Consecuencias económicas de la guerra en Ucrania

La invasión de Ucrania por parte del ejército ruso supone un cambio estructural en el escenario internacional que alterará todas las dinámicas geopolíticas presentes desde la caída del Muro de Berlín. Un evento de tal magnitud (un cisne negro en terminología financiera) tendrá efectos sobre el comportamiento del ciclo de actividad en el corto plazo, pero a la vez puede suponer una alteración de las tendencias de fondo que han definido el comportamiento de la economía en las últimas décadas. El retorno a la política de áreas de influencia en torno a dos grandes bloques supondría una amenaza para el proceso de globalización tal como está conformado desde la incorporación de China a la cadena de producción mundial. Por tanto, el aumento del riesgo político va a tener incidencia en la economía a través de multitud de canales: precio de las materias primas, vínculos comerciales, incertidumbre o estabilidad financiera. Pero también puede originar cambios estructurales en la economía mundial, especialmente por su incidencia en el lado de la oferta.
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Este artículo realiza una revisión de los planes de choque puestos en marcha en los principales países de la UE para afrontar el incremento exponencial de los precios energéticos tras la invasión de Ucrania. Dichos planes pretenden principalmente moderar el impacto sobre la inflación, que se inicia en el precio de la electricidad y de las gasolinas y se traslada posteriormente al resto de bienes y servicios, con efectos potencialmente negativos sobre el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. Los ejes principales de actuación contemplan reducciones generalizadas de impuestos sobre la energía, aplicación de subvenciones, reformas del mecanismo de formación de precios de la electricidad, y la reducción de la dependencia de los hidrocarburos, en especial de los importados desde Rusia. Además del elevado coste presupuestario de los planes de choque, si bien aportan una solución a corto plazo, su aplicación generalizada suscita dudas sobre su efectividad, al tiempo que agudizan la tensión entre la contención de la inflación y el cambio de modelo energético.
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En el actual contexto pospandémico se observan cambios notables en los patrones de comportamiento de los españoles en el acceso a los servicios bancarios. La pandemia ha acelerado significativamente el proceso de digitalización financiera: según la encuesta online de ODF-Funcas, el 36 % de los clientes bancarios accede actualmente todos o casi todos los días a la banca online, frente al 17 % de antes de la pandemia. Ahora bien, a pesar de que la brecha digital en el uso de la banca online se ha reducido, la sucursal bancaria —aunque se usa menos— sigue jugando un papel relevante para determinados segmentos de población. Otro de los cambios más significativos se observa en la forma de pago. Los pagos digitales, en especial los móviles, han sustituido al efectivo como principal medio de pago. También se aprecia un interés creciente por los criptoactivos, aunque por el momento, su adopción se concentra en la población más joven. Y por lo que respecta a la ciberseguridad, más del 80 % de la población sigue las medidas de seguridad recomendadas por los bancos para acceder a servicios bancarios digitales, con la única excepción del uso de antivirus en el móvil, que se reduce al 44 %.
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En 2020 se crearon en España 102.000 sociedades menos que en 2019, lo que equivale a una reducción cercana al 25 % y sitúa a este indicador en los niveles posteriores a la crisis de 2008. La creación de empresas fue menor en los principales tipos jurídicos: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y algo menos intensa en el caso de los autónomos. Las bajas de empresas también se redujeron, aunque de forma mucho más moderada (menos del 2 %) en 2020. Entre las actividades que experimentaron mayores expansiones se encuentran los servicios financieros, las actividades postales y algunos segmentos de las actividades de transporte, mientras que entre las que tuvieron mayores contracciones destacan las agencias de viajes y el comercio. Un análisis doblemente desagregado, por sectores y por naturaleza jurídica, muestra que en algunas actividades relacionadas con la construcción se produjo un cierto proceso de reasignación, reduciéndose el número de sociedades y aumentando el de autónomos. Adicionalmente, se constata una tendencia apuntada previamente: alrededor de 2008 se produjo un cambio en el tipo de sociedades más dinámico, pasando de ser la sociedad de responsabilidad limitada a ser la persona física, manteniéndose esa tendencia en 2020.
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La renta disponible bruta de los hogares españoles recuperó en 2021 el 42 % de lo perdido en el primer año de pandemia, aunque con importantes diferencias según la fuente de renta. Así, las remuneraciones salariales prácticamente alcanzaron el nivel correspondiente a 2019, impulsadas principalmente por el crecimiento del empleo público. En cambio, las rentas de la propiedad, y en particular los dividendos, se mantuvieron aún muy por debajo de las cifras de 2019. Y las prestaciones sociales mantuvieron el nivel que habían alcanzado en 2020, tras el esfuerzo de protección desplegado por el sector público en ese primer año de pandemia. En claro contraste, el excedente bruto de explotación de las empresas se encuentra aún lejos de los valores prepandemia. De este modo, los hogares españoles volvieron a acumular en 2021 un sobre ahorro que se destinó en su totalidad a financiar el notable incremento de inversión en vivienda, mientras que la renta empresarial que, si bien sigue por debajo de la de 2019, aumentó en 2021, fue superior a la formación bruta de capital, dando lugar a un remanente que se dirigió a la adquisición de activos financieros. A modo de resumen, tras dos años de pandemia, los balances de los hogares conservan una gran solidez, gracias a la contribución del sector público en salarios y prestaciones, mientras que los de las empresas no se han recuperado del deterioro sufrido, especialmente en algunos de los sectores más castigados por la crisis.
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Entre las medidas tomadas por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Ucrania destaca la aprobación de un nuevo programa de avales, así como el alargamiento de plazos aplicable a los avales actualmente vivos, en un intento de evitar que los efectos adversos de la guerra se acumulen sobre los de la pandemia. Dicho alargamiento significará un importante balón de oxígeno para los sectores y empresas más afectados por ambas crisis, y en el caso de la banca supondrá una contención en la aparición de morosidad asociada a las mismas. En este artículo se analiza el papel desempeñado por los avales en dicha contención, así como una estimación del deterioro latente en las operaciones avaladas, que puede actuar como indicador adelantado de la morosidad a aflorar en el siguiente ejercicio.
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La contracción de la recaudación de las principales figuras tributarias en 2020, motivada por la crisis sanitaria y las medidas ligadas a las restricciones de la actividad, pudo limitarse gracias al paquete de medidas aprobadas para mitigar el impacto de la crisis. En tan solo un año, se ha logrado recuperar una tasa positiva de crecimiento excepcional de un 15,1 %, que ha permitido superar incluso el nivel prepandemia. En el presente artículo se explora la singularidad de esta recuperación a través de la evolución de cada figura tributaria y el contraste con su comportamiento durante la fase de ajuste y recuperación de la anterior crisis económica y financiera iniciada en 2008. Todo ello permite anticipar que la dinámica recaudatoria siga siendo positiva en 2022, apoyada en un crecimiento más moderado al esperado por los acontecimientos bélicos en Europa, pero especialmente por el mantenimiento de niveles más significativos de inflación y bajo el supuesto de que el plan de choque aprobado en respuesta a la crisis provocada por la guerra –al menos de momento– y las rebajas tributarias previstas no se prorroguen excesivamente.
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