Presupuestos 2023 y nuevos escenarios monetarios

Tras un ligero crecimiento en el tercer trimestre del año, fruto del buen comportamiento del turismo y de las exportaciones, el PIB podría retroceder en el cierre de 2022 y en el inicio del próximo ejercicio, dando lugar a una corta recesión. A partir del segundo trimestre de 2023 podría producirse una ligera recuperación, en consonancia con una menor presión de los precios de la energía y, posteriormente, de una pausa en el proceso de normalización de los tipos de interés. Con todo, el crecimiento previsto para el conjunto de 2023 es un 0,7 %, muy condicionado por el debilitamiento del consumo privado en un contexto inflacionista, por la desaceleración de la inversión y por la menor aportación del sector exterior, fruto del deterioro de la economía europea. La inflación todavía se situará en niveles elevados, en torno a una media del 5,2 % para el deflactor de consumo de los hogares, y el mercado laboral reducirá su dinamismo, aunque manteniendo la tasa de paro alrededor del 12 %.
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Más allá de sus cifras de ingresos, gastos y déficit, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (PGE2023) se mueven entre dos escenarios, tal como se deduce del Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea. La principal diferencia es la prolongación de las medidas desplegadas para afrontar la crisis energética y los efectos de la inflación sobre los hogares y las empresas. Dependiendo de cómo se concrete ese paquete fiscal, el impacto presupuestario sobre las cifras de déficit podría añadir más de un punto porcentual del PIB a las previsiones realizadas para 2023. Si la orientación de la política fiscal se relaciona con la evolución del déficit estructural, es bastante razonable que los PGE2023 puedan calificarse como neutrales, lo que no excluye la conveniencia de avanzar en el diseño de un programa de consolidación fiscal a medio plazo y de replantear, ya para 2023, medidas como la bonificación del carburante y las rebajas del IVA al gas y a la electricidad, evaluando su coste, sus implicaciones distributivas y sus efectos sobre la transición energética.
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El Presupuesto de 2023 (PGE-2023) se sustenta en una estimación optimista del crecimiento del PIB (2,1 %). Asume una elasticidad de ingresos-PIB de 1,1 y una elasticidad de gasto-PIB ligeramente superior a 0,6 que permitiría reducir el déficit del -5,0 % de 2022 al -3,9 % en 2023. Las cifras estimadas de gasto son sensibles a la decisión, aún pendiente, sobre la extensión a 2023 de las ayudas a familias y empresas vigentes en 2022, cuyo coste global, de mantenerse sin cambios, estaría próximo a 18.000 millones de euros. En cuanto a los ingresos, el 7,6 % de crecimiento de los impuestos para el conjunto de las administraciones públicas se apoya en el fuerte empuje de la inflación, el 71,4 % según la AIReF. También en las medidas que entrarán en vigor en 2023 que, en términos netos, aportarán al Estado 2.712 millones de euros. Estos nuevos ingresos impositivos derivan de medidas esencialmente temporales, en lugar de ser el resultado de una genuina reforma fiscal, tal como fue comprometido con Bruselas para el primer trimestre de 2023.
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La revalorización de las pensiones contributivas es el principal factor de crecimiento del gasto de la Seguridad Social en 2023 que, contando con el aumento del número de pensionistas y de la pensión media, podría desbordar las previsiones contenidas en los Presupuestos. Por el lado de los ingresos, la novedad más relevante es la aplicación, por primera vez, de una cotización adicional del 0,6 % sobre la base de contingencias comunes, que corresponde al denominado mecanismo de equidad intergeneracional. La separación de fuentes entre prestaciones contributivas y no contributivas, en cumplimiento del Pacto de Toledo, y la contribución al equilibrio presupuestario se garantizan con las aportaciones del Estado, que ya representan más del 20 % de los ingresos no financieros. El déficit nominal previsto para 2023 es de 7.199 millones de euros, que se cubre con un nuevo préstamo del Estado. Sin embargo, el déficit total del bloque contributivo del sistema de Seguridad Social podría alcanzar los 25.000 millones de euros, equivalentes a un 1,8 % del PIB.
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La elevación de los tipos de interés está imponiendo un aumento considerable de los costes de financiación en un espacio reducido de tiempo. Hogares y empresas afrontan con dificultad esta situación no solo porque supone un endurecimiento de las condiciones financieras, sino porque se produce tras un período muy prolongado de excepcionalidad financiera e inflacionaria. En España, el crédito se ha desacelerado tras los esfuerzos realizados durante la pandemia en apoyo al sector privado, principalmente empresarial. La subida de tipos de interés ya se deja notar en una cierta retracción de la financiación, singularmente en el segmento de la vivienda. Los tipos medios aplicados en España estaban en agosto por debajo del promedio europeo en crédito al consumo a un año (4,16 %) y por encima (7,39 %) en el de hasta cinco años. En el segmento hipotecario, el tipo promedio aplicado (2,03 %) es de los más bajos de la eurozona, solo por detrás, entre los países de mayor tamaño, de Francia (1,58 %). En cuanto a la financiación a empresas, el comportamiento es más desigual. Tras el notable avance de 2020 por las ayudas y avales del ICO, el crecimiento se ha moderado de forma muy considerable y con cierta volatilidad.
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Las facilidades especiales de liquidez conocidas como TLTRO (Targeted longer term refinancing operations) han constituido un mecanismo fundamental de transmisión de la política monetaria, permitiendo al sistema bancario contar con una fuente estable de liquidez a largo plazo en condiciones muy favorables, lo que ha sido clave para el mantenimiento del flujo de crédito. Esas condiciones favorables de las TLTRO chocan ahora con el nuevo marco de política monetaria planteado por el Banco Central Europeo para combatir la inflación, con rápidas elevaciones de tipos y drenaje de liquidez mediante la retirada de los programas de compra de activos. En este contexto de endurecimiento monetario, las TLTRO, en su configuración actual de coste y de plazos, constituyen una cierta irregularidad, por lo que el Consejo de Gobierno del BCE en su última reunión incluía el cambio de las condiciones aplicadas a las rondas de financiación de las TLTRO, para alinearlas con otros instrumentos principales de política monetaria. En el presente artículo se analizan las opciones disponibles para esa reconducción y sus implicaciones para la liquidez bancaria.
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El objetivo de este artículo es revisar dos aspectos de la política monetaria: la definición de la estrategia de normalización en un contexto “nada normal”, en el que la inflación se ha disparado, y la gestión del legado de la instrumentación de la larga etapa anterior –trece años— de posición acomodaticia, que tuvo que enfrentarse a dificultades de trasmisión a los mercados monetarios y de deuda pública relacionada con la crisis bancaria y la del euro. Los tipos de interés anticipan ya fuertes subidas que se han trasladado a todos los mercados sin distorsiones, pero las inyecciones de liquidez a largo plazo y la compra de activos, aún en esta fase de renovación, seguirán marcando, junto a los drenajes masivos, la instrumentación.
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A pesar de la intensidad de las dos crisis que ha sufrido la economía en los últimos tres años (la del COVID-19 y la de las materias primas, recrudecida por la guerra en Ucrania), la tasa de morosidad no ha aumentado en la banca española, lo que en parte se explica por las medidas adoptadas para paliar el impacto de dichas crisis. No obstante, en el caso de las empresas, el análisis desagregado a nivel sectorial muestra importantes diferencias tanto en la tasa de morosidad como en su evolución en estos últimos años. Aunque predominan los sectores con caídas de la morosidad, en los más vulnerables al impacto de la crisis, esa tasa sí ha aumentado, como es el caso de la hostelería y las actividades que tienen que ver con el ocio y entretenimiento. En la comparativa con la UE, destaca sobremanera el sector de las actividades recreativas, artísticas y de entretenimiento, con una tasa de morosidad en España que duplica la europea. Dada la importante revisión a la baja del crecimiento del PIB para 2023, en un contexto de inflación que obliga a la subida de tipos y al consiguiente endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación, lo más probable es que la morosidad presente un punto de inflexión en los próximos meses, lo que aconseja al sector bancario no relajar su política de provisiones, tal y como advierten los supervisores.
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