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Un reciente estudio de Funcas —que aquí presentan sus autores, Rocío Arroyo y Miguel Ángel González Simón— muestra que las exportaciones españolas de bienes están más expuestas a la red de acuerdos comerciales que teje la UE que la media europea, y que responden con mayor intensidad cuando los acuerdos entran en vigor. Ademas, dependiendo de los vínculos culturales e históricos previos con los mercados con los que se firman los acuerdos, la respuesta es distinta: crece el margen intensivo si el acuerdo involucra a países cercanos, o se amplía la cesta exportadora si se firma con mercados con los que la relación previa es menos intensa.

Funcas ha publicado un informe sobre el impacto de los fondos europeos en la economía española, en el que se muestra que hasta un 14% del crecimiento del PIB entre 2021 y 2025 es consecuencia de su impulso. Aunque a nivel macroeconómico la huella de los fondos es clara, no se ha materializado una la transformación económica plena, algo especialmente visible en lo relativo a la inversión privada y la productividad.

Ya no hay dudas de que la respuesta al brote inflacionario que está provocando la guerra de Irán debe consistir en medidas focalizadas y específicas, en lugar de ayudas o rebajas fiscales generalizadas. La cuestión ahora es dilucidar a qué colectivos y sectores conviene proteger y cómo. Raymond Torres, de Funcas, señala los criterios que deberían ser tenidos en cuenta para identificarlos y adoptar las políticas adecuadas.

En los últimos tiempos se registra en la UE un incremento de los importes de deuda pública emitidos por los Estados miembros; el sector bancario es tradicionalmente el mayor inversor en estos activos, que dotan a su cartera de estabilidad y seguridad. Pero existe un estrecho vínculo entre el riesgo soberano y el riesgo bancario, que se manifiesta a través de cualquier shock que afecte a la calidad de la deuda pública, como sucedió a finales de 2025 en Francia. Ante episodios como este, el avance en la unión bancaria, con una estructura institucional, un supervisor común y mecanismos de resolución de crisis, ha supuesto una mejora para el control de riesgos de las entidades, que se refleja en una mayor diversificación de sus inversiones en deuda soberana de otros países europeos.