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En los últimos tiempos se registra en la UE un incremento de los importes de deuda pública emitidos por los Estados miembros; el sector bancario es tradicionalmente el mayor inversor en estos activos, que dotan a su cartera de estabilidad y seguridad. Pero existe un estrecho vínculo entre el riesgo soberano y el riesgo bancario, que se manifiesta a través de cualquier shock que afecte a la calidad de la deuda pública, como sucedió a finales de 2025 en Francia. Ante episodios como este, el avance en la unión bancaria, con una estructura institucional, un supervisor común y mecanismos de resolución de crisis, ha supuesto una mejora para el control de riesgos de las entidades, que se refleja en una mayor diversificación de sus inversiones en deuda soberana de otros países europeos. 

El crecimiento interanual de la inflación en 2025 acabó en diciembre en una tasa relativamente elevada, el 2,9%; para 2026 Funcas prevé que el descenso, de producirse, será lento. Las presiones inflacionistas persisten en los alimentos y los servicios, y el recorrido al alza de los precios de las materias primas en los últimos meses hacen prever una posible traslación a muchos bienes. María Jesús Fernández, de Funcas, identifica también como factores que suponen un riesgo de aumento de la inflación la llegada de inmigrantes y de turistas –si bien en menor medida que en años anteriores–, así como la situación geopolítica.

La economía europea se esta quedando rezagada en la competencia con China y EE. UU., especialmente en los sectores más dinámicos como la digitalización o la descarbonización. Juan José Ganuza, de Funcas, explica por qué las recientes iniciativas del ‘Paquete Digital’ y la “Estrategia de datos de la Unión” son importantes para profundizar en la unidad de mercado y simplificar y armonizar el marco regulatorio, al tiempo que recuerda que el complemento necesario es una política industrial activa compatible con la defensa de la competencia, que permita relanzar la productividad y la innovación en Europa.

Los retos de la inclusión financiera de la población vulnerable

Un estudio sobre inclusión financiera en España recientemente publicado por Funcas, en colaboración con VMC The Cocktail, expone los principales retos en el proceso de bancarización de la población más vulnerable. Entre otras conclusiones, el estudio pone de manifiesto que la población con menos ingresos, pese a contar mayoritariamente con cuentas bancarias, accede a un rango de productos y servicios muy limitado, y además dispone de bajas competencias financieras –lo que les expone a malas decisiones y situaciones de sobreendeudamiento–. Pedro Cuadros, de Funcas, expone en el video estos y otros resultados del informe.

El poder adquisitivo de los españoles está evolucionando de manera muy heterogénea. Factores como la obtención de un empleo, la posesión (o no) de una vivienda, la percepción de un determinado tipo de rentas o el efecto de los impuestos dan como resultado colectivos mejor y peor parados, algunos con mejoras muy superiores a la inflación y otros con pérdidas netas. De cara a 2026, la moderación del mercado laboral y la persistencia de la inflación tendrán un papel relevante en el progreso de la renta disponible per cápita, una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía europea.

Existen dudas crecientes acerca de las elevadas cotizaciones de los diversos activos relacionados con la inteligencia artificial. Francisco Rodríguez, de Funcas, reflexiona sobre el papel que ha jugado en la valoración del sector la coincidencia temporal, por un lado, de un desarrollo tecnológico explosivo y, por otro, de una extraordinaria liquidez, derivada esta última de la política de expansión cuantitativa de los bancos centrales. El rally del sector –señala– muestra señales de desconexión con la economía real. En 2026, la retirada de estímulos por parte de las autoridades monetarias y el protagonismo ascendente de operadores financieros no bancarios que acumulan riesgo podrían traer correcciones más importantes que las vistas hasta ahora.

A falta de reformas significativas, el gasto público en pensiones está abocado a llegar al 8% del PIB en las próximas dos décadas, según datos de AIReF. Pero el envejecimiento, señala Desiderio Romero, de Funcas, conllevará también, presumiblemente, un impacto para los ingresos públicos. Pese a que la entrada de inmigrantes ha suavizado la caída de la ratio entre pensionistas y trabajadores, cabe predecir que el paulatino incremento relativo de los primeros supondrá una merma en la recaudación impositiva, ya que tanto las bases sometidas a tributación en IRPF de las pensiones como los tipos impositivos que se les aplican son menores que en el caso de los salarios.

A pesar de que el nivel formativo de los inmigrantes llegados a España ha ido mejorando con el paso del tiempo –una mejora que arrancó al comienzo de la Gran Recesión–, los datos constatan que aún sigue siendo inferior al de los nacidos en España. María Miyar, de Funcas, explica cómo el mercado laboral español incorpora inmigrantes cada vez mejor formados, pero de forma insuficiente para considerar que haya dejado de ser un modelo de baja cualificación.