A falta de reformas significativas, el gasto público en pensiones está abocado a llegar al 8% del PIB en las próximas dos décadas, según datos de AIReF. Pero el envejecimiento, señala Desiderio Romero, de Funcas, conllevará también, presumiblemente, un impacto para los ingresos públicos. Pese a que la entrada de inmigrantes ha suavizado la caída de la ratio entre pensionistas y trabajadores, cabe predecir que el paulatino incremento relativo de los primeros supondrá una merma en la recaudación impositiva, ya que tanto las bases sometidas a tributación en IRPF de las pensiones como los tipos impositivos que se les aplican son menores que en el caso de los salarios.
