En los últimos dos años se ha desplegado una intensa agenda normativa para llevar a término la reforma en materia de pensiones requerida por la Comisión Europea y comprometida por España a través del Plan de Recuperación y Resiliencia. Elisa Chuliá, de Funcas, explica que a unas semanas de la finalización del plazo para la entrada en vigor de estos ajustes, de los que depende el desembolso de los fondos Next Generation, quedan aún pendientes la aprobación de dos medidas propuestas desde el gobierno: el incremento de las bases máximas de cotización y la ampliación del período de cálculo de la base reguladora. La Comisión, que recientemente ha expresado ciertas objeciones sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), evaluará todas las reformas en esta materia entre la primavera y el verano de 2023.