La ciudadanía europea en la encrucijada
Fecha: junio 2013
Panorama Social, N.º 17 (junio 2013)
Sumario
[expand title= "La creación y la evolución de la ciudadanía europea "]El camino que conduce a la ciudadanía europea ha sido largo y no ha estado libre de obstáculos. En este artículo se describen y explican las principales etapas de ese camino desde la Segunda Guerra Mundial. El artículo pone de relieve los esfuerzos de las instituciones comunitarias y las dificultades que se han tenido que ir superando para agregar paulatinamente dimensiones políticas y sociales a la ciudadanía europea. Se resalta la contribución española a este proceso, cuyo resultado, aunque incompleto, no tiene parangón en otras regiones ni continentes del mundo.
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La Unión Europea se encuentra en un momento crucial de su historia. A pesar de sus esfuerzos por conciliar la sostenibilidad de su modelo social con la liberalización de los mercados y la expansión mundial del comercio, ha reforzado su dimensión económica sobre la política y la social. Las instituciones europeas mantienen el discurso de la solidaridad social, pero en sus estrategias prevalece la búsqueda de mayor competitividad económica en un mundo cada vez más abierto e interrelacionado. Ante las dificultades que muestra la UE para articular un plan eficaz de crecimiento y empleo, en este artículo se expone la necesidad de que defienda “hacia fuera” resueltamente un modelo económico que ha sabido procurar bienestar y cohesión social durante décadas. Esa defensa podría contribuir a contrarrestar algunos de los procesos provocados por la globalización, que, si bien ha reducido la pobreza en el mundo, también ha aumentado significativamente la desigualdad, la precariedad laboral, el deterioro ambiental y el poder económico y político del sector financiero.
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Entre los derechos fundamentales de ciudadanía europea destaca el de la libre circulación de personas, que implica el derecho de los ciudadanos de los Estados miembros y sus familiares a circular y residir en el territorio de la Unión, al menos hasta tres meses, sin más requisito formal que llevar un documento de identidad o pasaporte válido. Este derecho fundamental es fruto de una evolución desde la libre circulación de trabajadores y profesionales vinculada a una dimensión económica, hacia la libre circulación de ciudadanos vinculada a una dimensión política. En este artículo se expone esta evolución y se describen las características esenciales de la libre circulación ya configurada como un derecho fundamental; asimismo se identifican las semejanzas y diferencias entre este derecho y la libre circulación y supresión de fronteras del conocido como ‘espacio Schengen’.
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La libre circulación de trabajadores entre Estados miembros de la Unión Europea constituye uno de los pilares de la ciudadanía europea. Trabajar en varios países supone acumular derechos de pensión que se consolidan en una prestación de jubilación. Desde esta perspectiva, ¿merece la pena migrar y recorrer una parte de la carrera laboral en otro Estado miembro? En este artículo se ofrece una respuesta matizada a esta pregunta, teniendo en cuenta el tipo de Estado del bienestar del país de origen y del país de acogida, así como también su nivel de riqueza. Emigrar desde países orientales a países occidentales de la Unión Europea para trabajar durante un largo periodo de tiempo produce beneficios comparativos importantes en el importe de la pensión; no obstante, no en todos los países de acogida la pensión de los migrantes les permite vivir por encima del umbral de pobreza.
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Fortalecer la ciudadanía europea y el funcionamiento democrático de la Unión Europea es el gran objetivo subyacente al establecimiento de la iniciativa ciudadana, regulada por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo de 2012. La medida abre una vía de participación democrática directa de los ciudadanos europeos a través de la cual pueden solicitar a la Comisión Europea la propuesta de un texto legislativo en alguno de sus ámbitos de competencia. A la espera de que el paso del tiempo permita reunir información suficiente para valorar y extraer conclusiones sobre el alcance efectivo de esta medida de promoción cívica, en este artículo se exponen las condiciones formales y sustantivas que han de satisfacer las iniciativas ciudadanas para que puedan dar lugar a un procedimiento legislativo.
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Este artículo traza el camino que han seguido las instituciones europeas para mejorar el acceso a una información crítica sobre sus actuaciones, concretamente la relacionada con los grupos de interés que representan a diversos organismos y corporaciones y tratan de influir en las decisiones políticas que se adoptan en el ámbito comunitario. El Parlamento Europeo y el Consejo han recorrido juntos el último tramo de este camino, aprobando en 2011, mediante un acuerdo interinstitucional, la creación del Registro de Transparencia. Añadido a otros avances que tratan de conceder a los ciudadanos más capacidad de participación y control de la política europea, el Registro de Transparencia constituye un refuerzo significativo de los derechos de ciudadanía europea.
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El deterioro del europeísmo en España es evidente, pero precisa de un análisis profundo que permita averiguar la especificidad de esta evolución de las actitudes hacia la Unión Europea y las razones por las cuales se ha producido. Al observar los datos con detenimiento, se aprecia que el deterioro no afecta de igual modo a todos los indicadores habitualmente utilizados para medir las actitudes europeístas de la población. En este artículo se argumenta que, en contra de lo que se viene insinuando o manteniendo en medios periodísticos y académicos, el deterioro del apoyo a la Unión Europea entre la ciudadanía no obedece a la percepción de los efectos de la crisis ni a su impacto concreto en las economías domésticas. La principal causa de este deterioro reside en la valoración negativa de las instituciones de representación de la UE. La falta de confianza en ellas apunta a que nos hallamos ante una crisis institucional y llama la atención sobre la necesidad de abordar no solo los problemas económicos, sino también los político-institucionales.
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La confianza de los españoles en la Unión Europea ha caído drásticamente entre 2007 y 20012. Pero este indicador de apoyo “específico” no debe confundirse con otros de apoyo “difuso”, como la intensidad de los sentimientos de identidad con Europa. El apoyo difuso, que constituye una reserva de lealtad institucional, muestra una tendencia más ambigua que el apoyo específico: en España, la identidad europea no parece tan afectada por la crisis como otras actitudes. Ahora bien, el descenso en los niveles de confianza en la Unión Europea puede tener, en el medio plazo, un efecto erosivo sobre los niveles de identidad europea. En este artículo se revisan y contrastan algunas explicaciones teóricas para dar cuenta de este fuerte descenso de la confianza en la Unión Europea. Los recursos educativos se revelan como una fuente importante de retención de confianza, así como también la percepción de que el funcionamiento institucional del propio país es peor que el de la Unión Europea.
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La crisis ha erosionado de manera acelerada la legitimidad democrática que tradicionalmente había disfrutado el proceso de integración europea. El intento actual de reforzar la vinculación política entre los ciudadanos y la toma de decisiones en la Unión Europea resulta no solo complicado, sino también arriesgado. Dadas las dificultades para una solución federalizante de refuerzo de las instituciones comunes, se puede optar por hacer descansar más la rendición de cuentas en los parlamentos nacionales, pero eso puede producir importantes desigualdades políticas en perjuicio de los Estados considerados deudores, entre los que se encuentra España.
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El principal derecho político que ejercen directamente los ciudadanos de la Unión Europea consiste en votar a los miembros del Parlamento Europeo, en elecciones convocadas en todos los Estados miembros cada cinco años. Sin embargo, la participación electoral ha descendido de manera constante desde que en 1979 se convocaran por primera vez las elecciones al Parlamento Europeo en los nueve Estados que entonces formaban la Comunidad Económica Europea. En este artículo se exponen las razones plausibles de este fenómeno preocupante desde la perspectiva de la legitimidad de las instituciones europeas, y se apuntan las dificultades estructurales que afrontan los defensores de un mayor compromiso ciudadano con el Parlamento Europeo y un mayor interés por su funcionamiento. También se muestra el limitado alcance de algunas reformas recientes orientadas a mejorar la representación de los ciudadanos de los Estados miembros en el Parlamento Europeo.
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El Tratado de Lisboa (2007) ha fortalecido el poder del Parlamento Europeo y, por tanto, de los ciudadanos a los que representa. Las elecciones a esta institución constituyen, tras los comicios al Parlamento de la India, el acontecimiento democrático del mundo que involucra a más ciudadanos, casi 500 millones. El volumen de electores y su variada procedencia nacional (veintisiete Estados miembros) aumentan la importancia y las dificultades de la comunicación institucional. Esta adquiere un papel fundamental en la política europea, en la medida en que representa el principal instrumento para estimular la participación ciudadana y reforzar la legitimidad política de la Unión Europea. En este sentido, las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 marcaron un hito en la política comunicativa de las instituciones comunitarias. La comunicación institucional cobró entonces un gran impulso, continuado desde entonces, ampliando y mejorando el espacio público en el marco del cual tendrán lugar las próximas elecciones de 2014.
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Aun disfrutando de derechos civiles, políticos y sociales muy parecidos, los ciudadanos europeos muestran en sus actitudes y comportamientos hacia la sociedad y la política una enorme variación. En efecto, las culturas nacionales son herederas de tradiciones cívicas, éticas y morales muy diferentes. En este artículo se esbozan algunos rasgos característicos de la cultura política y social alemana, que ha cobrado importancia como factor interpretativo de la crisis económica y financiera europea. Se apuntan aquí algunos principios de comportamiento muy arraigados entre los alemanes, con el propósito de contribuir a mejorar la comprensión de sus actitudes y su conducta durante la crisis y, también, la enorme complejidad interna de eso que habitualmente denominamos “ciudadanía europea”.
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La última crisis económica ha mostrado quizá más que nunca antes las diferencias entre los países europeos en cuanto a su cultura política. En este artículo se exponen las características y los valores fundamentales de la cultura política de la sociedad holandesa, indagando en sus raíces históricas. Esta información, en buena medida desconocida para gran parte de los ciudadanos europeos, permite comprender mejor las actitudes y conductas manifestadas por la sociedad y los políticos en los Países Bajos ante la crisis económica y las dificultades que afrontan las instituciones de la Unión Europea para gestionarla de manera justa y eficaz.
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