El modelo educativo español, poco favorable a las mejoras de productividad

Papeles de Economía Española nº 166

El modelo educativo español, poco favorable a las mejoras de productividad

Fecha: 21 enero 2021

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  • El incremento del capital humano per cápita en España ha sido modesto, con un crecimiento acumulado entre 2011 y 2019 del 1,7%
  • La educación online no ha evitado que los alumnos hayan per­dido hasta la mitad de lo que se aprende en un año escolar por el cierre de los centros educativos por la COVID-19

Madrid, 21 de enero de 2021.– La evolución del sistema educativo y los cambios en la estructura de ocupaciones en España han sido poco favorables a las mejoras en la productividad. Tampoco favorecen el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la digitalización, lo que dificulta terminar con la debilidad de la contribución del capital humano al crecimiento en España. El último número de Papeles de Economía Española, publicación editada por Funcas, analiza la contribución del capital humano al crecimiento, empleo y bienestar de las sociedades digitalizadas en un momento en el que la pandemia ha mostrado las de­bilidades de las economías desarrolladas.

El capital humano y el progreso tecnológico son dos factores fun­damentales e interrelacionados que se encuentran en la base del desarrollo económico. Las perspectivas que plantea el escenario de pro­gresiva digitalización de la economía mundial suponen un reto de enorme calado para la economía española en general y para el tejido pro­ductivo, las instituciones laborales y el sistema formativo, en particular.

El avance de la contribución del capital humano en España es escaso -el crecimiento acumulado del capital humano per cápita entre 2011 y 2019 de sólo el 1,7%- porque las estructuras ocupacionales limitan la productividad del trabajo al concentrarlo más en tareas afectadas por el riesgo de automatización. Precisamente, uno de los efectos indirectos de la crisis de la COVID-19 va ser el crecimiento de la automa­tización en los países occidentales. La cuarta revolución industrial, caracterizada por la plena conectividad, el acceso instantáneo a ingentes cantidades de informa­ción, el internet de las cosas, la robótica, la biónica o la inteligencia artificial, generará muchos empleos.

En este escenario, el crecimien­to sostenido de la economía española requiere políticas orientadas al refuerzo de la contribución del capital humano. Laura Hernández, Francisco Pérez y Lorenzo Serrano defienden, por un lado, políticas educativas que tengan presente no solo el aumento de los años de estudios, sino la adquisición de capacidades que mejoran la empleabilidad, y en particular las competencias que facilitan el desarrollo profesional en un escenario cada vez más digital. El desafío es promover una especialización que reduzca el peso de las ocupaciones con más probabilidad de automatización -más expuestas al riesgo de reducción de empleos y a salarios más bajos- y aumentar las ocu­paciones menos automatizables, que tienen más oportunidades la­borales y salarios más elevados, por su mayor productividad.

La evolución del tejido productivo español y de su sistema educativo no favorece el desarrollo de las ocupaciones de mayor futuro. España es el país con la mayor tasa de abandono temprano de la educación y la formación en la Unión Europea (UE), con un 17,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años que no ha finalizado FP de Grado Medio o Bachillerato y que, además, no sigue estudiando. Son los niveles educativos medios imprescindibles que se requieren en esta cuarta revolución industrial, tanto para seguir formándose en estudios superiores y a lo largo de la vida, como para tener más posibilidades de encontrar empleo e incluso para una inserción social efectiva.

Por otro lado, las políticas de moder­nización del modelo productivo deben contemplar como eje fundamental la transformación digital de los modelos de negocio y las organizaciones, tanto públicas como privadas. ­

El sistema educativo de un país es clave para alcanzar un crecimiento sosteni­do a nivel económico y social. Ante esta realidad, ninguna nación puede permitirse que la COVID-19 y sus efectos pongan en entredicho su bienestar futuro. Los estudios internacionales más actuales muestran, no obstante, que la pandemia es una amenaza real para las nuevas generaciones. Ismael Sanz, Miguel Cuerdo y Luis Miguel Doncel revisan la literatura que ha evaluado el impacto de los cierres de los centros educativos debido a la COVID-19 en el aprendizaje de los alumnos y el efecto que podría tener en los salarios y crecimiento económico en el largo plazo.

Los primeros trabajos basados en prue­bas externas y estandarizadas indican que los alumnos podrían per­der la mitad de lo que se aprende en un año escolar por el cierre de los centros educativos en el curso 2019-2020. El peligro deriva tanto de la po­sible reducción en la adquisición de conocimientos y competencias de los alumnos actuales como del efecto distributivo al crearse un posible aumen­to de la desigualdad social por verse afectados en mayor medida los estudiantes de hogares con menor renta y, por tanto, con menor acceso a los recursos digitales educativos, o por la dependencia de las habilidades y competencias de los padres. El artículo muestra que en España, el confinamiento hizo que se triplicara la búsqueda de recursos educativos digitales en el mes de marzo de 2020 con respecto a ni­veles de las semanas previas, un incremento que perduraba a prin­cipios del curso 2020-2021. Las búsquedas de herramientas digitales educativas se han situado en unos registros en España que, de otra manera, no se hubieran alcanzado hasta 2022.

Este número de Papeles de Economía Española, presentado ayer,también aborda la educación como igualdad de oportunidades. A este respecto, Ildefonso Méndez señala que uno de los aspectos que impide hacer realidad la igualdad de oportu­nidades en la educación es la mayor proporción de chicos que eligen estudios relacionados con Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemá­ticas (STEM, por sus siglas en inglés), vinculados con un mayor sala­rio y estabilidad laboral.

En el caso de España, un 65% de la brecha de género en intenciones de estudiar carreras STEM se debe a la mayor ventaja comparativa de las mujeres en lengua. El porcentaje en el conjunto de la OCDE es de un 81%, destacando Italia y Portugal, países en los que más del 95% de la brecha de género en intención declarada de cursar estudios intensivos en matemáticas se debe a la mayor ven­taja comparativa en lengua de las estudiantes. Estas estadísticas son coherentes con la hipóte­sis de la ventaja comparativa. Las chicas que son excelentes en matemáticas obtienen también una puntuación elevada en lengua, por lo que su ventaja comparativa para estudiar contenidos intensivos en matemáticas es menor que la de los chicos, para los que ser exce­lente en matemáticas suele implicar un rendimiento menor en lengua. Es decir, un alumno que alcanza un 9 en matemáticas tiene, en general, un 8 en lengua, mientras que una alumna que tiene un 9 en matemáticas suele tener un 9 o 9,5 en lengua.

En relación a los retos a los que se enfrenta la educación superior en España –tanto la enseñanza universitaria como la de Formación Profesional (FP) Superior– y su relación con la inserción laboral en un mundo más globalizado y digitalizado, Samuel Bentolila, Antonio Cabrales y Marcel Jansen estudian la posibilidad de incrementar la presencia de la modalidad dual en la FP de Grado Superior, en la que los estudiantes combinan la formación en el centro educativo con prácticas en una empresa. Los países euro­peos donde hay mayor presencia de la FP dual tienen resultados muy positivos con tasas reducidas de desempleo juvenil. Las empresas que participan en la FP, en general, y en la moda­lidad dual, en particular, son más grandes, inversoras y rentables. La importancia del tamaño de la compañía en la posibilidad de ofertar prácticas de FP apunta a la barrera que pueden suponer los costes de administración de los contratos. A este respecto, explican los autores, sería importante establecer mecanismos, como consorcios de pymes, para que los costes de administración y formación fueran menos onerosos. Así se facilitaría la participación de más pymes en la FP.

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