Investigaciones de Funcas

Fecha: mayo 2025

Vicente Salas Fumás*

Resumen

Con información de las Cuentas Financieras y elaboraciones propias, el trabajo describe y analiza la evolución del balance agregado (valores consolidados) para el conjunto de sociedades no financieras (SNF) en España, promedio de cada año entre 2000 y 2024. Los activos del balance se agrupan en activos financieros ajenos a la explotación, y activos de explotación que nutren de servicios de capital a la producción de bienes y servicios de las SNF en España. Las partidas del pasivo distinguen entre deuda con coste y fondos propios. Una parte de los activos financieros en el balance de las SNF están en el exterior y una parte mayor de los pasivos del balance proceden del exterior, lo que significa una posición deudora neta del sector institucional con el exterior. La evolución de activos financieros se relaciona con la internacionalización de la economía y de las empresas en España, mientras que el pasivo procedente del exterior refleja un déficit de ahorro interno en la financiación de la acumulación de capital. Finalmente, el trabajo documenta una intensificación en el uso de input capital en la producción de las SNF en España, a lo largo del periodo de estudio, y un retroceso relativo en el uso del input trabajo, coincidiendo con un encarecimiento relativo del trabajo con respecto al del capital.

Abstract

Using data from the Financial Accounts and own elaborations, the study describes and analyzes the evolution of the aggregated balance sheet (consolidated values) for the sector of non-financial corporations (NFCs) in Spain, averaged annually between 2000 and 2024. The balance sheet assets are grouped into financial assets unrelated to operations, and operating assets that provide capital services for the production of goods and services by NFCs in Spain. The liability items distinguish between interest-bearing debt and equity. A portion of the financial assets on the balance sheet of NFCs are held abroad, and a larger portion of the liabilities originate from abroad, which indicates a net debtor position of the institutional sector with the rest of the world. The evolution of financial assets is related to the internationalization of the economy and companies in Spain, while foreign liabilities reflect a domestic savings deficit in financing capital accumulation. Finally, the study documents an intensification in the use of capital inputs in the production processes of NFCs in Spain throughout the study period, along with a relative decline in the use of labor inputs, coinciding with a relative increase in the cost of labor compared to that of capital.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo describe y analiza el proceso de acumulación de activos y sus fuentes de financiación para el conjunto de las sociedades no financieras con sede en España, en el periodo 2000-2024, que coincide con los años desde la creación del euro. La descripción y el análisis se realizan a partir de los balances de situación, activo y pasivo, agregados para el conjunto de las sociedades mercantiles, elaborados para este fin con datos consolidados, es decir, netos de los saldos resultado de operaciones cruzadas entre las propias compañías residentes. La información agregada se desglosa para separar del total de activo del total de pasivo, respectivamente, los activos financieros que poseen las SNF con sede en España en el exterior, y la financiación que reciben del exterior. El análisis explicativo de la evolución de algunas partidas del balance se realiza bajo el supuesto de que los valores observados proceden de la agregación de los resultados de decisiones empresariales que responden al criterio de maximizar el beneficio.

Las SNF aportan más de la mitad del PIB total de la economía y más de dos tercios de la formación bruta de capital fijo, por lo cual estudiar la performance del sector institucional de las SNF es imprescindible para explicar el comportamiento del agregado de la economía nacional y del subsector privado en particular. El estudio por separado de cada uno de los sectores institucionales de la economía (SNF, instituciones financieras, hogares e instituciones sin ánimo de lucro, administraciones públicas), en lugar de estudiar el agregado del conjunto de la economía, se justifica porque cada sector institucional toma las decisiones de producción e intercambio con criterios de decisión y/o restricciones singulares, distintas de las de los demás. Estas diferencias se pueden tener en cuenta cuando se estudia cada sector por separado, pero no cuando se analizan datos agregados para todos ellos. El presente trabajo es una actualización hasta 2024 de la información sobre las cuentas de los balances de las SNF hasta 2019 elaborada en un estudio previo por el autor, en cuyo texto se explican con detalle las definiciones y formas de cálculo de las correspondientes partidas del balance, así como los fundamentos teóricos de las explicaciones sobre la evolución de los valores de estas¹.

Las Cuentas Financieras de la Economía Española que elabora y publica el Banco de España proporcionan información de los saldos no consolidados de activos y pasivos financieros de los sectores institucionales de la economía española, incluido el de las SNF, a precios corrientes de mercado. Las mismas cuentas, pero ahora con datos consolidados, pueden encontrarse también en las estadísticas que publica Eurostat para cada uno de los países de la Unión Europea. El Banco de España complementa las cuentas no consolidadas con información sobre los saldos deudores y acreedores de las SNF con terceros y con ellas mismas (estado de Contrapartidas) con la cual es posible pasar de los saldos de las cuentas sin consolidar a saldos consolidados, eliminando los saldos de las operaciones cruzadas entre compañías no financieras en España del saldo sin consolidar. Por este camino se llega a la misma información que publica directamente Eurostat.

Además de activos y pasivos financieros, las SNF poseen activos materiales e inmateriales que suministran los servicios de capital necesarios para la producción (maquinaria, equipos, inmuebles, propiedad intelectual, conocimiento…). La financiación de estos activos se contabiliza en las Cuentas Financieras, pero los activos no financieros no aparecen entre las cuentas de activo. Desde hace unos años, el INE publica los Balances de los sectores institucionales de la economía española, con estimaciones del valor monetario de los activos no financieros de cada uno de los sectores institucionales para los años 2012-2022. Previamente a la publicación de los activos no financieros por el INE, la Central de Balances del Banco de España publicaba anualmente estimaciones de los activos no financieros de las SNF en España a partir de los balances de las sociedades mercantiles colaboradoras de la Central y de los balances depositados por las compañías en los registros mercantiles. Finalmente, el IVIE, en colaboración con la Fundación BBVA publica regularmente estimaciones del stock de capital no financiero de la economía española desagregado por tipo de activo, sector económico y comunidad autónoma².

Las series de activos no financieros de las SNF publicadas por la Central de Balances y las series que publica el INE no son fáciles de enlazar, y el IVIE-Fundación BBVA no publica estimaciones separadas por sector institucional de la economía. Además, el objetivo de este trabajo es presentar balances completos con activos financieros y no financieros y con los pasivos de deuda y fondos propios correspondientes, además del desglose de activos en el exterior y pasivos del exterior. Por todas estas consideraciones, la estimación de los activos no financieros de explotación de las SNF que se presenta en este trabajo es de elaboración propia, utilizando el método de inventario permanente con información de flujos de formación bruta de capital fijo y de consumo de capital de las SNF que publica la Contabilidad Nacional y con la estimación del stock de activos inicial del año 1999 que publica la Central de Balances (año 2000).

2. LAS CUENTAS DEL BALANCE

Las cuentas o partidas del balance de situación, activos financieros y pasivos, de las SMF en España coinciden con las que aparecen en las estadísticas que publica Eurostat para cada uno de los países de la Unión Europea (UE) y para el conjunto de todos ellos, con información procedente de las Cuentas Financieras nacionales. Como se ha señalado en la introducción, la primera fuente de información de este trabajo es Eurostat porque en la estadística europea los saldos de las cuentas corresponden a valores consolidados, es decir después de descontar los saldos de operaciones de inversión y financiación cruzadas entre sociedades no financieras en España. Cuando se lleva a cabo este trabajo, las cuentas completas de Eurostat terminan el año 2023. Para completar la serie, la estimación de los saldos consolidados de las cuentas del balance para el año 2024 se estiman combinando información de los saldos sin consolidar con la información complementaria del estado “Resumen por instrumentos y sectores de contrapartida de las cuentas no consolidadas” que publica el Banco de España como una más de las cuentas financieras (Excel cf0234a(2)).

Los resultados de este ejercicio previo de identificación de fuentes y ordenación de la información se concretan en el cuadro 1A en el que aparece la lista de cuentas de activo y de pasivo en las que se desagrega el total del balance. Los nombres de las cuentas son similares a los que aparecen en los balances contables de las compañías mercantiles y creemos que no necesitan explicaciones adicionales. La partida Activo fijo de explotación en el activo del balance no forma parte de las Cuentas Financieras y su contenido se explica más adelante. El cuadro 1B reordena la lista de variables de Eurostat atendiendo a criterios aplicados en este trabajo atendiendo a las siguientes consideraciones.

Los activos financieros del balance se dividen en el bloque de Activos financieros de explotación y Activos financieros ajenos a la explotación. Los primeros incluyen el saldo neto de Crédito comercial del activo menos el Débito comercial del pasivo más las necesidades estimadas de liquidez, Tesorería. Se entiende que el crédito y el débito comercial se generan como resultado del aplazamiento de cobros de ventas a clientes y el aplazamiento de pagos de compras a proveedores como parte de la dinámica operativa del negocio. Al eliminar el saldo de deuda comercial del pasivo y restarlo del saldo de clientes del activo, el resto de deuda que queda en el pasivo es toda ella deuda con un coste financiero explícito. Las necesidades de liquidez, Tesorería, se estiman como el 10 % del saldo de Caja y depósitos. El resto de los activos financieros del balance se incluyen en el bloque de ajenos a la explotación. El resto de los pasivos del balance se agrupan en dos bloques, Deuda con coste y Fondos propios.

A partir de la información de la cuenta “Resumen por instrumentos y sectores de contrapartida de las cuentas no consolidadas”, las partidas de activos y pasivos financieros se agrupan para calcular el sado total de activos en el exterior de las SNF en España, y el saldo de pasivos de las SNF con el exterior (cuadro 2). Los activos en el exterior se contabilizan todos como activos financieros, aunque algunos de ellos, como por ejemplo acciones de la sociedad filial en el exterior de la que es titular una sociedad no financiera en España, son contrapartida de activos no financieros de explotación con los que el grupo societario español produce fuera de España.

Activo fijo de explotación y cuadre del balance

La partida Activo fijo de explotación del balance de las SNF es el resultado de una elaboración propia fuera de las Cuentas Financieras. El valor monetario del saldo de esta partida del activo del balance corresponde al valor a precios corrientes de reposición del capital utilizado en la producción de bienes y servicios en España. Se calcula utilizando el método de inventario permanente de acuerdo con la siguiente expresión:

 

Donde, p_Kt es el precio de mercado de una unidad de servicio de capital en el año t; K_t es el stock de unidades de servicio de capital en el año t; el Consumo Capital_t es la depreciación del stock de capital productivo durante el año t; I_t es el flujo de unidades de servicio de capital incorporadas al stock durante el año t; φ representa la tasa de progreso técnico incorporado en los bienes de capital, supuesta constante en todo el periodo e igual al 1 % anual. La fórmula anterior tiene en cuenta que lo que se repone con la inversión nueva no son los mismos activos que se han depreciado sino la capacidad productiva perdida por esa depreciación. El valor de Consumo Capital_t se toma directamente de la Contabilidad Nacional, cuentas trimestrales-valores anualizados del sector de las SNF y el valor de p_Kt I_t se estima igual a la formación bruta de capital fijo, FBCF del año t, de la misma fuente. , la ratio de precios de una unidad de servicio de capital en dos años consecutivos se estima igual al deflactor de la FBCF para el conjunto de la economía española. El valor inicial de p_Kt K_t, t=0, se estima igual al stock de activos no financieros de las SNF del año 1999 que publica la Central de Balances del Banco de España. El stock de capital estimado a partir de la ecuación de inventario permanente está valorado a precios corrientes de reposición.

El Activo fijo de explotación a precios de reposición se suma a los activos financieros de explotación y se obtiene el Activo de explotación (total). La suma del Activo de explotación más el Activo financiero ajeno a la explotación es igual al Activo total. Para cuadrar el balance, activo igual a pasivo, los Fondos propios del pasivo se calculan por la diferencia Activo total-Deuda con coste. Los fondos propios calculados de este modo representan el patrimonio neto agregado para el conjunto de las SNF en España calculado a precios de reposición de los activos del balance.

3. RESULTADOS: STOCK DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los resultados completos de las estimaciones de los balances, activos y pasivos, de las SNF en España de acuerdo con la metodología y las fuentes de datos explicados en el apartado anterior están disponibles en formato Excel en la dirección https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2025/05/Balance-de-las-SNF-en-España.xlsx. En este apartado se muestran algunos de los resultados seleccionados utilizando la representación gráfica.

Activo y pasivo total

El gráfico 1 muestra la evolución de las cifras estimadas de total activo, igual a total pasivo, de las SNF en España para cada uno de los años (valores promedios anuales) entre 2019 y 2024, en millones de euros corrientes y en millones de euros constantes del año 2000. Los activos a precios constantes se calculan deflactando el stock medio de cada año a euros corrientes por el valor del deflactor implícito de la formación bruta de capital fijo, FBCF, para el conjunto de la economía española, con valor 1 en el año 2000.

Entre 2000, primer año del euro, y 2024, es decir un cuarto de siglo después, el activo total en euros corrientes se multiplica prácticamente por tres, desde, aproximadamente, un billón a tres billones de euros. En euros constantes, el factor de multiplicación es aproximadamente dos, lo que significa que entre el año 2000 y el año 2024 los precios medios de los activos que forman parte de la formación bruta de capital fijo de la economía se han incrementado en un 50 % (menos del 2 % de crecimiento acumulativo anual).

El ritmo de acumulación del activo total ha sido desigual a lo largo del periodo. La mitad del crecimiento de los veinticinco años transcurridos se concentra entre los años 2000 y 2007: el activo total a euros constantes pasa de 1 billón a 1,5 billones (50 % de incremento). Entre 2007 y 2013 el total de activo decrece ligeramente en euros corrientes, pero crece levemente a euros constantes debido a la deflación en los precios de los activos durante estos años. Desde 2014 hasta 2019 el activo total recupera la senda de crecimiento, pero a un ritmo más moderado con un aumento acumulado del 25 %. Desde la COVID-19 hasta el final del periodo el stock de activo total de las SNF en España crece a euros corrientes, pero se estanca a euros corrientes. La discrepancia se explica por el episodio inflacionista de los años 2022 y 2023 que arrastró a la inflación de activos de capital.

Evolución de las partidas de activo y pasivo

El estudio se centra ahora en la evolución de los valores del stock de algunas partidas seleccionadas del activo y del pasivo de las SNF. En el caso del activo, el gráfico 2 muestra el desglose por separado del activo total entre activo financiero ajeno a la explotación y activo de explotación. En el momento de creación del euro, el activo total de las SNF se compone de un 30 % de activos financieros ajenos a la producción de bienes y servicios en España, y un 70 % de activos dedicados a la producción en España (activo de explotación). En los primeros años del euro los activos financieros crecen más deprisa que los activos de explotación de manera que en 2010 las proporciones cambian al 40 % y 60 %, aproximadamente; estos porcentajes apenas han variado el resto del periodo. Por tanto, desde la crisis financiera de 2008 en adelante los ritmos de acumulación de activos financieros y de activos de explotación han sido prácticamente iguales.

En el pasivo del balance se desglosan las cuentas crédito bancario, otra deuda y fondos propios (gráfico 3). En el año 2000, el pasivo total de las SNF se compone, aproximadamente, de un 40 % de deuda con coste y un 60 % de fondos propios. Aproximadamente dos tercios de la deuda total es crédito bancario (algo más del 26 % del total del pasivo). El crecimiento acelerado del activo hasta la crisis financiera de 2008 se financia en mayor proporción con deuda que con fondos propios, lo que lleva a un crecimiento de la financiación a través de deuda, y dentro de ella deuda bancaria, en el conjunto del pasivo. En los años de crisis 2008 y 2009, la deuda representa casi dos tercios del pasivo total y un 72 % de la deuda total es deuda bancaria. En valores absolutos, el crédito bancario pasa de 250.000 millones de euros en el año 2000 a 940.000 millones en el año 2009, lo que significa el 47 % del activo total.

Desde 2011 en adelante la composición del pasivo de las SNF evoluciona en la dirección opuesta, menos deuda y más fondos propios. La deuda con coste total en valor absoluto se mantiene estable alrededor de un billón de euros corrientes; como el pasivo total en euros corrientes aumenta, la ratio de deuda sobre el pasivo total mantiene un descenso regular desde el máximo de dos tercios en 2009 a algo más de un tercio (35 %) en 2024. En lo que se refiere al crédito bancario, la pérdida de peso relativo en la financiación del activo de las SNF en España es aún más pronunciada. En términos absolutos, el crédito bancario en 2024, 450.000 millones de euros, es la mitad del volumen de crédito en el máximo de 2009. En términos relativos, en 2024, el crédito bancario representa solamente el 16 % del total de pasivo de las SNF en España.

Finalmente, el activo de explotación se desagrega en activo fijo (no financiero) y activo financiero de explotación, según el cuadro 1B (gráfico 4). Prácticamente, todo el activo de explotación corresponde al activo fijo acumulado a partir de los flujos anuales de formación bruta de capital fijo, que incluye también el gasto anual en I+D, y de consumo de capital, según datos de la Contabilidad Nacional.

El perfil temporal de evolución del stock es similar al del activo total a euros constantes del gráfico 2. El stock de activo fijo de explotación se multiplica prácticamente por 2 en los veinticinco años de estudio, aunque la acumulación de capital se produce a ritmos muy desiguales en distintos subperiodos: crecimiento acumulativo anual del 5 % entre 2000 y 2008, estancamiento entre 2008 y 2013; crecimiento del 2,5 % acumulativo anual entre 2013 y 2021; estancamiento de nuevo en los años finales pos-COVID³.

Activos en el exterior y pasivos del exterior

La información disponible en las Cuentas Financieras permite separar los activos de las SNF en el exterior y los pasivos en manos de residentes en el exterior, de acuerdo con la clasificación de las cuentas del cuadro 3. El gráfico 5 muestra la evolución de los activos totales en el exterior y el total de los pasivos del exterior para cada año del periodo de estudio. La diferencia entre activo y pasivo es la posición neta de las SNF frente al exterior, acreedora cuando el activo es mayor que el pasivo y deudora en caso contrario. En este caso, el activo supera al pasivo en todos los años y, por tanto, las SNF están en una posición deudora neta con el exterior.

En el año 2000, las SNF tienen activos en el exterior por un valor total cercano a los 200.000 millones de euros, cifra que se mantiene estable durante los primeros cinco años en el euro. Entre 2005 y 2010 la cifra de activo se dobla y se mantiene en valores ligeramente por encima de los 400.000 euros hasta 2014. Desde 2015 en adelante, los activos en el exterior a euros corrientes vuelven a aumentar y en 2024 alcanzan los 738.000 millones de euros. Sin embargo, si la evolución de los precios de estos activos se aproximara a la del deflactor de la FBCF en España, a precios constantes el aumento en los activos de las SNF en el exterior desde 2014 en adelante habría sido prácticamente nulo.

Los pasivos del exterior comienzan a crecer desde el primer año de creación del euro; en los primeros años el crecimiento se acelera y en 2007 los pasivos del exterior se han multiplicado casi por 2 con respecto al valor en el año 2000. Los años de estabilidad en el pasivo procedente del exterior se prolongan hasta 2013; a partir de ese año vuelven a la senda ascendente hasta alcanzar los 1,3 billones del año 2024, aunque, de nuevo, a euros constantes, el incremento sería mucho menor.

En valores absolutos, la posición deudora neta de las SNF en el exterior es de 162.000 millones de euros en el año 2000 y de casi 600.000 millones en el año 2024, es decir, se multiplica por un factor de tres. Sin embargo, en términos relativos la diferencia entre el principio y el final del periodo se reduce: en el año 2000 los activos en el exterior representan el 52 % de los pasivos del exterior, mientras que en 2024 esta proporción sube hasta el 55 %. A lo largo de todo el periodo de estudio, la cifra más baja de activo en el exterior sobre pasivo del exterior (máxima posición deudora) es el 41 % en el año 2005.

El gráfico 6 muestra los resultados de poner en relación los saldos de activos en el exterior y pasivos del exterior con los saldos de las cuentas del balance total. En los años más expansivos de la actividad económica en España, 2003-2007, la proporción que representan los activos en el exterior sobre el activo total experimentan un ligero retroceso, como ocurre también con la proporción de activos en el exterior sobre el total de activos financieros; las SNF dan prioridad al crecimiento en el interior sobre el exterior. Desde 2011 en adelante se observa una notable estabilidad en estas proporciones, excepto un ligero repunte al final del periodo, después de la pandemia: los activos en el exterior de las SNF representan algo menos del 25 % del activo total y cerca del 60 % de los activos financieros ajenos a la explotación.

En lo que se refiere a las cuentas de pasivo, la deuda titularidad de no residentes se mantiene relativamente estable alrededor del 35 % del pasivo total de las SNF hasta la crisis financiera; en los años siguientes crece y se estabiliza alrededor del 42 % desde 2015 en adelante. La financiación del exterior a través de fondos propios crece con relación a los fondos propios totales de las SNF en los primeros años del euro, pero en los años posteriores a la crisis financiera se modera hasta estabilizarse alrededor del 44 %. La aportación de la financiación de deuda procedente del exterior al total de la deuda de las SNF sigue una evolución opuesta a la de los fondos propios, aunque en los últimos años las dos convergen en cuanto a aportación relativa a las cuentas respectivas del balance total. En 2024, la financiación procedente del exterior de las SNF en España representa cerca del 45 % de la financiación y una proporción similar de las respectivas partidas de deuda con coste y fondos propios de ese total.

4. FLUJOS DE GENERACIÓN Y USO DE FONDOS

La acumulación de capital de explotación es el resultado neto del flujo anual de inversión nueva, formación bruta de capital fijo, y el consumo del capital de explotación ya acumulado en el pasado. Por otra parte, las SNF generan flujos anuales de fondos monetarios resultado de la actividad productiva, disponibles para financiar la inversión y otros posibles usos, por ejemplo, pagar dividendos o cancelar deuda. Los fondos generados por la actividad empresarial incluyen los beneficios netos más el consumo de capital o amortización del activo fijo (un coste, pero no una salida de fondos para las compañías). Las compañías pagan dividendos a los socios financiadores y la diferencia, fondos generados menos dividendos, se retiene en la sociedad mercantil en forma de reserva que forman parte de los fondos propios. Cuando los fondos generados retenidos en un ejercicio económico superan la formación bruta de capital fijo, FBCF, del mismo ejercicio las SNF contribuyen a la financiación del resto de la economía; cuando la FBCF supera a los fondos generados retenidos, las SNF necesitan recibir fondos del resto de la economía para cubrir sus necesidades financieras. El gráfico 7 muestra la evolución de recursos generados retenidos, la FBCF y la diferencia entre las dos, anual y acumulada, para el agregado de las SNF en España.

Hasta la crisis financiera de 2008, el flujo anual de FBCF del conjunto de las SNF en España, supera holgadamente a los recursos generados retenidos; esto significa que las SNF dependen de fondos procedentes del resto de sectores de la economía, incluido el exterior, para financiar el flujo inversor en capital productivo. La crisis cambia la situación en un solo año. En 2009 los recursos generados retenidos ya superan el flujo de FBCF, situación que se mantiene hasta 2024 con la excepción del año pandémico de 2020, con un saldo que es prácticamente nulo. El paso de un saldo negativo, necesidad de financiación externa, a positivo, capacidad de financiar al resto de la economía es el resultado de un descenso en el flujo de inversión (55.000 millones de euros menos en 2009 que en 2007) y de un aumento en los recursos generados retenidos (70.000 millones de euros más en 2009 que en 2007).

En términos acumulados, entre 1999 y 2008 las necesidades totales de fondos para financiar la inversión en capital de explotación superan a los recursos generados retenidos en 350.000 millones de euros. En ese mismo periodo, la deuda con coste de las SNF aumenta en prácticamente 1 billón de euros, lo que significa que un 35 % del aumento de deuda se destina a cubrir el déficit de recursos generados retenidos para financiar la inversión bruta en capital productivo. Por otra parte, en 2024, el acumulado de fondos generados y retenidos por encima de las necesidades para financiar el flujo anual de FBCF alcanza los 228.000 millones de euros; en el mismo periodo, el saldo de la deuda con coste de las SNF desciende del máximo de 1,29 billones de euros en el año 2010 hasta los 1,02 billones en 2024 (euros corrientes). Es decir, el superávit acumulado en recursos generados y retenidos netos es igual al volumen de deuda cancelada en el mismo periodo.

No hay, por tanto, razones para pensar que la acumulación de capital de explotación por parte de las SNF en España, desde la crisis financiera en adelante, se haya visto condicionada por restricciones financieras.

Inversión bruta y neta

Es stock de capital que en cada momento del tiempo varía por los flujos de inversión nueva (suma) y por el consumo del capital existente (resta). Como muestra el gráfico 4, en los primeros años del euro el stock de capital de explotación crece a un ritmo relativamente alto; por tanto, durante este periodo la inversión nueva superaba holgadamente el consumo de capital. Entre 2009 y 2013, el stock de capital de explotación se estabiliza, es decir, en estos años la FBCF apenas es suficiente para reponer la depreciación del capital productivo instalado. A partir de 2014 y hasta la pandemia, 2020, el stock de capital vuelve a crecer, aunque a menor tasa que antes de la crisis de 2008, lo que significa menos diferencia entre inversión nueva y consumo de capital que en los años previos a la crisis financiera. Estas dinámicas diferentes en el proceso de acumulación de capital productivo se resumen en la evolución de las tasas de inversión bruta y neta que muestra el gráfico 8.

Entre 2000 y 2008, las tasas medias de inversión bruta y neta son, respectivamente, el 13 % y el 5%, lo que significa una depreciación media del stock del 8 %. En 2009, la inversión bruta se contrae en casi cinco puntos porcentuales y la neta es cero, situación que se mantiene hasta 2012. A partir de 2013, las tasas de inversión bruta y neta se recuperan gradualmente, recuperación interrumpida por la COVID-19. En el año pre-COVID de 2019 la tasa de inversión bruta se acerca al nivel de precrisis financiera, 13 %, mientras que la neta se queda a la mitad, 2,5 %. En ese año y en los siguientes, la tasa de depreciación supera el 10 %, dos puntos porcentuales más que en los años iniciales de la serie. Para una misma inversión bruta, la acumulación de capital productivo por parte de las SNF es menor en los últimos años que al inicio del periodo, resultado consistente con un cambio en la composición de los activos a lo largo de los años hacia una menor vida útil media y más rapidez de amortización.

El gráfico 8 muestra también la rentabilidad neta anual del activo de explotación (resultado de dividir el beneficio neto de explotación por el activo) para el agregado de las SNF en España, como un indicador parcial de los incentivos a invertir (para ser un indicador completo debería de ponerse en relación con el coste del capital). El descenso en la rentabilidad en los años pos-COVID sería consistente con la debilidad en la recuperación de la inversión en estos últimos años. Sin embargo, la evolución de la rentabilidad del activo de explotación no explica la debilidad inversora de los años 2009-2013. En estos años coinciden la crisis de la deuda pública en la zona del euro, que encarece el coste de financiación de la economía española por el aumento de la prima por riesgo, y la restructuración de sectores importantes de la economía como el bancario y el sector de construcción-inmobiliario.

5. LA EXPLICACIÓN DE LA INTENSIFICACIÓN DE CAPITAL Y SUS IMPLICACIONES

La inversión empresarial describe la senda a lo largo de la cual las empresas transitan desde el stock de capital corriente al stock de capital deseado. Una inversión neta positiva (negativa) apunta a que la capacidad deseada es mayor (menor) que la existente. La teoría económica de la inversión explica la velocidad de ajuste en términos de una mayor o menor tasa de inversión como el efecto neto de estímulos positivos (adelantar los beneficios incrementales de llegar antes al stock deseado) y negativos (un ajuste más rápido aumenta los costes incrementales de la transición). La explicación del stock de capital deseado es distinta de la explicación del ritmo inversor o desinversor de las empresas, tal como se muestra en este apartado.

Bajo el supuesto, realista, de que empresarios y administradores de las SNF en España deciden sobre las cantidades a producir y los recursos a emplear en la producción con el criterio de maximización del beneficio, y si los mercados de output e inputs de capital y trabajo son competitivos (empresas–precio aceptantes), la demanda de trabajo y de capital por unidad de output, en el óptimo, cumple las siguientes condiciones:

Donde: L representa las unidades de input trabajo (flujo); K las unidades de input capital (stock); Q las unidades de output producidas (flujo); w el precio de mercado por unidad de trabajo, cp_K es el coste de uso por unidad de capital (componente de rentabilidad esperada, c, por euro invertido, y precio de compra por unidad de capital p_K), p es el precio de mercado por unidad de output; E_Q/L ,E_Q/K son, respectivamente, la elasticidad del output a las unidades de trabajo y la elasticidad a las unidades de capital, utilizadas en la producción. Los precios se forman en los mercados y las elasticidades dependen de la tecnología de producción; por ejemplo, en la función de producción tipo Cobb-Douglas las elasticidades son constantes para cualquier combinación de inputs utilizados en la producción.

La demanda relativa de capital productivo depende, por tanto, en positivo, de la tecnología de producción, representada por la elasticidad E_Q/K , y en negativo del coste real del input,  El resultado es similar para la demanda relativa de trabajo, ecuación [2]. Combinando las dos ecuaciones, se obtiene la demanda de stock de capital por unidad de trabajo en la solución de máximo beneficio,

La ratio de capital por unidad de trabajo deseado en la producción aumenta con la relación de elasticidades de capital y trabajo en la tecnología productiva (una medida de intensidad relativa de capital directamente relacionada con la tecnología de producción), y disminuye con el encarecimiento relativo del input capital con respecto al input trabajo (un componente de intensidad relativa de capital determinado por los precios de los inputs, en sentido inverso). Para comprobar si las condiciones de maximización del beneficio [2] a [4] se cumplen para el agregado de las SNF en España, se necesita información adicional sobre las cantidades de output y de trabajo, e información sobre los precios de los inputs y del output. La medida de output se obtiene deflactando el VAB de las SNF del año correspondiente por un índice de precios calculado por el autor (deflactor del PIB cuando se excluyen los outputs de las instituciones financieras y el de la Administración pública). Las unidades de servicio de trabajo utilizadas en la producción se calculan deflactando la remuneración de los asalariados de las SNF, Contabilidad Nacional, por el deflactor construido a partir del indicador de coste laboral armonizado por trabajador que publica el INE. El stock de capital de explotación es igual al Activo de explotación a euros constantes del gráfico 4.

Los resultados de estas estimaciones, ver Anexo 1, muestran que la producción en euros constantes de valor añadido bruto de las SNF en 2024 es un 53 % mayor que la producción en el año 2000, lo que equivale a algo menos del 2 % de crecimiento acumulativo anual. Los inputs utilizados en la producción también aumentan, aunque en proporciones desiguales, un 33 % más de input trabajo y un 75 % más de input capital. Por tanto, a lo largo del periodo, el conjunto de las SNF en España intensifica el uso de capital en detrimento del trabajo en la producción de bienes y servicios en España. La evolución de esta sustitución a lo largo de los años (variables del lado izquierdo de las ecuaciones [2], [3] y [4], normalizada en los tres casos por el respectivo valor del año 2000) se muestra de forma gráfica en el gráfico 9.

La intensificación relativa de capital en la producción comienza ya en los primeros años del euro y se acelera con la crisis financiera de 2008, que se llevó por delante muchos puestos de trabajo. El proceso de ajuste hacia un nuevo equilibrio parece haber concluido en 2013, año a partir del cual las ratios de input por unidad de output se estabilizan. En ese nuevo equilibrio, el trabajo por unidad de output disminuye un 20 % con respecto al valor del año 2000, mientras que la cantidad de capital por unidad de output aumenta en un 20 %. En los años de la pandemia y posteriores, 2020 en adelante, se observa un cambio en la tendencia con aumento en la demanda de trabajo por unidad de output y descenso en la demanda de capital por unidad de output, a la que habrá que prestar atención para determinar si se consolida o no.

Las ecuaciones [2] a [4] explican las variaciones en la demanda de inputs por unidad de output por cambios en la tecnología de producción (elasticidades) y por variaciones en los precios relativos. El gráfico 10 muestra la evolución de los precios del trabajo y del capital normalizados por el precio del output, que habría determinado la evolución de las demandas de los respectivos factores, capital y trabajo, de la figura anterior ⁴. En los primeros años del euro, hasta la crisis financiera, el coste laboral evoluciona en paralelo al precio del output y ello explicaría la estabilidad en la cantidad de trabajo por unidad de output durante este periodo en el gráfico 9. En los años siguientes, el coste laboral aumenta más que el precio del output y el encarecimiento relativo del input sería suficiente para explicar el descenso en el uso de capital por unidad de output. El comportamiento de coste por uso del capital con relación al precio del output es distinto. En los primeros años del euro desciende el componente c del coste por uso y más adelante a ese descenso se le suma el del componente precio del capital. El abaratamiento relativo del input explica el aumento en la utilización de capital por unidad de output en la producción que muestra el gráfico 9⁵.

Como corolario de los dos gráficos anteriores, el gráfico 11 muestra la correlación durante todo el periodo de estudio entre la cantidad de capital por unidad de trabajo, valores sin normalizar, y la ratio entre coste del trabajo y el coste del capital, los dos también sin normalizar. La correlación positiva entre las dos variables es consistente con la predicción a partir de la ecuación [4]. Además, la constante de la línea de regresión no es significativamente distinta de cero, lo cual indica proporcionalidad entre la ratio de capital por unidad de trabajo y los precios relativos de los inputs en sentido inverso. La pendiente estimada de 0.48 indica una elasticidad del output al input trabajo en la función de producción dos veces la elasticidad del output al capital⁶.

6. CONCLUSIONES

La acumulación de capital productivo en la economía se relaciona con el crecimiento de la capacidad de producción, la creación de empleo y el aumento en la productividad. Cuando el capital se amplía para incorporar vivienda y bienes de consumo duradero de los hogares, la acumulación repercute en la mejora del consumo y del bienestar de la población en general. La acumulación de capital productivo se realiza principalmente por personas jurídicas –la mayoría sociedades mercantiles de capital, como la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada–. Estas compañías se constituyen para producir bienes y servicios que se venden en el mercado; la producción se realiza utilizando servicios de capital del stock de activos productivos propiedad de la sociedad mercantil, y servicios de trabajo contratados con los trabajadores a través de la relación laboral y con las posibilidades que ofrece la tecnología en cada momento.

Este trabajo describe y explica la evolución del balance de las SNF en España en el cuarto de siglo transcurrido desde la creación del euro, en el marco del proceso de acumulación de activos financieros y activos de explotación de las compañías para producir bienes y servicios en España e invertir en el exterior. La financiación de los activos acumulados se realiza a través de deuda y de fondos propios, en parte procedentes del exterior. La deuda tiene un coste y unos plazos de devolución contratados explícitamente con los acreedores; los fondos propios se retribuyen residualmente (beneficio) y no tienen plazo de devolución; a cambio, sus titulares concentran los derechos residuales de decisión, hecho por el cual es razonable asumir que la acumulación de capital por las sociedades mercantiles responde a criterios de maximización del beneficio o maximización del valor económico de los fondos propios.

El trabajo proporciona información sobre las partidas relevantes del activo, del pasivo y del total del balance de las SNF en España para cada año entre 1999 y 2025, separando los activos financieros no vinculados a la explotación, y los activos financieros y no financieros vinculados a la explotación. También evalúa por separado los activos de las SNF en el exterior y los pasivos de las sociedades procedentes del exterior. Los activos financieros no vinculados a la explotación para el agregado de las SNF tienen un peso importante en el balance total (40 % en 2024) y crecen en paralelo a los activos financieros en el exterior, por lo cual la evolución de los activos financieros en el balance de las SNF en España se explica en buena parte por la internacionalización de las sociedades mercantiles con sede en España. Por otra parte, el crecimiento de los pasivos procedentes del exterior, deuda y fondos propios, estará relacionada con la economía española como receptora de inversión directa del exterior e insuficiencia del ahorro interno para financiar la acumulación de capital. Durante todo el periodo de estudio, la posición neta de las SNF con el exterior es holgadamente negativa (en 2024 los activos en el exterior representan el 55 % de los pasivos del exterior).

La acumulación de activos de capital, materiales e inmateriales, vinculados a la producción de bienes y servicios en España, por parte de las SNF, se analiza en el texto poniendo en relación el stock de servicios de capital de explotación con los flujos anuales de unidades de output y de servicios de trabajo, es decir a través de indicadores de intensificación de capital en la producción en España. Los datos elaborados muestran un incremento importante de la ratio stock de capital por unidad de output y por unidad de trabajo en la producción de las SNF en España después de la crisis financiera de 2008. En este sentido, con el coste laboral de 20.000 euros por trabajador promedio para el sector privado de la economía española en el año 2000, se estima un volumen de activo de explotación por trabajador de unos 67.000 euros, cifra que aumenta hasta 93.000 euros por trabajador, a euros constantes del año 2000, en 2019, año previo a la pandemia. Para explicar este dato se supone que las compañías toman las decisiones de producción con el criterio de maximización del beneficio. A partir de las condiciones de óptimo se comprueba que la acumulación relativa de capital se explica a partir de las características de la tecnología de producción y de los precios de los inputs capital y trabajo con relación al precio del output. La evolución de los precios relativos muestra un encarecimiento relativo del trabajo sobre el capital que explicaría la sustitución de más capital por menos trabajo en la producción.

La sustitución relativa del trabajo por el capital en la producción a lo largo del periodo de estudio deriva en un aumento de la productividad aparente del trabajo y una disminución en la productividad aparente del capital. Dentro del marco de análisis propuesto, la evolución de la productividad aparente no se explica por variaciones en la eficiencia en el uso de los recursos productivos, sino como resultado de la evolución de los precios relativos y, tal vez, por cambios en la tecnología de producción, una posibilidad esta última no considerada en este trabajo. De igual modo, el razonamiento habitual a partir de la función de producción por el cual se llega a la conclusión de que aumentando la intensidad de capital por trabajador se consigue aumentar la productividad aparente del trabajo, es un razonamiento incompleto porque no precisa que la intensificación de capital no es un dato exógeno, sino un resultado de decisiones de producción que toman las empresas siguiendo un determinado criterio, la maximización del beneficio previsiblemente. La intensificación de capital y las productividades aparentes de los recursos productivos, capital y trabajo, se determinan por las propiedades de la tecnología de producción y por los precios relativos. Por este motivo, las explicaciones sobre la evolución de las productividades parciales del trabajo y del capital deberán poner el foco en la evolución tecnológica y en la formación de los precios en los respectivos mercados.

Anexo 1. Output e inputs trabajo y capital agregados para el conjunto de SNF en España, 2000-2024

Este gráfico pone de manifiesto la volatilidad en la evolución del output y en la cantidad de trabajo utilizado en la producción para el agregado de las SNF en España durante el periodo de estudio. A la aceleración del crecimiento del output en 2006-2008 le sigue el quinquenio contractivo 2009-2013 y la COVID-19 interrumpe el periodo de recuperación que se inicia en 2014. En 2024, con la recuperación pos-COVID y superado el episodio inflacionario de 2022-2023, el output de las SNF se acerca al nivel que marca una línea de crecimiento medio acumulado del 2 % anual. La evolución del empleo se acomoda a la evolución del output, mostrando un comportamiento cíclico similar, aunque a un ritmo de crecimiento temporal notablemente menor del 1,2 % acumulativo anual. Es decir, un crecimiento de la productividad aparente del trabajo algo inferior al 0,8 % acumulativo anual. En la evolución del stock de capital (Activo de explotación) destaca la acumulación por encima del crecimiento tendencial estimado del 2,75 % hasta la crisis financiera de 2008, y el estancamiento en el proceso de acumulación al final del periodo.

Al output producido en cada periodo contribuyen los servicios de trabajo y los servicios de capital utilizados en la producción de acuerdo con una tecnología que relaciona las cantidades de inputs con la cantidad de output por unidad de tiempo. Como complemento final a las estimaciones separadas de cantidades de inputs y de output, el gráfico A2 compara el output observado del gráfico A1 con el output estimado a partir de la siguiente función de producción:  Q_t=3.75 * (1+0.007)^t K_t^0.3 L_t^0.6, t=0 año 2000. La función de producción Cobb-Douglas incluye un progreso técnico neutral que crece al 0,7 % acumulativo anual (crecimiento de la productividad total de los factores), y unas elasticidades del output al capital y al trabajo de 0.3 y 0.6, constantes para todo el periodo, respectivamente. Las elasticidades se han estimado iguales a la proporción que representan la remuneración de los asalariados y el coste estimado por uso del stock de capital sobre el VAB, respectivamente, promedios para los veinticinco años.

La función de producción propuesta explica bien la evolución del output observado según el gráfico A1, excepto en la pandemia y la pospandemia periodo en el que el valor del output estimado a partir de la función de producción supera holgadamente el output observado. Destaca el hecho de que la función de producción muestra rendimientos de escala decrecientes y, por tanto, es decir, la suma de las elasticidades del output a los inputs utilizados en la producción es menor que uno. Y destaca también que la función que explica la evolución del output observado incorpora un crecimiento acumulativo anual de la productividad total de los factores del 0,7 % anual.

El desacoplamiento entre los niveles de output estimado según la función de producción y el output observado al final del periodo podría estar reflejando una pérdida no recuperada de capacidad productiva durante la pandemia no recogida en las estimaciones de los inputs capital y trabajo, y/o un cambio en la tecnología de producción subyacente. En 2024, la diferencia entre los dos valores del output es de unos 40.000 millones de euros, un 8 % del output observado.

NOTAS

* Profesor emérito de la Universidad de Zaragoza e investigador asociado de Funcas.

¹ Salas Fumás, V. (2021). La Empresa Española en el Euro. Prensas de la Universidad de Zaragoza.

² La última publicación en la web, todavía en versión provisional, hasta 2024, puede consultarse en https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2025/03/DE_2025_Stock_de_capital_1964-2024_version_preliminar.pdf

³ En el año 2019, para el que existen estimaciones de activos de explotación de las SNF de las tres fuentes, INE, Central de Balances y este trabajo, el INE publica la cifra de 2,3 billones de euros de activos fijos de las SNF; la Central de Balances de 1,5 billones y este trabajo de 1,37 billones.

⁴ El coste del trabajo se mide por el índice de coste laboral armonizado. El precio del output es el deflactor del VAB de las SNF estimado por el autor. El coste por uso de una unidad de servicio capital se estima como, cp_K= (R + δ—ρ_K ) ρ_K , donde R es la rentabilidad financiera nominal que obtienen los financiadores en inversiones de riesgo similar, δ es la tasa de depreciación del activo, ρ_K es la tasa de variación interanual en el precio de los activos de capital,  . El precio de los bienes de capital, ρ_K, se mide por la evolución año a año del deflactor de la FBCF de la economía española. La depreciación se calcula a partir de las cifras de consumo de capital; el valor de R se estima bajo el supuesto de que los financiadores del capital esperan una rentabilidad real ajustada por riesgo después del impuesto de sociedades del 4 % anual. Es decir, si r. es la rentabilidad real y R=(r + ρ_K ) la rentabilidad nominal, (r +ρ_K )(1—u)—ρ_K=0. 04 y  , donde u es el tipo impositivo efectivo del impuesto de sociedades supuesto constante e igual a 0.2 para todo el periodo, y R=(r + ρ_K ) es la rentabilidad nominal antes de impuestos sobre beneficios de las sociedades. Si se toma con rentabilidad nominal alternativa antes de impuestos, R, el tipo de interés de la deuda pública a diez años el valor promedio de R (1—u)—ρ_K para los 25 años del periodo de estudio es prácticamente cero; por tanto, la r =0.04 fijada como rentabilidad objetivo supone una prima de riesgo de cuatro puntos porcentuales sobre la rentabilidad después de impuestos de invertir en deuda pública a 10 años.

⁵ Nótese que la inversa de las demandas de input por unidad de output del gráfico 9 corresponden a la productividad aparente del trabajo y del capital, respectivamente. Después de la crisis financiera, la productividad aparente del trabajo (capital) aumenta (disminuye). Estas variaciones en la productividad aparente no reflejan diferencias de eficiencia en el uso de los recursos, sino ajustes en las demandas relativas en respuesta a variaciones en los precios relativos (al menos parcialmente).

⁶ La maximización del beneficio, ecuaciones [2] y [3], predice una participación de la remuneración del trabajo y del coste por uso del capital en el ingreso igual a las elasticidades despectivas. Las participaciones de la remuneración y el del coste en el VAB de las SNF, promedio para todo el periodo, son respectivamente 0.6 y 0.3.

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Fecha: mayo 2025

María Alvarado** y Nieves Carrera**

Este estudio analiza la introducción e implementación de la política de rotación de firma auditora (RFA) derivada de la normativa de la Unión Europea (UE) en España y su impacto en las principales empresas cotizadas. Inicialmente el legislador optó por una implementación estricta de la RFA, flexibilizando los criterios a lo largo del tiempo. Respecto al impacto en el mercado, los resultados de una muestra de empresas del IBEX 35 en el período 2013-2023 evidencian un aumento significativo en la rotación de firmas, aunque la mayoría de los cambios son de carácter voluntario, esto es, se han producido antes de que la normativa hiciera obligatoria la sustitución del auditor. Este comportamiento sugiere que las empresas buscan anticiparse a la regulación para minimizar posibles efectos adversos de una rotación forzada. Asimismo, podría reflejar una estrategia para reforzar la percepción de transparencia y compromiso con la calidad de la auditoría antes de que la normativa exija el relevo. El estudio también muestra que los cambios de auditor no han producido cambios significativos en los honorarios de auditoría del auditor principal. Finalmente, los resultados también indican que la RFA no ha alterado el dominio de las “Cuatro Grandes” firmas –Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG, y PricewaterhouseCoopers (PwC)– cuya posición en el segmento de las empresas cotizadas se mantiene estable, aunque el peso de cada una de ellas sí se ha modificado.

1. INTRODUCCIÓN^*

La crisis financiera global del año 2008 puso de relieve las vulnerabilidades en la información financiera y en la auditoría externa. En respuesta, la Unión Europea (UE) reformó la regulación de auditoría mediante la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la Auditoría Legal de las Cuentas Anuales y de las Cuentas Consolidadas ­(Directiva UE, 2014) y el Reglamento sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público (Reglamento UE, 2014). El artículo 17 del reglamento introdujo la rotación de firma de auditoría (RFA), que exige el cambio periódico del auditor externo después de un determinado período de tiempo para las entidades de interés público (EIP). España incorporó este requisito a su marco legislativo a través de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas (LAC, 2015).

La RFA es una práctica controvertida. Por un lado, sus defensores consideran que limitar la duración de los contratos de auditoría contribuye a preservar la independencia del auditor y elevar la calidad del servicio, abordando la amenaza de familiaridad derivada de la larga duración de los contratos y reforzando el escepticismo profesional (Comisión Europea, 2010; LAC, 2015; Reglamento UE, 2014). El argumento es que la RFA disminuye la probabilidad de desarrollar relaciones personales o dependencias económicas con la dirección de la entidad auditada, lo cual podría comprometer la objetividad del auditor. En este sentido, la entrada de una nueva firma permite realizar un análisis más imparcial, aportando una perspectiva renovada al enfoque de auditoría, lo que puede favorecer un servicio más crítico y profesional. Además, la limitación en la duración de los contratos de auditoría legal podría generar efectos positivos en el oligopolio dominante en ciertos segmentos del mercado, promoviendo así la formación de mercados más dinámicos y competitivos (Comisión Europea, 2010; LAC, 2015; Reglamento UE, 2014; Rodríguez Castro et al., 2017). Por otro lado, los que se oponen a la RFA concluyen que esta medida no necesariamente refuerza la independencia del auditor ni mejora la calidad de la auditoría (GAO, 2003; PCAOB, 2011). Se argumenta que la falta de conocimiento previo de la entidad por parte de la nueva firma auditora puede afectar negativamente a la calidad del trabajo (FEE, 2004; GAO, 2003; Ruiz Barbadillo et al., 2009). Esta reducción de la calidad se ve generalmente acompañada por un incremento en los honorarios que puede no compensar las posibles ventajas de la RFA (FEE, 2004; GAO, 2003; IFAC, 2020).

Este estudio analiza la introducción e implementación de la RFA en España, derivada de la adaptación de la normativa europea al contexto nacional, y su impacto en las principales empresas cotizadas. Para ello, se analiza la evolución del marco legislativo desde la aprobación de la nueva normativa europea y se estudian los cambios en los auditores de las empresas del IBEX 35 durante el período 2013-2023.

2. ROTACIÓN DE FIRMA AUDITORA (RFA) EN LA LEGISLACIÓN UE

La Comisión Europea (CE) publicó el 13 de octubre de 2010 un Libro Verde titulado Política de auditoría: lecciones de la crisis como punto de partida de una extensa consulta pública en torno a la función y el alcance de la auditoría y la forma de perfeccionar su función en aras a fortalecer la estabilidad financiera. Los resultados de la consulta pública evidenciaron que era posible mejorar las medidas sobre auditorías de las EIP contenidas en la Directiva 2006/43/CE. Aunque en la redacción del articulado de esta Directiva no se incluía mención expresa a las medidas de rotación, en el punto 26 de los considerandos se establecía que:

“con el fin de reforzar la independencia de los auditores de las entidades de interés público, se debe realizar una rotación de los principales socios auditores. Para organizar esta rotación, los Estados miembros deben requerir un cambio de los principales socios auditores que operen con una entidad auditada, al mismo tiempo que permiten a la sociedad de auditoría con la que está asociado el principal socio auditor seguir siendo el auditor legal de tal entidad. Cuando un Estado miembro lo considere pertinente para lograr los objetivos perseguidos, podrá requerir alternativamente el cambio de la sociedad de auditoría” (Directiva 2006/43, 2006: L 157/90; énfasis añadido).

Por tanto, se reconocía la importancia de establecer medidas de rotación del auditor firmante dejando libertad a los estados miembros para regular la RFA.

Las medidas de refuerzo de la auditoría legal de las EIP fueron volcadas en la Directiva de 16 de abril de 2014 (Directiva UE, 2014) y en el Reglamento (Reglamento UE, 2014). En la rápida aprobación del Reglamento tuvo un gran peso las consecuencias de la crisis financiera tal y como se reconocía en la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento (Comisión Europea, 2011, 1):

“Las medidas adoptadas dentro y fuera de Europa como consecuencia directa de la crisis financiera se han centrado sobre todo en la necesidad urgente de estabilizar el sistema financiero. Si bien el papel de los bancos, los fondos de inversión libre, las agencias de calificación, los supervisores o los bancos centrales ha sido cuestionado y analizado en profundidad en muchas ocasiones, hasta ahora apenas se ha prestado atención al papel desempeñado por los auditores en esta crisis, y mucho menos al papel que hubieran debido desempeñar. Dado que los bancos hicieron aflorar de 2007 a 2009 enormes pérdidas relacionadas con las posiciones que mantenían dentro y fuera de sus balances, son muchos los ciudadanos e inversores que no se explican cómo fue posible que los auditores emitiesen en esos ejercicios informes de auditoría limpios sobre las cuentas de sus clientes (en particular, los bancos)” (énfasis añadido).

Mientras la Directiva 2014/56/UE no menciona la RFA, esta se establece en el Reglamento. En concreto, el artículo 17 establece que en las auditorías legales de EIP, ni el auditor legal ni la sociedad de auditoría ni, en su caso, ninguno de los miembros de las redes de estos dentro de la UE, podrán auditar más de 10 años una EIP y, finalizado este periodo, no podrán volver a auditarla hasta que hayan transcurrido cuatro años. No obstante, se establecen dos excepciones a este límite máximo de 10 años. En la primera, la duración máxima del contrato puede extenderse de 10 a 20 años si se realiza una convocatoria pública de ofertas para la auditoría legal. En la segunda, la duración máxima del contrato puede extenderse de 10 a 24 años “si se ha contratado simultáneamente a más de una firma y la auditoría legal dé lugar a la presentación de un informe conjunto de auditoría” (Reglamento UE, 2014: art. 17).

A petición de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON), Willekens et al. (2019) realizaron un estudio sobre la evolución de la concentración, competición y costes en el mercado de auditoría en la UE antes y después de la reforma. El estudio evidencia una notable variación en la implementación de los distintos aspectos de la reforma entre los Estados miembros, incluida la aplicación de la RFA. En los países en los que esta política se aplicó de manera más estricta, se observó una reducción del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) y de la cuota de mercado de las “Cuatro Grandes”, especialmente en el sector financiero. En cambio, en aquellos con una implementación más flexible, no se registraron diferencias significativas en el IHH ni en la cuota de mercado antes y después de la reforma. Los autores subrayan la importancia de analizar los efectos en cada Estado miembro para comprender mejor los procesos de implementación y así optimizar la toma de decisiones futuras.

En mayo de 2022 Accountancy Europe publicó un informe sobre la aplicación de la RFA en los 27 países de la UE, además de Islandia, Noruega y Reino Unido. Según el informe, 25 de los 30 países (83,33 %) establecieron un límite máximo de 10 años para la contratación de una misma firma de auditoría. La prórroga de 10 años, aplicable si se realiza una convocatoria pública de ofertas para la auditoría legal, fue adoptada en 18 países (60 %), de los cuales 15 optaron por el periodo máximo permitido. Por otro lado, la prórroga de 14 años en casos de coauditoría se implementó en 10 países (33,33 %).

Como veremos en la siguiente sección, España adoptó inicialmente una regulación estricta de la RFA ­(Willekens et al., 2019; Condor López et al., 2018), estableciendo un límite de 10 años, prorrogable por cuatro adicionales en caso de auditoría conjunta. Sin embargo, estos criterios se han flexibilizado con el tiempo.

Varios trabajos han examinado el impacto inicial de la RFA en las EIP en España. El Informe-Dictamen Técnico de Condor López et al. (2018) examinó el mercado de auditoría en 2016, poco después de la implementación de la norma. Sus resultados muestran la alta concentración del mercado, con las “Cuatro Grandes” auditando el 81,5 % de las EIP y controlando el 97,6 % del volumen de negocio. El estudio también encuentra que el 29,2 % de las EIP cambiaron voluntariamente de auditor entre 2014-2016, indicando un “efecto favorable a la rotación del auditor, antes de que fuera obligatoria” (Condor López et al., 2018, 69). Basioudis et al. (2024) analizaron el efecto de la RFA en los honorarios de auditoría de las empresas cotizadas entre 2011 y 2018. Sus resultados muestran que la entrada en vigor de la RFA ha incrementado la rotación de firmas auditoras. Además, los datos indican que los nuevos auditores tienden a ofrecer un descuento significativo en los honorarios, tanto en cambios voluntarios como obligatorios, antes y después de la reforma. Esto sugiere que las firmas están dispuestas a asumir costes adicionales para captar nuevos clientes.

3. ROTACIÓN DE FIRMA AUDITORA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

España tiene experiencia con la política de RFA. El Reglamento de la primera Ley de Auditoría, aprobada en 1988, incluía un artículo que establecía la RFA cada nueve años. Sin embargo, este requisito fue eliminado en 1995 mediante la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, antes de que ninguna firma tuviera que cambiar de auditor de forma obligatoria (Carrera et al., 2007). La RFA no volvió a establecerse hasta 2015, con la aprobación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC, 2015) que derogó el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

La Ley de Auditoría de 2015 se aprobó para trasponer las modificaciones introducidas por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, en la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría de cuentas anuales y consolidadas. Su objetivo era establecer un marco jurídico que abordara la dualidad normativa existente con relación a las auditorías de EIP y no EIP y definir, en su ámbito de actuación, las opciones adoptadas por el regulador español según las opciones permitidas por el Reglamento UE. En este régimen dual de las auditorías legales, se eliminaron las medidas de rotación de las no EIP conservándose los plazos de contratación de legislación precedente. Para las EIP, se adoptó la duración máxima inicial impuesta por la UE de 10 años, manteniéndose los tres años de duración mínima¹. En cuanto a las posibles prórrogas del contrato una vez transcurridos los 10 años, se admitía que este se pudiera ampliar cuatro años más “siempre que se haya contratado de forma simultánea al mismo auditor o sociedad de auditoría junto a otro u otros auditores o sociedades de auditoría para actuar conjuntamente en este período adicional” (LAC, 2015: art. 40.1; énfasis añadido). Una vez finalizado el periodo máximo de contratación y las prórrogas aplicables, la firma de auditoría deberá respetar un periodo mínimo de cuatro años para poder volver a auditar la empresa o grupo (LAC, 2015: art. 40.1; Reglamento UE, 2014: art. 17.3). La opción de ampliar el contrato de auditoría por asignación en convocatoria pública prevista en el Reglamento UE no se contempló. Además, se instituyó la rotación a nivel de auditor o auditores principales responsables del trabajo de auditoría una vez transcurridos cinco años desde el contrato inicial y con un periodo mínimo de carencia de tres años (LAC, 2015, art. 40.1).

Los criterios adoptados inicialmente por el regulador español sobre la RFA reflejan una aplicación estricta de la normativa europea, en línea con las decisiones de países como Austria, Italia o Portugal. Esta postura contrasta con la de otros Estados miembros, como Bélgica, Francia o Finlandia, que optaron por una interpretación más laxa de la normativa, permitiendo plazos de contratación superiores a 20 años (Willekens et al., 2019, 21 y 51).

La primera modificación de los criterios iniciales se produjo en 2021 con la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de 2015 (Real Decreto 2, 2021). El Reglamento apuntó sobre el articulado de la ley que, en el caso de prórroga por auditoría conjunta, el nuevo auditor de cuentas, una vez terminados los cuatro años de prórroga, podrá ser contratado individualmente hasta completar el periodo máximo de 10 años, pudiendo prorrogar este contrato cuatro años más si realiza la auditoría conjuntamente con otro auditor de cuentas (Real Decreto 2, 2021, art. 83).

Hasta la fecha, la última modificación de nuestro ordenamiento jurídico relacionado con la RFA en las EIP se realizó a través de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Su Disposición final vigésima segunda modificó el artículo 40 de la LAC, permitiendo extender la duración máxima del contrato de auditoría de 10 años otros 14 años adicionales (24 en total) si durante estos años la auditoría se realiza conjuntamente con uno o varios auditores de cuentas. En concreto, el texto establece que el período total de contratación “podrá prorrogarse […] adicionalmente hasta un máximo de catorce años, siempre que se haya contratado de forma simultánea al mismo auditor o sociedad de auditoría junto a otro u otros auditores o sociedades de auditoría para actuar conjuntamente en este período adicional” (Ley 31/2022, 2022; énfasis añadido). Este cambio pudo deberse a la presión del sector, dado que, “con sólo cuatro años es muy complicado que las compañías auditadas perciban los efectos positivos” de la posibilidad de extender los contratos gracias a auditoría conjunta (El Economista, 5/1/2017). Además, por primera vez en nuestra legislación, se admite extender la duración máxima del contrato otros 10 años si la adjudicación del contrato se realiza a través de una convocatoria pública de ofertas. El ICAC emitió un documento aclarando estas modificaciones (ICAC, 2024).

En conclusión, actualmente existe RFA para las EIP españolas, con un contrato inicial mínimo de tres años y vencimiento a los 10, con extensiones posibles de otros 14 años en caso de coauditoría o 10 años si la adjudicación del contrato se realiza a través de una convocatoria pública (LAC, 2015: art. 40). Respecto a la implementación teniendo en cuenta la antigüedad del contrato de auditoría, lo establecido en el Reglamento UE y la Ley de Auditoría de 2015 se traduce en las fechas máximas para cambio de auditor que aparecen en el cuadro 1, asumiendo que no existen extensiones del contrato derivadas de coauditoría o convocatoria pública de ofertas.

4. ROTACIÓN DE FIRMA AUDITORA EN EL IBEX 35

En esta sección analizamos las auditorías de las principales empresas cotizadas en el período 2013-2023. El estudio se basa en una muestra de 53 empresas que, en algún momento, formaron parte del IBEX 35 durante dicho período. En total, estas empresas presentaron 545 informes de auditoría, de los cuales 401 corresponden a años en los que integraban el índice. Los datos fueron obtenidos de la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras analizar la cuota de mercado de las firmas de auditoría y la concentración por sectores en este segmento, examinamos los cambios de auditor y su relación con la RFA. Finalmente, evaluamos si estos cambios están asociados con variaciones en los honorarios de auditoría.

4.1. ¿Quién audita a las empresas del IBEX 35?

El mercado de auditoría en España presenta características propias de un oligopolio (Shepherd, 1997). Como muestran estudios previos, las “Cuatro Grandes” (Deloitte, EY, KPMG, y PwC), concentran la mayor parte de los servicios (Carrera et al., 2005; Condor López et al., 2018; Rodríguez Castro et al., 2017). El mercado de auditoría del IBEX 35 se ha comportado efectivamente como un oligopolio estricto, lo cual es consistente con lo observado en otros mercados.

El gráfico 1 muestra la evolución de la cartera de clientes del IBEX 35 de las firmas auditoras durante el período 2013-2023². Deloitte fue la firma de auditoría que más informes de auditoría de empresas del IBEX 35 firmó entre 2013-2023 (28 %), seguida de PwC (25 %), KPMG (24 %), y EY (22 %). Las cuotas de mercado de cada firma sugieren que no hay una empresa “líder” en este segmento, a diferencia de lo que sucedía antes de la crisis de Arthur Andersen (AA) en el 2002³.

Deloitte perdió cuota de mercado a lo largo del tiempo, reduciendo el número de auditorías del IBEX 35 de 16 (43,24 % del total) en 2013 a 5 (14,29 %) en 2023. Tanto KPMG como PwC han ganado clientes, pasando de auditar 5 (13,51 %) y 6 (16,22 %) en 2013, respectivamente, a 14 (31,43 %) y 11 (25,71 %) en 2023. EY mantuvo una cuota de mercado superior al 20 % entre 2013 y 2016, con alrededor de 10 auditorías anuales. Sin embargo, su número de clientes disminuyó entre 2017 y 2021, con una ligera recuperación en 2022, aunque sin alcanzar el máximo de 2014. En resumen, KPMG ha incrementado su cartera de clientes de manera significativa, mientras que Deloitte ha experimentado una pérdida notable. PwC ha tenido un crecimiento más moderado, y EY ha sufrido una reducción en su cuota de mercado con una recuperación en los últimos años.

Respecto a la distribución sectorial, las “Cuatro Grandes” están representadas en un buen porcentaje de los 18 sectores de las empresas del IBEX 35 en el período 2013-2023, como se muestra en el cuadro 2:

El análisis sectorial muestra que Deloitte prestó servicios en 12 de los 18 sectores presentes en la muestra, con una mayor concentración en construcción (23,21 % de su cartera en los once años estudiados), seguido de nuevas tecnologías (15,18 %) y banca (13,39 %). EY tuvo presencia en 13 sectores (72,22 %), destacando su participación en energía eléctrica (17,78 %), agua y gas (12,22 %), otras industrias manufactureras (11,11 %), transporte (11,11 %) y banca (10 %). KPMG operó en 11 sectores (61,11 %), concentrando su actividad en energía eléctrica (24 %), industria química (16,67 %), banca (10,42 %) y transporte (10,42 %). PwC, con presencia en 14 sectores (77,78 %), se especializó en banca (36 %) y metálicas básicas (12,00 %).

Un análisis detallado por sectores indica que se han producido cambios en la participación de todos los sectores analizados, a excepción de papel y artes gráficas, aunque hay que tener en cuenta que varios sectores experimentaron fluctuaciones en el número de empresas representadas en el IBEX 35 (e.g., construcción o energía eléctrica), lo que afectó a las cuotas de mercado de las auditoras. Deloitte lideró en construcción y nuevas tecnologías en los primeros años (2013-2016), pero perdió cuota de mercado en energía y agua y banca a lo largo del tiempo. En la construcción, su pérdida de mercado fue significativa, sin ningún cliente en el período 2020-2022. PwC y KPMG consolidaron su presencia en banca e industria química y KPMG y EY en energía eléctrica, con un crecimiento sostenido en los últimos años. En seguros y papel y artes gráficas, KPMG y PwC mantuvieron exclusividad durante varios años.

En conclusión, las “Cuatro Grandes” muestran diferencias en su alcance sectorial dentro del IBEX 35, con PwC y EY operando en más sectores que KPMG y Deloitte. Si bien esto sugiere cierto grado de especialización y una estrategia orientada hacia sectores con alto impacto económico y regulaciones específicas que exigen experiencia especializada, los datos no confirman una estrategia de concentración exclusiva en sectores ­específicos.

4.2. ¿Han rotado los auditores del IBEX 35 en el período 2013-2023?

A continuación, examinamos el cumplimiento de la política de RFA según los requisitos detallados en el cuadro 1. Consideramos todas las auditorías presentadas por las 53 empresas de la muestra en el período 2013-2023 (545 auditorías), independientemente de si las empresas estaban en ese momento incluidas en el IBEX 35 o no. En total, se han producido 48 cambios de auditor, correspondiendo 34 de ellos a ejercicios en los que la empresa formaba parte del índice. El gráfico 2 muestra el número de cambios a lo largo del tiempo. En el Apéndice se incluye información sobre las empresas que cambiaron de auditor, el auditor saliente, la duración de los contratos, y el auditor entrante.

Tal y como se desprende del cuadro 1, las primeras rotaciones obligatorias de auditor debían haberse realizado en el primer ejercicio iniciado con posterioridad al 17 de junio de 2020 (ICAC, 2018); por tanto, en las auditorías cerradas en 2021 y las siguientes en 2024. No obstante, como podemos observar en el gráfico 2, un tercio de las rotaciones se concentró en los años 2016 y 2017 (10,42 % y 25 %, respectivamente), pudiendo reflejar un deseo de anticiparse a la entrada en vigor del Reglamento EU y la LAC. De hecho, la prensa se refirió en su momento a “una oleada de cambios de auditor de cuentas del Ibex” (El Economista, 26/01/2017). A modo de ejemplo, el caso de Acciona, que en 2016 abrió una convocatoria pública para cambiar el auditor, siendo finalmente KPMG el ganador reemplazando a Deloitte, auditor de la empresa durante más de 15 años. Comunicado su nombramiento en mayo del 2017 (Acciona, 2017), en el último ejercicio analizado (2023), KPMG continúa como auditor de la sociedad y su grupo consolidado. Otros años con alta rotación fueron 2021 (12,50 %) y 2020 (10,42 %), reflejando posibles ajustes estratégicos de las empresas. En cualquier caso, los cambios parecen estabilizarse, con una media de cuatro a seis cambios anuales desde 2018 en adelante.

La evidencia de cambio de auditor de las empresas del IBEX 35 sugiere que la implementación de la política de RFA en España podría haber impulsado la decisión de cambio de auditor de forma voluntaria, sin esperar a que la rotación sea forzada por la norma. Tras el ejercicio 2017, las rotaciones se concentraron mayoritariamente en el año 2021 (seis cambios), año que el Reglamento EU marca como ejercicio de rotación obligatoria, y en el 2023 (cinco cambios). Sin embargo, estos cambios fueron mayoritariamente rotaciones voluntarias, dado que de los 11 cambios observados solamente hemos detectado dos de carácter obligatorio: FCC y OHL. De hecho, estas rotaciones han sido las únicas de carácter estrictamente obligatorio en el periodo 2013-2023. Las restantes rotaciones fueron voluntarias o vinculadas a otras decisiones empresariales. Resaltar que únicamente hemos encontrado un caso de firma de auditoría que tras el periodo de cuatro años de enfriamiento establecido por el Reglamento EU haya vuelto a auditar un grupo empresarial: Grupo ACS (antes Abertis) realizada por Deloitte. Este grupo estuvo auditado entre 2004 y 2018 por Deloitte. En 2019 se produjo un cambio de auditor a KPMG que auditó al grupo durante cuatro años, hasta la vuelta de Deloitte en 2023. En 10 de las empresas de la muestra (18,87 % de 53) no hubo rotación de auditores⁴.

El análisis de los años de contrato del auditor⁵ y la fecha de cambio indica que la mayoría de los contratos de auditoría finalizados en el período 2013-2023 tuvieron una duración de entre 6 y 15 años, con una media de 12 años y una mediana de 11 años (mínimo tres y máximo de 29 años). Estos valores sugieren que la mayoría de las empresas optan por cambiar voluntariamente de auditor en un plazo ligeramente superior al límite de 10 años establecido por la RFA. La diferencia entre la media y la mediana se explica por la presencia de relaciones excepcionalmente largas entre algunas empresas y sus auditoras, como el caso de Banco Sabadell y PwC, que duró 29 años.

En cuanto al impacto en la concentración del mercado, en línea con lo señalado en el apartado anterior, la evidencia sugiere que no ha habido variaciones, manteniéndose el oligopolio. Deloitte fue la firma que más clientes perdió, aunque también logró captar nuevos contratos. EY, KPMG y PwC han “intercambiado” clientes de manera más equilibrada. Por ejemplo, Mapfre y Endesa pasaron de EY a KPMG en 2015 y 2020, respectivamente, mientras que KPMG perdió BBVA en favor de EY en 2022. Respecto a los sectores, empresas de banca, energía y construcción han sido las que han experimentado más cambios de auditor. EY se ha reforzado en energía y banca, KPMG ha captado clientes en banca e industria química, y PwC ha mantenido una base sólida en banca e infraestructura, aunque con algunas pérdidas significativas. Solo una firma no perteneciente a las “Cuatro Grandes” está presente en la muestra, Mazars⁶, que perdió un cliente a favor de EY en 2015.

Por último, señalar la novedad que supone la auditoría conjunta, elegida por dos empresas, Logista y Técnicas Reunidas. La única auditoría conjunta de una empresa perteneciente al IBEX 35 fue la de Técnicas Reunidas. En 2017, la empresa incorporó a Deloitte como auditor manteniendo el contrato con PwC, su auditor en los últimos 14 años (desde el 2003 según los informes anuales disponibles en la CNMV). La auditoría conjunta se mantuvo durante seis años, aunque sólo durante tres años Técnicas Reunidas cotizaba en el selectivo. Deloitte actúa como auditor único a partir del año 2023. Logista, que comenzó a cotizar en 2014 y auditada durante años por Deloitte, incorporó a PwC como auditor conjunto en 2017. En ese momento no pertenecía al IBEX 35. En 2020 la empresa sustituyó el encargo conjunto de auditoría de Deloitte-PwC por EY.

4.3. ¿Ha habido más rotaciones en el IBEX 35 desde la implementación de la RFA?

El gráfico 3 muestra la evolución del número de cambios de auditor por año para las 53 empresas de nuestra muestra inicial para período 1991-2023 (1.259 informes de auditoría). Salvando el impacto de AA en 2002, parece que la tendencia ha sido a un incremento del número de cambios en la última década, con el pico importante en 2017, como anteriormente se ha señalado.

Para analizar si existe una diferencia significativa en el número de cambios de firma de auditoría antes y después de la regulación, la muestra se ha dividido en dos períodos: antes y después de la fecha de la entrada en vigor de la política de RFA según el Reglamento UE, 16 de junio de 2016. El primer grupo incluye auditorías firmadas de los ejercicios comprendidos entre 1991 y 2016 (919 observaciones), y el segundo las auditorías de los ejercicios 2017-2023 (340 observaciones). La media de cambios de auditor en el período 1991-2016 es del 6,6 % (0,066) mientras que en el período 2017-2023 aumentó al 11,5 % (0,115), lo que representa un incremento de 4,8 puntos porcentuales, como se muestra en el cuadro 3.

El t-test de medias indica un aumento significativo en los cambios de auditor después de 2016, probablemente debido a la implementación de la RFA, a pesar de que estos cambios no fueran obligatorios. Para validar la robustez de los resultados, se utilizó la prueba de Mann-Whitney U, que rechazó la hipótesis nula de igualdad en la frecuencia de cambios de auditor entre ambos períodos (p<0,05), confirmando los resultados del t-test. En conclusión, los cambios voluntarios de auditor se incrementaron significativamente después de la entrada en vigor de la RFA.

4.4. ¿Se han incrementado los honorarios pagados al auditor principal como consecuencia del cambio
de auditor?

Hemos analizado si los cambios de auditor producidos durante el período 2013-2023 han afectado a los honorarios pagados por las empresas a sus auditores principales por servicios de auditoría legal, tal y como sugieren estudios previos (e.g., Willekens et al., 2019; Basioudis et al., 2024)⁷. A partir de los datos de los informes anuales, el cuadro 4 presenta la estadística descriptiva de los honorarios de auditoría antes (HA Antes) y después (HA Después) del cambio de auditor. Además, incluimos los HA correspondientes al auditor principal por millón de euros de ingresos del cliente, métrica utilizada en el sector (e.g., Audit Analytics), antes y después del cambio de auditor.

Los resultados muestran una alta discrepancia entre la media y la mediana de los honorarios del auditor principal, tanto en términos absolutos como relativos a los ingresos del cliente. Por ejemplo, antes del cambio del auditor, la media de los honorarios es de 5,6 millones de euros, mientras que la mediana es de 1,86 millones. Esta diferencia, también observable tras el cambio de auditor, indica una distribución altamente asimétrica y sesgada a la derecha, influida por un número reducido de empresas con honorarios excepcionalmente altos. La alta desviación estándar en ambos periodos confirma la existencia de una considerable variabilidad entre empresas.

Los datos del cuadro 4 indican que los HA pagados al auditor principal disminuyeron ligeramente en media, de 5,62 a 5,53 millones de euros después del cambio de auditor. En términos relativos, los honorarios de auditoría pagados al auditor principal aumentaron mínimamente de 631,58 a 634,75 euros por millón de ingresos del cliente, con una variabilidad también muy alta, especialmente después del cambio de auditor. Tanto la mediana absoluta como la relativa disminuyen tras el cambio de auditor (de 1,86 millones a 1,65 y de 432,91 a 399,72 euros por millón de ingresos, respectivamente), lo que sugiere una tendencia general a la baja en los honorarios pagados al auditor principal.

Para evaluar si los honorarios del auditor principal (HA) se modificaron tras el cambio de auditor, se aplicaron dos contrastes estadísticos apropiados al diseño emparejado del estudio: un t-test de diferencia de medias y la prueba no paramétrica de Wilcoxon. El t-test no identificó diferencias estadísticamente significativas ni en los honorarios absolutos (p = 0,7421) ni en los ajustados por ingresos (p = 0,9517). Considerando la asimetría de los datos, se utilizó también la prueba de Wilcoxon, que confirmó la ausencia de cambios significativos en los honorarios absolutos (p = 0,5846), pero reveló una posible reducción de los honorarios ajustados por ingresos tras el cambio de auditor, aunque con una significación estadística marginal (p = 0,0608). Aunque la media de estos honorarios es ligeramente superior después del cambio, la mayoría de las empresas muestra reducciones, lo que sugiere una moderada optimización del coste relativo, si bien sin evidencia concluyente. Estos resultados contrastan con los de Basioudis et al. (2024), quienes observaron un descuento significativo en una muestra de EPI españolas entre 2011 y 2018, lo que podría explicarse por diferencias en el periodo analizado, las características de la muestra o la metodología empleada.

En conclusión, en el caso de las empresas del IBEX 35, los resultados no evidencian un cambio significativo en los honorarios de auditoría legal pagados al auditor principal tras el cambio de auditor. Sin embargo, en términos relativos se observa una ligera tendencia descendente. Es importante destacar que la elevada dispersión de los datos y el tamaño limitado de la muestra pueden estar afectando a los resultados.

5. CONCLUSIONES

La Ley de Auditoría de 2015 reintrodujo en el marco normativo español la RFA, retomando una política que había estado vigente brevemente en la década de los noventa. Con el fin de adaptar la regulación española a la normativa europea, se estableció un período máximo de 10 años para los contratos de auditoría legal de las EIP, con una posible prórroga de hasta cuatro años en casos de auditoría conjunta, configurando así un marco regulatorio estricto en la aplicación de la RFA. Sin embargo, en los últimos años, diversas reformas han flexibilizado significativamente estos plazos: en 2021 se amplió la duración de los contratos en auditorías conjuntas, y en 2022 se permitió extender el período máximo hasta 24 años con coauditoría o hasta 20 años si la adjudicación se realiza mediante convocatoria pública. Estos cambios, que acercan a España a las opciones tomadas por otros países de la UE, parecen reflejan la influencia del sector y una tendencia hacia una aplicación más flexible de la norma.

El análisis de las auditorías de las principales empresas españolas representadas en el IBEX 35 en el período 2013-2023 muestra que la RFA ha provocado un incremento significativo en las rotaciones de auditores, aunque la mayoría de estos cambios han sido de carácter voluntario. Esto puede deberse a que las empresas prefieren anticiparse a la normativa de la UE y la LAC, y de esta forma minimizar los posibles efectos adversos que pueda tener una rotación obligatoria. También podría reflejar una estrategia activa por parte de las empresas para reforzar su compromiso con la transparencia y calidad de la auditoría, tomando decisiones respecto a su auditor principal antes de que la normativa exija su relevo. Los cambios voluntarios se produjeron, en media, en un período ligeramente superior al límite de los 10 años fijados por la RFA.

La mayor rotación de auditores no ha dado lugar a cambios en el dominio de las “Cuatro Grandes” en el mercado de auditoría del IBEX 35, el cual presenta características de oligopolio estricto. Es decir, pese a la aplicación normativa de la RFA no se ha producido una reducción de la cuota de mercado de las “Cuatro Grandes”. Ahora bien, sí se han producido cambios notables en el peso específico que cada una de ellas tiene en este segmento, así como en su presencia sectorial. Respecto a los honorarios de auditoría, los datos sugieren que las rotaciones de auditor no han provocado un aumento en los honorarios de auditoría pagados al auditor principal. Por último, destacar que la presencia de la coauditoría es mínima entre las grandes empresas españolas.

En conclusión, la RFA ha impulsado un aumento significativo en los cambios de auditores en las principales empresas españolas, aunque la mayoría de estos cambios han sido voluntarios y no han dado lugar a un incremento en los costes de sus auditorías legales.

Referencias

Acciona. (2017). Comunicación a la CNMV. Información Relevante. https://www.cnmv.es/WebServices/VerDocumento/Ver?e=8qk0XuOp%2FPXrv1Spv31vMrojc5caDaczWitwUsYwRmRQSRh0dt1K2vXNhAR3mLSV&utm_source=chatgpt.com

Accountancy Europe. (2022). Mandatory Rotation of Auditors. Streamlining European Countries’ Audit Rules. https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/2022/12/Audit-Rotation-2022_Accountancy_EU.pdf

Basioudis, I. G., Cuellar Fernández, B. y García Lacalle, J. (2024). Implementing mandatory audit firm rotation: Effects on audit and non-audit fees. Spanish Accounting Review, 27(1), 174-192. https://doi.org/10.6018/rcsar.491481

Carrera, N., Gutiérrez, I. y Carmona, S. (2005). Concentración en el mercado de auditoría en España: Análisis empírico del período 1990-2000. Revista Española de Financiación y Contabilidad, 34(125), 423-457.

Carrera, N., Gómez Aguilar, N., Humphrey, C. y Ruiz-Barbadillo, E. (2007). Mandatory audit firm rotation in Spain: A policy that was never applied. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 20(5), 671-701.

Comisión Europea. (2010). Libro Verde. Política de Auditoría: Lecciones de la Crisis. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0561:FIN:Es:PDF

Comisión Europea. (2011). Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Requisitos Específicos para la Auditoría Legal de las Entidades de Interés Público. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX %3A52011PC0779

Condor López, V., Ansón Lapeña, J. y Costa Toda, A. (2018). Los Efectos de la Rotación tras la Entrada en vigor del Reglamento Europeo y la Ley de Auditoría de Cuentas. INFORME-DICTAMEN TÉCNICO. ICAC. https://www.icac.gob.es/sites/default/files/2021-01/Informe-Dictamen_Tecnico.PDF

Directiva 2006/43. (2006). Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a la Auditoría Legal de las Cuentas Anuales y de las Cuentas Consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0043

Directiva UE. (2014). Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la Auditoría Legal de las Cuentas Anuales y de las ­Cuentas Consolidadas. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX %3A32014L0056

El Economista. (5/1/2017). Técnicas Reunidas elige a Deloitte como auditor a partir de 2017. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8065287/01/17/Tecnicas-Reunidas-elige-a-Deloitte-como-auditor-a-partir-de-2017.html

El Economista. (26/01/2017). KPMG gana la auditoría de cuentas de Acciona para los próximos ejercicios. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8111839/01/17/KPMG-gana-la-auditoria-de-cuentas-de-Acciona-para-los-proximos-tres-ejercicios.html

Fédération des Experts Comptables Européens (FEE). (2004). Mandatory Rotation of Audit Firms ­Endangers Audit Quality. https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/FEE_Study_on_Mandatory_Rotation_of_Audit_Firms_04102112005561253.pdf

General Accounting Office (GAO). (2003). Required Study on the Potential Effects of Mandatory Audit Firm Rotation. Report to the Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs and the House Committee on Financial Services. Washington, DC: GAO. https://www.gao.gov/assets/gao-04-216.pdf

Informe Auditoría Grifols. (2023). Informe de Auditoría de Grifols, S.A. y sociedades dependientes. https://www.grifols.com/documents/3625622/6152178/CCAACC-Grifols-SA-31-12-2023-WEB.pdf/4902d76a-1b61-21c9-7138-36671901b581?t=1709882067511

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). (2018). Consulta No. 1. BOICAC 115. https://www.icac.gob.es/node/185

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). (2024). Criterio de Interpretación sobre Determinados Aspectos de la Duración Máxima del Encargo de Auditoría en Entidades de Interés Público. https://www.icac.gob.es/sites/default/files/2024-03/6. %20Duraci %C3 %B3n %20m %C3 %A1xima %20encargo %20de %20auditor %C3 %ADa.pdf

International Federation of Accountants (IFAC). (2020). Joint Audit: The Bottom Line – The Evidence is Unclear. https://www.ifac.org/publications/joint-audit-bottom-line-no-clear-evidence

Ley de Auditoría (LAC). (2015). Ley 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8147

Ley 31/2022. (2022). Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128

Public Company Accounting Oversight Body (PCAOB). (2011). PCAOB Issues Concept Release on Auditor Independent and Audit Firm Rotation. https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/pcaob-issues-concept-release-on-auditor-independence-and-audit-firm-rotation_348

Real Decreto 2/2021. (2021). Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1351

Reglamento UE. (2014). Reglamento UE 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los Requisitos Específicos para la Auditoría Legal de las Entidades de Interés Público. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj

Rodríguez Castro, P., Ruiz Barbadillo, E. y Biedma López, E. (2017). Market power and audit market collusion: the Spanish case. Academia Revista Latinoamericana de Administración, 30(3), 344-361. https://doi.org/10.1108/ARLA-11-2015-0307

Ruiz Barbadillo, E., Gómez Aguilar, N. y Carrera, N. (2009). Does mandatory audit firm rotation enhance auditor independence? Evidence from Spain. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 28(1), 113–135.

Shepherd, W. G. (1997). The Economics of Industrial Organization. 4^th edition. New Jersey: Prentice Hall International.

Willekens, M., Dekeyser, S. y Simac, I. (2019). EU Statutory Audit Reform. Impact on Costs, Concentration and Competition. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2019)631057

Notas

^* Las autoras agradecen a FUNCAS la financiación para la realización de este trabajo y el desarrollo de esta línea de investigación. E-mail de contacto: nieves.carrera@ie.edu.

** Universidad Rey Juan Carlos.

*** IE Business School - IE University.

¹ El Reglamento UE permite un plazo de 1 año, dejando a los Estados miembros la opción de ampliarlo.

² Técnicas Reunidas tuvo una auditoría conjunta Deloitte – PwC durante seis años, siendo la compañía parte del IBEX 35 en tres de ellos (2017, 2018, 2019). El gráfico 1 muestra las firmas auditoras de 398 auditorías de empresas del IBEX 35, excluyendo las tres coauditorías de Técnicas Reunidas en 2017, 2018 y 2019. Se trata de un caso puntual, ya que la coauditoría no es común en España.

³ De las 297 auditorías presentadas por las 27 empresas de nuestra muestra cotizadas entre 1991-2001, el 50 % (148) fueron firmadas por AA, seguida a distancia por PwC (28 %) y KPMG (14 %), mientras que Coopers & Lybrand y EY tenían una presencia mínima. Tras la crisis global de AA a raíz del escándalo de Enron en EE. UU. en 2002, el equipo de auditoría de AA España se integró en Deloitte, que absorbió a la mayoría de socios, empleados y clientes. En nuestra muestra, de los 18 clientes de AA en 2001, 15 pasaron a Deloitte, 2 a KPMG y 1 a PwC.

⁴ Banco Popular, Bolsas y Mercados Españoles, Jazztel y Másmovil Ibercom no cambiaron de auditor, siendo integradas en Banco Santander (2017), SIX (2020), Orange (2017) y KKR, Cinven y Providence Equity (2020), respectivamente. El caso de Grifols resulta llamativo, ya que, según se menciona en el informe de auditoría de 2023 de KPMG, la firma señala que “hemos venido realizando el trabajo de auditoría de cuentas de forma ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de julio de 1990”, es decir, por 34 años (Informe Auditoría Grifols, 2023, 8), inicialmente bajo la denominación de KPMG Peat Marwick, S.A. y CIA AUDITORES, SRC, y posteriormente como KPMG. Sin embargo, como se muestra en el cuadro 1, la normativa de RFA establece que, en el caso de contratos firmados antes del 17 de junio de 1996, la fecha límite para la rotación del auditor es el ejercicio que se inicie con posterioridad al 17 de junio del 2020. Los cinco casos restantes (11,63 %), corresponden a empresas que no tienen obligación de rotar el auditor antes del ejercicio 2025.

⁵ Los años de contrato se han calculado a partir de los informes anuales presentados a la CNMV desde 1990, sin incluir periodos anteriores.

⁶ Mazars está incluida en la muestra de 545 observaciones, pero no en la de 401 examinada en la sección anterior, ya que en los años en los que prestó sus servicios a Solaria, esta no pertenecía al IBEX 35.

⁷ No se incluyen en el cálculo los honorarios correspondientes a auditores distintos del auditor principal.

Apéndice

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Fecha: abril 2025

Félix Lobo

Estas páginas contextualizan y resumen sistemáticamente el capítulo sobre sanidad y salud pública del Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica de España de 2020 (CRSE). La CRSE y el Dictamen resultante fueron fruto de un amplio acuerdo político multipartido adoptado por gran mayoría en el Congreso de los Diputados, en condiciones de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, que contó con destacados expertos y actores del sistema sanitario y la opinión ciudadana. Para ponerlo en perspectiva, se menciona la abundante literatura sobre la reforma del SNS español, éste se describe brevemente siguiendo el último Informe del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud y se apuntan los síntomas de deterioro que ofrece y los problemas agudos de estructura organizativa y de política personal que le aquejan. Finalmente, tras resumir las circunstancias de la elaboración y aprobación del Dictamen y su importancia, se ofrece una exposición seleccionada pero pormenorizada de su contenido en forma de tablas sinópticas, y con la sistemática elemental propia de un plan estratégico.

La conclusión es que la propia Comisión y las recomendaciones del Dictamen fueron un esfuerzo notable porque marcaron una hoja de ruta para la reforma del SNS bastante comprensiva, bien sustentada en análisis técnicos solventes y amparada en un amplio e infrecuente acuerdo de las fuerzas políticas, aunque con insuficiencias, ambigüedades e incongruencias, entre ellas no plantear una reforma de conjunto del Estatuto Marco del personal sanitario y la falta de un mecanismo de seguimiento y control de su ejecución. Cinco años después, en el ámbito de las responsabilidades del Estado (Gobierno central) algunas de las propuestas se han desarrollado o empezado a poner en marcha, aunque con carencias y retrasos. La situación política española en 2025 no permite ser muy optimista porque no parece que en la adopción de medidas concretas que enfrentan fuertes intereses y resistencias corporativas, pueda volverse a alcanzar el acuerdo político multipartido que logró el Dictamen.

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Fecha: febrero 2025

Desiderio Romero-Jordán

1. INTRODUCCIÓN

Tras la pandemia, el crecimiento de los precios experimentó un fuerte aumento por la interacción de varios factores. Principalmente, la presión de la demanda, la disrupción de las cadenas de valor, el efecto de las políticas fiscales expansivas y el shock en los precios de la energía generada por la guerra de Ucrania. Como consecuencia el crecimiento de los precios se elevó al 3,1 % en 2021, al 8,4 % en 2022, 3,5 % en 2023 y 2,8 % en 2024. En definitiva, el aumento acumulado en los precios ha alcanzado en tan solo cuatro años el 17,8 %, muy por encima del 12 % del período 2009 a 2019.

El incremento en los precios repercute de forma directa en la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Como muestra el cuadro 1, el aumento de la recaudación de IVA en el período 2021 a 2024 se situará, previsiblemente, en una cifra próxima a los 27.300 millones de euros¹. La recaudación alcanzó en 2019 los 71.538 millones y en 2024 superará, previsiblemente, los 92.000 millones de euros. A pesar de las rebajas fiscales implementadas en el período pospandemia en algunos alimentos esenciales, así como en ciertos bienes energéticos como gas y electricidad. Sobre esta fuerte alza en los ingresos surgen algunas preguntas cuya contestación resulta de gran utilidad. Primero, desde el punto de vista presupuestario, es oportuno conocer el papel que ha tenido la inflación en este aumento recaudatorio. Y el camino que seguirá cuando se retorne a los niveles de inflación prepandemia. Segundo, a nivel micro, resulta relevante tener estimaciones de cómo ha aumentado la factura fiscal entre los hogares de acuerdo con sus características socioeconómicas. En otras palabras, es relevante identificar a los hogares más perjudicados con este fenómeno para identificar las políticas públicas más adecuadas.

Este trabajo da respuestas a estas cuestiones ofreciendo una actualización y puesta al día de los cálculos de Romero-Jordán (2023a), extendiendo las estimaciones al período 2021 a 2024. La sección 2 presenta brevemente la metodología utilizada. Los resultados se muestran en las secciones 3 y 4.

2. METODOLOGÍA

La carga total de IVA soportada anualmente por cada hogar se define como:

dondees el gasto en bienes y servicios neto de inflación e impuestos en el período t, IPCH es el índice de precios de consumo específico de cada hogar y, (finalmente), es el tipo medio de IVA soportado por cada hogar. En el cómputo de IPCH se ha seguido la metodología descrita en Romero-Jordán (2023b) donde se muestra que el IPCH soportado por un determinado hogar en un año puede ser superior, inferior o igual al valor del IPC medio poblacional. La recaudación total de IVA soportada por cada hogar se descompone en dos sumandos. De una parte, la recaudación “pura” de IVA o neta de inflación, De otra, la recaudación inducida por el aumento de los precios, Para estimar la distribución de la recaudación total de IVA entre esos dos componentes, R_p y R_i, es preciso conocer los valores de las variables G, t* e IPCH de cada hogar. Tales variables han sido calculadas empleando los microdatos de la Encuesta de presupuestos familiares (EPF) de las olas de 2021 a 2023² junto a los precios por subclases publicados por el INE.

Como anticipo de los resultados que se muestran en la sección 3, el gráfico 1 presenta la evolución de la
recaudación de IVA generada por la inflación en los años 2019 a 2024. Puede apreciarse que el efecto medio en esos cinco años fue de 19,1 euros por hogar en 2019; de -0,3 euros en 2020; de 75,7 euros en 2021; 195,2 euros en 2022, de 98,6 euros en 2023 y, por último, de 69,2 euros en 2024. Es decir, el impacto de la inflación sobre la recaudación se exacerbó en los años 2021 a 2024, tal como se muestra en el gráfico 2, a pesar de las rebajas fiscales aplicadas en esos años.

3. REBAJA TEMPORAL DE IVA E IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LA ENERGÍA PARA ALIVIAR LOS COSTES DE LA INFLACIÓN

Las rebajas fiscales en IVA e impuestos especiales han atenuado el impacto de la inflación en la recaudación de IVA a través de su impacto en el tipo medio efectivo, . La crisis energética de 2021 seguida de la invasión de Ucrania de 2022 generó una fuerte alza en los precios de gas, electricidad y alimentos. El Gobierno aprobó una primera rebaja del tipo de IVA de la electricidad que pasó del 21 % al 10 % entre junio de 2021 y junio de 2022³. A partir de esa fecha, entró en vigor una segunda rebaja, quedando el tipo de IVA fijado en el 5 % entre julio de 2022 y diciembre de 2023. A lo largo de 2024, el tipo de IVA ha sufrido diferentes cambios que han venido determinados por la evolución del promedio del precio mayorista de la electricidad. Concretamente, el tipo volvió al 10 % en enero de 2024 al haberse reducido el precio promedio del mercado mayorista por debajo del umbral de 45 euros/MWh. En marzo se elevó al 21 % al descender dicho precio mayorista por debajo del citado límite. Y, desde junio de 2024, el tipo ha quedado establecido en el 21 % al haber aumentado el precio por encima del umbral del precio mayorista. En cuanto al impuesto especial de la electricidad, en los años 2022 y 2023 se redujo el tipo impositivo desde el 5,11 % al 0,5 %. A lo largo de 2024, este gravamen inició una senda de crecimiento para volver al tipo vigente hasta 2022. Concretamente, entre enero y marzo se elevó al 2,5 %, entre abril y junio al 3,8 % y desde el 1 de julio quedó fijado nuevamente en el 5,11 %.

El tipo de IVA del gas natural se redujo del 21 % al 5 % entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 para aliviar la carga tributaria de los hogares. El tipo de gravamen se elevó al 10 % durante el primer trimestre de 2024 volviendo al 21 % en abril de 2024. Asimismo, las briquetas, pellets y biomasa destinadas a calefacción se les aplicó una primera rebaja, pasando el tipo de IVA del 21 % al 5 % entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. Seguidamente, el tipo de IVA se elevó al 10 % entre enero y junio de 2023, volviendo de nuevo al tipo normal desde el 1 de julio de 2024.

Para aliviar el aumento de los precios de los alimentos sobre la cesta de consumo de los hogares, en enero de 2023 entró en vigor una rebaja del tipo de IVA aplicable a algunos alimentos. Concretamente, el tipo se redujo al 0 % para un conjunto de bienes esenciales como pan, leche, huevos o frutas frescas. Este tipo de gravamen pasó al 2 % en octubre de 2024. Asimismo, se aplicó una reducción temporal a aceites y pasta desde el 10 % al 5 %. En el caso de pastas y aceites de semillas, el tipo de gravamen pasó a ser del 7,5 % en octubre de 2024. Sin embargo, el aceite de oliva se redujo al 0 % en los meses de julio a septiembre de 2024 pasando al 2 % desde octubre. Este conjunto de rebajas fiscales ha sido tenido en cuenta para computar el impacto de la inflación sobre la recaudación de IVA⁴.

4. IMPACTO SEGÚN RASGOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS HOGARES

Los cuadros 2, 3 y 4 ilustran el impacto de la inflación sobre la recaudación de IVA de los hogares tabulados por: i) decilas de gasto; ii) tipología de hogar, y iii) comunidades autónomas. Se muestran cálculos tanto del efecto individual de los cuatro años analizados, 2021 a 2024, como del efecto acumulado. Se ha calculado también el peso del acumulado sobre el gasto ajustado de los hogares (GTA) en 2023 (último año disponible). GTA recoge el gasto corriente de los hogares, excluyendo por tanto el valor imputado de la vivienda en propiedad. De estos cuadros pueden extraerse las siguientes conclusiones.

Como era de esperar, el mayor impacto recaudatorio por la inflación tuvo lugar en 2022 en el que la tasa de inflación alcanzó el 8,4 % anual. En ese año, la factura fiscal aumentó, en promedio, en 195,2 euros por hogar. Le sigue en importancia el año 2023 donde el aumento medio fue de 98,6 euros, 2021 con 75,7 euros y 2024 con 69,2 euros.

En promedio, el impacto acumulado ha sido de 447 euros –capitalizado, dicho montante estaría próximo a los 500 euros en 2024–. En términos absolutos, el efecto acumulado es creciente con el nivel de gasto de los hogares, oscilando entre 103 euros en la primera decila y 1.140 euros en la última. Esta relación creciente es consecuencia directa de los tipos efectivos más elevados soportados por los tramos de renta alta, ya que consumen una mayor proporción de ítems gravados a tipo normal. El impacto acumulado para los hogares con un gasto próximo a los 1.200 euros mensuales –tercera decila– está próximo a los 228 euros. Por último, para un hogar medio en gasto, cuyo gasto corriente fue aproximadamente de 26.000 euros en 2023, el impacto acumulado es, aproximadamente, de 400 euros.

En términos absolutos, el impacto de la inflación sobre la factura fiscal de IVA es creciente con el gasto. Sin embargo, en términos relativos, el aumento acumulado de IVA ha supuesto, en promedio, el equivalente al 1,7 % del GTA de los hogares. Este valor es prácticamente el mismo en todas las decilas. Por tanto, en términos relativos, el efecto acumulado de la inflación sobre la carga fiscal de IVA ha sido proporcional. Consecuentemente, el modus operandi de la inflación ha sido el equivalente al de un impuesto adicional sobre el gasto con estructura efectiva proporcional. La evidencia disponible muestra que el IVA es un impuesto ligeramente progresivo sobre el gasto (Romero, 2015; Thomas, 2022). Por tanto, estos fenómenos de intensa inflación habrán reducido la progresividad en términos de gasto, acercando más el impuesto hacia la proporcionalidad.

El análisis del impacto por tipo de hogar rebela efectos escala. Los hogares de mayor tamaño han soportado un impacto acumulado más grande, al tener un nivel de gasto más elevado. Por ejemplo, el IVA acumulado por la inflación ha sido de 231 euros en un hogar individual con una persona de más de 65 años frente a los 591 euros de una pareja con dos hijos menores de 18 años.

Los resultados muestran diferencias en el impacto medio acumulado por comunidades y ciudades autónomas. No obstante, estas diferencias no superan en términos acumulados los 100 euros. Concretamente, la mayor carga impositiva acumulada corresponde, por este orden, a Navarra, Galicia y Baleares con un impacto promedio acumulado próximo a los 490 euros. En el extremo opuesto, las comunidades que han sufrido menor impacto han sido Canarias (391), Extremadura (408) y Melilla (417). Estas diferencias son fruto tanto de diferentes patrones de consumo, en particular en el peso de alimentos y energía en la cesta de consumo, como de las diferencias en los niveles de IPCH entre comunidades autónomas.

5. IMPACTO DE LA INFLACIÓN EN EL INCREMENTO DE RECAUDACIÓN DEL SECTOR HOGARES: EXPECTATIVAS A FUTURO

Como vimos en la sección anterior, el impacto promedio de la inflación es de 447 euros por hogar. Asimismo, el número de hogares existente en España a finales de 2023 estaba próximo a los 19,0 millones. Con esta información, puede inferirse que el aumento de la recaudación de IVA generada por la inflación en los hogares residentes estaría próximo a los 8.500 millones de euros. Esta cifra equivale al 29 % del aumento de la recaudación de IVA de los años 2021 a 2024. Esta estimación ha de interpretarse como una cota mínima ya que estos cálculos no incluyen la compra de vivienda nueva (esta información no está recogida en los microdatos de la EPF).

El impacto que la inflación tendrá en la recaudación de IVA en los próximos años dependerá de varios factores interconectados. Primero, de la evolución de los precios en al actual contexto económico. La inflación ha mostrado una tendencia decreciente, desde el máximo del 8,4 % de 2022, que AIREF (2024) prevé que continué durante la presente década. Sin embargo, existe riesgo de que las medidas arancelarias de Trump deriven en repuntes de inflación canalizados a través de la guerra comercial y las posibles tensiones en las cadenas de suministro global. Un segundo factor es la evolución en el nivel y composición en el gasto de los hogares. Funcas (2025) prevé que, al menos en 2025, el consumo privado crecerá de manera robusta gracias al incremento de la renta disponible y al desembolso del ahorro acumulado en los últimos años. En este sentido, la tasa de ahorro se encontraba a finales de 2024 en un máximo histórico del 14,2 % (desestacionalizado y ajustado de calendario). Por último, dependerá de la evolución en el número de hogares. Las proyecciones del INE (2025) prevén fuertes incrementos en los próximos años debido a la inmigración: de los 19,3 millones de hogares de 2024 se pasará a 19,6 en 2025 y a 20,0 millones en 2026.

Referencias

AEAT. (2024). Series históricas de bases, tipos e impuestos devengados. https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_mensual_de_Recaudacion_Tributaria.shtml

AIREF. (2024). Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2024. Informe 22/24.

Funcas. (2025). Previsiones económicas para España 2024-2025. https://www.funcas.es/textointegro/previsiones-economicas-para-espana-2024-2025-enero-2025/

INE. (2025a). Índice de precios de consumo. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607

INE. (2025b). Proyecciones de hogares 2024-2039. https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176954&menu=ultiDatos&idp=1254735572981

Romero-Jordán, D. (2015). Progresividad y capacidad redistributiva del IVA e impuestos especiales en el período 2007-2015. Papeles de Economía Española, 154, 200-215,

Romero-Jordán, D. (2023a). Incidencia de la inflación en España en 2021 y 2022: ¿cuáles han sido los hogares más perjudicados? Cuadernos de Información Económica, 294, 9-18.

Romero-Jordán, D. (2023b). Impacto de la inflación sobre el IVA soportado por los hogares españoles en los años 2021 y 2022. Cuadernos de Información Económica, 296, 41-50.

Thomas, A. (2022). Reassessing the regressivity of the VAT. Fiscal Studies, 43(1), 23-38.

NOTAS

¹ Asumiendo que la recaudación crecerá el 8 % en 2024 (AIREF, 2024).

² La EPF es una encuesta representativa con información socioeconómica que incluye información de alrededor de 24.000 hogares residentes en España. La EPF es una encuesta idónea, y ciertamente la única de estas características, que permite estimar con un elevado nivel de detalle el IVA soportado por los hogares.

³ A contratos con una potencia contratada igual o inferior a 10 kW.

⁴ No ha sido tenido en cuenta la rebaja del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica que grava con un 7 % la producción de este tipo de energía.

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Fecha: febrero 2025

Santiago Carbó Valverde, Pedro Cuadros Solas y Francisco Rodríguez Fernández

El sector bancario español está experimentado en las últimas décadas una transformación profunda, impulsada por diversos factores macroeconómicos, tecnológicos y regulatorios. Este proceso de cambio se aceleró con la crisis financiera de 2008, que reveló vulnerabilidades estructurales y la necesidad de fortalecer la regulación y mejorar la solvencia de las entidades financieras. Desde entonces, el sector ha vivido una etapa de reestructuración que ha afectado tanto a su estructura operativa como a su modelo de negocio. A esto se suman desafíos recientes como el paso desde canales digitales a plataformas bancarias y la transición hacia una economía verde.

En este contexto de cambio, se vuelve fundamental examinar tres aspectos que definirán el futuro del sector: la estructura operativa, la transformación tecnológica y la transición verde. La estructura operativa de los bancos ha cambiado drásticamente, con una notable reducción en el número de sucursales y una tendencia hacia la concentración de mercado. Por otro lado, la transformación tecnológica está redefiniendo el modelo de negocio de las entidades, integrando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos para mejorar la experiencia del cliente y optimizar procesos internos. Finalmente, la transición verde se ha convertido en una prioridad debido a la presión social, supervisora y regulatoria para que las entidades financieras adopten prácticas sostenibles y alineen sus estrategias con los objetivos de lucha contra el cambio climático.

Este estudio tiene como objetivo analizar en profundidad la evolución reciente del sector bancario español, abordando sus transformaciones operativas, tecnológicas y medioambientales. La novedad de este estudio radica en su enfoque holístico del estado actual del sector y de su proyección futura. Asimismo, presenta una serie de recomendaciones que buscan apoyar al sector en su camino hacia una mayor eficiencia, sostenibilidad e inclusión financiera.

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Fecha: febrero 2025

Santiago Carbó Valverde, Pedro Cuadros Solas y Francisco Rodríguez Fernández

El sector bancario se encuentra en un proceso de transformación profunda influenciado por factores económicos, tecnológicos y regulatorios para reestructurar su estructura operativa y modelo de negocio en un contexto de innovaciones tecnológicas y de transición hacia una economía más sostenible.

El objetivo de este estudio es examinar la evolución del sector bancario español desde tres perspectivas: estructura operativa, transformación tecnológica y transición verde.

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Fecha: enero 2025

Luis Medrano Adán y Vicente Salas Fumás

Resumen

El trabajo muestra la evolución de los tipos de interés y los márgenes unitarios en las nuevas operaciones bancarias de crédito y depósito de las sociedades no financieras (SNF) en España durante el periodo 2003-2024, que coincide con un episodio de consolidación en la industria bancaria. El estudio analiza el posible impacto del aumento de la concentración del sector en los tipos de interés de las operaciones de préstamos y depósitos bancarios, a partir de la teoría sobre formación de precios en mercados con competencia imperfecta. Los resultados confirman que, para un mismo tipo de interés interbancario, los tipos de interés de los préstamos (depósitos) son más altos (bajos) en la posconsolidación que antes de la misma. Se observa también la sensibilidad del poder de los bancos en España a la evolución del tipo de interés interbancario, para un número de competidores dado, lo que cuestiona la correspondencia entre la evolución del poder de mercado de las empresas y la evolución del grado de competencia en el mercado.

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