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Las economías avanzadas están registrando un fuerte aumento del coste de su deuda como consecuencia de dos factores simultáneos. Por un lado, vencen las emisiones que se colocaron originalmente a tipos de interés muy bajos o incluso cercanos a cero; por otro, los bonos que las sustituyen se emiten a tipos significativamente más elevados. España, por ejemplo, pasará de pagar unos 40.000 millones de euros en intereses en 2025 a cerca de 60.000 millones en 2030. Este incremento del coste de la deuda reducirá el margen de maniobra de los Estados y los obligará a optar entre aumentar la presión fiscal o recortar otras partidas presupuestarias.

Un reciente estudio de Funcas —que aquí presentan sus autores, Rocío Arroyo y Miguel Ángel González Simón— muestra que las exportaciones españolas de bienes están más expuestas a la red de acuerdos comerciales que teje la UE que la media europea, y que responden con mayor intensidad cuando los acuerdos entran en vigor. Ademas, dependiendo de los vínculos culturales e históricos previos con los mercados con los que se firman los acuerdos, la respuesta es distinta: crece el margen intensivo si el acuerdo involucra a países cercanos, o se amplía la cesta exportadora si se firma con mercados con los que la relación previa es menos intensa.

Funcas ha publicado un informe sobre el impacto de los fondos europeos en la economía española, en el que se muestra que hasta un 14% del crecimiento del PIB entre 2021 y 2025 es consecuencia de su impulso. Aunque a nivel macroeconómico la huella de los fondos es clara, no se ha materializado una la transformación económica plena, algo especialmente visible en lo relativo a la inversión privada y la productividad.

Ya no hay dudas de que la respuesta al brote inflacionario que está provocando la guerra de Irán debe consistir en medidas focalizadas y específicas, en lugar de ayudas o rebajas fiscales generalizadas. La cuestión ahora es dilucidar a qué colectivos y sectores conviene proteger y cómo. Raymond Torres, de Funcas, señala los criterios que deberían ser tenidos en cuenta para identificarlos y adoptar las políticas adecuadas.