Las políticas económicas y su percepción
Fecha: julio 2025
Cuadernos de Información Económica, N.º 307 (julio-agosto 2025)
Sumario
La industria europea de defensa se caracteriza por una elevada fragmentación y una reducida colaboración en el gasto de innovación entre los Estados miembros. Una mayor integración del sector podría aumentar la capacidad productiva sin aumentar el gasto total mediante el aprovechamiento de economías de escala por acceso a un mercado más grande, y por las transferencias tecnológicas derivadas de una mayor colaboración. Esta estrategia es especialmente relevante en un contexto de limitaciones fiscales, emergiendo como una vía adicional para reforzar la autonomía estratégica. Primero, porque la fragmentación actual supondría un coste de oportunidad del 22 % sobre el crecimiento de la producción observada entre 2021 y 2022 (en torno a 46.000 millones de euros). Segundo, este potencial incremento de la producción se concentraría en los países con mayor capacidad industrial, pero todos los países saldrían beneficiados porque movilizaría las capacidades industriales hacia un tejido productivo más competitivo. La materialización de estos beneficios requiere el establecimiento de incentivos suficientes para la colaboración entre los Estados miembros.
El 5 de junio de 2025, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo redujo los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos, situando el tipo de interés de la facilidad de depósito en el 2 %. Esta reducción no sitúa el tipo de interés de la facilidad de depósito en su tipo neutral a largo plazo, y puede que no signifique el fin de las modificaciones de la política monetaria realizadas por el Consejo de Gobierno. No obstante, marca el final de la respuesta en tres fases del Consejo de Gobierno al shock de inflación que siguió a la pandemia del COVID-19 y a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. De cara al futuro, el Consejo de Gobierno se preocupará menos de si sus tipos de interés oficiales se encuentran en el “lugar adecuado” para la estabilidad de precios a largo plazo y más de si debe responder a acontecimientos externos y con qué rapidez. El objetivo del Consejo de Gobierno en esta nueva era de incertidumbre es seguir siendo “ágil” y, al mismo tiempo, mantener la credibilidad ante los participantes en el mercado. Este objetivo se recoge en una evaluación de la estrategia publicada por el BCE el 30 de junio y basada en su experiencia reciente. La preocupación por la neutralidad de la política monetaria tendrá que esperar a un clima económico y político más previsible.
A pesar de las buenas cifras de crecimiento económico tras la pandemia, casi un 34 % de los adultos considera que la situación de su hogar ha empeorado respecto a 2019, frente a solo un 22 % que percibe una mejora. Entre quienes dicen haber mejorado, un 47 % atribuye una de las dos causas principales a aumentos salariales y un 44 % a mayor estabilidad laboral, mientras que entre quienes empeoraron predomina el impacto del aumento de precios (85 %) y de impuestos (42 %). La percepción negativa es especialmente intensa entre jóvenes y familias con niños. Un 70 % de los entrevistados cree que su carga fiscal ha aumentado desde la pandemia. Para un 14 % este aumento de impuestos es la causa principal de su empeoramiento económico y para un 28 % es una causa secundaria. Este impacto se percibe con mayor intensidad entre las personas con ingresos bajos, entre 45 y 55 años, y entre quienes se sitúan ideológicamente en el centro y la derecha.
En 2024, los hogares españoles aumentaron su renta disponible un 8,7 %, impulsados por el crecimiento del empleo y los salarios, superando por segundo año la inflación y recuperando su poder adquisitivo. Esta mejora, junto con la contención del consumo, elevó la tasa de ahorro al 13,6 %. Las empresas no financieras, en cambio, vieron reducir su excedente bruto empresarial un 2,4 %, afectadas por el alza de costes salariales. Aunque aumentaron el reparto de dividendos, la inversión siguió débil y la renta empresarial disponible cayó un 6,1 %. Se consolida así un patrón pospandemia: hogares fuertes, empresas con rentabilidad e inversión rezagadas.
Según el balance de las sociedades no financieras (SNF) en España –de elaboración propia con información de las Cuentas Financieras y la Contabilidad Nacional–, entre 2000 y 2024 el total de activo y de pasivo, a euros constantes, se multiplica por dos. Del total de activo, aproximadamente el 40 % es activo financiero ajeno a la explotación, y el 60 % activo de explotación, dedicado a producir bienes y servicios en España. Este último crece por encima del crecimiento estimado en el empleo de las SNF, de manera que el stock de capital de explotación por trabajador en 2019 excede el del año 2000 en un 40 %. La composición del pasivo cambia notablemente a lo largo del periodo, primero con aumento más que proporcional de la deuda en comparación con los fondos propios y, desde 2009 en adelante, con una reducción gradual de la ratio de deuda sobre el total de activo. El trabajo explica la intensificación de capital por el encarecimiento relativo del trabajo con respecto al coste por uso del capital; y explica la evolución del endeudamiento, especialmente el de origen bancario, con el crecimiento del activo, en positivo, y con los flujos libres de caja, en negativo. Precisamente, el cambio de flujos negativos (necesidad de financiación), antes de la crisis de 2008, a positivos (capacidad de financiación) después, para el agregado de las SNF, explica que desde 2015 en adelante las sociedades en España han financiado el crecimiento nominal del activo sin necesidad de aumentar la deuda en valores absolutos.
Antes de la crisis de 2008, los bancos podían financiarse más barato que las empresas no financieras gracias a su perfil regulado y el respaldo implícito del Estado. Tras la crisis, esa ventaja desapareció: los inversores comenzaron a exigir una prima bancaria por el mayor riesgo percibido. Aunque la rentabilidad del sector ha mejorado desde 2022 –gracias al giro del BCE, la diversificación internacional y la reducción del riesgo soberano–, el diferencial frente al crédito no financiero persiste. No por debilidad, sino por la complejidad estructural del mercado bancario, más amplio, diverso y con oportunidades tácticas para el inversor.
La crisis de 2008 evidenció fallos en la supervisión, incluida la auditoría externa. Para reforzar la independencia, la UE impulsó en 2014 una norma que obliga a las empresas cotizadas a rotar de auditor cada diez años. España la aplicó con flexibilidad creciente. Este estudio analiza el impacto en el IBEX 35 (2013–2023): la mayoría de los cambios de auditor fueron voluntarios y previos a la obligación, sin romper el oligopolio de Deloitte, EY, KPMG y PwC, que auditan al 100 % del índice. ¿Honorarios? Estables: 5,6 millones antes y 5,5 millones después. En proporción a los ingresos, sube levemente la media, pero baja la mediana. La rotación no ha encarecido el servicio. En 2022, España amplió los plazos hasta 20–24 años en ciertos casos. Solo una empresa del IBEX optó por auditoría conjunta. La rotación ha impulsado cambios, pero no ha alterado la concentración ni resuelto los retos de independencia.
El crédito revolving es una modalidad de crédito al consumo con unas especiales características –el prestatario puede disponer hasta el límite del crédito concedido sin tener que abonar la totalidad de lo dispuesto a fin de mes o en un plazo determinado, y reembolsar el crédito dispuesto de forma aplazada sin una duración determinada mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe habitualmente puede elegir y modificar durante la vigencia del contrato– que, si bien favorecen la inclusión financiera, también incorporan el riesgo de sobreendeudamiento en caso de ser mal utilizado o sin haber recibido una información suficiente. Sobre dichas bases, el artículo pretende un triple objetivo. En primer lugar, explicar las características del producto y sus diferencias frente a otras modalidades más extendidas de crédito al consumo, y las ventajas e inconvenientes que de las mismas se derivan, en términos de inclusión financiera y riesgos. En segundo lugar, contextualizar el peso de dicho producto sobre la financiación total al consumo en España y la eurozona. Y, en tercer lugar, un análisis comparativo de la regulación en los principales países europeos.
La educación financiera –entendida como el conjunto de conocimientos y habilidades para entender y gestionar las finanzas personales– se ha vuelto imprescindible en las sociedades modernas. Sin embargo, una proporción significativa de jóvenes carece de nociones financieras básicas, lo que se ha vinculado con errores en la toma de decisiones económicas y menor acumulación de riqueza en la vida adulta. En respuesta a este desafío, muchos países han incorporado la educación financiera en los planes de estudio escolares. El programa internacional PISA de la OCDE, que evalúa a estudiantes de 15 años, incluye un módulo de cultura financiera para medir estos conocimientos a nivel global. Los resultados de PISA revelan grandes brechas entre estudiantes, asociadas a factores socioeconómicos y académicos previamente identificados (nivel socioeconómico familiar, educación de los padres, género, estatus migratorio, calidad de la escuela y exposición a instrucción financiera). No obstante, hasta ahora estos factores se han analizado de forma aislada. Este artículo propone un marco integrado para mapear la “desventaja” en educación financiera adolescente, distinguiendo tres vías complementarias: la desventaja cognitiva, la estructural y la situacional.