El círculo de la riqueza y la vivienda
Fecha: enero 2024
Cuadernos de Información Económica, N.º 298 (enero-febrero 2024)
Sumario
Entre las principales economías europeas, la española ha sido una de las que mejor ha capeado la crisis inflacionaria y las convulsiones geopolíticas de estos últimos años, fruto del favorable posicionamiento competitivo. Se estima que el PIB habrá avanzado un 2,4 % en 2023, casi dos puntos por encima de la media de la eurozona, mientras que el saldo externo arrojará el máximo de la serie histórica. A corto plazo, sin embargo, se vislumbra una desaceleración en un entorno externo debilitado y ante el giro contractivo de la política macroeconómica, de modo que el PIB crecería un 1,5 % en 2024, aún por encima de la media europea. Por otra parte, la inversión en bienes de equipo se mantiene un 8,8 % por debajo de los registros prepandemia, una trayectoria que no ayuda a alentar las perspectivas de productividad a medio plazo, y que plantea un desafío de cara al impacto de los fondos europeos. Finalmente, el déficit público se mantendría por encima de los límites exigidos por Bruselas, incluso en el escenario de recuperación del crecimiento que se anticipa para 2025.
España muestra un aumento persistente en los precios de la vivienda, impulsado más por la demanda mayorista y no residente –que suele ser más especulativa– que por la demanda minorista residencial, a pesar de un contexto económico desfavorable. Esta dinámica ha mermado la asequibilidad de las viviendas, especialmente después de la crisis financiera y la pandemia, donde los precios se recuperaron rápidamente superando el crecimiento salarial. Factores como inadecuadas políticas de suelo de largo plazo y el incremento en la demanda han exacerbado el problema, aumentando la desigualdad entre propietarios y aquellos que no pueden acceder a la compra de una vivienda. Se sugiere enfocar esfuerzos en mejorar el acceso a viviendas asequibles y de calidad, potenciando un mercado de alquiler eficiente, sin intervenciones que eleven sus precios, y aumentando la oferta de vivienda, incluyendo más opciones de vivienda pública, para contrarrestar esta tendencia y favorecer una mayor equidad en el acceso a la vivienda.
Los hogares españoles y sus finanzas han sufrido una gran transformación desde comienzos de siglo tras nuestra incorporación a la eurozona. Considerando una doble perspectiva, macro y micro, el artículo recoge las principales conclusiones cuando se realiza un análisis de su comportamiento, tanto a lo largo del tiempo como transversal frente a los principales países de nuestro entorno. La propia evolución y composición de los hogares, así como el comportamiento de su renta, ahorro y riqueza sugiere que se han producido alteraciones de calado que son relevantes para un adecuado diseño de las políticas públicas.
Aunque se reconoce ampliamente que la formulación de políticas climáticas es responsabilidad primordial de los Gobiernos, los bancos centrales también están tomando medidas para abordar el cambio climático dentro de sus competencias. El examen de la integración de las consideraciones relativas al cambio climático en las operaciones del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva Federal (Fed), destaca que tanto el BCE como el BoE son más proactivos que la Reserva Federal en sus compromisos y medidas políticas para hacer frente a los riesgos climáticos. En particular, el Banco de Inglaterra ha sido pionero en varias iniciativas, mientras que el Banco Central Europeo ha realizado recientemente avances más significativos en otras áreas relativas a la supervisión y reglas de colateral. El grado en que los bancos centrales integran los riesgos climáticos en su labor varía en función del mandato respectivo de cada institución y de las preferencias políticas nacionales en relación con el cambio climático.
La apuesta por la reindustralización que ha hecho la Unión Europea (UE) y el Gobierno de España para fijar como objetivo que la industria manufacturera aporte el 20 % del PIB, exige aumentar la competitividad, para lo que es necesario avanzar en la transformación digital. La digitalización se apoya en la inversión en activos intangibles como son la I+D, el software, la imagen de marca, el diseño, la formación de los trabajadores a cargo de la empresa y el capital organizacional. En España, el esfuerzo inversor de la industria en este tipo de activos es prácticamente la mitad del europeo (11,7 % vs 20 % del VAB), siendo un rasgo preocupante que se repite en todas las ramas manufactureras. Además, al menos desde la crisis financiera de 2008, la distancia en esfuerzo inversor que nos separa de la UE se ha ampliado. En consecuencia, si queremos que la industria manufacturera española gane competitividad a nivel internacional, hemos de apostar fuerte por la digitalización, lo que exige cerrar la brecha en esfuerzo inversor en intangibles que tenemos con nuestros competidores. Para ello tenemos la gran oportunidad que suponen los fondos NGEU, entre cuyos objetivos está la digitalización, con financiación específica para varios PERTE del sector industrial.
En los últimos días de su presidencia rotatoria, el Gobierno español logró llevar las negociaciones en el Consejo de la Unión Europea a un acuerdo sobre un nuevo régimen de coordinación de las políticas macroeconómicas. Este acuerdo supone la culminación de un debate paneuropeo sobre la política macroeconómica y el ajuste fiscal que se inició durante la pandemia, cuando los gobiernos hicieron balance del papel de la coordinación de las políticas macroeconómicas para proteger a las economías europeas de todo el impacto de las medidas restrictivas impuestas para luchar contra la propagación del COVID-19. El nuevo marco aumentará significativamente la implicación nacional en la consolidación fiscal, al tiempo que facilitará la senda de ajuste en comparación con el marco al que sustituye. Una vez aprobado por el Parlamento Europeo, este nuevo marco también señalará un nuevo énfasis de la política macroeconómica europea en la importancia de la inversión pública en áreas relacionadas con el cambio climático y la seguridad nacional.
Los bonos contingentemente convertibles (conocidos por su acrónimo CoCo´s, o AT1, por su consideración como capital adicional de nivel 1), han constituido el principal instrumento de reforzamiento de recursos propios en la banca europea y española desde la crisis financiera, pero sobre todo la piedra angular del mecanismo de resolución bancaria, en tanto que instrumentos de absorción de pérdidas en eventos de resolución. Es sobre dichas bases que el mercado de CoCo´s se ha erigido en una brújula de gran relevancia, tanta o más que el mercado de acciones bancarias, para calibrar la confianza en el sistema bancario. Pues bien, este mercado sufrió un fuerte castigo con la crisis bancaria de marzo, y muy especialmente con el tratamiento que las autoridades suizas dieron a los CoCo de Credit Suisse, provocando un efecto “estigma” sobre dicho instrumento. En este artículo analizamos las características de los CoCo como instrumento de potencial reforzamiento de recursos propios (going concern), y de absorción de pérdidas en eventos de resolución (gone concern); el tratamiento que se dio a los mismos en la intervención de Credit Suisse, dando lugar a un “estigma” que colapsó el mercado global de CoCo´s; y cómo el mismo se ha ido superando en los últimos meses, con una importante recuperación de los precios, pero sobre todo de los niveles de actividad emisora.
Aunque entre los economistas existía una percepción ampliamente compartida respecto a los inconvenientes relacionados con la aplicación de políticas industriales, recientemente se ha producido un resurgir de las mismas que vuelve a abrir el debate. En este artículo se aborda la cuestión de la relación entre política industrial y de defensa de la competencia. Si para hacer frente a las cuestiones que plantean los nuevos desarrollos tecnológicos, el reto del cambio climático o la crisis del multilateralismo se considera necesario recuperar la política industrial, es fundamental que ello se haga respetando, y no amenazando, los principios de la política de defensa de la competencia.