Presupuestos 2022: confiando en el ciclo y en los fondos europeos
Fecha: noviembre 2021
Cuadernos de Información Económica, N.º 285 (noviembre-diciembre)
Sumario
[expand title= "Rezagados en la recuperación"]La economía española prosigue su recuperación, gracias al rebote que cabía esperar tras el golpe asestado por la pandemia y a los buenos resultados en materia de vacunación. El tirón del empleo es otro hecho positivo a resaltar. No obstante, los resultados no están a la altura de las expectativas ni de los registros de otros países europeos. Mientras en el conjunto de la eurozona el PIB del tercer trimestre de este año estaba tan solo un 0,5 % por debajo del nivel del cuarto trimestre de 2019, en España era aún un 6,6 % inferior. Para 2022 se prevé un crecimiento del PIB del 6 %, impulsado en buena medida por la aportación de los fondos europeos del plan de recuperación y por la suavización de las presiones inflacionistas, bajo el supuesto de una progresiva normalización de la cadena de suministros. El principal riesgo es la continuidad del ciclo alcista de costes, alimentado también por las tensiones en los mercados de la energía. Ello podría dar lugar a un desanclaje de las expectativas de inflación y a efectos de segunda ronda cuya aparición podría generar un endurecimiento de las condiciones monetarias. El objetivo de este artículo es analizar el retraso en la recuperación, esbozar las perspectivas para el próximo año e identificar los principales riesgos a que se enfrenta la economía española.
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[expand title= "Desequilibrios fiscales en España: avances y riesgos"]
Los datos de ejecución presupuestaria conocidos hasta ahora muestran una dinámica del déficit público que dará lugar, muy probablemente, a un saldo mejor que el pronosticado por el Gobierno (-8,4 % del PIB). La previsión oficial para 2022 (-5 %) descansa sobre un saldo cíclico prácticamente en equilibrio, pero con un déficit estructural del -4,5 % del PIB. Cualquiera que sea el resultado sobre la reforma de las reglas fiscales en la UE, el sector público español carece de una estrategia presupuestaria creíble y ambiciosa, con el riesgo añadido de que una parte del gasto público que fue necesario para afrontar la crisis de la COVID-19 se convierta en permanente. La reforma fiscal y la evaluación generalizada de los programas de gasto público son dos instrumentos con gran potencial para cuadrar las cuentas. Por eso es preciso aprovechar los meses venideros para trazar una senda de encaje presupuestario y eliminación del déficit estructural.
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Este artículo ofrece una panorámica del Presupuesto del Estado de 2022 centrando su atención en tres aspectos: escenario macroeconómico, proyecciones de ingresos y gastos públicos y saldo presupuestario. El cuadro macroeconómico muestra un escenario optimista de crecimiento, tanto en 2021 como en 2022, a la vista de las previsiones ofrecidas por las principales instituciones y think tanks dedicados al análisis de coyuntura. El avance de ingresos de 2021 presenta unas tasas de crecimiento elevadas fruto de unas elasticidades superiores a las observadas en nuestro pasado reciente. Este inusual crecimiento de los ingresos será un factor clave para cumplir con las cifras de déficit en 2021. Sin embargo, existen dudas de que la senda prevista de déficit para el período 2021 a 2024 pueda cumplirse en ausencia de un plan de consolidación fiscal que revise tanto las cifras de ingresos como de gastos, tal como proponen instituciones como el Banco de España.
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Las dos principales novedades del Presupuesto de la Seguridad Social de 2022 son, por una parte, la aplicación de un nuevo método de revalorización de las pensiones basado en la inflación del año anterior y, por otra, el aumento de las transferencias del Estado para la financiación de los denominados “gastos impropios” y de apoyo al equilibrio financiero de la Seguridad Social. A pesar del fuerte crecimiento del gasto en pensiones, las mayores aportaciones del Estado vía impuestos y la previsión de aumento de la recaudación por cotizaciones, en línea con las expectativas de recuperación económica, dan como resultado una reducción del déficit nominal hasta situarlo en el -0,5 % del PIB en 2022. Sin embargo, el déficit del bloque contributivo del sistema, como diferencia entre los ingresos y los gastos de esa naturaleza, seguiría estando en el -1,5 % del PIB. La corrección del desequilibrio financiero de la Seguridad Social a medio y largo plazo requerirá, por tanto, nuevas medidas que necesariamente tendrán que completar las actuaciones por el lado del ingreso —incluso con el aumento propuesto de cotizaciones— con otras por el lado del gasto, principalmente en las pensiones contributivas.
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[expand title= "El desempeño reciente de España en la implementación de los fondos de recuperación y expectativas para 2022"]
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España contempla la movilización de hasta 140.000 millones de euros. Actualmente se está implementando el primer tramo, por importe de 69.528 millones como transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). A pesar de que la ejecución de las inversiones previstas se extiende hasta 2026, un 70 % de los fondos del MRR ha de comprometerse en el periodo 2021–2023. De ahí que apenas resten poco más de dos años para que se materialicen unos compromisos tan ambiciosos. Atendiendo a la distribución presupuestaria contemplada para el año 2021 y a la información sobre las convocatorias publicadas hasta el mes de octubre, inclusive, todavía quedaría un notable volumen de fondos por ejecutar antes del cierre del actual ejercicio. Además, el grado de ejecución es heterogéneo, entre las políticas palanca y los componentes del plan, tal como se detalla en este artículo. No obstante, los fondos del MRR que no hayan sido ejecutados en 2021 se integrarán en el presupuesto del próximo año. El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 ya contempla 26.900 millones de euros. Esta cantidad supone intensificar en más de un 10 % el ritmo de inversiones y reformas a llevar a cabo respecto al ejercicio anterior.
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El patrón de crecimiento de la economía española lleva décadas apoyándose en la acumulación de factores de producción, siendo negativa la contribución de la productividad. De hecho, desde el año 2000, la productividad total de los factores (PTF) ha caído un 14,7 %, lo que ayuda a explicar que el PIB per cápita de España sea un 18,5 % inferior al de la eurozona, siendo también más baja la productividad por hora trabajada (un 14,1 % inferior). Detrás de estos pobres resultados en términos de productividad está el bajo esfuerzo inversor en sus principales determinantes: España se sitúa por debajo de la media europea en variables como el stock de capital tecnológico en relación al PIB (un 66,1 % inferior), capital humano (un 4,2 % menor), stock de capital público (un 26,6 % inferior en relación a la población) y stock de capital productivo por empleado (29,9 % inferior), entre otros. En este contexto, se entiende la exigencia de las reformas estructurales a las que obligan los fondos europeos de recuperación, ya que son condición necesaria para maximizar el impacto de las inversiones en términos de crecimiento del output potencial. De las inversiones previstas, adquieren gran importancia las que tienen como objetivo aumentar la digitalización, dado el impacto de la transformación digital sobre la productividad.
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Los criptoactivos acumulan atracción y polémica a partes iguales. En todo caso, su irrupción en el sistema financiero mundial es indiscutible y su papel en las próximas décadas está llamado a ser protagonista, como ya reconocen señalados inversores institucionales y bancos centrales. Otra cosa es qué tipo de activos sean los que prevalezcan. En este punto, tanto el desarrollo de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) como la implicación del sector bancario en plataformas de negociación, inversión o gestión con tecnologías de encriptación serán elementos estratégicos definitorios. Las CBDC se irán implementando de forma progresiva en distintas jurisdicciones. En lo que a la eurozona se refiere, no sería antes de 2023. Aunque el BCE maneja diferentes opciones, la de un sistema de cuentas minoristas (incluso depósitos) de ciudadanos en el banco central es una opción factible. Este tipo de CBDC implica, entre otros aspectos, la necesidad de que el sector bancario dependa en mayor medida de la financiación mayorista y esto tendría consecuencias negativas sobre sus márgenes. En todo caso, se trata de un impacto limitado que aún podría retrasarse bastante antes de su implementación.
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La profunda crisis económica iniciada a finales de 2008 alertó tanto a la población como a las instituciones sobre la importancia de la competencia financiera y de establecer mecanismos para su desarrollo en los sistemas educativos. En este artículo se utilizan datos procedentes del Programa Internacional para la Evaluación del Alumnado (PISA) para el caso de España, con el fin de comprobar si la formación que reciben los estudiantes de educación secundaria en este campo está marcando una diferencia. Los resultados obtenidos muestran que la implementación de esta competencia en el sistema educativo español se encuentra aún en su etapa inicial y que carece de un modelo uniforme. Si bien hay que ser cautelosos por las singularidades del tratamiento de esta competencia en España, este trabajo demuestra que algunas modalidades de formación en educación financiera pueden estar teniendo una asociación negativa con la competencia financiera de los estudiantes, mientras que otras no resultan significativas. Todo ello revela la necesidad de reestructurar la forma en que se imparte la educación financiera en España.
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