Presentación de Papeles de Economía Española nº 172: “Evaluación de políticas públicas”
Mejora gradual de la evaluación de las políticas públicas en EspañaE
Fecha: 30 junio 2022
- Pese a los avances en los últimos años, a España aún le falta una verdadera cultura de la evaluación, esencial para garantizar el cumplimiento de objetivos y asegurar el uso eficiente del dinero público
- El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia constituye una buena oportunidad para profundizar en la práctica evaluadora por la forma en la que debe justificarse la percepción de los fondos europeos
Madrid, 30 de junio de 2022.– España cuenta con un nivel medio-bajo en la evaluación de las políticas públicas. La situación, sin embargo, parece estar cambiando, según el último número de Papeles de Economía Española, publicación editada por Funcas, coordinado por Francisco Pedraja y presentado hoy en un acto que ha contado con la intervención de la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.
En el monográfico, titulado “Evaluación de políticas públicas”, se apunta que un paso relevante en la buena dirección ha sido la puesta en marcha de la División de Evaluación del Gasto Público en la AIReF en 2021. Por otra parte, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia constituye una buena oportunidad para profundizar en la práctica evaluadora por la forma en la que debe justificarse la percepción de los fondos asociados al plan.
Pero, aunque en los últimos años España ha avanzado en la institucionalización de la evaluación de sus políticas públicas, según José María Casado y Eloisa del Pino, aún falta una verdadera cultura de la evaluación y persisten retos importantes respecto a países con más tradición evaluadora como Reino Unido y Estados Unidos, o aquellos con un alto grado de institucionalización de la evaluación en sus sistemas políticos (Suiza, Holanda y Canadá).
La valoración de los efectos de las políticas públicas es fundamental para garantizar que cumplen los objetivos fijados o para realizar cambios en caso de no alcanzarlos y, además, para rendir cuentas ante los ciudadanos y asegurar que el dinero público se usa eficientemente. Desde un punto de vista legal, tanto la Constitución como la ley presupuestaria recogen el mandato de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Sanidad, educación, mercado de trabajo o justicia consumen un importante porcentaje de esos recursos, de ahí la importancia de valorar los resultados de esas políticas.
La evaluación en sanidad debe abarcar, según Beatriz González, tres niveles: macro (políticas de salud y sanitarias), meso (gestión y organización de centros y servicios sanitarios) y micro (gestión clínica). Áreas de especial relevancia para la evaluación son la digitalización de la sanidad, la gestión indirecta de la prestación sanitaria y las tecnologías de alto coste unitario, como la medicina personalizada. El modelo Muface requiere evaluación urgente. En la agenda inmediata también deberían entrar las políticas para hacer frente a las consecuencias a largo plazo de la COVID sobre la salud, la organización de los recursos necesarios y su financiación, y las desigualdades en el uso de servicios sanitarios, que pueden derivar en desigualdades en salud.
Juan S. Mora-Sanguinetti evalúa la eficacia de la justicia. Ofrece un panorama de la situación de la justicia española poniendo de relieve su elevada tasa de congestión general, así como las notables diferencias entre comunidades autónomas, con una mayor congestión en Andalucía, Cataluña y Madrid. El autor también analiza los impactos económicos de que la justicia no funcione adecuadamente. Así, por ejemplo, se pone de relieve la relación entre justicia e inversión: un incremento de la ineficacia judicial en la jurisdicción civil tiene implicaciones negativas para la inversión a nivel de empresa en España.
En el artículo de Luis Ayala, Antonio Jurado y Jesús Pérez se realiza una primera valoración del ingreso mínimo vital puesto en marcha en junio de 2020. Entre sus principales conclusiones se observa el limitado alcance del programa para la población objetivo en sus primeros 18 meses. También señala que la principal causa de denegación es el incumplimiento de los umbrales económicos de ingresos y patrimonio, por lo que, a juicio de los autores, aun tratándose de una medida que cubre lagunas históricas del sistema de garantía de ingresos, resulta imprescindible un cambio del modo de determinar los recursos económicos a evaluar, así como corregir aquellos problemas de diseño y gestión que limitan su eficacia.
Jennifer Graves y Eugenio Zucchelli señalan la necesidad de considerar las consecuencias no intencionadas al evaluar el efecto de las políticas públicas y lo ilustran con ejemplos en sanidad y educación. Entre otras cuestiones, llaman la atención sobre los problemas de implementar políticas a gran escala a partir de los resultados de aplicar una determinada política en un ámbito reducido. Por ejemplo, reducir el número de alumnos por aula cuyos efectos beneficiosos pudieran acabar contrarrestados con una pérdida de calidad del profesorado que ha de contratarse masivamente para aplicar esa política.