Política fiscal y monetaria tras la pandemia

Política fiscal y monetaria tras la pandemia

Fecha: enero 2021
Cuadernos de Información Económica, N.º 280 (enero-febrero)

Sumario

Los Presupuestos del Estado de 2021: una valoración

Este artículo ofrece una descripción valorativa de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. En relación a los ingresos públicos se detecta unas estimaciones excesivamente benévolas, esencialmente en su componente cíclica, al fundamentarse en unas previsiones de crecimiento económico muy sesgadas al alza (9,8 %), que tampoco cuadran con las elasticidades recaudatorias generalmente aceptadas. En 2021, el gasto público del Estado, en porcentaje del PIB, se situará en el 35,0 % alcanzándose el 48,0 % si se incluye el gasto de comunidades autónomas y corporaciones locales. Si se añaden los fondos del Plan Europeo de Recuperación el gasto público ascenderá en 2021 al 50,8 % del PIB. Según el Gobierno, el déficit aumentará en 2021 hasta el -7,7 % y la deuda pública se elevará hasta el 117,4 % del PIB, aunque el consenso de analistas sitúa el déficit entre el -7,7 % y el -9,6 % y la deuda entre el 116,0 % y el 122,8 %.
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El presupuesto de la Seguridad Social de 2021

La Seguridad Social afronta el año 2021 con una previsión de déficit de más de -14.000 millones de euros, a pesar de contar con un volumen de transferencias del Estado para apoyar su equilibrio financiero por otros 14.000 millones. Con estas transferencias se trata de atender la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020 sobre consolidación de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social y restablecimiento de su equilibrio financiero. El impacto de la crisis de la COVID-19 sobre cotizaciones y prestaciones probablemente será mayor que el que se contempla en el Presupuesto, pero el problema de fondo tiene más que ver con el déficit estructural actual –que se mantiene prácticamente inalterado desde 2014– y, sobre todo, con la necesidad de adoptar reformas en el sistema de pensiones que garanticen su equilibrio financiero a largo plazo. El esfuerzo del Estado para completar la financiación de los gastos de la Seguridad Social vía impuestos tiene un recorrido limitado, por el propio déficit estructural de la Administración central y porque supondría una alteración del modelo contributivo en que se basa el sistema.
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Gravar la economía digital: ¿es un impuesto sobre los servicios digitales la solución adecuada?

La aparición de modelos de negocio digital y las diferentes definiciones de presencia imponible adoptadas por los países han llevado a una considerable erosión de la base imponible y el traslado de beneficios desde países de fiscalidad alta hacia otros con tributación baja. Aunque la propuesta de directiva de la UE representa el intento más avanzado y estructurado para incorporar el concepto de establecimiento permanente virtual al marco internacional del impuesto sobre los beneficios actualmente vigente, la oposición de algunos Estados miembros dio lugar a la paralización del proyecto. En consecuencia, algunos países, entre ellos España, han introducido unilateralmente su propio impuesto sobre los servicios digitales (ISD). Si bien muchos impuestos plantean dificultades en su implementación, existen retos singulares estructurales y de diseño inherentes a un ISD que se analizan en el presente artículo. Un acuerdo internacional ayudaría a resolver algunos de esos retos para alcanzar una solución multilateral y a largo plazo a los problemas que la economía digital plantea para la fiscalidad internacional.
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El debate que viene sobre la política macroeconómica europea

Las conversaciones en el seno de la Comisión Europea sobre la posible desactivación de la cláusula general de salvaguardia podrían iniciarse dentro de unos pocos meses, aunque si las consecuencias económicas de la pandemia continúan agravándose, es muy posible que sean pospuestas. Sin embargo, ese debate tendrá que tener lugar en algún momento y condicionará decisivamente la política fiscal de los Estados miembros. El reto será definir el ritmo de ajuste en los niveles de deuda pública, habida cuenta que el esfuerzo de corrección no será igual en todos los países. En estos momentos, con tipos de interés en mínimos históricos y la economía sufriendo los efectos de la pandemia, las políticas para estimular la recuperación económica deben gozar de total prioridad, pero no puede perderse de vista la necesidad de afrontar un proceso de sostenibilidad fiscal a medio plazo. Reparar los daños provocados por la COVID-19 en hogares y empresas al tiempo que se gestiona una senda de consolidación fiscal será una tarea realmente difícil, especialmente si dicha senda tiene que extenderse más allá de la capacidad del BCE para mantener su estrategia acomodaticia de política monetaria.
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Tipos de interés y sector bancario pospandemia

La pandemia ha propiciado una extensión de las políticas monetarias expansivas y la expectativa de que se mantendrán, al menos, hasta 2022. Sin embargo, algunas de estas acciones, como el mantenimiento de tipos de interés ultrarreducidos por un tiempo muy prolongado, están generando importantes distorsiones en la actividad de intermediación financiera y en los mercados. El punto de referencia en 2021 es qué sucederá con la inflación en una recuperación económica que trata de conseguirse con la coincidencia de sustanciales incentivos fiscales y monetarios. Cualquier cambio en la acción de los bancos centrales deberá tener en cuenta las restricciones que las entidades financieras están afrontando en este entorno y es posible que sean necesarios apoyos adicionales a la banca para impulsar la financiación y la recuperación económica sin aumentar excesivamente los riesgos crediticios. Aunque la política monetaria ha sido fundamental para salvar situaciones de tensiones de liquidez e incertidumbre, también se han producido acumulaciones de riesgo crediticio y de deuda asociados a ella y cabe preguntarse hasta qué punto los posibles beneficios se comparan con los costes de esta prolongación de tipos reducidos.
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El impacto de la COVID-19 en la inflación

La crisis provocada por la COVID-19 ha dado lugar a una reducción de la tasa de inflación que, aun así, se mantiene en niveles positivos. Solo en los productos energéticos y en algunos de los servicios más afectados por las restricciones se han observado bajadas de precios. El impacto, por tanto, no ha sido deflacionista, sino desinflacionista. En un escenario de desaparición de las limitaciones a la movilidad y de recuperación de la actividad económica, cabe esperar un repunte inflacionista, durante la segunda parte del año, que procedería de los productos energéticos y de los servicios, especialmente de los más castigados, que podrían aprovechar una recuperación más rápida de la demanda que de la oferta para recomponer sus márgenes.
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El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19. Los datos nacionales

Los servicios de prevención y salud pública son decisivos para conseguir mejoras en salud y para dar respuesta a epidemias y pandemias como la COVID-19. El gasto público en prevención y salud pública en los últimos años en España ha sido reducido en términos por persona y en relación al PIB y al gasto corriente total en sanidad. Ello indica una escasa prioridad efectiva de estas políticas. Además, su evolución creciente antes de la crisis 2008-2013 se quebró y no se ha recuperado hasta la actualidad. Por todo ello, hay bastante unanimidad en apreciar que España tiene como asignatura pendiente dedicar más recursos a salud pública y ahora más que nunca. Los datos que se ofrecen en este artículo pueden contribuir de forma inicial al análisis y diseño de las nuevas políticas.
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El nuevo euríbor supera un 2020 complicado

Los tipos euríbor han experimentado vaivenes importantes durante el año 2020, el primero tras la profunda reforma en su metodología de cálculo, aún provisional, en un entorno marcado por el profundo impacto de la crisis de la COVID-19 en los mercados monetarios globales. Pero también puede afirmarse que los tipos euríbor han superado con éxito un año muy difícil. Además de evolucionar de forma coherente con sus principales factores directores –expectativas de tipos de intervención y percepción de riesgo de crédito común en el sistema bancario–, han sufrido los efectos indirectos de la masiva demanda global de financiación en dólares acaecida en los primeros compases de la crisis de la COVID-19.
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