías/producción/construcción), ellas están mu­cho menos representadas entre quienes alcanzan el doctorado. Esta pauta es común a diferentes países europeos (Gráfico 2), lo que indica la existencia de un patrón de género que prevalece sobre especificidades nacionales.

En España, las mujeres superaron en número a los hombres tanto entre los graduados como entre los nue­vos doctores en 2019. Del total de 312.866 graduados, 172.833 fueron mujeres (55%); y del total de 9.340 nue­vos doctores, ellas (4.732) representaron también algo más de la mitad (51%) (Gráfico 3). Pero las diferencias de género en la elección de estudios son ostensibles. Por ejemplo, mientras casi dos de cada tres mujeres se graduaron en 2019 (63%) en las ramas de salud/bienestar, educación y negocios/administración/derecho, solo uno de cada tres varones graduados (32%) obtuvo el título de Grado en esas disciplinas (Gráfico 4).

Si bien en todas las disciplinas habitualmente englobadas bajo la denominación STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) en 2019 se graduaron más hombres que mujeres, en ciencias naturales, matemáti­cas y estadística el número de graduados y graduadas se aproximó a la paridad (Gráfico 4). Cabe destacar que precisamente en este ámbito de conocimiento científico el número de mujeres que se doctoraron en 2019 (1.259) superó al de los hombres (1.067). En efecto, el 55% de quienes accedieron en ese ario al título de doc­tor en las disciplinas de ciencias naturales, matemáticas y estadística fueron mujeres (Gráfico 5). De hecho, de todas las mujeres que se doctoraron en 2019 en España (4.732), el grupo de mayor volumen (27%) se concen­tra en ciencias naturales, matemáticas y estadística (mientras que de todos los hombres que se doctoraron en 2019 [4.6081, el 23% lo hicieron en esas disciplinas). Si se tiene en cuenta el conjunto de las disciplinas STEM, el porcentaje de nuevas doctoras asciende al 37% (48% entre los hombres).

Ampliando el foco a los Estados miembros de la UE, llama la atención que los países con tasas más altas de doctores y doctoras entre 25 y 34 años en materias STEM (por 1.000 habitantes) presentan una mayor desigualdad de género en esta variable (Gráfico 6). Efectivamente, en aquellos países en los que hay menos jóvenes doctores por cada 1.000 habitantes (por tanto, países con entornos científicos más débiles), la ratio entre hombres y mujeres es más similar, lo que, al fin y al cabo, devalúa la importancia de esa igualdad de género. En España, esta ratio se sitúa en 75 (doctoras de 25 a 34 años por cada 100 doctores varones de la misma edad), en el entorno de otros países europeos meridionales (Portugal e Italia) y significativamente por encima de los Estados miembros con mayor PIB per cápita de la UE (Gráfico 6).

En un día como el de hoy en el que se celebra la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, es, sin duda, crucial reivindicar su contribución al conocimiento científico y la necesidad de reforzarla. Pero no menos importante es reclamar que la ciencia cobre más importancia en la sociedad, aumentando los recursos humanos dedicados a promover su producción y transferencia.

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Fecha: enero 2022

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES

Desde 2018, cada 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación. La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha decidido enmarcar la celebración de este año bajo el lema “Cambiar el rumbo, transformar la educación”, que sugiere cierta insatisfacción con el estado de la educación actual en el mundo e indica la necesidad de un giro educativo.

Cada país puede identificarse más o menos con este lema en función de la calidad y el rendimiento de su sistema educativo. En el caso de España, los informes de evaluación de competencias promovidos por la OCDE han situado a nuestro país en puestos comparativamente bajos de los distintos rankings que miden el rendimiento del sistema educativo entre los alumnos que cursan el último curso de educación obligatoria (PISA) y entre la población de 16 a 65 años (PIAAC). Estas evidencias comparativas avivan periódicamente el debate sobre la educación en España, muy marcado también por la inestabilidad legislativa en esta materia (ocho leyes educativas desde 1980, la última aprobada en diciembre de 2020).

Ahora bien, estos debates desdibujan a menudo la importancia que la educación ha adquirido como motor de cambio social durante las últimas cuatro décadas. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA),en 2021 el 36% de la población española entre 25 y 64 años ha cursado, como máximo, educación secundaria básica, el 10% educación secundaria superior generalista, el 24% educación secundaria orientada profesionalmente, y el 29% educación superior. Cuarenta años atrás, la proporción de población de la misma edad que había alcanzado, como máximo, el nivel de educación secundaria obligatoria era abrumadoramente mayoritaria (89%), mientras que la que contaba con títulos de educación secundaria superior (4%) o profesional (1%) o de educación superior (6%) era muy escasa (Gráfico 1).

Diferencias significativas por edad y sexo

Ciertamente, desde la perspectiva del nivel educativo, la población de 16 o más años residente hoy día en España se distribuye en torno a dos polos. Por una parte, se concentra en los dos extremos de la distribución educativa: frente a aquellos con pocas credenciales educativas (45%) cobran creciente peso quienes cuentan con títulos de educación superior (33%). Solo un 22% de la población se sitúa en posiciones intermedias. Por otra parte, esta estructura bipolar también se plasma en perfiles educativos muy diferentes en función de la edad. Tal y como pone de relieve el Gráfico 2, mientras que abundan los universitarios entre quienes se encuentran en la primera fase de su trayectoria laboral (casi la mitad de los que tienen entre 25 y 34 años), en el colectivo de población mayor de 55 años se observa una proporción amplia de personas con un nivel educativo muy bajo. Las diferencias entre hombres y mujeres son muy llamativas. Así como entre los mayores de 59 años la proporción de hombres con estudios superiores es mayor que la de mujeres, a medida que disminuye la edad, aumenta la diferencia en el porcentaje de universitarios a favor de las mujeres (Gráfico 3). En el grupo de personas entre 25 y 34 años esta diferencia alcanza su máximo: más de la mitad de ellas (55%) han completado estudios superiores, mientras que ellos presentan una proporción de titulados superiores mucho menor (42%).

A pesar de estos datos positivos sobre el nivel educativo de los adultos jóvenes, no todo son buenas noticias. La polarización ya señalada también afecta a la composición de este grupo, de modo que, a día de hoy, son muchos los jóvenes con escasos recursos educativos. En efecto, el 28% de los que cuentan entre 25 y 34 años han alcanzado, como máximo, titulación en educación secundaria obligatoria. Este porcentaje aumenta cuando solo se tiene en cuenta a los hombres de esas edades (33%). Y es que si bien en 2020 España se situaba por encima de la media comunitaria en la proporción de jóvenes con estudios terciarios, también registraba el mayor porcentaje de personas entre 25 y 34 años con estudios básicos en la Unión Europea (27), casi duplicando la media europea (15%), como se aprecia en el Mapa 1. En definitiva, sin olvidar los grandes avances realizados por la sociedad española en cuanto a extensión de la educación, es preciso señalar en un día como hoy que en torno a tres de cada diez de quienes se encuentran en la fase inicial de participación en el mercado laboral (25-34 años) presentan niveles educativos bajos. La ausencia entre muchos jóvenes de formación post-obligatoria, específicamente orientada a la inserción en el mercado de trabajo, es un problema todavía muy presente en la sociedad española.

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Fecha: diciembre 2021

Emilio Huerta Arribas, Vicente Salas Fumás

El sector de las sociedades no financieras ha sido el más afectado por la crisis en su actividad, y el que tiene la mayor brecha por cerrar en la recuperación. Por su importancia, concentra el 56 % del valor añadido bruto de la economía y casi dos tercios de la inversión en capital, incluido el residencial, de su evolución depende la actividad del conjunto de la economía y será determinante para volver a la senda de crecimiento interrumpida por la pandemia. En el extremo opuesto, el sector de las administraciones públicas ha acelerado su actividad durante la pandemia, aunque la inversión en capital no ha sido suficiente para compensar el consumo de capital, lo que significa que el capital público tangible podría estar reduciéndose. El sector de familias e instituciones sin ánimo de lucro, que incluye a autónomos y empresas no societarias, reduce su producción durante la pandemia, aunque menos que el sector de sociedades, y mantiene la inversión en capital, previsiblemente por la inversión en vivienda de las familias. Finalmente, el sector de sociedades financieras mantiene prácticamente plana la aportación al valor añadido bruto de la economía, y la inversión en capital tampoco alcanza para cubrir el consumo de este recurso. El texto ofrece una visión de conjunto de los efectos de la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, a partir de la heterogeneidad observada en los comportamientos sectoriales.

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Fecha: noviembre 2021

Santiago Carbó Valverde, Pedro J. Cuadros Solas, Francisco Rodríguez Fernández

El presente informe tiene por objeto analizar tres de los principales retos del sector bancario español en el entorno pospandemia: la mejora de la rentabilidad, la definición de la estructura operativa óptima y la transición hacia un modelo de negocio de plataformas. El informe muestra cómo el mantenimiento de unos tipos de interés “bajos demasiado tiempo” está haciendo que la exigua rentabilidad del sector se convierta en un problema estructural. Además, se evidencia una reducción significativa en la dimensión operativa del sistema bancario español durante las últimas décadas con el objetivo de conseguir un tamaño óptimo con el que competir en el nuevo contexto digital. La aceleración del proceso de digitalización de la sociedad española por la pandemia sugiere que el problema potencial de la exclusión financiera asociado al redimensionamiento del sector bancario será manejable y transitorio. En respuesta a la creciente demanda digital, los bancos españoles han intensificado sus inversiones en tecnología. Con todo, persiste una considerable brecha respecto a los niveles medios de inversión del sector bancario español en relación con sus rivales europeos y estadounidenses. De hecho, no todas las nuevas tecnologías bancarias –big data, inteligencia artificial, cadena de bloques, computación en la nube y reconocimiento biométrico– están implementándose a la misma velocidad en el sector español. De forma adicional, hay evidencias de un recrudecimiento del panorama competitivo con la irrupción en el sector bancario de las “big tech”, las FinTech, los neobancos, las plataformas de préstamos P2P, las operadoras de telecomunicaciones y los grandes grupos de distribución. Por último, aunque los bancos han dedicado arduos esfuerzos a recuperar su reputación tras la crisis financiera, esta área parece ofrecer a las entidades financieras una oportunidad reputacional en términos comparativos frente a las tecnológicas toda vez que, en el futuro cercano, los consumidores podrían valorar los protocolos de protección de datos personales y seguridad que los bancos les ofrecen en comparación con las compañías tecnológicas.

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Fecha: septiembre 2021

Santiago Lago Peñas

En este documento se analiza la situación actual de las finanzas públicas españolas. Para ello, se recurre a un análisis comparado en el seno de la UE-27, y se repasan las diferentes proyecciones a medio y largo plazo disponibles, muy influenciadas por el choque que ha supuesto la pandemia de la COVID-19. A partir de ahí, se discuten la necesidad de una consolidación fiscal sostenida en los próximos años y las herramientas disponibles para ello. El trabajo finaliza con el abordaje de una serie de cuestiones de economía política muy relevantes a la hora de definir e implementar estrategias de estabilidad presupuestaria en España.

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Fecha: septiembre 2021

This report is produced by the staff of Funcas under the direction of Ms. Alice Faibishenko and Mr. Juan Núñez-Gallego

The Future of Banking Jobs analyzes a wide range of perspectives on the
likely evolution of banking sector employment.

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Fecha: abril 2021

Vicente Salas Fumás

El objetivo de esta nota es, primero, cuantificar los efectos de la pandemia sobre los resultados de la actividad empresarial en los sectores no financieros de la economía española durante el año 2020, y segundo, exponer algunas consideraciones sobre cómo plantear y resolver las decisiones pendientes sobre la instrumentación de las ayudas públicas, en compensación por los efectos negativos de la pandemia en dichos resultados.

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Fecha: abril 2021

María José Moral

En España, el buen comportamiento de las manufacturas desde 2017 ha permitido que, a pesar del desplome de 2020, hayan mostrado una recuperación muy intensa. De hecho, en el cuarto trimestre de 2020, las empresas manufactureras han declarado a la Agencia Tributaria una facturación tan solo un 1,81 % inferior a la registrada un año antes. En consecuencia, es preciso poner en valor la actuación de las manufacturas en conjunto. Si bien algunos sectores –como el textil y confección– ya presentaban problemas que se han agravado con la pandemia.

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Comentarios al Documento a Consulta Pública convocada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre: “Medidas para favorecer la creación de empresas y su crecimiento”

Fecha: marzo 2021

Emilio Huerta Arribas, Alfonso Novales Cinca y Vicente Salas Fumás

En nuestra opinión, el documento objeto de consulta presenta notables limitaciones que dificultan que las medidas que se proponen sirvan para alcanzar los objetivos marcados, de mejora del emprendimiento y el crecimiento empresarial. En particular el documento adolece de la falta de una exposición de motivos más completa que sirva para poder valorar de forma precisa la consistencia entre los problemas de fondo que se quieren resolver con la iniciativa legislativa, y las medidas de política económica que se proponen para resolverlos.

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Fecha: febrero 2021
Eduardo Bandrés, Vanessa Azón

Cualesquiera que sean los objetivos con los que se realice una aproximación al fenómeno de la despoblación, y antes de comprometer un juicio sobre las políticas más adecuadas para su abordaje, es necesario conocer el alcance del mismo y su incidencia territorial a partir de un análisis, principalmente descriptivo, de las variables demográficas y económicas más relevantes. El propósito de estas páginas es doble. En primer lugar, acotar la dimensión temporal y geográfica del proceso de despoblación en España, y en segundo lugar, ponderar su intensidad en términos demográficos y económicos, anotando algunos factores que permitan realizar un diagnóstico de la situación actual y una tipología de los territorios afectados.

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Fecha: enero 2021
Santiago Carbó-Valverde, Pedro J. Cuadros-Solas y Francisco Rodríguez-Fernández

La reducción de los tipos de interés por debajo de cero puede justificarse desde un punto de vista teórico, si bien, en la práctica, se ha demostrado que genera una serie de distorsiones y disfunciones en diversos ámbitos de los mercados financieros y bancarios, que pueden, a su vez, afectar al conjunto de la economía. También se ha constatado que el mantenimiento prolongado de medidas de expansión cuantitativa tiene escasa eficacia a largo plazo, además de tener efectos negativos en términos de estabilidad financiera. Mantener unos tipos de interés negativos durante mucho tiempo (low for long) genera importantes desafíos para los bancos, puesto que la baja rentabilidad se convierte en un problema estructural del sector bancario europeo. Además, la pandemia de la COVID-19 y las respuestas de los bancos centrales han acrecentado las expectativas en los mercados de que los tipos de interés se mantendrán negativos incluso más tiempo del inicialmente esperado antes de la pandemia. No obstante, persiste la incertidumbre sobre la evolución de los tipos tras la pandemia y cuáles serán sus efectos en el negocio bancario. Afecta a cuestiones como la morosidad de los préstamos y los cambios en los márgenes de interés, entre otros. Las expectativas sobre la inflación –y las repercusiones en los precios de una combinación de políticas monetarias y fiscales expansivas– podrían constituir un factor de cambio en 2021.

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Fecha: enero 2021
José Félix Sanz Sanz, Desiderio Romero Jordán

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE) plasman una política fiscal muy expan­siva, diseñada para intentar contrarrestar la enorme caída de la actividad económica que se ha producido desde marzo de 2020. En particular, el gasto público aumenta un 20,1% respecto al contemplado en los anteriores presupuestos. Como consecuencia, los PGE anticipan un déficit muy elevado, equivalente al 7,7% del PIB en 2021, y una deuda pública que alcanzará el 117,4 del PIB a final de año.

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The term “silver economy” refers to the economy of the 50+ age group. The growth of the aging population, combined with their consumption power, makes the silver economy an ideal segment for targeted banking products.

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