Elisa Chuliá, de Funcas. Muchos países europeos están elevando la edad legal de jubilación y, paralelamente, implementan incentivos económicos para fomentar la jubilación demorada. En España, una reforma en vigor desde abril de 2025 busca reforzar esta política, aunque su impacto aún es incierto. Se observa que una parte creciente de los nuevos jubilados retrasa voluntariamente su salida, pero no está claro que la población esté dispuesta a trabajar más para sostener el gasto social. Crece el empleo, pero las horas efectivamente trabajadas disminuyen. Por tanto, el aumento de la productividad será clave para sostener el gasto social para no reducir el nivel o la calidad de las prestaciones.
