Recuperación al compás de las vacunas
Fecha: marzo 2021
Cuadernos de Información Económica, N.º 281 (marzo-abril)
Sumario
[expand title= "Perspectivas de recuperación de la economía tras la tercera ola"]El PIB sufrió en 2020 un descenso histórico del 11 % como consecuencia dela pandemia, aunque el impacto fue muy desigual por sectores. Tras la caída sufrida en los dos primeros trimestres del año, en el tercero se produjo una notable recuperación, pero esta apenas tuvo continuidad en el cuarto. En cuanto al inicio del ejercicio actual, los indicadores disponibles, especialmente los de empleo, apuntan a una recaída. La evolución de la pandemia, tanto en España como en el resto de países europeos, unida a la lenta marcha en el proceso de vacunación, alejan la posibilidad de una recuperación significativa y sostenida hasta, al menos, la llegada del verano.
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La prolongación en el tiempo de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 motiva la necesidad de acelerar los procesos de recapitalización del tejido productivo en España. El deterioro de la solvencia es muy acusado en los sectores más afectados por la crisis, especialmente en el caso de las pymes, cuya vulnerabilidad financiera es mucho mayor. Las medidas de fortalecimiento del capital adoptadas en distintos países y las propias recomendaciones de la Unión Europea ponen de manifiesto que se trata de propuestas factibles y que pueden implementarse con distintos instrumentos. El paquete de ayudas aprobado por el Gobierno el 12 de marzo permitirá afrontar parte de las necesidades de recapitalización de las pymes a la vez que contribuye a la reestructuración de su deuda.
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La inversión en activos intangibles se configura como una fuente importante de crecimiento de la productividad. La Unión Europea se encuentra rezagada respecto a Estados Unidos en cuanto al peso de los intangibles, y su vía principal de financiación procede de recursos propios de las empresas o del capital riesgo, siendo muy escasa la importancia de la financiación bancaria. En este artículo se proponen medidas regulatorias que facilitarían una mayor implicación de los bancos: un coeficiente reductor en el consumo de capital para la financiación de los intangibles, y avales públicos a este tipo de financiación, que proporcionen una cierta protección ante el riesgo de posibles pérdidas. En ambos casos, además, se abrirían nuevas oportunidades de negocio para la banca y un impulso al crecimiento económico.
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Uno de los rasgos más destacables de la liquidación presupuestaria de 2020 es el claro contraste entre el fuerte crecimiento del déficit de la Administración central y la previsión de mantenimiento del déficit de las comunidades autónomas en cifras equivalentes a las del año 2019. El Estado ha nutrido de fondos extraordinarios a las haciendas autonómicas, de forma que estas han podido afrontar aumentos de gasto en áreas prioritarias afectadas por la pandemia, como sanidad y educación, sin generar déficit. Las perspectivas para 2021 contemplan la continuidad de la estrategia de protección de la suficiencia financiera de las comunidades autónomas por parte del Estado, con un pequeño crecimiento del déficit, pero con divergencias territoriales apreciables. En la agenda futura, la finalización de la pandemia y el progresivo retorno a la normalidad presupuestaria abrirán un proceso inevitable de consolidación fiscal que afectará también a las comunidades autónomas, aunque muy posiblemente con una revisión de las reglas fiscales subcentrales dentro del proceso de reforma de esas reglas a escala europea.
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El mercado de la vivienda juega un papel fundamental en la estabilidad macroeconómica. Sus vínculos estrechos tanto con la economía real como con el sector financiero lo convierten en una bisagra que puede amplificar los desequilibrios en ambas direcciones, a través de múltiples canales. Algo que se puso especialmente de manifiesto en España durante la crisis de 2008, cuando tras estallar la burbuja en el mercado residencial se produjo un intenso ajuste del empleo en el sector, una drástica caída de precios y una escalada de la morosidad bancaria que terminó deteriorando la solvencia de buen número de entidades. Por tanto, una de las preguntas más pertinentes a estas alturas es si esta vez será diferente y el sector residencial no se convertirá en un elemento desestabilizador para la economía española. La sensación es que esta vez el sector no se encuentra en el epicentro de la crisis, pues no hay síntomas de sobrevaloración, sobreoferta o relajación de los estándares crediticios. Y, además, la situación financiera y de vulnerabilidad de los hogares es más robusta que en la crisis anterior.
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Desde comienzos de año se han observado en los mercados algunos cambios de valor poco frecuentes, tanto por la irrupción de una nueva forma de activismo que podría calificarse como “popular” —representada por el caso de Reddit y GameStop en Estados Unidos— como por volatilidades importantes en instrumentos no convencionales como algunas criptomonedas. Asimismo, las perspectivas en los mercados son inciertas en la medida en que, aunque se esperan avances importantes en vacunación para frenar la pandemia, la segunda parte del año puede afrontar desafíos financieros que llevaban tiempo aplazándose, como el retorno de cierta presión al alza de la inflación y tensiones en los mercados de deuda. En España, sin embargo, no parece factible que ese activismo popular genere desequilibrios equiparables a los que se han dado en Estados Unidos, puesto que hay limitaciones legales a esas formas de agregación de información y posiciones inversoras. Este tipo de riesgos se extienden a la compra de criptodivisas. Todas estas tensiones forman parte, en cierta medida, de la concurrencia de abundancia de liquidez y escasez de oportunidades de rentabilidad en un contexto de tipos de interés reducidos.
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Los servicios de salud pública en España —especialmente la vigilancia epidemiológica— se han revelado muy insuficientes para responder a la crisis sanitaria generada por la COVID-19. En este artículo se describe el nivel y la evolución del gasto público español en servicios de Prevención y Salud Pública entre 2002 y 2018 utilizando como fuentes el Sistema de Cuentas de Salud de España y la base de datos de salud de la OCDE. Aunque es difícil definir un óptimo, los datos confirman que dicho gasto puede calificarse como reducido. En términos comparativos, España está algo por debajo de la media de los países de la eurozona en gasto monetario por persona, pero prácticamente igual en relación al PIB y al gasto corriente público en sanidad. La evolución de estos gastos en España, creciente antes de la crisis 2008-2013, se quebró entonces, sin que se aprecie en los últimos años ninguna orientación decidida favorable a la prevención y la salud pública.
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En este artículo se evalúa, en primer lugar, el impacto de las proyecciones demográficas sobre el gasto sanitario hasta 2030 y su alcance entre comunidades autónomas. Se concluye que el factor demográfico no constituye el principal factor de presión sobre el gasto sanitario en términos de PIB. Solamente en algunas comunidades autónomas es previsible que el impacto sea mayor como consecuencia del incremento diferencial previsto de la población en los tramos de mayor edad en los próximos años. Si a estos resultados se suma el factor tecnológico, la tasa de crecimiento medio interanual del gasto sanitario autonómico se elevaría hasta el 2,2 %. Pero la pandemia ha alterado estas proyecciones bruscamente, al menos durante 2020 y previsiblemente todo el ejercicio 2021. El impacto a medio plazo será resultado de los factores de presión al alza de los epígrafes de gasto claves en la respuesta a esta crisis, como la revisión de la política de recursos humanos, la digitalización sanitaria, el fortalecimiento de las partidas de salud pública, y por otra parte, de la oportunidad de contar con recursos europeos. Es previsible una elevación del nivel de gasto en términos de PIB que obligue a reconsiderar, no la validez de las reglas fiscales, cuya pertinencia está ya muy interiorizada en la gobernanza europea, sino su redefinición en la normativa de estabilidad española, en especial, la regla de gasto.
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