ESTUDIO | LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA: ACTIVIDAD, EMPLEO Y CALIDAD DE VIDA
Más de un millón de personas con discapacidad en España viven solas, el 24,5% del total
Fecha: 28 noviembre 2024
- De los 4,3 millones de personas con discapacidad que hay en el país, el 9,7% de la población total, 2,5 millones son mujeres y 1,8 millones, hombres
- La educación y la participación en el mercado laboral aún son las grandes asignaturas pendientes para este colectivo
- La familia es la gran prestadora de cuidados a las personas con discapacidad, tanto si viven solas como si lo hacen con otros
Madrid, 28/11/2024 | Más de un millón de personas con discapacidad en España viven solas: 1,06 millones (732.000 mujeres y 327.000 hombres). Esto supone el 24,5% de los 4,3 millones de personas con discapacidad que hay en el país. Las personas con discapacidad de 6 o más años son el 9,7% de la población. De ellas, 2,5 millones son mujeres y 1,8 millones, hombres. Son algunos de los datos recogidos en el estudio Las personas con discapacidad en España: actividad, empleo y calidad de vida, que Funcas publica hoy con motivo del Día Europeo de las Personas con Discapacidad (el próximo martes 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad).
El estudio, que ofrece una panorámica de la situación de las personas con discapacidad en España utilizando las últimas encuestas especializadas basadas en estándares y definiciones internacionales que se realizaron en 2020 y 2023, señala que, si se toman como referencia los hogares, en algo más de uno de cada cinco hogares unipersonales (22,8%) vive una persona con discapacidad. En total, en el 20,5% de los hogares españoles vive una persona con discapacidad.
La prevalencia de la discapacidad crece con la edad, pero de manera diferente para mujeres y hombres. Hasta los 44 años es algo más elevada entre los hombres que entre las mujeres, para invertirse la relación a partir de los 45 años. A partir de los 70, la prevalencia entre las mujeres llega al 40,6%, mientras que entre los hombres se sitúa en el 28,4%, coincidiendo con la evidencia nacional e internacional.
La educación constituye uno de los medios más poderosos de integración social, no solo por su carácter crucial para el desempeño laboral, sino también porque el paso por el sistema educativo es un gran mecanismo de socialización. La proporción de personas con discapacidad que han completado estudios superiores (universitarios o profesionales superiores) ha crecido con claridad en los últimos 15 años, de un 7,2% a un 10,7%, tanto entre mujeres como entre hombres. Pero, aunque es un aumento importante, queda por debajo del que se observa durante el mismo periodo en la población española en general. El nivel de estudios más frecuente entre la población con discapacidad de 16 o más años es el de educación primaria incompleta entre las mujeres (29,2%) y el de educación primaria o equivalente entre los hombres (24,1%). En el extremo más bajo de los niveles de estudio, resultan preocupantes los elevados valores de analfabetismo, mayores entre las mujeres (8,3%) que entre los hombres (5,5%). Ambos son claramente superiores a los porcentajes de analfabetismo en la población total (1,6% en 2020).
En cuanto a la participación laboral y el empleo de las personas con discapacidad, el estudio constata que el enorme déficit de participación laboral y la elevada tasa de desempleo son dos graves problemas que permanecen en el tiempo, síntomas de una pobre integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. El número de personas con alguna discapacidad en edades laborales (16 a 64 años) se estima en 1,58 millones, es decir, un 37% de todas las personas con discapacidad. La tasa de actividad de estas personas se queda por debajo de la mitad de la correspondiente a la población en general, mientras que la tasa de empleo apenas supera un tercio. En cuanto a la tasa de paro, casi dobla la de la población total (30,2% vs 15,6%).
Prestaciones económicas, cuidados y cuidadores
Cuatro de cinco personas con discapacidad (19,6%) han recibido alguna prestación económica en el año anterior a la entrevista, porcentaje más bajo en el caso de las mujeres (17,2%) que en el de los hombres (23,2%). De todas las prestaciones monetarias que perciben, las más frecuentes son las pensiones contributivas por incapacidad seguidas de las prestaciones por dependencia.
En cuanto a la prestación de cuidados, la familia se erige en la gran protagonista, tanto si las personas con discapacidad viven solas como si lo hacen con otros. La mitad (50,3%) de las personas con discapacidad de 6 o más años reciben cuidados o asistencia personal. Entre las personas con discapacidad que viven solas, la cuarta parte (25,5%) recibe cuidados, proporción que es mayor entre las mujeres (29,5%) que entre los hombres (19,5%). Estas personas con discapacidad que viven solas son cuidadas, sobre todo, por sus hijas o hijos (42,9% de los casos), siendo una empleada del hogar la segunda opción (22,2%). A continuación, otros familiares (16%) y profesionales sociosanitarios (15,2%). Entre los que no viven solos, reciben cuidados de un miembro del hogar un 39,8%, siendo este habitualmente la pareja (43,3%) o las hijas y/o los hijos (42,5%).
La situación de los cuidadores principales de las personas con discapacidad que viven en hogares es preocupante. La mayoría realiza jornadas constantes de cuidados muy largas (más de 8 horas) y durante mucho tiempo (más de 8 años). Las personas que prestan tales cuidados declaran con frecuencia problemas de salud, que a menudo requieren incluso tratamiento médico. También por el lado del recurso a los servicios sociales, los dirigidos específicamente a los cuidadores de las personas con discapacidad (como atención psicosocial a familiares o apoyo familiar, servicios de centro de día o de noche, y estancias temporales a modo de servicios de respiro) son muy escasos. Estas personas deberían recibir más apoyo para que esos cuidados no supongan el deterioro de su propia salud o la aparición de problemas profesionales cuando los cuidadores tienen un empleo remunerado.
El conocimiento actualizado de las características sociodemográficas del colectivo de personas con discapacidad, de sus problemas en el mercado de trabajo, la cobertura de sus necesidades y, en definitiva, su calidad de vida es imprescindible para el diseño de unas políticas realmente efectivas para mejorar su situación y avanzar en el objetivo de una sociedad más inclusiva.