Tenemos la obligación de encontrar soluciones: renovables así, sí

Fecha: febrero 2023

Renovables, Territorio, Planificación, Autoconsumo

Víctor Viñuales Edo* y Mario Rodríguez Vargas**

Papeles de Energía, N.º 20 (febrero 2023)

El despliegue de las grandes instalaciones de energías renovables en las zonas rurales en España está sembrando conflictos en muchas comunidades autónomas. Quien observe la realidad a partir de los medios de comunicación llegará a la conclusión de que el gran enemigo del medio ambiente en este momento son las energías renovables y no los combustibles fósiles. Esa preocupación llevó a ECODES a conversar con los distintos actores que participan en el desarrollo de las renovables en el territorio y a construir una opinión propia sobre lo que está pasando para plantear alternativas. A continuación, se exponen las principales conclusiones.

1. RAZONES Y EMOCIONES EN LA OPOSICIÓN AL DESARROLLO DE LAS GRANDES INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

Desde nuestro punto de vista, los conflictos son semejantes en la percepción pública (declaraciones, manifestaciones en las calles, recogida de firmas, mociones en los plenos municipales, oposición jurídica….), pero obedecen a varias causas que se suelen solapar. Para entender el fenómeno y aportar soluciones es muy necesario distinguir estos distintos motivos. Exponemos los principales motivos detectados en nuestras conversaciones con distintos colectivos de oposición a la instalación de estas infraestructuras energéticas.

Hay una oposición motivada en determinados territorios por su percepción como “zonas de sacrificio” para que otras, con una renta per cápita más elevada, se aprovechen. Se establece una semejanza entre esta acelerada instalación de grandes infraestructuras de energías renovables de la actualidad con la construcción hace décadas de pantanos, instalaciones mineras o energéticas. Personas y entidades de estos territorios establecen una asimilación con la economía extractiva que tienen muchos países del sur global: allí se extraen materias primas, asumiendo los daños colaterales derivados, para que el valor añadido “se vaya” a los países más ricos. Estos territorios de la España “vaciada” se sienten “colonias” de los territorios ricos que acumulan población y euros. Esa tesis se refuerza cuando se constata que en esos territorios ricos (muy claramente se mencionan Cataluña, Madrid y el País Vasco), apenas se están promoviendo estas grandes instalaciones de energías renovables.
Daño causado a la biodiversidad. Hay zonas de alto valor ecológico, que se ven amenazadas por estas instalaciones y las actividades de implantación y mantenimiento necesarias. Organizaciones que tienen como foco la protección de las aves, por ejemplo, SEO/BirdLife, señalan que los molinos eólicos, sobre todo en determinadas ubicaciones, causan daños a las aves. La flexibilización de la regulación europea y española aprobada como respuesta a la situación provocada por la guerra en Ucrania ha añadido grados de indignación a esta oposición. Se estima que, para acelerar la instalación de renovables, “todo vale” y no se valora adecuadamente el valor de la biodiversidad que aportan esos territorios.

Una causa de oposición parecida es la de los defensores de paisajes singulares por su atractivo estético, turístico, herencia emocional… En esta oposición existe una consideración económica: se ahuyentará el turismo porque están acostumbrados a ese paisaje sin placas ni molinos. Y otra consideración más sustantiva: no me gusta que esas instalaciones dañen el paisaje que aprecio y en el que crecí.
Falta de equidad percibida en el reparto de los beneficios: solo unos pocos de la zona se benefician de recursos comunes como el sol y el viento.

Es bastante frecuente que la empresa promotora alquile el terreno a un solo propietario o a unos pocos. Es lo más fácil y lo más eficiente porque negociar con muchos propietarios suele ser más complejo. Por tanto, los beneficios se concentran en unas pocas manos y el resto de los habitantes del municipio apenas reciben beneficios. En todo caso, recibirán los que resulten del aumento de ingresos municipales.

Un aspecto no menor es que, en general, los damnificados por esa instalación, por ejemplo, los agricultores que administran las tierras en régimen de alquiler (con ingresos muy inferiores para el propietario del terreno) no reciben ninguna compensación y, sin embargo, ven arruinados su medio de vida casi para siempre.

Esa inequidad en el reparto de los beneficios entre los vecinos provoca enfrentamientos entre ellos. Sufren las familias, sufren las amistades, sufre la buena vecindad. A esta división social dentro del propio municipio se añade, en algunos casos, la división y el conflicto entre ayuntamientos. Puede darse que solo un municipio de la zona concentre todos los beneficios del parque de renovables y los cercanos, que a veces también tienen afecciones paisajísticas, no reciban ninguna compensación. Las relaciones entre municipios vecinos se deterioran. Parece que el azar, más viento o zonas más planas, va a condicionar, mucho, cada economía, creando diferencias notables en los servicios de los distintos municipios.
Soberanía energética. Hay algunas voces, no muchas, que diseñan un futuro ideal en el que cada municipio debería garantizar su energía. La consecuencia sería algo parecido a aceptar solo las instalaciones que van a producir la energía que consumamos, que cada territorio produzca la energía que necesita y se distribuyan las cargas de la generación eléctrica de forma proporcional al consumo de cada territorio.
Son grandes empresas. Otra corriente de oposición insiste en un punto: los promotores de esas instalaciones de energías renovables son grandes empresas que solo buscan su lucro privado y no el interés general. Casi todo el beneficio se lo van a llevar esas empresas y dejan “migajas“en el territorio. Sus beneficios anuales son enormes, según reflejan los medios. Además, esta instalación de infraestructuras está coincidiendo con un aumento muy notable de los precios de la energía eléctrica.
Primero, los tejados. Este es un argumento que concita un gran acuerdo. Podría expresarse como estamos de acuerdo con el desarrollo de las renovables, pero las placas fotovoltaicas hay que instalarlas primero en los tejados, sin daño alguno para la biosfera y los paisajes naturales. Hay muchos tejados públicos, privados y muchos polígonos industriales con mucha superficie en los tejados o grandes superficies ya urbanizadas, pero con pocas expectativas de instalación de nuevas fábricas.

Esa enorme superficie debe ser utilizada antes de dañar nuevos activos naturales. La mayor facilidad y la economía de escala que se logran con grandes instalaciones en terrenos vírgenes no es razón suficiente para no desarrollar la fotovoltaica de forma masiva en los tejados.
Falta de información y de transparencia. Otra gran fuente de críticas tiene que ver con la percepción de que no existe una información sobre el proyecto de calidad y no interesada. Muchos vecinos se enteran cuando el proyecto está en trámites muy avanzados o, incluso, cuando el proyecto está aprobado. Esa falta de transparencia alimenta las sospechas: ¿qué ocultan tras esa falta de información?

Esos distintos motivos que alimentan la oposición a los proyectos se suman. Un grupo de personas puede, a la vez, compartir varias de estas causas de oposición al proyecto y en otro grupo solo resuena una de estas siete causas, pero la adición de opositores se produce igualmente.

2. PROPUESTAS PARA DESBLOQUEAR LOS CONFLICTOS

La eficiencia y el ahorro deben de ser determinantes en el proceso de transición energética que se ha iniciado y para el que no hay marcha atrás, pero no se puede obviar que es igualmente necesario trazar la senda hacia un sistema 100 % renovable. No obstante, no se pueden cometer los mismos errores que en el pasado y considerar la energía, ante todo, como un negocio extractivo, sin tener en cuenta el impacto medioambiental y social que genera en el territorio. Es fundamental regular y dimensionar adecuadamente las instalaciones de generación de renovables con el fin de garantizar la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural de los territorios donde se vayan a implantar.

A ello hay que añadir que, si la demanda energética se ve reducida, el necesario despliegue de las renovables será menor, minimizando significativamente el impacto sobre el territorio y sus habitantes. Pero, aun siendo más eficientes, la electrificación de consumos como la movilidad, el sector industrial o agrario, por ejemplo, necesitará de una mayor generación renovable.

La transición energética es vital e irrenunciable para la lucha contra el cambio climático y para la protección de la biodiversidad. Además, puede ser un eje vertebrador para alcanzar mayor prosperidad, tanto en las zonas rurales como en las ciudades. Por ello, debemos perseguir un sistema 100 % renovable. Y para que este se desarrolle con rapidez, debe contar con plantas de todos los tamaños, incluyendo los más grandes, y estar lo más distribuido posible, tanto en términos de ubicación y tamaño como en estructura de propiedad. Es decir, un sistema eléctrico sostenible y universal tiene que combinar la generación eléctrica centralizada con la distribuida, porque ambas se necesitan, se complementan y fomentan las sinergias y la eficiencia.

Es necesario un modelo que equilibre territorialmente la generación a la demanda. Y en este ámbito la solidaridad interterritorial en la que municipios y comunidades autónomas colaboren en este reto va a ser fundamental con el fin de evitar la percepción de una parte de la ciudadanía de que va a haber “territorios sacrificados”, como ya ocurre con la agricultura (regadíos) y ganadería intensiva (macrogranjas), la masificación turística o los polos industriales. Quizás la implantación de plantas de energía renovable nos permita vislumbrar que este modelo que tanto daño ha causado ya no debería reproducirse.

De la misma manera que es ineficiente e inviable económica y energéticamente satisfacer la demanda eléctrica de un complejo industrial o para el transporte pesado terrestre, marino o aéreo solo mediante la suma de pequeñas instalaciones o placas en los tejados, también lo es tener una generación muy centralizada cuando la demanda está muy distribuida, como ocurre con los pequeños consumidores –ya sea la ciudadanía, autónomos o pymes– o cuando los valores naturales y culturales del territorio y el tejido socioeconómico de una zona no lo aconsejan.

Es fundamental que se establezca una planificación energética y territorial vinculante de las comunidades autónomas. Y la definición de un nuevo tipo de suelo: el suelo energético, que ha de ser definido e introducido en la Ley de Suelo tanto a nivel estatal como autonómico. Esta planificación debe basarse no solo en criterios técnicos y ambientales, sino también sociales, económicos, fiscales. Debe ser una ordenación que se base en las necesidades energéticas reales que permitan a España alcanzar un escenario 100 % renovable, con criterios sociales y medioambientales y alejada de nacionalismos energéticos y una soberanía energética de cada territorio inviable, que no llevan más que a la confrontación. Las herramientas vigentes hasta el momento, como la zonificación no vinculante que ha puesto en marcha el Gobierno de España o la introducción de la figura de las comunidades energéticas locales sin la regulación necesaria, no están alejando los grandes proyectos de zonas de alto impacto ambiental ni han incentivado una participación efectiva de la ciudadanía en la transición energética.

Las administraciones públicas han de potenciar un modelo energético diversificado, descentralizado y bien diseminado territorialmente, equilibrado, equitativo e inclusivo donde la implantación de las grandes plantas renovables debe ir acompasada con el desarrollo del autoconsumo, las comunidades energéticas locales y pequeñas instalaciones para las que hay que arbitrar ayudas, acompañamiento, asesoramiento y reservar conexiones en los puntos de evacuación.

Ante este planteamiento, la realidad es que partimos de un sistema absolutamente centralizado. Tanto la falta de planificación y ordenación territorial del suelo destinado a usos energéticos como la amenaza del recurso a la expropiación forzosa de terrenos sin ocasiones y sin una clara justificación, está creando situaciones de caos y de indefensión.

En muchos lugares los proyectos de instalación de grandes instalaciones de energías renovables están ocasionando mucha tensión social, rompiendo la convivencia entre vecinos e incrementando la polarización en los territorios afectados. La manera habitual del procedimiento de alquiler de las tierras para el desarrollo de esas infraestructuras provoca que existan unos pocos muy beneficiados económicamente, los propietarios de las tierras, y muchos otros vecinos sin apenas mejoras en su situación. Las relaciones se rompen. La vida cotidiana se resquebraja. En muchas ocasiones las empresas están muy preocupadas por obtener la licencia oficial y poco preocupados por obtener la “licencia social” para operar.

Es preciso que la planificación aúne criterios ambientales, económicos y de ordenación del territorio, siendo requisito indispensable que sea accesible para la ciudadanía de modo que pueda participar de alguna manera en el proceso. En este sentido, es muy importante que se establezcan mecanismos de colaboración activa con los agentes implicados en las distintas fases de planificación de los proyectos.
El autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas son más costosas y, por eso, es muy importante apoyarlas de manera especial. La decisión de invertir en autoconsumo particular, compartido o en una comunidad energética, además de basarse en el interés económico, requiere una consideración de sus mayores costes de producción en las subastas y supone un cambio cultural para pasar de ser consumidor de un servicio a ser productor y consumidor. Por ello, es imprescindible invertir muchos recursos en información, sensibilización y formación. Además, es urgente y prioritario reducir al mínimo imprescindible los trámites administrativos y legales, tanto a nivel autonómico como municipal, para que sean proporcionales a la dimensión y objetivos de los proyectos.

La Unión Europea coincide en este punto, y fruto de ello ha creado la figura de las comunidades energéticas (Comunidad Ciudadana de Energía, Comunidad de Energías Renovables, etc.) que, principalmente, son de ámbito local. Estas permiten que se democraticen las energías renovables y se evite la concentración en pocas empresas.
Es preciso establecer una hoja de ruta planificada que permita avanzar, condicionar y nunca paralizar. Una suspensión temporal de autorizaciones no es la mejor herramienta, ya que podría dar continuidad a las energías fósil y nuclear. Por el contrario, una adecuada planificación, la realización de estudios previos sobre la aceptación e impacto socioeconómico y el cumplimiento de los procesos de evaluación ambiental podrían reconducir el rechazo que generan muchos de estos proyectos. Cuando exista un conflicto, se debería establecer un mecanismo de búsqueda de alternativas factibles mediante el diálogo con la población local y procesos de mediación. Las energías renovables deben ser un elemento de progreso y no generar una pérdida de valor para otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la gestión forestal o el turismo.
La Administración Pública debe invertir para garantizar que la ciudadanía recibe información clara y fiable sobre el por qué y para qué de las renovables y para garantizar que los municipios reciben información suficiente, en tiempo y forma, sobre los proyectos desde el principio. Debe haber también mayor comunicación y colaboración activa entre los promotores y los agentes implicados, así como mecanismos de asesoramiento por parte de las comunidades autónomas que apoyen a los municipios en lo relativo a la gestión de las ayudas, de los impuestos recaudados o su participación activa en el proyecto.

A corto plazo, el principal factor limitante que modula de manera determinante el mapa de distribución de las energías renovables en el territorio es la disponibilidad de puntos de conexión y evacuación a la red. La regulación actual no fija límites previos en la configuración de las plantas renovables, ni en los tamaños, ni en la disponibilidad y cambio de uso del terreno afectado, ni tiene suficientemente en cuenta a la población.
Crear mecanismos de compensación territorial para garantizar que una parte relevante del valor que se genera en un territorio retorna al propio territorio. La producción y el consumo de proximidad presenta ventajas en eficiencia, sobre todo en lo que se refiere a las pérdidas de transporte y distribución. Compartir las redes de distribución y transporte para poder consumir la electricidad generada en otros lugares también ofrece beneficios respecto a la eficiencia energética y económica de las instalaciones, pero no siempre los beneficios o los impactos de una instalación se materializan en el lugar donde se instalan, por lo que es necesario establecer mecanismos de compensación interterritorial. Por ello, sería apropiado un sistema de cargos y peajes en el que no impere el pago único por transporte, sino por kilómetro de utilización, primando la energía producida en el punto más cercano al consumo.

Debe evitarse la fragmentación o el aumento artificial de los proyectos para así optar por el marco legal vigente menos exigente. También se puede dar el caso en el que se pretenda agrupar proyectos de una misma compañía para conseguir ventajas de escala comercial o de gestión o de financiación.
Respetando la diversidad de tamaños y ubicaciones, es preciso que se garantice el espacio para los proyectos pequeños o medianos, mediante un sistema ponderado por discriminación positiva sin tener únicamente en cuenta el factor precio, sino otras consideraciones socioeconómicas, medioambientales y de naturaleza del territorio.

Asimismo, abogamos por dar prioridad al autoconsumo individual, colectivo, de proximidad y las comunidades energéticas que promuevan el desarrollo de energías renovables. Para ello, es necesario facilitar el derecho a enganche prioritario y simplificar los trámites administrativos, eliminando la dependencia del permiso de las compañías propietarias de las redes, que son a la vez competencia directa y con posición dominante en el mercado eléctrico.
Recomendamos especialmente que las subastas o concursos garanticen la libre concurrencia sin privilegios de ningún tipo hacia las grandes empresas. Dado que estas compañías ya cuentan con grandes ventajas por su tamaño, experiencia y acceso a financiación, deben tomarse medidas correctoras por parte de la Administración para asegurar la máxima participación posible de pymes, cooperativas, entidades sociales e, incluso, de la ciudadanía a nivel particular. En las subastas y concursos públicos no se ha de priorizar quién llega primero, sino quién reúne los requisitos en el rango alto de estándares medioambientales y socioeconómicos.
Es necesario garantizar que, en toda la zona de influencia que incluye los territorios afectados directa e indirectamente, va a existir la capacidad suficiente para que cada iniciativa de autoconsumo individual, colectivo, de proximidad y de las comunidades energéticas locales puedan ser llevadas a cabo sin necesidad de restricciones. Para ello, Red Eléctrica de España (REE) ha de asegurar suficientes puntos de conexión para las instalaciones, que habrán de estar distribuidos adecuadamente en el territorio con el fin de no generar asimetrías ni concentraciones inasumibles. No obstante, cabe recordar que más puntos de conexión podrían significar más tendido eléctrico, por lo que es preciso llegar a un equilibrio.

Se debería incluir un objetivo a cumplir para garantizar una reserva no inferior al 10 % de autoconsumo individual y colectivo y un 10 % para autoconsumo de proximidad y comunidades energéticas locales. Asimismo, se debe asegurar que ningún proyecto de autoconsumo individual o compartido o comunidad energética local tendrá limitaciones de evacuación.

En lo relativo al fomento de iniciativas de menor tamaño, una vez garantizado el punto anterior, habría que destinar un 30 % de la potencia a proyectos de menos de 25 MW, con un tramo especial del 10 % para iniciativas de menos de 5 MW con el fin de hacer hincapié en lo que podemos calificar como generación distribuida.
Los proyectos deben ayudar, promover y permitir el desarrollo y la participación local, tanto por la movilización de inversiones hacia el territorio como por la creación de puestos de trabajo o de industria local. Asimismo, la reserva de participación social en la gestión y financiación también es importante, por lo que es necesario el establecimiento de políticas fiscales de apoyo para maximizar el valor del procedimiento.

Se fomentaría así no solo la democratización energética, sino la creación y la supervivencia de pequeñas y/o medianas compañías que normalmente no pueden competir en precio con las grandes, permitiendo una variedad de tejido empresarial local y otros beneficios socioeconómicos y medioambientales. Del mismo modo, se permitiría que la transición ecológica sea justa y no deje a nadie atrás, haciendo que esto sea realidad y no un eslogan.
No es lógico ni ético que, en el coste de generación de electricidad, se produzca un proceso especulativo por un acto administrativo. La transacción de permisos administrativos debe estar limitada y recogida en el pliego de condiciones. Se debe impedir que algunas empresas presenten sus proyectos con el único fin de su venta posterior y de esta forma obtener plusvalías generadas en un proceso administrativo abierto en el que, de forma gratuita, se concede la titularidad de un bien escaso, como es la evacuación, que por este motivo tiene un alto valor de mercado.
La propuesta de los ofertantes debe consignar sus compromisos para promover el desarrollo socioeconómico del territorio, los acuerdos que se llevarán a cabo con empresas principales y auxiliares relacionadas con las plantas y el compromiso de mantenimiento de las mismas y de los puestos de trabajo que se van a generar. En la propuesta de desarrollo se deberá asumir la contratación de empresas de la zona, tanto para la construcción como para la operación y mantenimiento, estableciéndose el domicilio social y fiscal de todas las iniciativas en la provincia donde se instalen los proyectos. Por ello, la empresa adjudicataria deberá registrar su sede social en alguno de los municipios en los que se implante la mayor parte de su actividad, con el fin de tributar en él.

Debe abrirse una ventana de participación efectiva a los habitantes y municipios donde se vaya a instalar la planta renovable de hasta el 5 % en la titularidad del proyecto. Asimismo, se debe contratar personal local, favoreciendo la integración laboral y la compra a proveedores locales con los objetivos de reducir la huella de carbono, contribuir al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación. También se buscará que los proyectos lleven asociado el fomento del autoconsumo y las comunidades energéticas en las poblaciones locales. En estos se promoverá de forma efectiva el establecimiento de ayudas fiscales.

Se considerarán proyectos preferentes aquellos que incluyan el aprovecha- miento de los recursos presentes en la zona, como pueden ser nuevos usos para infraestructuras o instalaciones energéticas cerradas. También aquellos que incluyan la instalación de fábricas de componentes de los recursos de producción energética que se proyecten o de su reciclado. Se deberá apoyar el desarrollo cultural, de modo que en las propuestas se detallarán las iniciativas que se vayan a llevar a cabo para rescatar el patrimonio.
Una mejor distribución de los beneficios económicos del proyecto, por ejemplo considerando también a los inquilinos de las tierras y no solo a los propietarios, permitirá una mayor aceptación social.
No se debe aceptar la acumulación de proyectos de generación presentados por una misma empresa en zonas colindantes, salvo que se trate de proyectos de hibridación de tecnologías renovables, que habrán de estudiarse caso por caso en función de las características del territorio. Previamente, las comunidades autónomas y los ayuntamientos de cada municipio deberán establecer un referente de ordenación del territorio que, considerando las actividades tradicionales del sector agropecuario, limite las zonas de ocupación según el tipo de proyecto considerado.
Deben tener preferencia los proyectos que integren diversas actividades ganaderas (pastoreo de ovino), apicultura, agrícolas.

La facilidad de implementación de plantas de generación de energía con fuentes renovables está directamente relacionada con su desarrollo en terreno agrícola, dado que son superficies niveladas, accesibles y arrendables a precios aceptables para el promotor. Por ello, si no se pone límite al uso de terreno agrícola o se establecen criterios de minusvaloración de las ofertas, el resultado es que la asignación de potencia conllevaría una pérdida de superficie agraria útil (SAU). Ello supone un detrimento de puestos de trabajo, dado que muchas personas viven no solo de sus propias fincas, sino de fincas de terceros que ahora dejan de estar disponibles para la agricultura.

Por otro lado, existe una propensión a ubicar las plantas en terrenos en los que la propiedad está concentrada por causas obvias de negociación de acuerdos y porque, en muchos casos, estas fincas están arrendadas por el cobro de una renta que se vería muy incrementada si se desarrollan las plantas de generación. Estas grandes extensiones son las que generalmente dan trabajo y actividad a agricultores que, con menor capacidad en terrenos de su propiedad, utilizan la capacidad ociosa de su maquinaria en otras explotaciones agrarias arrendadas con el fin de completar sus ingresos.
Con el objeto de minimizar las afecciones a la superficie agraria útil y generar un efecto distributivo es fundamental la no utilización de más de un 30 % de superficie agraria útil para cada central, considerada esta no solo como en estado productivo agrario, sino también consignada en la percepción de la PAC en los últimos cinco años. También hay que fomentar el uso de tierras no fértiles y los beneficios de la instalación de una planta renovable deberán ser distribuidos entre los propietarios del terreno donde se va a instalar y el resto de propietarios de la zona que no se benefician de la implantación de la instalación. Además, se reservaría un canon para los diferentes ayuntamientos en la zona.
Debe ser obligatoria la realización de una evaluación ambiental estratégica en zonas con alta densidad de infraestructuras energéticas renovables, de modo que se considere el impacto integral y se eviten los acumulados y las sinergias derivadas de los proyectos individuales. Es decir, hay que evitar el fraccionamiento de proyectos que, en su conjunto, tienen un impacto mayor por las sinergias entre ellos.
En este sentido, es necesario priorizar la instalación de infraestructuras energéticas por el siguiente orden:
- Polígonos industriales infrautilizados o vacíos, suelo urbano o industrial consolidado, suelo urbanizable (urbano o industrial) sin valores ambientales relevantes, suelo rústico o no urbanizable afectado por actividades mineras y extractivas, suelo rústico o no urbanizable sin valor ambiental, infraestructuras lineales.
- Evaluar caso por caso las zonas de suelo rústico o no urbanizable ocupadas por secanos o pastizales sin protección urbanística, paisajística y medioambiental, carentes de elementos de importancia para la conservación de la biodiversidad. Salvaguardando las lindes y terrenos marginales sin roturar entre zonas de cultivo que constituyen nodos para la posible recuperación de corredores biológicos.
- Evaluar caso por caso, aunque en principio no serían recomendables, sistemas de alto valor natural, paisajístico y cultural deteriorados o secanos sin protección urbanística ni medioambiental, pero con elementos de importancia para la conservación de la biodiversidad o de patrimonio histórico o cultural.
- Quedarán totalmente excluidos los espacios con protección medioambiental según la legislación estatal y autonómica vigentes: Red de Espacios Naturales Protegidos (Parques Nacionales, Parques Naturales, Monumentos Naturales, Geoparques, etc.); la Red Natura 2000 (ZEPA, ZEC, LIC); áreas críticas de especies en peligro de extinción; paisajes singulares incluidos en alguna figura autonómica o estatal y en concordancia con el Convenio Europeo del Paisaje; sistemas agrarios de alto valor paisajístico o natural (SAVN).

3. EPÍLOGO

Los costes de la era de los combustibles fósiles para el futuro de la humanidad son enormes: daños materiales, económicos, migraciones, enfermedades… La transición a una economía neutra en carbono es urgente, muy urgente. Pero esa urgencia debe ser compatible con otro imperativo: realizar un BUEN desarrollo de las renovables en el Territorio. Un BUEN desarrollo desde el punto de vista ambiental, social y económico. Esa es una de las principales tareas de nuestro tiempo, de nuestro ahora.

NOTAS

* Director Ejecutivo de ECODES.

** Director Asociado Transición Justa y Alianzas Globales.

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