La economía española ante el reto demográfico
Fecha: junio 2023
Papeles de Economía Española, N.º 176
Sumario
Desde el siglo XIX, todos los países han experimentado, o están experimentando, aun proceso de transición demográfica, caracterizada por la evolución desde un régimen de alta fecundidad y alta mortalidad a uno asociado a un número bajo de nacimientos y una elevada esperanza de vida. Este artículo repasa los modelos tradicionales que formalizan este fenómeno y presenta, mediante el uso de la novedosa Base de datos de transiciones demográficas, un resumen de la investigación más reciente sobre las transiciones demográficas experimentadas por los distintos países a los largo de los años. El análisis permite descubrir la secuencia de dichos procesos, su velocidad y algunos de sus determinantes, tales como la existencia de transiciones en países cercanos geográficamente.
La baja natalidad en España, en comparación con otros países de la OCDE, es un hecho bien conocido sobre cuyas causas, sin embargo, se tiene un conocimiento limitado. Como en otros países, la fecundidad se ha reducido de forma muy sustancial desde los años setenta, si bien en España, se sitúa en un nivel particularmente bajo desde hace al menos dos décadas. La revisión de la literatura económica que ha estudiado este fenómeno nos permite concluir que la inestabilidad laboral y el elevado desempleo, así como la falta de flexibilidad en la organización de la jornada laboral y un reducido gasto público en la primera infancia y en ayudas a las familias con hijos podrían ser factores importantes para explicarlo. Por su parte, se necesita más investigación para determinar la relevancia de otros aspectos tales como las dificultades de acceso a la vivienda y la desigual distribución de las tareas de cuidados de los hijos entre madres y padres. Con todo esto, cabe esperar que políticas que reduzcan la inestabilidad de las relaciones laborales, la incidencia del desempleo y los costes de la participación laboral de las familias con hijos, así como aquellas que favorezcan la adopción de jornadas laborales similares a las de otros países de Europa, puedan tener un impacto positivo sobre la natalidad en España.
Este artículo estudia la relación entre la estabilidad en las condiciones laborales (y la calidad de las mismas), y la mortalidad, la fertilidad y la salud en los países de la Unión Europea. Para ello, analizamos la tasa de temporalidad y subempleo de hombres y mujeres, y su relación con las tasas de mortalidad, fertilidad y esperanza de vida saludable y los hábitos de salud, con datos de Eurostat para el período 1983-2021. Para estudiar estas correlaciones, utilizamos diagramas de dispersión cross-regions y regresiones lineales within-regions de efectos fijos con variables de control para los principales resultados del mercado laboral. Nuestros resultados muestran que la tasa de temporalidad se asocia positivamente a la tasa de suicidios y a la tasa de desuso de los servicios de medicina general, y negativamente a la tasa de fertilidad para ambos sexos. En relación con la tasa de subempleo, esta se correlaciona positivamente con la tasa de mortalidad y negativamente con la tasa de fertilidad. Además, encontramos correlaciones específicas para las mujeres y para los hombres. Las tasas de temporalidad y de subempleo se relacionan negativamente con la esperanza de vida saludable femenina, es decir, los años estimados de vida sin enfermedades moderadas o graves. Por otro lado, la tasa de subempleo se asocia positivamente a la tasa de suicidios masculina. Aunque no podemos considerar relaciones de causalidad entre las variables estudiadas, este artículo presenta nuevas asociaciones entre la inestabilidad laboral y la baja calidad de empleo, las variables demográficas y los estados de salud, que requieren un mayor estudio en el futuro.
Durante los últimos años, España ha experimentado un aumento de la inmigración sin precedentes. Este artículo presenta las características básicas de los inmigrantes en España, evalúa los efectos sobre el mercado laboral de la ola inmigratoria de la década de los 2000 y discute varias consideraciones a la hora de diseñar políticas públicas relacionadas con la inmigración. Cabe destacar varios resultados. En primer lugar, los inmigrantes en España son en su mayoría jóvenes, poco cualificados y se ubican en Madrid, Barcelona y la costa mediterránea. En segundo lugar, las regiones que experimentaron mayores flujos de inmigrantes a principios de este siglo no sufrieron un deterioro en su mercado laboral, al menos en un horizonte de diez años. En tercer lugar, desde el punto de vista de las políticas migratorias, es crucial que los Gobiernos determinen sus objetivos sobre la cantidad y las características de los inmigrantes, y utilicen las palancas de las que disponen para influir en los efectos de la inmigración sobre el mercado laboral, el mercado inmobiliario o las finanzas públicas.
Este trabajo documenta, en primer lugar, la evolución reciente de la estructura por edades de la población ocupada española. Con datos de la Encuesta de población activa y de registros administrativos de la Seguridad Social se muestra que, con alguna heterogeneidad por empresas, sectores, ocupaciones y comunidades autónomas, la edad media de la población ocupada española ha crecido muy deprisa y lo seguirá haciendo en el futuro. También se utilizan datos de registros administrativos para construir perfiles de ingresos laborales por edad para cohortes de población que se han jubilado recientemente o que están llegando ahora a la edad de jubilación que muestran una intensa caída de dichos ingresos a partir de los 60 años de edad. En segundo lugar, a partir de las observaciones anteriores, se señalan algunas consecuencias socioeconómicas del envejecimiento de la población ocupada española, destacando particularmente aquellas referidas a la disminución de la tasa agregada de empleo y del crecimiento de la productividad.
Las tendencias demográficas auguran una pirámide poblacional invertida en España para los próximos treinta años. La alta esperanza de vida, el descenso del número de nacimientos y una mayor tasa de dependencia anticipan el cambio radical del paradigma demográfico. En este contexto, la idoneidad y la naturaleza del sistema de pensiones establecido en los años sesenta y los setenta no han sido nunca realmente cuestionadas. Se han sucedido numerosas reformas, que, pretendiendo reducir la generosidad, en realidad no resuelven el problema, ni tampoco abordan el encaje entre el mercado de trabajo y el sistema de pensiones. Especialmente sangrantes son las dos últimas reformas, que, condicionadas por la sostenibilidad política y la presión de los ya jubilados, expanden el gasto y, en menor medida, el ingreso. Una posible solución a la espiral de ingresos y gasto es guiar la generosidad del sistema repartiendo los futuros incrementos de salarios reales entre aumentos nominales de derechos de pensión y reducciones de la generosidad, lo que probablemente contaría con el apoyo de mayores y jóvenes. El sistema de jubilación activa debería contar principalmente con una pensión compatible con el trabajo en todas las edades, sin penalización después de la edad normal de jubilación y con penalización dependiente del nivel salarial antes de la edad normal de jubilación.
En este artículo se presentan los retos del sistema sanitario español ante la transición demográfica. Esta se caracteriza por el envejecimiento progresivo de la población, el aumento de la tasa de dependencia, la baja tasa de natalidad y la alteración de los flujos migratorios. De este modo, la transición demográfica repercute en la salud poblacional intensificando la transición epidemiológica hacia las enfermedades no transmisibles y asociadas al envejecimiento. Hay cuatro grandes desafíos que el sistema sanitario ha de enfrentar ante la transición demográfica. El primero es el envejecimiento saludable, con especial atención al papel de la prevención. Este es el reto central del sistema sanitario, pues condiciona la intensidad de uso de los recursos y servicios sanitarios y la financiación del propio sistema. El segundo reto es afrontar las consecuencias del cambio climático sobre la salud. El tercero es la correcta organización y coordinación de los sistemas sanitario y sociosanitario, adaptando la oferta de recursos (materiales y humanos) a las nuevas necesidades de la población, y mejorando la gestión y coordinación. Por último, el cuarto reto es atender a las nuevas necesidades de financiación del sistema sanitario derivadas del cambio demográfico. Termina el artículo con un apartado de síntesis y propuestas.
La mayoría de los países de la OCDE están envejeciendo rápidamente, debido a una gran reducción en las tasas de fertilidad y a un amplio aumento en la esperanza de vida, particularmente en la vejez. Se espera que estos fenómenos continúen y pongan en peligro la sostenibilidad financiera de muchos programas del Estado de bienestar. Sin embargo, el envejecimiento de la población aumenta la relevancia política de las generaciones mayores. En países como Italia y España, que ya se caracterizan por una distribución intergeneracional desigual (e injusta) de los recursos, el efecto político del envejecimiento puede conducir a una mayor desigualdad intergeneracional. Para limitar este efecto electoral del envejecimiento, se necesitan normas constitucionales que protejan a las generaciones jóvenes y futuras.
Este artículo analiza, en primer lugar, el intenso proceso de despoblación rural que ha experimentado España desde mediados del siglo XX. Desde la década de los ochenta del siglo pasado surgió un interés académico por el tema, pero no fue hasta la segunda década del siglo XXI cuando irrumpió de forma apreciable en el debate social y la agenda pública. Las diferentes Administraciones han reaccionado desplegando muy recientemente políticas frente a la despoblación, que analizamos y discutimos, tanto en sus objetivos como en los instrumentos que proponen. Finalmente, planteamos algunas implicaciones que a la luz de la teoría podemos destacar para el desarrollo de las políticas públicas.
Este trabajo examina, desde un punto de vista cuantitativo, el acceso de la población a determinados servicios públicos –sanidad y educación– y privados –oficinas bancarias–, así como la cobertura de las redes digitales. El enfoque es eminentemente geográfico y pone el énfasis en la dicotomía rural-urbano. Los resultados muestran que este eslabón en la cadena de accesibilidad –la facilidad de llegar a los centros de servicio– es buena a nivel agregado, aunque existe un claro gradiente rural–urbano que muestra una peor accesibilidad del mundo rural, especialmente de los lugares más remotos. Afortunadamente, esta peor accesibilidad está bastante acotada en términos demográficos, y la población afectada no es numerosa, aunque existe bastante heterogeneidad espacial ligada a la geografía de los territorios. El principio de equidad territorial, así como la obligatoriedad por parte de las Administraciones públicas de prestar ciertos servicios, requiere acciones correctoras para la población con peor acceso, de forma que se garantice un trato equitativo, en una cartera mínima de servicios, a todo el conjunto de la población, lo que, sin duda, conduce al conflicto eficiencia-equidad en términos de la provisión de las políticas públicas.
En este artículo se analiza cómo la construcción de nuevas autovías y autopistas en España ha impactado sobre el desarrollo rural. Durante las últimas décadas, se ha producido una enorme inversión en vías rápidas, pero al mismo tiempo las zonas rurales han sufrido una intensa pérdida de población. El análisis compara el impacto de las nuevas autovías y autopistas construidas en la década de los noventa con el impacto de las construidas en la primera década de los años 2000. Los resultados muestran importantes diferencias. Durante los noventa, las nuevas autovías tuvieron un efecto positivo sobre el crecimiento poblacional de los municipios rurales más afectados por la mejora en su accesibilidad. Por el contrario, las autovías y autopistas que se inauguraron durante la primera década de los 2000 se relacionan en media con un menor crecimiento poblacional en las zonas rurales más afectadas.